viernes, 30 de enero de 2009

Prevén periodo crítico en negociaciones entre autoridades y universidades públicas

AAPAUNAM acepta un incremento salarial de 4.25 por ciento

Emir Olivares y Laura Poy
La Jornada/30 de enero de 2009

Los próximos 30 días “serán cruciales” para evitar conflictos en la gobernabilidad de las instituciones públicas de educación superior. En caso de que las problemáticas no se resuelvan de forma adecuada las fricciones podrían trasladarse a escala nacional y se convertirían en factor de tensión en este año electoral y de crisis financiera, consideraron fuentes relacionadas con el sector.
En este contexto y a 48 horas de que venciera el emplazamiento a huelga presentado por la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), la representación sindical aceptó un incremento salarial de 4.25 por ciento directo al salario y 2.5 en prestaciones.
Ante la crisis económica y los comicios, 2009 representa un año difícil para las instituciones públicas de educación superior, factor que ha propiciado acercamientos, constante comunicación y hasta reuniones entre los rectores y autoridades del gobierno federal, a fin de mantener la estabilidad en las diversas universidades del país.
Una de las primeras complicaciones a las que se enfrentan las casas de estudio es la revisión salarial de trabajadores y académicos. Otro hecho relevante es que en este año habrá cambio de dirigencia en dos de las tres principales instituciones de educación superior del país: en la Universidad Autónoma Metropolitana serán relevados el rector general, José Lema Labadie, así como los rectores de las unidades Cuajimalpa y Azcapotzalco; en tanto que en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) el cambio en la dirección general se presentará en diciembre.
En cuanto al primer tema, fuentes de los sectores educativo y gubernamental coinciden en que con una inflación de 6.5 por ciento, las propuestas promedio de 4.25 de incremento salarial y 2.5 en prestaciones para los trabajadores universitarios que han presentado las autoridades “podrían no dejar del todo satisfechos a los sindicatos”.
El primero de febrero es la fecha límite para que autoridades y gremios de diferentes casas de estudio federales y estatales lleguen a algún acuerdo a fin de evitar el paro de actividades. Los representantes de los trabajadores de las universidades autónomas Metropolitana, Chapingo, de Aguascalientes, Coahuila, Morelos, entre otras, emplazaron a huelga a las instituciones para el primer minuto de esa fecha, sin que aún se haya resuelto en algunas la revisión salarial.
Para el 2 de febrero se tiene previsto que venza el emplazamiento de los trabajadores de El Colegio de México.
En la UAM el comité de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de esa institución decidirá hoy en asamblea si opta por la huelga o acepta la propuesta de las autoridades universitarias de 4.25 por ciento directo al salario y 2.75 en prestaciones.
El AAPAUNAM, en un comunicado de prensa, informó que concluyó satisfactoriamente la revisión del contrato colectivo de trabajo que estará vigente hasta el 31 de enero de 2010.
El incremento salarial pactado por la representación del AAPAUNAM y las autoridades universitarias entrará en vigor a partir de este primero de febrero, por lo que Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la asociación, agradeció el esfuerzo realizado por la universidad para alcanzar un acuerdo.
En el próximo mes también se resolverán varios de los emplazamientos a huelga en universidades de distintos estados.

