sábado, 5 de junio de 2010

ABC: poder o cadalso

Carlos Puig
Milenio/5 de junio de 2010

El gobierno está a unos cuantos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señale a dos miembros de su gabinete como responsables de graves violaciones a los derechos de sus gobernados.

No es poca cosa. Pondrá al Presidente en un dilema mayor. Mantener al secretario de Comunicaciones y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social en sus puestos sería desafiar a otro de los poderes de la unión y tener trabajando en dos áreas estratégicas a dos personajes debilitados —sino derrotados— políticamente.

La situación que ya enfrenta el Presidente, y que podría ser peor cuando venga la resolución del pleno de la Corte, es consecuencia de haber aceptado una larga tradición mexicana de judicializar todos los aspectos del ejercicio del poder. En un país donde las leyes no se cumplen, argumentar para todo “la norma” se vuelve fácil escapatoria para quienes prefieren olvidar que no sólo tienen obligaciones legales, sino que como servidores públicos tienen también responsabilidades políticas.

En países con rendición de cuentas, los funcionarios públicos bajo cuya responsabilidad suceden hechos graves no tienen por fuerza que enfrentar procesos penales o aferrarse al puesto para evadirlos. El único mecanismo a su alcance es la renuncia, como en los últimos meses se han dado casos en Gran Bretaña, Japón o Alemania.

Hace dos siglos, el filósofo francés Benjamín Constant advertía de este problema en los diseños constitucionales, que no abre mecanismos para que los actores políticos se hagan responsables sin que les corten la cabeza:

“Es un gran vicio de todas las constituciones el no dejar alternativa a los hombres poderosos sino el poder o el cadalso. Entre la destitución del poder ejecutivo y su castigo, tenemos la misma diferencia, que entre la disolución de las asambleas representativas y el acusar a sus miembros. Si a la primera se sustituyese esta segunda medida, no cabe duda en que las asambleas amenazadas no solamente en su existencia política, sino en la individual, llegarían a ser furiosos por el temor del peligro y el Estado quedaría expuesto a los más grandes males. Lo mismo sucede con el poder ejecutivo: si a la facultad de destituirle sin castigo se sustituye la de ponerle en juicio, excitaréis su temor y su cólera y defenderá su autoridad por su seguridad propia.”

La actuación del Presidente de la República, quien puso todo el peso en la actuación del Ministerio Público para saber si había motivo para cadalso, y las reacciones de los funcionarios federales y estatales, incluido el ex gobernador Bours, desde el cinco de junio del año pasado, parecen seguir a la letra la cita de Constant… el temor y la cólera defendiendo su autoridad por seguridad propia.

Para Karam o Bours o Molinar nunca hubo duda. Si un juez no consideraba que habían violado alguna ley específica no eran responsables de nada. El texto de respuesta de Molinar Horcasitas frente a la investigación preliminar de la Corte —que no ante el proyecto del ministro Arturo Zaldívar— así lo demuestra. Es el brillante alegato de un abogado penalista frente al pliego consignatorio de un fiscal.

Equivoca la materia el secretario, me parece. Y ha obligado al ministro a contraargumentar más bien en el plano de la responsabilidad política:

“No podemos aceptar —escribe el ministro— que se sostenga que en estos casos no hay a quien imputar responsabilidades, más allá de la figura nebulosa del Estado que sirva como manto para la impunidad. Los servidores públicos, quienes tienen a su cargo las dependencias, entidades y organismos del poder público, son responsables de las fallas graves que se cometan en las instituciones que están bajo su titularidad. La conducción de las instituciones de las que son titulares los constituye en garantes de su debido funcionamiento…”

“No puede entenderse de otra manera. Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también. La toma de protesta del cargo conlleva automáticamente la responsabilidad en el ámbito de acción de la institución a su cargo. Éste es el sentido de protestar, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, como lo ordena el artículo 128 de la Constitución General de la República. En un Estado democrático, diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas y, por ende, la esencia de la representación democrática… Asumir un cargo implica, entre otras cosas, aceptar la responsabilidad y los riesgos que la función trae aparejada.”

Ante la gravedad de la tragedia, asumir la responsabilidad política no implica el cadalso. No hacerlo, huele a cinismo.

(Gracias Jesús Silva Herzog-Márquez e Ignacio Marván por la referencia de Constant).

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