José Luis Reyna
Milenio/14 de junio de 2010
La semana pasada, Calderón reiteró por enésima vez una propuesta que no acaba de cuajar: el futuro de México “depende, sobre todo, de lo que hoy seamos capaces de hacer en materia de educación”. Nadie podría estar en desacuerdo con el argumento. El problema, sin embargo, es que de tanto repetirla se ha convertido en una frase retórica y demagógica, a la que le falta contenido y, sobre todo, los medios para instrumentarla. En efecto, en días pasados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos, ya establecidos desde 1993, para reactivar los consejos escolares de participación social (CEPS) en cuya integración los padres de familia tienen una participación mayoritaria y, podría añadirse, un papel crucial para contribuir a mejorar la educación del país. Junto con ellos se encuentran los maestros, miembros designados por el sindicato (el SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), los directivos de las escuelas, así como ex alumnos y otros miembros de la comunidad interesados en el “desarrollo de la escuela”. El objetivo de los CEPS es vincular a los padres de familia con la educación de sus hijos en el ámbito escolar. Para insistir: la idea de echar a andar los CEPS es razonable, en teoría plausible pero el obstáculo para que cristalicen sus objetivos se llama SNTE.
Los CEPS se establecerán. Un primer momento podría ser experimental y de tener éxito incluiría al resto de los planteles de educación básica del país (cerca de 200 mil). Esos organismos tienen como funciones, entre otras, vigilar “la transparencia de los recursos que reciben las escuelas” (qué bueno sería), “el establecimiento de metas en las evaluaciones, para lo que habrá un seguimiento estricto de la prueba ENLACE” y el fomento de “actividades recreativas y culturales”. De los CEPS emergerán liderazgos sociales con el fin de “convertir la calidad educativa en el eje medular de la transformación de México”, como sostiene Calderón.
No sólo es deseable, sino imperativo, que algo de lo anterior se convierta en realidad. La propuesta, empero, no pondera el papel negativo que juega el SNTE y su cúpula sindical. Su erradicación, desde cualquier ángulo que se le mire, sería la clave del éxito de una iniciativa que luce bien en el papel pero que por intereses extraescolares puede quedar, como muchas otras, en el cesto de la basura. La organización de los CEPS marginan puntos tales como que el plantel docente, administrativo y manual de la escuela mexicana se revuelve en el tráfico de influencias (SNTE) y en abiertas pugnas sindicales. Pasa por alto la deserción escolar por falta de recursos de las familias. No presenta solución al rezago de los programas de enseñanza ni propone un método para la actualización de los profesores que, en una gran proporción, no se comprometen con su labor por falta de incentivos.
La educación pública básica carece de calidad. Está sumergida, tanto en los ámbitos rural y urbano, en ineficientes políticas públicas. El magisterio sufre una metamorfosis que empieza en la actividad docente para convertirse, con el tiempo, en un ente político manipulable, sobre todo en tiempos electorales, por parte de una dirigencia corrupta como la que encabeza el SNTE. Esa es la historia sucinta del magisterio: gobierno tras gobierno, partido político tras partido político. El sindicalismo magisterial es todopoderoso, al igual que los sindicatos de Pemex o del IMSS, entre otros. Éstos dejaron de tener como objetivo la defensa de sus agremiados y se convirtieron en poderosas maquinarias políticas que generan votos, que contribuyen a la precaria estabilidad del país y que hacen de sus dirigentes personajes encumbrados que derrochan los dineros públicos con el desparpajo que sólo pueden dar la corrupción y la impunidad.
El gobierno actual, y los que le precedieron, se han vuelto rehenes de esas cúpulas sindicales. Les tienen miedo pues, en gran medida, de sus funciones metasindicales depende el control político y el encapsulamiento del conflicto. El SNTE, con su presidenta vitalicia al frente, se ha apropiado de la educación nacional, por lo que tiende a resultar vacua la creación y los objetivos de de los CEPS y las pomposas declaraciones de Calderón. El SNTE, como el sindicato de petroleros, actúa en función de sus propios intereses sin importarle las necesidades de sus trabajadores, y menos los intereses del país. Contribuye a hacer de la educación nacional una zona de desastre.
México es un país que otorga, no sin sacrificio de su sociedad, siete por ciento de su PIB al rubro educacional. No obstante, es el país peor evaluado en esta materia, al considerar los 30 países de la OCDE. No hay duda que por algún lado hay que empezar, aunque suene utópico. Los CEPS pueden ser un buen punto de partida al menos para vigilar el uso de los recursos públicos y atender las normas elementales de evaluación. Está fuera de toda discusión que un país avanza en la medida que su sistema educativo sea eficiente y se encuentre consolidado. Esa es la tarea que tienen que imponerse el actual gobierno y los que lo sucedan. Para ello es necesario empezar una profunda labor de aseo: poner al SNTE (y otros sindicatos) en la charola de los objetos desechables. No hacerlo significa seguir arrastrando los mismos males. El gobierno actual y el próximo seguirán arengando que la educación es la llave de un mejor futuro. Para lograrlo se necesita replantear el sistema educación de manera integral. Para concluir, la participación de los CEPS podría tener éxito en la medida que la cúpula magisterial fuera objeto de extinción.