jueves, 29 de enero de 2009

La huelga de la Universidad de York

Roberto Rodríguez Gómez*

La Universidad de York, con sede en Toronto, es una de las principales universidades públicas canadienses. Con más de 50 mil estudiantes y una planta académica de aproximadamente 2 mil 500 profesores-investigadores de tiempo completo, se ubica en la tercera posición por su tamaño y entre las primeras diez por su reputación académica. La universidad cuenta con dos campus en la ciudad, Glendon y Keele, y el Centro de Desarrollo Profesional de Osgoode. Desde el 6 de noviembre de 2008 está en huelga, por motivos laborales. Aunque la negociación sigue en pie, la solución del conflicto pudiera demorar aún.
La organización que planteó la huelga es la Sección 3903 del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE-3903), a la cual están afiliados los aproximadamente 3 mil 500 académicos por contrato, ayudantes de docencia e investigación, y estudiantes de posgrado que cumplen funciones de ayudantía académica en esa universidad. La gran mayoría de los miembros del personal académico de tiempo completo forma parte de otra organización, la York University Faculty Association (YUFA).
Las demandas de la CUPE-3903 no son exclusivamente salariales. El pliego petitorio incluye la mejora en las condiciones de contratación y el régimen de seguridad social de los académicos con contratos temporales. Se añaden exigencias de los jóvenes académicos o estudiantes que se desempeñan como ayudantes, por ejemplo, la eliminación del Código de Conducta, que prescribe para este sector obligaciones de comportamiento diferenciadas del régimen correspondiente a los académicos de carrera y a los estudiantes, la creación de una instancia de protección legal contra casos de denuncias (whistleblower protection). Una demanda central consiste en la actualización e indexación de los honorarios, becas y otros apoyos económicos recibidos. Se exige que estos ingresos recuperen el poder adquisitivo que tenían hacia 2005 y que se establezca un tabulador indexado para los próximos años.
Conviene hacer notar que la CUPE-3903 maneja tres contratos colectivos con la universidad, uno para cada de los dos campus de Toronto y otro para las instalaciones de Osgoode. Este factor añade complejidad a la problemática, porque las condiciones de trabajo no son idénticas. Por ello, una de las demandas es equiparar los contratos respectivos buscando las mejores ventajas para el personal afiliado.
La asociación de los académicos de tiempo completo, la YUFA, no participa formalmente del movimiento de huelga. No se sumó al emplazamiento ni, como tal, al proceso de negociación desencadenado. No obstante, la posición de este agente académico-laboral ha sido, hasta el momento, de respeto y, en cierto modo, respaldo a las decisiones de la CUPE-3903. En un reciente posicionamiento público, la YUFA declaró que, además de reconocer el derecho de sus colegas para plantear la suspensión de labores, no influirán en ellos para orientar el sentido de sus decisiones en el movimiento. También declararon, como un matiz a esta posición, su preocupación por la duración de la huelga y la necesidad de reanudar labores en beneficio de los estudiantes afectados.
Rotas en diciembre las negociaciones con las autoridades universitarias, la eventual solución del conflicto pasó a manos del gobierno. Aunque ocurrieron varios intentos de mediación, las soluciones ofrecidas no resultaron satisfactorias para la sección sindical. En consecuencia, el gobierno intentó el expediente del voto de ratificación forzoso. Con base en la legislación laboral canadiense (el Acta de Relaciones Laborales de 1995), el ministro de Trabajo se reserva la atribución de intervenir en el proceso al convocar a una ratificación de la posición de los trabajadores en lo individual mediante una suerte de referendo: se obliga a los empleados a votar, libremente y en secreto, para explorar si la posición personal difiere de la corporativa. Si la suma de los votos individuales difiere del planteamiento sindical de mantener la huelga, entonces el gobierno declara la inexistencia.
El 19 de enero se llevó a cabo el procedimiento de ratificación forzosa y el resultado fue que los trabajadores académicos de las tres subsecciones de la CUPE-3903 votaron en el sentido de sostener la huelga. En ese momento, el gobernador de Ontario, premier Dalton McGuinty, anunció que enviaría al Congreso local una iniciativa para que los legisladores consideren la aprobación de una medida legal que obligue al retorno de las actividades en la universidad. Esta opción ha ocasionado un fuerte debate político por el precedente que podría sentar en futuras negociaciones laborales, no sólo en centros educativos.
Así están las cosas hasta el momento. Los diputados de Ontario tienen en sus manos la opción de decretar la suspensión de la huelga, pero el costo político podría ser muy elevado. La negociación en vías laborales todavía puede rendir frutos, aunque la politización alcanzada por el conflicto quizá entorpezca esta salida.
Por último, la opinión pública, como puede suponerse, tiende claramente a la polarización: hay quienes defienden el derecho a la huelga y miran con gran preocupación los movimientos del gobierno al respecto, y hay quienes quieren retornar a clases y a trabajar y presionar por una solución inmediata. En fin, vale la pena seguir la pista a este conflicto universitario, el primero en el nuevo entorno de la recesión económica. Mucho ojo.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.

¿Legislar en materia de investigación?

Alejandro Canales*

En este año se realizarán las llamadas elecciones intermedias, mediante las cuales se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, así que pronto comenzará a intensificarse la contaminante propaganda de los partidos políticos para atraer a los posibles votantes, pero también las querellas públicas entre fuerzas políticas y las argucias para darle la vuelta a la normatividad electoral. Lo más importante es que tal vez algunas iniciativas controvertidas en materia científica podrían ocupar parte del debate electoral.
Los partidos políticos, los senadores y los diputados, según la medición de encuestas, sistemáticamente han ocupado las últimas posiciones en los niveles de confianza de los mexicanos. Es decir, son las instituciones en las que menos confían los ciudadanos y, sin embargo, cada tres años está el dilema de votar por sus representantes.
Como éste es un año electoral, los partidos políticos intentarán seducir al eventual electorado con las ofertas políticas más increíbles que su escasa o prolífica imaginación les permita. (¿Suena conocida una iniciativa a favor de la pena de muerte de un partido que está por la vida?)
Probablemente no sólo sonarán las ofertas que una buena parte de los electores quieren escuchar, también podrían estar las que se dirigen a un electorado muy localizado, a quienes prácticamente son la base de tal o cual fuerza política y ya están convencidos de las ideas y convicciones que éstas sostienen. Sin duda, es una apuesta riesgosa que debieran calibrar los partidos políticos.
Por ejemplo, el viernes de la semana de anterior, los titulares de la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Colegio de Bioética y el Seminario de Investigación de Ética y Bioética de la UNAM, cuatro instituciones reconocidas del ámbito científico, se pronunciaron públicamente en diferentes medios para expresar su discrepancia con el contenido de dos iniciativas presentadas por legisladores del Partido Acción Nacional.
Según los firmantes del pronunciamiento público, si se aprobaran tales iniciativas, “además de constituir un retroceso para el desarrollo de la ciencia y de la salud pública, sentaría un grave precedente para la posterior prohibición de la investigación con células troncales embrionarias, de la fertilización in vitro, de la interrupción del embarazo y quizá hasta del uso de anticonceptivos. Desde el punto de vista de la ciencia, y en particular de la bioética, las propuestas de estos legisladores son inaceptables”.
or tanto, hacían un llamado a los legisladores para que los temas objeto de la iniciativa en curso fueran abordados con mayor prudencia, responsabilidad y fundamento en el Congreso de la Unión.
Desde la Legislatura anterior, el tema de la regulación de la actividad de investigación en materia genómica está en discusión, sobre todo después de que se produjo un relativo consenso en el ámbito internacional sobre la importancia de impulsar la clonación con fines de investigación terapéutica. También debe recordarse que hace poco más de cuatro años la discusión al respecto fue relativamente intensa en el país, puesto que por esas fechas se aprobó la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y había posiciones encontradas sobre la conveniencia de limitar o no la investigación con células troncales de la naciente institución. Al final terminó por imponerse la prudencia y no hubo ninguna prohibición expresa en la normatividad institucional.
Ahora, una de las iniciativas del PAN, presentada el pasado mes de noviembre por la senadora María Teresa Ortuño Gurza, busca reformar la Ley de Salud. El cambio consiste en añadirle a esa ley dos artículos y reformar otro más. Uno de los artículos, como lo señalan los titulares de las organizaciones científicas, prohíbe “la investigación, manipulación o intervención que tenga como fin realizar cualquier tipo y forma de clonación humana” (100 bis), y el otro “prohíbe la producción de embriones por transferencia o reprogramación nuclear o por cualquier tecnología…” (100 ter).
Es difícil anticipar qué ocurrirá con las recientes iniciativas de Acción Nacional, pero por los antecedentes, la experiencia internacional y las elecciones en puerta, lo más probable es que no se aprueben e incluso que no traspasen el umbral de las comisiones.
Según el más reciente informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología de los diputados, existe una decena de iniciativas de ley sobre el sector que están a la espera del dictamen correspondiente, algunas sobre los mismos artículos a reformar, así que la agenda legislativa tiene materia para discutir. Claro, la dinámica de las negociaciones entre las fracciones parlamentarias y los intercambios políticos son realmente impredecibles; al final, parece inexplicable cómo llegan al punto en el que están. Sin embargo, al menos ahora que están en curso las elecciones, esperemos un poco de cordura y si se discutirá el tema, que sea con seriedad.
* UNAM-IISUE/SES.

miércoles, 28 de enero de 2009

Información y mentiras sobre Bolonia

ANDRÉS RECALDE
EL PAÍS.COM/28 de enero de 2009

Una de las más últimas y sorprendentes noticias sobre el proceso de Bolonia es la de la solicitud de los rectores de las universidades al ministerio correspondiente para que emprenda una campaña de información para dar a conocer las bondades de la propuesta, pues parece preocuparles la extensión de posiciones críticas. No podemos negar que hay aquí una de esas situaciones que los economistas llaman de asimetría informativa. Al lado de insiders que conocen los intríngulis del asunto, hay otros, entre los que probablemente nos encontramos muchos, que no somos tan duchos. Y, sin embargo, lo que nos motiva a escribir es que los que demandan más información no parecen estar interesados en corregir algunas ideas difundidas, aun a sabiendas de su inexactitud.
La primera falsedad que habitualmente se da por cierta es que la reforma pretende adaptar nuestro sistema a "acuerdos internacionales" sobre el Espacio Europeo de la Educación Superior. Mentira. Nadie encontrará directiva, reglamento o cualquier otro tipo de norma firmada por los estados o las instituciones europeas a cuyo cumplimiento se viera constreñido nuestro país. Lo que hubo en Bolonia son reuniones de "expertos en educación" de varios países europeos con la intención de uniformizar la educación superior. Pero los que nos dedicamos al Derecho (e incluso los que no) sabemos que no es lo mismo una norma jurídica elaborada con arreglo a un procedimiento, que el texto que resulta de una reunión de especializados en parir propuestas, en este caso educativas.
En el primer caso, la legitimidad democrática es presupuesto para imponer una decisión política y consecuencia de los procedimientos que rigen el Estado de derecho. La opinión de los sujetos privados, por muy expertos que sean, sólo debe ser un criterio que los políticos deben valorar cuando toman sus decisiones. Entender que aquellas reuniones obligaban al Estado español, como es opinión generalizada, no es sino un paso más en esa tendencia hacia la desregulación y el desmantelamiento de los instrumentos normativos, que tan malas experiencias han dejado en otros ámbitos (vid. sus efectos en la crisis económica).
Aunque los llamados "acuerdos de Bolonia" no obligaran, pudieron haber constituido una directriz que obtuviera consenso y que la mayoría de los Estados europeos siguiera al reformar los estudios universitarios. En tal caso, concedemos que convendría pensárselo antes de quedar al margen. Pero tampoco esta afirmación es correcta, aunque aquí nuestro juicio se limitará al ámbito que conocemos (los estudios de la titulación de Dere-cho). Cualquier jurista sabe que en el Derecho continental europeo (y, especialmente, en el caso español) las referencias internacionales más relevantes son Alemania e Italia. Desde hace siglos las principales aportaciones en la elaboración de principios y teorías, reformas legislativas o doctrinas jurisprudenciales provienen o se inspiran en la rigurosa elaboración de los juristas de esos países. Pues bien, ambos han desechado cualquier pretensión de adecuarse al modelo boloñés.
Pero si alguien, en aras de la modernidad, apostase por estudios más alejados de nuestra cultura jurídica e inclinados hacia una "formación profesionalizada" como la anglosajona, debe advertirse que tampoco el Reino Unido se ha alineado con el proceso de Bolonia. Sospechamos que en otros países y titulaciones este muestreo obtendrá pruebas similares. La pregunta cae por su peso: ¿con quién se pretende que nos armonicemos?
Se dice que el proceso de Bolonia creará un "espacio europeo" por el que podrán circular los profesionales, con independencia del país en el que hubieran cursado sus estudios. Es seriamente discutible la corrección de esta opción para el Derecho. Pero es, además, falsa. La "libre circulación" y la "movilidad" exigen que los estudiantes obtengan conocimientos homogéneos. En algunos sectores del saber la homogeneidad puede ser limitada. En otros, la necesidad del "tronco" común es mayor. Médicos, arquitectos o ingenieros han conseguido que su formación en España sea básicamente uniforme, porque lo requerían la salud de las personas, la seguridad de las casas o la de los puentes. Aunque pueda sorprender a los profesionales del Derecho de nuestro país (desgraciadamente poco activos al respecto), para los titulados en Derecho esto no se consideró necesario. Cada universidad establecerá sus propios planes de estudio que simplemente deberán pasar el filtro de una evaluación administrativa. Si ni tan siquiera hay uniformidad en España, ¿quién creerá que otros países europeos van a admitir los títulos de las universidades españolas?
Otro argumento extendido es el que viene a decir que los críticos con el proceso somos unos inmovilistas reacios a adaptarnos a los nuevos tiempos y métodos. Este argumento no es mentira; es, simplemente, un insulto dirigido a docentes que intentamos dedicarnos con rigor a nuestra profesión. Pero, dado que está muy generalizado, advertimos que proviene de ámbitos (autoridades universitarias y políticas, y expertos en innovación educativa) que llevan años enfrascados en una y otra reforma de la educación española, cosechando manifiestos fracasos de los que alguna vez deberían responder. Los cambios metodológicos pueden ser buenos si van acompasados con los que previamente han seguido los estudiantes y siempre que el resultado hubiera tenido éxito; pero si los cambios no se han producido en la misma dirección o han fracasado, su incorporación forzada a la Universidad comporta más riesgos que ventajas.
Estamos convencidos de que hay cosas que conviene cambiar; pero, ya puestos, el cambio debe ser a mejor, y el aligeramiento de los estudios de grado que supone Bolonia no augura que vaya a ser así.
Pueden recordarse más inexactitudes, como la de que la escasez de tiempo dedicado a los estudios superiores (tres años y medio) no debe preocupar porque se compensará con estudios de postgrado (masters). Los nuevos estudios se limitarán, así, a ofrecer una formación muy básica que exigirá una especialización, cuya impartición y ordenación no se sabe con qué criterios se habrá de regir, ni dónde se podrá cursar. Probablemente en su valoración influirán precios y otros criterios económicos, más que académicos, como hoy sucede ya con los masters.
Los que piden una intensa política informativa han hecho poco para corregir el asentamiento en la sociedad de esos errores. Permítasenos, entonces, concluir que lo que demandan no son más datos, sino una buena campaña de propaganda.
Andrés Recalde Castells es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón.catedrático de Derecho Financiero y Tributario del mismo centro.
Firma también este artículo Germán Orón Moratal

Globalización incluyente

Kofi A. Annan
El Universal/27 de enero de 2009

El mundo rico y poderoso que llega a Davos es el mismo que luce como un lugar ominoso e incierto. Cada día las predicciones para la economía global son más desoladoras. No sabemos qué tan profunda o larga será la recesión; lo que sí sabemos es que habrá mucho sufrimiento.
Pero cada crisis es también una oportunidad. Si tenemos el valor de aprender la lección de los últimos 18 meses y llevarla a la práctica más allá de la esfera económica, podemos establecer nuevas bases para reformar nuestro mundo en uno mejor.
Las raíces de esta crisis van más allá de la esperanza fallida en la supremacía financiera y de la desidia sobre las advertencias de riesgo que existían. Las conexiones entre economías han revelado aquello que estaba claro pero no era entendido por completo: la autorregulación. Se han realizado interminables pláticas sobre globalización, pero está claro que ha faltado reconocer qué significa para nosotros.
Ahora hemos aprendido resueltamente que no hay país, no importa qué tan poderoso o próspero sea, que pueda controlar las fuerzas globalizadoras por sí solo. La falta de procesos incluyentes y de las instituciones necesarias para manejar los riesgos y asegurar a todos el incremento de beneficios también ha sido descubierta.
La actual crisis nos ha permitido una cooperación internacional sin precedentes. Se han coordinado acciones para proteger al sistema financiero del colapso, para tratar de estimular la economía global y para encontrar nuevas reglas y estructuras que eviten que el desastre se repita. Pero mientras el G-20 es un foro más legítimo que el G-8, no consigue dar voz a los pobres y excluidos. Después de todo, ellos son los más afectados por las decisiones tomadas.
La verdadera lección del año pasado es la urgente necesidad de construir y extender esta visión multilateral. Eso significa aceptar que el rico poderoso no puede dominar el mundo.
Significa también reconocer que la única y efectiva solución a los retos que enfrentamos será aquélla que nos brinde seguridad, oportunidad y en la que todos tengamos cabida. Justicia y equidad no pueden ser postergadas nunca más. No puede garantizarse la estabilidad, seguridad y prosperidad de nadie a menos que nos esforcemos en aniquilar la despreciable desigualdad de riqueza, oportunidades e influencia en nuestro mundo.
Lo que se necesita es un cambio fundamental de pensamiento. Las soluciones a la crisis financiera deben ver más allá del impacto en los mercados, las instituciones financieras y los países desarrollados. Éstas deben enfocarse también en los empleos, los ingresos familiares y el efecto de la desaceleración en los países más pobres. Las fuerzas del mercado son el mecanismo para el crecimiento económico, pero éstas necesitan estar bien reguladas para asegurar la justicia y la igualdad de oportunidades para todos.
La crisis actual ha subrayado la importancia de los gobiernos en la efectiva regulación del mercado. Pero ellos también deben ver más allá de sus fronteras con una visión a largo plazo. Los países más ricos no pueden usar como pretexto la rigidez de las finanzas para negar su ayuda a los países más pobres del planeta. Dado que los contratos de comercio mundial y los instintos proteccionistas están robustecidos, el peligro es que aquéllos que son más responsables de la presente crisis serán más golpeados.
El progreso de África, en particular, está en riesgo. No sólo necesitamos continuar sino aumentar el apoyo para ayudar al continente a salir de sus problemas. El apoyo al desarrollo debe ser encauzado a un positivo crecimiento económico a largo plazo, a un buen gobierno y al desarrollo humano en lo inmediato. Necesitamos una excepcional revolución verde en África que transforme cada aspecto de la agricultura para garantizar seguridad alimenticia.
África y el mundo desarrollado en su conjunto serán más golpeados por el cambio climático. El daño afectará cada país y sociedad, aminorando los problemas causados por la crisis financiera. Pero el impacto más severo caerá directamente en quienes han hecho el mayor daño a nuestra atmósfera.
No podemos perder tiempo. Sólo trabajando juntos podemos entregar un mundo sano y sostenible a las futuras generaciones. Debe darse un radical, efectivo y universal acuerdo este año en Copenhague, que se base en la justicia climática y el principio de que el más contaminante paga.
Las economías desarrolladas deben aceptar su responsabilidad con nuestro planeta y con las futuras generaciones. Tienen que tomar el liderazgo en cortar sus emisiones contaminantes. Además, deben financiar la transferencia de conocimientos necesarios para ayudar al resto del mundo a incrementar su sustentabilidad económica y para adaptarlo al inevitable cambio climático. Ninguna otra fórmula servirá. Las consecuencias para nuestros niños si fallamos en cumplir con este reto son inmensas. Cesar nuestra adicción a los combustibles fósiles e invertir en tecnologías ecológicas también generará seguridad energética, trabajos, prosperidad y crecimiento económico sustentable.
Este anhelo, sin embargo, requiere instituciones económicas, financieras y políticas robustas e incluyentes a nivel mundial. Necesitamos reformas fundamentales para involucrar a una amplia categoría de países y voces importantes en la toma de decisiones. Sin esto, las soluciones propuestas no enfrentarán el nivel de los problemas, ni tendrán la legitimidad para ser efectivas. La infeliz respuesta internacional a los conflictos en el Medio Oriente y otros sitios importantes dejan ver que nuestras estructuras son incapaces de enfrentar los retos de hoy, postergando su responsabilidad para mañana.
La nueva administración estadounidense nos da esperanza de que, en todas estas áreas, el progreso puede darse. Pero otros gobernantes y actores deben tomar parte en construir esta fuerza. En Davos, nuestros líderes políticos y empresarios deben mostrar que entienden que nuestro mundo ha cambiado para bien y que nosotros tenemos que cambiar con él o perecer.
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006, y copresidente del Foro Económico Mundial 2009

