5 de junio: distracción y encubrimiento

Juan Gabriel Valencia
Milenio/5 de junio de 2010

Inevitable abordar en esta fecha el aniversario de la muerte de 49 niños en la guardería ABC. No por memoriosos de reales o falsos agravios colectivos que para eso lopezobradoristas y panistas se pintan solos. La difusión del dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con base en la investigación de magistrados de la SCJN dado a conocer en marzo de este año, obliga a recapitular y a hacer algunos apuntes que están perdidos en la discusión pública de un tema no menor que son 49 niños muertos.

Entre el ánimo colectivo de linchamiento y la capacidad de algunos medios para apropiarse de un mercado políticamente correcto y, por otro lado, la observancia del estado de derecho y de un piso mínimo de responsabilidad política y ética pública, hay un lindero muy frágil.

Vayamos al principio. 49 niños murieron calcinados y/o asfixiados en una guardería de Hermosillo, el 5 de junio del año pasado. 75 más resultaron heridos, muchos de ellos con secuelas clínicas que les destrozaron sus perspectivas de vida. Eso es lo que pasó ese 5 de junio.

Lo que ocurrió después, a partir del día siguiente, fue una acción concertada del gobierno federal para ganar una elección de gobernador, que tenían perdida, con base en 49 niños fallecidos. Esto no es una interpretación. Desde el día siguiente de la tragedia, se reunieron en una suerte de war room Germán Martínez, Juan Molinar, Daniel Karam, Max Cortázar, en ocasiones, y el propio secretario de Gobernación. Y lograron su objetivo que era ganar la elección de gobernador, no esclarecer los hechos, no deslindar responsabilidades, no ofrecer consuelo y paliativo a una indignación y dolor irreparables.

Dado que el objetivo era lucrar con los muertos, durante junio del año pasado el gobierno federal se dedicó a desviar la atención al señalar falsos culpables y a encubrir responsabilidades.

El director general de Instituto Mexicano del Seguro Social salió desde el primer día a dar la cara, hay que decirlo, mascullando mentiras y estupideces, como que la operación de la guardería estaba plenamente apegada a la normatividad. El informe de los magistrados y el dictamen del ministro lo desmienten categóricamente. Como lo escribí el 12 de junio del año pasado —y es odioso citarme—, Karam es un encubridor o es muy pendejo.

El IMSS intentó deslindarse de lo que no se puede deslindar, que es la responsabilidad política y administrativa de la subrogación de la prestación de un servicio (por cierto, subrogación ilegal) y pretendió que bajo esa figura ilegal era ajeno a toda responsabilidad política y administrativa.

Una estrategia de encubrimiento que llegó a hacer cómplice al Poder Judicial de la Federación. No se explica de otra manera que la investigación de los magistrados no haya tenido el cuidado de indagar ya no digamos las actividades, al menos el nombre de la persona al frente de la Coordinación Nacional de Guarderías del IMSS. Consúltese el informe, está en la red. Señala entre los servidores públicos involucrados a Dora García Kobeh, funcionaria que sustituyó dos meses después a la que era coordinadora en junio, Carla Rochín, ex diputada federal panista, compañera de bancada en la quincuagésima novena legislatura de Margarita Zavala, Juan Molinar Horcasitas, Germán Martínez, Salvador Vega Casillas (este último, para el lector que no está en la “grilla”, es secretario de la Función Pública). Era muy simple fincar y asumir responsabilidades del gobierno federal, al nivel de los directamente responsables y cerrar el caso. Pero no se podían fincar y asumir responsabilidades si el tema era ganar una elección. Hay prioridades.

La tal Carla Rochín nunca dio la cara, nunca, y se fue del servicio público como sirvienta y con la protección al más alto nivel. El dictamen del ministro repara en alguna medida la omisión al incluirla. Sin embargo, de conformidad con lo que dispone el 97 Constitucional, en esas paradojas en las que los mexicanos nos pintamos solos, es un artículo constitucional sin consecuencias jurídicas, además de que si el ministro Zaldívar hubiera hecho bien su investigación, debería haber llamado a declarar e incluir en su investigación al secretario de Gobernación, quien ha declarado que el incendio pudo haber sido intencional.

Medios y políticamente correctos que celebran el dictamen, no tienen nada que celebrar. No hay materia, ni racionalidad, ni fundamento. Es otra pieza de basura jurídica y de perversión política. Pero el PAN consiguió su objetivo.

juangabriel_valencia@yahoo.com.mx