jreyna@colmex.mx
Milenio/14 de junio de 2010
La semana pasada, Calderón reiteró por enésima vez una propuesta que no acaba de cuajar: el futuro de México “depende, sobre todo, de lo que hoy seamos capaces de hacer en materia de educación”. Nadie podría estar en desacuerdo con el argumento. El problema, sin embargo, es que de tanto repetirla se ha convertido en una frase retórica y demagógica, a la que le falta contenido y, sobre todo, los medios para instrumentarla. En efecto, en días pasados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos, ya establecidos desde 1993, para reactivar los consejos escolares de participación social (CEPS) en cuya integración los padres de familia tienen una participación mayoritaria y, podría añadirse, un papel crucial para contribuir a mejorar la educación del país. Junto con ellos se encuentran los maestros, miembros designados por el sindicato (el SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), los directivos de las escuelas, así como ex alumnos y otros miembros de la comunidad interesados en el “desarrollo de la escuela”. El objetivo de los CEPS es vincular a los padres de familia con la educación de sus hijos en el ámbito escolar. Para insistir: la idea de echar a andar los CEPS es razonable, en teoría plausible pero el obstáculo para que cristalicen sus objetivos se llama SNTE.
Los CEPS se establecerán. Un primer momento podría ser experimental y de tener éxito incluiría al resto de los planteles de educación básica del país (cerca de 200 mil). Esos organismos tienen como funciones, entre otras, vigilar “la transparencia de los recursos que reciben las escuelas” (qué bueno sería), “el establecimiento de metas en las evaluaciones, para lo que habrá un seguimiento estricto de la prueba ENLACE” y el fomento de “actividades recreativas y culturales”. De los CEPS emergerán liderazgos sociales con el fin de “convertir la calidad educativa en el eje medular de la transformación de México”, como sostiene Calderón.
No sólo es deseable, sino imperativo, que algo de lo anterior se convierta en realidad. La propuesta, empero, no pondera el papel negativo que juega el SNTE y su cúpula sindical. Su erradicación, desde cualquier ángulo que se le mire, sería la clave del éxito de una iniciativa que luce bien en el papel pero que por intereses extraescolares puede quedar, como muchas otras, en el cesto de la basura. La organización de los CEPS marginan puntos tales como que el plantel docente, administrativo y manual de la escuela mexicana se revuelve en el tráfico de influencias (SNTE) y en abiertas pugnas sindicales. Pasa por alto la deserción escolar por falta de recursos de las familias. No presenta solución al rezago de los programas de enseñanza ni propone un método para la actualización de los profesores que, en una gran proporción, no se comprometen con su labor por falta de incentivos.
La educación pública básica carece de calidad. Está sumergida, tanto en los ámbitos rural y urbano, en ineficientes políticas públicas. El magisterio sufre una metamorfosis que empieza en la actividad docente para convertirse, con el tiempo, en un ente político manipulable, sobre todo en tiempos electorales, por parte de una dirigencia corrupta como la que encabeza el SNTE. Esa es la historia sucinta del magisterio: gobierno tras gobierno, partido político tras partido político. El sindicalismo magisterial es todopoderoso, al igual que los sindicatos de Pemex o del IMSS, entre otros. Éstos dejaron de tener como objetivo la defensa de sus agremiados y se convirtieron en poderosas maquinarias políticas que generan votos, que contribuyen a la precaria estabilidad del país y que hacen de sus dirigentes personajes encumbrados que derrochan los dineros públicos con el desparpajo que sólo pueden dar la corrupción y la impunidad.
El gobierno actual, y los que le precedieron, se han vuelto rehenes de esas cúpulas sindicales. Les tienen miedo pues, en gran medida, de sus funciones metasindicales depende el control político y el encapsulamiento del conflicto. El SNTE, con su presidenta vitalicia al frente, se ha apropiado de la educación nacional, por lo que tiende a resultar vacua la creación y los objetivos de de los CEPS y las pomposas declaraciones de Calderón. El SNTE, como el sindicato de petroleros, actúa en función de sus propios intereses sin importarle las necesidades de sus trabajadores, y menos los intereses del país. Contribuye a hacer de la educación nacional una zona de desastre.
México es un país que otorga, no sin sacrificio de su sociedad, siete por ciento de su PIB al rubro educacional. No obstante, es el país peor evaluado en esta materia, al considerar los 30 países de la OCDE. No hay duda que por algún lado hay que empezar, aunque suene utópico. Los CEPS pueden ser un buen punto de partida al menos para vigilar el uso de los recursos públicos y atender las normas elementales de evaluación. Está fuera de toda discusión que un país avanza en la medida que su sistema educativo sea eficiente y se encuentre consolidado. Esa es la tarea que tienen que imponerse el actual gobierno y los que lo sucedan. Para ello es necesario empezar una profunda labor de aseo: poner al SNTE (y otros sindicatos) en la charola de los objetos desechables. No hacerlo significa seguir arrastrando los mismos males. El gobierno actual y el próximo seguirán arengando que la educación es la llave de un mejor futuro. Para lograrlo se necesita replantear el sistema educación de manera integral. Para concluir, la participación de los CEPS podría tener éxito en la medida que la cúpula magisterial fuera objeto de extinción.
jreyna@colmex.mx
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