Los niños mexicanos redactan como zombis

Lilian Hernández
Excélsior/26 de enero de 2009

Quien aprende a escribir adquiere otra habilidad para comunicar y dejar constancia de sus ideas; sin embargo, para los niños de primaria, e incluso para algunos de educación superior, poner en una hoja de papel lo que piensan no resulta sencillo. Silvia Rojas Drummond, académica del Laboratorio de Cognición y Comunicación de la UNAM, señaló que saber leer y escribir no es igual a saber plasmar una idea completa, pues la mayoría de los estudiantes aprende a unir palabras sin lograr emplear la escritura como una forma de comunicación en diferentes contextos culturales.
“A veces, como docentes, simplificamos o pensamos que el enseñar a escribir es enseñar a los niños a trazar letras o a hacer oraciones con mayúsculas y el problema es mucho más amplio. “Pocas ocasiones les enseñamos a expresar las ideas, porque no les explicamos cómo exponerlas, cómo planearlas, cómo confrontar diferentes tipos de texto de acuerdo con diferentes situaciones sociales: son problemas muy amplios”, puntualizó la profesora de la facultad de Sicología de la máxima casa de estudios del país.
En ese sentido, concluyó que los estudiantes aprenden palabras, pero esto es insuficiente para lograr una expresión escrita correcta. El problema, explicó, es que por un lado les enseñan la gramática y las convenciones de la lengua, pero se deja a un lado la comprensión del contexto para identificar a quién se escribe, por qué se le escribe y determinar cuál es el papel del escritor.
De esta manera, añadió la profesora Rojas, no es extraño que los datos recabados por el Instituto N acional para la Evaluación de la Educación (INEE) indiquen que, en expresión escrita, 43% de los alumnos de tercero de primaria, 63% de sexto grado y 56% de tercero de secundaria no alcancen un dominio mínimo en expresión escrita. La coautora del libro La expresión escrita en alumnos de primaria, editado por el INEE como un material para apoyar la práctica educativa, detalló que el problema radica, básicamente, en que la enseñanza de la escritura se hace de manera fragmentada y descontextualizada, dando importancia a los aspectos mecánicos, lo cual no tiene sentido para los niños.
“La enseñanza de la expresión escrita no se hace con propósitos comunicativos reales. Es decir, los niños no la aprenden a usar fuera de la escuela y en diferentes ámbitos, por lo cual no saben expresarse a través de su escritura, porque no aprenden el para qué, para quién y por qué se escribe.

Al respecto, la SEP reconoce que la enseñanza de la escritura es deficiente y esto ha sido confirmado por las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al registrar que la calidad de la escritura de los alumnos de México está por debajo del mínimo esperado. De acuerdo con el Examen de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) del INEE, las mayores fallas se presentan en la coherencia de lo que escriben, en la consistencia de género y número, ortografía, puntuación y segmentación.
Aunado a estos problemas, otros estudios sobre la escritura han detectado en alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria que, al elaborar un texto narrativo, no respetan la estructura textual, por lo cual rompen la secuencia lógica del relato, y en los textos argumentativos, los argumentos no suelen ser pertinentes, suficientes ni aceptables. De manera similar, al redactar textos expositivos, los educandos suelen copiar los textos leídos, por lo que sus producciones a veces carecen de coherencia global y no hay integración entre las ideas escritas.
Para Valentina Jiménez Franco, también de la facultad de Sicología de la UNAM, la deficiencia en la expresión escrita que presentan los alumnos requiere una reestructuración de la enseñanza, en la que los maestros no enseñen palabras, sino que les den los pasos para organizar las ideas y puedan plasmarlas en un papel con textos coherentes. “Hay que enseñarlos a razonar el lenguaje escrito y no repetir las palabras.
No hay que enseñarles a memorizar, sino que aprendan a unir las palabras con un enfoque sociocultural, que aprendan a escribir haciendo actividades y reflexionando cómo lo plasma y no sólo memorizando”, apuntó la especialista en cognición y comunicación. De esta manera, consideró que lo más importante de una oración no sólo es que aprendan a identificar el sujeto, el verbo y los complementos, sino que reflexionen la oración para que asimilen la idea completa. K qso dcr? Ante la expansión de los celulares y con ello la comunicación vía SMS, los estudiantes han optado por recurrir a abreviaturas, a fin de ahorrar espacio, por lo cual crean sus propios códigos de comunicación.
“En vez de escribir una palabra completa, usan letras o abreviaciones, lo cual no es malo, porque es un código de comunicación”, mencionó la profesora Rojas. Sin embargo, lo importante es que los niños y adolescentes no apliquen estos códigos para otras expresiones escritas y aprendan a diferenciar los contextos.
“Los niños crean su propio lenguaje, su propia escritura a través de los mensajes y no está mal; lo importante es que para esas prácticas utilicen esos códigos, pero que también sepan utilizar una escritura adecuada y no se queden con errores o se acostumbren a usar este tipo de escritura en todo”, subrayó.

