María Elena Morera
El Universal/14 de junio de 2010
La muerte de 49 niños en la guardería ABC o los asesinatos de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza no quedarían impunes en otros países. Pero en México nuestras autoridades son omisas, por decir lo menos, y los ciudadanos no confiamos que nuestras de acciones sí son importantes. Es exigible una respuesta del Estado que sea proporcional al daño y que se castigue, de acuerdo a la ley, a los que tengan responsabilidad política, administrativa, civil o penal.
Lo que vemos es un México de impunidad, de madres y padres de familia pidiendo a gritos ¡justicia para sus hijos!
En el caso de la guardería ABC, el dictamen del ministro Arturo Zaldívar señala que la intervención de la Suprema Corte se hace necesaria cuando “las instituciones se ven rebasadas por la dimensión de los hechos o cuando las condiciones no les permiten actuar con libertad en el sistema democrático”. Es decir, es un reconocimiento de que las instancias federales y del gobierno de Sonora son incapaces de dar justicia en un caso tan sensible y doloroso.
Lo paradójico es que el dictamen del ministro declara la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de esos menores y señala responsables, pero no impone sanción alguna. El procedimiento en la Corte es muestra mayúscula de la impunidad en el país, aun ante la declaratoria del máximo tribunal de “justicia” no hay consecuencia legal para los responsables. Porque su resolución no es vinculante para que otras instancias sancionen a quienes hayan tenido responsabilidad.
La aprobación del proyecto de dictamen del ministro Zaldívar es importante, abriría el espacio para que los mexicanos tengamos la certeza que alguien, dentro del Estado, vela por nosotros y se gana con ello la autoridad que formalmente detenta. Es importante que sea la Corte la que hable por nosotros y le diga con claridad a los políticos que queremos que asuman sus responsabilidades.
De aprobarse el dictamen habría que exigir:
1. Que dentro del marco legal se sancione a los responsables, en forma pronta, completa e imparcial, sea una sanción política, administrativa, civil o penal, según corresponda.
2. Que se señale con precisión qué instituciones fueron rebasadas e incapaces de dar justicia, aun ante su obligación legal. Para que ello implique transformaciones institucionales de fondo que fortalezcan la respuesta a la exigencia de justicia.
3. Que se transforme el sistema legal para que ya no exista la absurda figura de un pronunciamiento no vinculante de la Corte. Con esto las instituciones demostrarían que estamos avanzando, que no permitiremos violaciones graves a los derechos humanos ni mucho menos impunidad y corrupción.
Desgraciadamente la impunidad y la violación a nuestros derechos humanos lo permiten no sólo por nuestras instituciones y autoridades, también lo las autoridades extranjeras.
Las violaciones evidentes en la frontera norte, con más de 10 asesinatos documentados en los últimos años por la Patrulla Fronteriza de EU, muestran que el empleo desproporcionado de la fuerza contra los migrantes es práctica sistemática.
En los últimos días el asesinato de Sergio Adrián Hernández, de 14 años, desprovisto de armas, murió por el disparo de un agente fronterizo; argumentan que el menor tiraba piedras… y respondieron matándolo y afirmando que era peligroso pollero. Su familia dice que sólo jugaba y que era estudiante. Nunca se comparará una pistola con una piedra. Y si para ellos es igual valdría sugerirles que nos disparen con resorteras y piedras.
Es lamentable la tibieza de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debería pedir que se lleve a los culpables a juicio y se dejen de inventar mentiras a la dignidad de los mexicanos. Si esto no funciona hay que elevar la exigencia a la Organización de Estados Americanos (OEA) como un ejemplo de violación fragante a los derechos de los mexicanos.
Estos casos nos hacen pensar como sociedad que la justicia en México es una ilusión.
México está harto de la impunidad. Exhortamos a la Corte para que resuelva conforme a derecho, sin imputar responsabilidades inexistentes pero tampoco absolviendo a personas por influencia política o presión de los Ejecutivos federal o local, o de poderes fácticos, como los partidos políticos.
Es la hora de que los ministros nos convenzan de su autoridad moral. Hora de que nos digan si están a favor de la impunidad o en contra. Hora de que se excusen los que tendrían que hacerlo por haberse excusado de elaborar el dictamen como el ministro Franco y/o por haber trabajado en el IMSS como es el caso del ministro Valls. Hora de emitir votos razonados de cara a los ciudadanos y con ello convencernos de que hay Estado y hay esperanza.
http://www.causaencomun.org.mx/
El Universal/14 de junio de 2010
La muerte de 49 niños en la guardería ABC o los asesinatos de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza no quedarían impunes en otros países. Pero en México nuestras autoridades son omisas, por decir lo menos, y los ciudadanos no confiamos que nuestras de acciones sí son importantes. Es exigible una respuesta del Estado que sea proporcional al daño y que se castigue, de acuerdo a la ley, a los que tengan responsabilidad política, administrativa, civil o penal.
