El nuevo ABC de la justicia

Emilio Rabasa Gamboa
El Universal/10 de junio de 2010

Al bajar del portal de internet de la Suprema Corte, el informe preliminar (ip) que presentó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (AZLL), sobre el caso de la guardería ABC de Sonora, advertí que eran ¡370 páginas! Pensé que sería otro de esos documentos eternos en palabras, pero huérfanos de ideas y ayuno de un buen razonamiento jurídico. ¡Qué equivocado estaba!

El ip abre un capítulo sobre el nuevo ABC de la justicia en México por su profundidad y amplitud. La Comisión investigadora que encabezó el ministro AZLL tenía el encargo del Pleno, de indagar si los hechos consistentes en la muerte de 49 niños y niñas de entre 10 meses de nacidos y cuatro años, así como las lesiones a otros 104 menores y su exposición a gases tóxicos, acaecidos el 5 de junio del 2009, en la guardería del IMSS, ABC ubicada en Hermosillo, Sonora, constituyeron graves violaciones a garantías individuales, en los términos del artículo 97 constitucional.


El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea analiza la facultad investigadora del máximo tribunal y precisa que no sólo se trata de determinar el alcance de los derechos constitucionales, sino censurar política y éticamente a los servidores responsables, al tiempo que exhorta a la sociedad hacia un nuevo paradigma de la cultura política por la que las violaciones a los derechos fundamentales deben tener consecuencias.


El ip incluye el análisis de todo el marco jurídico piramidal desde la Constitución, leyes generales, reglamentos, manuales, circulares, actas y hasta un informe del Alto Comisionado de la ONU y desde luego una investigación de los contratos de subrogación del servicio de guarderías y en particular del de la ABC en Sonora.


La Comisión encuentra que de un total de 1480 contratos, sólo 14, el 0.9% cumplieron con la normatividad para su suscripción. Y en cuanto a la operación de las guarderías, sólo el 0.3% cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento.


El caso de la guardería ABC era de completa irregularidad: pésima ubicación, colindante con la bodega de Hacienda donde se inició el siniestro, sólo mediaba un muro de mampostería con agujeros de hasta 20 cm, detectores de humo no conectados, de tres salidas de emergencia, sin parámetros de seguridad, dos estaban bloqueadas y para llegar a la tercera había que atravesar la cocina. De 41 maestras en la plantilla sólo estaban 14 en el día y hora del percance, lo que quiere decir que había 10 niños por adulto. El incendio comienza a las 14:40 horas y los bomberos no llegan sino hasta las 15:03, la primera ambulancia casi una hora después, a las 15:15 horas.


La conclusión del ip es que hubo un “desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas guarderías”. Lo que sigue es toda una filigrana jurídica sobre la responsabilidad pública. En un ejercicio asombroso de detallismo jurídico el ip va mencionando con nombre, apellidos y título del cargo a cada uno de los funcionarios que tuvieron responsabilidad y de qué tipo, en el cuidado de los niños en las guarderías, su operación diaria y su prevención de riesgos y daños. Los nombres van desde Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y Daniel Karam, actual director, hasta la coordinadora de Guarderías, Carla Rochin Nieto, y la titular del departamento delegacional de guarderías, Noemí López Sánchez. Y en Sonora desde el gobernador, Eduardo Bours Castelo, pasando por el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, hasta el director de Inspección y Vigilancia municipal, Jesús Dávila Osuna, es decir, desde la cúspide hasta la base, sin omitir autoridad alguna pero también teniendo el cuidado de no involucrar a quien no deben.


Concluye el ip con un capítulo excelso en el que indica en qué consiste la gravedad de las violaciones y qué derechos constitucionales, sobre todo de los niños, fueron infringidos, y resuelve que sí hubo violaciones y además graves, indicando a todas y cada una de las autoridades responsables.


El ip es toda una obra de relojería jurídica en la que cada una de las piezas están concatenadas con gran exactitud unas con otras. Esperemos que un documento de este calibre encuentre eco en las demás ministras y ministros del Pleno la semana próxima.


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM