Jesús Silva-Herzog Márquez
Empezamos mal cuando le llamamos guerra sucia. Es otra cosa: un torneo de cinismo. Nuestras elecciones pueden ser una competencia de cínicos, no el mando de los torturadores. La extraña expresión—que sugiere la posibilidad de una guerra limpia—da cuenta de uno de lo espisodios más monstruosos de la política latinoamericana del siglo XX: el terrorismo de estado. Persecusión de los enemigos políticos; desapariciones forzadas, tortura. Lo que pasa en la política mexicana es algo muy distinto, reprobable y odioso, pero incomparable con aquellos horrores. Busquemos otro nombre para describir la disposición de la clase política a transgedir la ley para colgarle al otro la medalla del desprestigio.
Es cosa democrática que los ambiciosos busquen el desdoro del adversario. Quienes aspiran al poder sirven a la ciudadanía escudriñando interesadamente la trayectoria de sus antagonistas. Nos ofrecen así una información relevante. Gracias a la crítica que nace de la parcialidad, conocemos algo de quien es denunciado y algo también de quien denuncia. La negatividad política, el acento en las lacras del adversario es parte vital del debate democrático. Necesitamos de ese impulso crítico que no nace de la objetividad sino de la ambición. El problema, pues, no deriva de la hostilidad, sino de la ilegalidad. Y de ilegalidades está salpicada nuestra contienda electoral. Vale la precisión porque ahí se origina una de las lecturas equivocadas de la anterior elección presidencial: muchos concluyeron que el proceso se descompuso por el tono polarizante de la campaña. No fue así, la elección del 2006 estuvo a punto de descarriarse por una conspiración de deslealtades: desde el gobierno se usó el aparato estatal para eliminar a un contendiente y quien perdió las elecciones no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. El problema, insisto no fue la polarización discursiva sino la falta de un compromiso auténtico con la legalidad. Esa es la sombra que se asoma en las elecciones locales: abusos el ejercicio del poder y abusos en la denuncia de los abusos.
Bajo un régimen de responsabilidad, la experiencia genera prudencia. Bajo el imperio de la impunidad, la experiencia aconseja cinismo. Las conductas de los actores políticos no pueden más que adaptarse a las circunstancias, aprenden de ellas para encumbrarse. Cada clima germina sus plantas. La temporada electoral que vivimos parece un torneo de cinismo. Los contendientes ostentan sus transgresiones para exhibir las de sus adversarios. No tienen el menor impulso de ocultar sus infracciones, no pretenden en ningún momento justificar su comportamiento: haciendo gala de la ilegalidad propia denuncian la ilegalidad del de enfrente.
El primer hecho es insólito: el presidente del partido que ocupa el gobierno federal da a conocer directamente, en conferencia de prensa, los frutos del espionaje político. Orgulloso, el dirigente panista muestra a los medios de comunicación una intervención telefónica ilegal. No hay elementos para decir que el gobierno al que respalda Nava haya sido el causante de las intervenciones, como han denunciado los priistas. Lo que no cabe duda es que el partido en el gobierno aprovecha y recompensa el espionaje político que sirve a sus intereses—el espionaje que lo perjudica sí es combatido con toda enjundia. Purificación Carpinteyro enfrenta una acusación penal por difundir grabaciones ilegales, mientras César Nava da conferencias de prensa para difundir grabaciones obtenidas ilegalmente. La ilegalidad parece irrelevante a los ojos del presidente panista: le tiene sin cuidado violar la ley. Lo que importa es darle un golpe a sus adversarios y que se vea que quien lo da es él mismo. Que la aberración pase inadvertida es alarmante: imaginemos una conferencia de prensa de uno de los principales aliados del presidente Obama mostrando una grabación obtenida ilegalmente para exhibir los abusos de los republicanos. En la medida en que el presidente de los Estados Unidos no se deslindara del espionaje, quedaría asociado indefectiblemente a la tropelía.
Pero el cinismo no se detiene ahí. La respuesta de los priistas ante las revelaciones ha sido igualmente cínica. La ciudadanía merece respuesta frente a las evidencias de sus abusos. Es cierto que las conversaciones se grabaron ilegalmente y que su difusión también es ilegal, pero no puede negarse su valor político. Que no puedan usarse judicialmente no significa que podamos borrarlas de nuestro juicio, como si nuncia las hubiéramos escuchado. Se trata de muestras extraordinarias de la forma patrimonialista en que se emplean los recursos públicos en algunos estados y de la sumisión de las autoridades electorales al poder local. Pero la respuesta de los priistas es la misma: sí… y qué.