Lo que vemos es un México de impunidad, de madres y padres de familia pidiendo a gritos ¡justicia para sus hijos!
En el caso de la guardería ABC, el dictamen del ministro Arturo Zaldívar señala que la intervención de la Suprema Corte se hace necesaria cuando “las instituciones se ven rebasadas por la dimensión de los hechos o cuando las condiciones no les permiten actuar con libertad en el sistema democrático”. Es decir, es un reconocimiento de que las instancias federales y del gobierno de Sonora son incapaces de dar justicia en un caso tan sensible y doloroso.
Lo paradójico es que el dictamen del ministro declara la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de esos menores y señala responsables, pero no impone sanción alguna. El procedimiento en la Corte es muestra mayúscula de la impunidad en el país, aun ante la declaratoria del máximo tribunal de “justicia” no hay consecuencia legal para los responsables. Porque su resolución no es vinculante para que otras instancias sancionen a quienes hayan tenido responsabilidad.
La aprobación del proyecto de dictamen del ministro Zaldívar es importante, abriría el espacio para que los mexicanos tengamos la certeza que alguien, dentro del Estado, vela por nosotros y se gana con ello la autoridad que formalmente detenta. Es importante que sea la Corte la que hable por nosotros y le diga con claridad a los políticos que queremos que asuman sus responsabilidades.
De aprobarse el dictamen habría que exigir:
1. Que dentro del marco legal se sancione a los responsables, en forma pronta, completa e imparcial, sea una sanción política, administrativa, civil o penal, según corresponda.
2. Que se señale con precisión qué instituciones fueron rebasadas e incapaces de dar justicia, aun ante su obligación legal. Para que ello implique transformaciones institucionales de fondo que fortalezcan la respuesta a la exigencia de justicia.
3. Que se transforme el sistema legal para que ya no exista la absurda figura de un pronunciamiento no vinculante de la Corte. Con esto las instituciones demostrarían que estamos avanzando, que no permitiremos violaciones graves a los derechos humanos ni mucho menos impunidad y corrupción.
Desgraciadamente la impunidad y la violación a nuestros derechos humanos lo permiten no sólo por nuestras instituciones y autoridades, también lo las autoridades extranjeras.
Las violaciones evidentes en la frontera norte, con más de 10 asesinatos documentados en los últimos años por la Patrulla Fronteriza de EU, muestran que el empleo desproporcionado de la fuerza contra los migrantes es práctica sistemática.
En los últimos días el asesinato de Sergio Adrián Hernández, de 14 años, desprovisto de armas, murió por el disparo de un agente fronterizo; argumentan que el menor tiraba piedras… y respondieron matándolo y afirmando que era peligroso pollero. Su familia dice que sólo jugaba y que era estudiante. Nunca se comparará una pistola con una piedra. Y si para ellos es igual valdría sugerirles que nos disparen con resorteras y piedras.
Es lamentable la tibieza de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debería pedir que se lleve a los culpables a juicio y se dejen de inventar mentiras a la dignidad de los mexicanos. Si esto no funciona hay que elevar la exigencia a la Organización de Estados Americanos (OEA) como un ejemplo de violación fragante a los derechos de los mexicanos.
Estos casos nos hacen pensar como sociedad que la justicia en México es una ilusión.
México está harto de la impunidad. Exhortamos a la Corte para que resuelva conforme a derecho, sin imputar responsabilidades inexistentes pero tampoco absolviendo a personas por influencia política o presión de los Ejecutivos federal o local, o de poderes fácticos, como los partidos políticos.
Es la hora de que los ministros nos convenzan de su autoridad moral. Hora de que nos digan si están a favor de la impunidad o en contra. Hora de que se excusen los que tendrían que hacerlo por haberse excusado de elaborar el dictamen como el ministro Franco y/o por haber trabajado en el IMSS como es el caso del ministro Valls. Hora de emitir votos razonados de cara a los ciudadanos y con ello convencernos de que hay Estado y hay esperanza.
http://www.causaencomun.org.mx/
Presidenta de Causa en Común AC
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