ABC: impunidad y arbitrariedad

José Carreño Carlón
El Universal/9 de junio de 2010

Las conmemoraciones luctuosas y demandantes de justicia en el primer aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo incluyeron la publicación del proyecto de dictamen de la investigación acordada por la Suprema Corte y un alud de comentarios de prensa y de reales o supuestos descubrimientos periodísticos.


Pero, independientemente de los sentimientos que mueven a los deudos y a un amplio sector de la sociedad agraviada por el sacrificio de casi medio centenar de niños, e independientemente también de las intenciones de periodistas, políticos y ministros, todos sus movimientos terminan por alinearse en algún bando de la encarnizada guerra de ambiciones políticas y ajustes de cuentas entre los actores políticos que se resisten a ser involucrados y los que se proponen lucrar con el involucramiento de los demás.


El hecho mismo de la publicación del proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar el 3 de junio, es decir, en las vísperas y en el marco del programa para conmemorar el aniversario de la tragedia, ya coloca la ponencia del ministro como un pieza más entre las movilizaciones sociales y las presiones y las negociaciones políticas que acompañan a esta historia trágica.


En este engranaje de presiones y negociaciones hay que ubicar también –sean o no ésas sus intenciones– los apresuramientos de algunos espacios mediáticos para calificar como una desproporción del proyecto del ministro el señalamiento de responsabilidades al actual y al anterior directores del IMSS, dejando a su suerte al otro personaje de alto relieve, de los señalados por el ministro: el ex gobernador sonorense Eduardo Bours.


En el mismo sentido, no es extraño que las conmemoraciones hayan culminado el 5 de junio con la demanda pública expresada por los padres de los niños sacrificados para que se proceda penalmente sólo contra Bours. Y que, independientemente de sus méritos periodísticos, la nota principal de ayer de EL UNIVERSAL apunte en la misma dirección, al darle crédito de portada a un peritaje que sostiene que el incendio habría sido intencional y provocado en las instalaciones contiguas a la guardería, en posesión del gobierno del estado. Esto ya lo había sugerido el secretario de Gobernación Gómez Mont, quien a su vez ya había sido presionado por el enemigo atávico de Bours, el senador Manlio Fabio Beltrones, para que explicitara su acusación.


En este punto, tampoco debería extrañar que los medios hayan privilegiado la interpretación de la ponencia del ministro Zaldívar como una decisión política de distribución de culpas y de responsabilidades a tono con las legítimas expectativas de castigo que se han incubado en la sociedad, pero también en combinación con las exigencias de ajustes de cuentas o de exoneración provenientes del frente de batalla político. Así, desde el viernes, la columna “Bajo Reserva” de este diario pudo anticipar, tras la publicación del proyecto, que la decisión punitiva se concentraría sobre el ex gobernador priísta Eduardo Bours, a partir de sus precariedades políticas acumuladas.


Y es aquí donde entra el factor de la correlación de fuerzas en los procesos político-judiciales. Los juicios políticos en estricto sentido y los juicios de procedencia o desafuero están sujetos a la votación de las Cámaras y por tanto la correlación de fuerzas políticas es determinante en la decisión final. Pero igual pasa –y más en nuestro medio, como lo ha hecho notar aquí Ricardo Alemán– con las investigaciones de alta densidad política, estén a cargo de la misma Corte, o del fuero común, o del fuero federal.


Y aquí es donde no parece probable que se ponga fin al curso de impunidad que han seguido los acontecimientos a un año de la tragedia de Hermosillo. Es más probable que tras este año de impunidad esté en curso, además, una temporada de arbitrariedad: la arbitrariedad que resultará, no de la ponderación de pruebas y alegatos, sino de la valoración de la correlación de las fuerzas políticas y mediáticas en juego.

Académico