Ofrecen sobresueldo para evitar jubilación

Erica Mora
Excélsior/27 de enero de 2009

Más de mil profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) reciben un “sobresueldo” de entre 25 y 30 por ciento más sobre su salario para evitar su jubilación, reveló Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de esa casa de estudios.
A la quincena, estos maestros reciben en conjunto 4 millones y medio de pesos por concepto de “estímulo” para persuadirlos de que no soliciten su jubilación al cumplir 20 años de trabajo, porque eso significaría una crisis en las finanzas de la UAS, una de las mejores en el país.
Los trabajadores de tiempo completo jubilados o con derecho a jubilarse suman tres mil 200 y representan “la nómina más alta de la universidad”.
Para la institución, el pago de este derecho, sumado al estímulo, representa un costo de más de mil millones de pesos para el presupuesto que le asigna el gobierno federal, de acuerdo con el funcionario, pues la UAS no tiene un fideicomiso para cubrir esta obligación laboral.
Del total de estos trabajadores, la mayoría (mil 650) está inactivo. “Los jubilados ya pasaron a los activos”, enfatizó el rector, en una entrevista que ofreció en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El “sobresueldo” que reciben mil 100 profesores se distribuye de la siguiente manera: 20 por ciento sobre su sueldo base para los que tienen entre 25 y 30 años de antigüedad, y 25 por ciento para los que tienen más de 30 años laborando.
Un profesor investigador titular, categoría C, puede ganar 23 mil pesos, y si tiene derecho a jubilarse por antigüedad de más de 30 años, recibirá 29 mil pesos, aproximadamente.
“Si se fueran (los profesores con derecho a jubilarse) tendríamos que contratar a otros, y eso sería mucho más caro para nosotros”, explicó Cuén Ojeda.
La nómina mensual de la UAS asciende a 160 millones de pesos repartidos entre más de 10 mil trabajadores, entre administrativos y académicos.
En septiembre de 2007, en entrevista con Excélsior, el rector de la UAS reconoció que parte del problema económico que enfrenta la universidad obedece a los privilegios de los que goza el personal sindicalizado.
En esa ocasión, el rector planteó que en la UAS los profesores sindicalizados se pueden jubilar a los 25 años de trabajo, es decir, “salen sanos y fuertes, cuando están más maduros intelectualmente; en promedio, a los 47 años”.
Los sindicatos “se oponen a dar marcha atrás a las conquistas laborales” y esto, reconoció, complica satisfacer una de las condiciones que puso el gobierno federal para autorizar más presupuesto: despedir a maestros que no cuentan con grado mínimo de maestría.
El 24 de enero, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa desistió de su emplazamiento a huelga tras lograr un aumento salarial de 4.25 por ciento y 2.5 más en prestaciones.
“La UAS tiene además un adeudo de 800 millones de pesos, de los cuales, 254 son por concepto de Infonavit”, dijo el rector.
La violencia es también problema de la institución. Situada en Culiacán, una de las ciudades que disputa el narcotráfico, ha debido poner en marcha programas que involucren a la comunidad universitaria para combatir las adicciones.
Este año habrá relevo en la Rectoría de la UAS y por primera vez en su historia, como parte de la reforma a su Ley Orgánica, aprobada en junio de 2007, no habrá elecciones. En esta ocasión, el rector será nombrado por el Consejo Universitario con el propósito de evitar “el despilfarro de recursos para las fiestas que se organizaban en las facultades, en las que se llegó a contratar a la banda El Recodo”.
Respecto a su futuro político, Cuén Ojeda reveló que ha recibido la invitación de diferentes partidos políticos para ser candidato en este proceso electoral de 2009 y dijo estar dispuesto a aceptarlas.
“Se están abriendo puertas. Invitaciones, hay. Ya notifiqué que será hasta que se nombre al nuevo rector de la UAS cuando tome una decisión”, expresó.

Sobresueldos en la UAS

Carlos Ornelas
Excélsior/28 de enero de 2009


La nota de Erika Mora de ayer en Excélsior me provocó nostalgia. El reportaje es claro: la Universidad Autónoma de Sinaloa no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, está atada a un contrato colectivo de trabajo que prevé la jubilación de profesores y trabajadores a los 20 años de servicio. Con el fin de no gravar más su nómina de pensionados, la rectoría de la UAS ofrece un incentivo a los profesores: sobresueldos de 20 a 30%, a cambio de que no se retiren.
En ninguna parte del mundo una institución de educación superior, o de cualquier naturaleza, puede soportar una carga de ese tamaño, pero en México sí, y la UAS no es la única. Otras universidades públicas se encuentran al borde de la bancarrota desde hace años, sólo los paliativos que les conceden el gobierno o el Congreso federales las mantienen a flote cada año, pero persiste el asunto de fondo. El problema radica, como lo expresó el rector Cuén Ojeda, en que “los sindicatos se oponen a dar marcha atrás a las conquistas laborales”. Conquistas que surgieron en los turbulentos años 70, cuando la cerrazón del gobierno y de las autoridades universitarias, al impedir el derecho a la sindicación de los trabajadores, ofrecieron banderas a grupos que radicalizaron los movimientos. En vez de llegar a pactos laborales razonables, al calor de la protesta (y de la consigna gubernamental de que había que resolver las huelgas), las burocracias universitarias, la mayoría ligadas al PRI, concedieron más de lo justo.
Aquellas universidades donde los grupos de izquierda enarbolaban el proyecto de la universidad democrática, crítica y popular y luego se hicieron del poder, entre ellas las de Sinaloa, Puebla, Guerrero y Zacatecas, concedieron más todavía. Al gobierno parecía que sólo le importaba la paz social, eran los años del auge petrolero, de la “administración de la abundancia”, y los fondos a las universidades fluían sin ataduras de rendición de cuentas; claro, rendir cuentas era una herejía para aquel gobierno. Desde hace más de dos décadas, las universidades pagan las consecuencias y, a pesar de ciertas reformas en sus métodos de gerencia, el problema de las pensiones y de los otros privilegios (como la venta o herencia de plazas para los trabajadores administrativos) las mantienen en zozobra.
La añoranza me vino al recordar los movimientos estudiantiles y de trabajadores universitarios posteriores al 68. A las ansias de libertad política de segmentos de la clase media, se agregaron las consignas de reforma universitaria. Tras los eslóganes de una universidad democrática o universidad pueblo, se erigía el propósito de convertir a las instituciones en arietes contra el Estado o, al menos, santuarios de la disidencia política, de la de izquierda, no de la derecha.
Aquellos movimientos convocaron a profesores jóvenes convencidos de que había un futuro mejor para las universidades, pensaban (tal vez me deba incluir aquí entre ellos, al menos por una temporada) que era posible alcanzar la democracia en la sociedad si se reformaba la educación superior. En las universidades de Puebla y Sinaloa, profesores y activistas del Partido Comunista Mexicano conquistaron las rectorías. Ellos fueron eficaces en combatir a gobiernos locales y negociar con el federal, que había aceptado que académicos comunistas regentearan esas instituciones.
Las luchas por aquel proyecto nunca fueron fáciles, implicaron movilización de fuerzas de izquierda y de represión del Estado; hubo muertos y otros castigos, pero los disidentes porfiaron. Y, cuando se consolidaron, vinieron las pugnas internas, se agotó el discurso sedicioso y el poder trasformó en burócratas a los antiguos combatientes por la democracia. Al mismo tiempo, los estudiantes abandonaban los ideales revolucionarios, se preocupaban por obtener un grado y conseguir un empleo, no importaba que fuera una empresa capitalista.
Las riñas en el interior de las universidades fueron radicales y violentas. En la UAS todavía se acuerdan de Los enfermos, un grupo ultraizquierdista que pregonaba que la universidad era una fábrica capitalista de profesionales y, en consecuencia, había que destruirla. Algunos de aquellos militantes se convirtieron a la “democracia”, fueron profesores y funcionarios y se retiraron tras 20 años de servicio (acaso para trabajar en una institución privada). Los comunistas promovieron que los dirigentes sindicales fueran rectores y, por supuesto, concedieran las demandas que favorecieran a sus seguidores. Ya el futuro se encargaría de pagar las cuentas.
El rectorado de Cuén Ojeda, ya por concluir en junio próximo, generó diatribas. Para unos es un traidor, un modernizador según otros. Tuvo el coraje (y el apoyo de los gobiernos locales y federal) para finiquitar la regla de que el rector se elija por el voto directo de todos los universitarios. Pero no pudo ni siquiera acercarse a resolver el asunto de las pensiones; los sobresueldos sólo son analgésicos.
Carlos.Ornelas10@gmail.com