Tomado de: http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/
Empezamos mal cuando le llamamos guerra sucia. Es otra cosa: un torneo de cinismo. Nuestras elecciones pueden ser una competencia de cínicos, no el mando de los torturadores. La extraña expresión—que sugiere la posibilidad de una guerra limpia—da cuenta de uno de lo espisodios más monstruosos de la política latinoamericana del siglo XX: el terrorismo de estado. Persecusión de los enemigos políticos; desapariciones forzadas, tortura. Lo que pasa en la política mexicana es algo muy distinto, reprobable y odioso, pero incomparable con aquellos horrores. Busquemos otro nombre para describir la disposición de la clase política a transgedir la ley para colgarle al otro la medalla del desprestigio.
Es cosa democrática que los ambiciosos busquen el desdoro del adversario. Quienes aspiran al poder sirven a la ciudadanía escudriñando interesadamente la trayectoria de sus antagonistas. Nos ofrecen así una información relevante. Gracias a la crítica que nace de la parcialidad, conocemos algo de quien es denunciado y algo también de quien denuncia. La negatividad política, el acento en las lacras del adversario es parte vital del debate democrático. Necesitamos de ese impulso crítico que no nace de la objetividad sino de la ambición. El problema, pues, no deriva de la hostilidad, sino de la ilegalidad. Y de ilegalidades está salpicada nuestra contienda electoral. Vale la precisión porque ahí se origina una de las lecturas equivocadas de la anterior elección presidencial: muchos concluyeron que el proceso se descompuso por el tono polarizante de la campaña. No fue así, la elección del 2006 estuvo a punto de descarriarse por una conspiración de deslealtades: desde el gobierno se usó el aparato estatal para eliminar a un contendiente y quien perdió las elecciones no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. El problema, insisto no fue la polarización discursiva sino la falta de un compromiso auténtico con la legalidad. Esa es la sombra que se asoma en las elecciones locales: abusos el ejercicio del poder y abusos en la denuncia de los abusos.
Bajo un régimen de responsabilidad, la experiencia genera prudencia. Bajo el imperio de la impunidad, la experiencia aconseja cinismo. Las conductas de los actores políticos no pueden más que adaptarse a las circunstancias, aprenden de ellas para encumbrarse. Cada clima germina sus plantas. La temporada electoral que vivimos parece un torneo de cinismo. Los contendientes ostentan sus transgresiones para exhibir las de sus adversarios. No tienen el menor impulso de ocultar sus infracciones, no pretenden en ningún momento justificar su comportamiento: haciendo gala de la ilegalidad propia denuncian la ilegalidad del de enfrente.
El primer hecho es insólito: el presidente del partido que ocupa el gobierno federal da a conocer directamente, en conferencia de prensa, los frutos del espionaje político. Orgulloso, el dirigente panista muestra a los medios de comunicación una intervención telefónica ilegal. No hay elementos para decir que el gobierno al que respalda Nava haya sido el causante de las intervenciones, como han denunciado los priistas. Lo que no cabe duda es que el partido en el gobierno aprovecha y recompensa el espionaje político que sirve a sus intereses—el espionaje que lo perjudica sí es combatido con toda enjundia. Purificación Carpinteyro enfrenta una acusación penal por difundir grabaciones ilegales, mientras César Nava da conferencias de prensa para difundir grabaciones obtenidas ilegalmente. La ilegalidad parece irrelevante a los ojos del presidente panista: le tiene sin cuidado violar la ley. Lo que importa es darle un golpe a sus adversarios y que se vea que quien lo da es él mismo. Que la aberración pase inadvertida es alarmante: imaginemos una conferencia de prensa de uno de los principales aliados del presidente Obama mostrando una grabación obtenida ilegalmente para exhibir los abusos de los republicanos. En la medida en que el presidente de los Estados Unidos no se deslindara del espionaje, quedaría asociado indefectiblemente a la tropelía.
Pero el cinismo no se detiene ahí. La respuesta de los priistas ante las revelaciones ha sido igualmente cínica. La ciudadanía merece respuesta frente a las evidencias de sus abusos. Es cierto que las conversaciones se grabaron ilegalmente y que su difusión también es ilegal, pero no puede negarse su valor político. Que no puedan usarse judicialmente no significa que podamos borrarlas de nuestro juicio, como si nuncia las hubiéramos escuchado. Se trata de muestras extraordinarias de la forma patrimonialista en que se emplean los recursos públicos en algunos estados y de la sumisión de las autoridades electorales al poder local. Pero la respuesta de los priistas es la misma: sí… y qué.
Tomado de: http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/
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