Inseguridad, medios y deberes públicos

Humberto Musacchio*
Excélsior/24 de junio de 2010

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, quiere acotar el ejercicio periodístico. La manera que los medios mexicanos tienen de informar le parece inconveniente y según él "incide" en el clima de violencia. Dicho de otra manera, si la criminalidad sigue en ascenso, la responsabilidad no es de un gobierno inepto, sino de los periodistas que cumplen con su deber de informar.
En favor de la censura o la autocensura, el funcionario arguye que en Estados Unidos, España y Colombia hubo restricciones a la información porque, según él, la manera de comunicar las tareas de seguridad y la manera de construir la percepción de la violencia incide en los niveles de violencia misma. Olvida que en Estados Unidos el gobierno de George Bush impuso la censura u obligó a la autocensura después de los hechos de las Torres Gemelas y del fingido avionazo contra el Pentágono (fingido porque no hay prueba alguna de que se hubiera estrellado un avión contra el cuartel general del ejército estadunidense). Olvida también que en España los gobiernos del PSOE y los del PP -el PRI y el PAN de allá-, con el activo apoyo de los medios, han creado una sicosis en la cual la autocensura es sólo una faceta. Lo mismo se puede decir de Colombia, donde los gobernantes lanzaron al ejército contra la guerrilla y los narcos y después, en su impotencia criminal, reclutaron, armaron y entrenaron a las fuerzas paramilitares que sembraron el terror sobre el atribulado pueblo de ese país. De modo que los ejemplos no vienen muy al caso.
Para el señor Gómez Mont, lo que nutre la intolerable violencia a que está sometida la sociedad no es la corrupción que ahoga a las corporaciones policiacas, no es la probada ineptitud de sus mandos ni la falta de una adecuada capacitación de sus fuerzas; para el servidor público, lo que da un tono belicoso a la vida pública no es que el Ejecutivo haya sacado de sus cuarteles al Ejército nacional y a la Armada de México, sino los periodistas que cumplen con su deber.
En la perspectiva gubernamental, lo que atiza la criminalidad no son las complicidades de los funcionarios públicos con el crimen organizado. No es el financiamiento de las campañas electorales por los narcos ni la corrupción del aparato encargado de impartir justicia. No. Los culpables son los periodistas que informan a la sociedad de lo que ocurre.
El hombre de Bucareli lanzó una advertencia que puede sonar ominosa: "Yo -dijo- no admito libertad sin responsabilidad, la libertad es un ejercicio de operaciones que siempre tiene efectos sobre los demás toda vez que la libertad establece consecuencias positivas y negativas sobre los otros".
La advertencia es innecesaria, pues la libertad de informar tiene sus límites en lo que establece la ley, no en lo que admita o deje de admitir un funcionario. La ley señala deberes también a los hombres públicos, y no vemos que éstos actúen con la responsabilidad que se pide a los periodistas. Gobernación, la autoridad en materia de medios, nada hace por impedir los programas de televisión hablados en lo que Monsiváis llamaba chingoñol, no impide que se difundan la charlatanería seudorreligiosa ni la propaganda de productos supuestamente capaces de realizar curas milagrosas. Gobernación, con su indolencia, auspicia la corrupción del lenguaje, las actitudes antisociales y la mentira de no pocas emisiones.
Si se trata de saber quién no cumple con su responsabilidad social, cada funcionario debería empezar por lo que hace y deja de hacer la dependencia a su cargo.

*Periodista y autor de Milenios de México
hum_mus@hotmail.com