Impunidad

Jacobo Zabludovsky
El Universal/21 de junio de 2010

Como en la fábula del venadito que esa mañana al salir al bosque ya estaba muerto.La tarde del miércoles la ponencia del ministro Arturo Zaldívar sobre la guardería ABC estaba más muerta que el venadito. Al comenzar la sesión el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, leyó la esquela funeraria: “Señores y señoras ministros: las votaciones que hemos alcanzado me llevan al convencimiento personal, así se lo hice ya ver al señor ministro ponente (Zaldívar), de que lo que nos resta por discutir no se puede apoyar ya en las propuestas que trae el proyecto… Nuestra opción sería, en este punto, rechazar el proyecto y designar otro ministro, pero esto no lo estimo positivo…”.
Ya era noche cuando terminaba la sesión de la Corte. Sobre las astillas de su esfuerzo el ministro Zaldívar tuvo una última intervención: “No se está votando mi proyecto. Obviamente, la votación de la mayoría deja sin materia la forma en que están tratados los derechos violados… todo eso ya quedó fuera… el proyecto estaba en una lógica distinta… Señor presidente: dejaré mi proyecto original con las recomendaciones de la ministra Sánchez Cordero y del ministro Silva Meza, con mi voto particular sobre todo este asunto”.

En medio de las determinaciones jurídicas difíciles de entender para muchas personas, destacan dos fundamentales: una, la de que se registraron violaciones graves de garantías y, otra, que los principales funcionarios responsabilizados por el ministro Zaldívar “no están vinculados” en violación de esas garantías. Ellos son Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones; Daniel Karam, director del IMSS; Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, y Ernesto Gándara, ex presidente municipal de Hermosillo. Hasta la ex coordinadora de guarderías se sacudió los problemas. En cambio se consideran involucrados tres funcionarios estatales, dos municipales y dos del Seguro Social, todos ellos de nivel medio.

La decisión de la Suprema Corte causó la impresión de que las presiones sufridas por los ministros habían conducido a ese resultado disparejo y sospechoso: ¿por qué los funcionarios más importantes fueron eximidos de cargos, mismos que se pusieron sobre las espaldas de los modestos? La resolución parece repetir la vieja historia de culpar al cartero, al empleado más modesto de la escala de obligaciones laborales. Pero el ministro Ortiz Mayagoitia explicó la base de su voto que dio lugar a esa separación de culpas, basado en el artículo 105 de la Ley de Amparo. “La responsabilidad del superior nunca trasmina, dijo el ministro Ortiz, nunca desciende hacia los inferiores, la responsabilidad de quien directamente comete la violación en amparo asciende al superior jerárquico y al superior jerárquico del superior; es decir, hay un escalamiento hacia arriba de dos escaños”. Ese artículo exime de responsabilidad a los cuatro mencionados y la concentra en los siete de la medianía.

Ni en las notas radiofónicas, ni en los periódicos del día siguiente encontré la causa jurídica de la votación, simplemente se había votado. Consulté el acta oficial de la sesión, de donde copié la parte entrecomillada del párrafo anterior. Hacer constar la razón del ministro Ortiz, que se enfrenta a una lluvia de ataques desde la crítica a la injuria, no disminuye mi indignación. Durante más de un año, desde el 5 de junio de 2009, he mantenido la esperanza de un castigo ejemplar de los culpables, pero empiezo a perderla.

La pierden, también, los padres de los 49 niños quemados. Abandonaron la sesión de la SCJN cuando se votó el deslinde de quienes ellos consideran que deben ser castigados. A su dolor agregan ahora la ira de sentirse burlados. Buscarán justicia en tribunales internacionales. Solicitaron formalmente la creación de una relatoría de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos de la ONU, con el objeto de que elabore un informe sobre las irregularidades del caso. Consideran que se les ha negado justicia en su propio país.

No les falta razón. Ningún funcionario público ha respondido a la dimensión de la desgracia, 23 procesados en Sonora siguen libres.

Y la decisión de la Corte, según el abogado de los deudos, Lorenzo Ramos Félix, es “esencialmente incongruente, subjetiva, selectiva, sujeta a poderosos intereses y deleznable”.

Se cerró una puerta. Hay otras y no quedará una sola a la que no se llame. Los niños, sus familias y la sociedad merecen algo más que indiferencia y olvido. Tarde o temprano los culpables recibirán su castigo. Cuando la ley no se rezague, como ahora, ante la justicia.

Mientras tanto, el sabor amargo de la frustración.