martes, 27 de enero de 2009

La estrategia de Obama

Arturo Barba
Milenio/27 de enero de 2009

El ver la errática respuesta del gobierno mexicano frente a la permanente crisis nacional agravada por la crisis financiera internacional y la virtual disfuncionalidad del Estado mexicano, obliga a observar con más entusiasmo a Barack Obama.
Sin lugar a dudas, el 44 presidente estadunidense ha despertado muchas más expectativas entre los mexicanos que el propio gobierno de Calderón.
En su primer discurso como presidente la medida inicial que planteó para reactivar la economía estadunidense y elevar la calidad de vida de sus conciudadanos, Obama le apostó a la mejor fórmula probada innumerables veces en otras partes del mundo a lo largo de la historia: el conocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología.
“Volveremos a situar la ciencia en el lugar que le corresponde y utilizaremos las maravillas de la tecnología para elevar la calidad de la atención sanitaria y rebajar sus costes. Aprovecharemos el sol, los vientos y la tierra para hacer funcionar nuestros coches y nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas y nuestras universidades para que respondan a las necesidades de una nueva era. Podemos hacer todo eso. Y todo lo vamos a hacer”, dijo Obama.
Si algo ha hecho de Estados Unidos la nación más poderosa del planeta son justamente sus avances en estos campos. Con un ejército de un millón doscientos mil científicos y una inversión anual del 2.8 por ciento de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, no cabe duda que pronto obtendrá resultados.
Para empezar, ha eliminado el veto a las investigaciones con células madre impuesta por Bush; se multiplicará la inversión en el desarrollo de tecnologías para producir energías limpias y renovables; y entre sus colaboradores más cercanos hay científicos de alta calidad. Eso nunca ha ocurrido en México y, por lo visto, nunca ocurrirá.

Celebración

Con una cifra ridícula de menos de un astrónomo por cada 550 mil habitantes, México se suma hoy a los festejos del Año Internacional de la Astronomía que propuso la Unión Astronómica Internacional apoyada por la UNESCO, para conmemorar los 400 años de las observaciones astronómicas realizadas por Galileo Galilei con su microscopio y la publicación de la Astronomía nova por Johannes Kepler. Esperemos que estos festejos sean un impulso para que en un futuro haya un crecimiento en la formación de recursos humanos en esta y otras ramas del conocimiento en el país. Éste sería el mejor homenaje a Galileo.

¿Qué negociar con Obama?

Axel Didriksson
Excélsior/27 de enero de 2009

La coincidencia sorprendente de muchos mexicanos de adentro y de afuera es que, con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de un representante de las minorías que han sufrido en carne propia lo peor del sistema de ese país (el racismo, la desigualdad…), las cosas podrán empezar a cambiar de fondo, con todo y que, como muchos lo vaticinan, se esté ingresando al Apocalipsis.
Más allá del costo de la ignorancia de aquí y de allá, lo que creo que valdría la pena proponerle al actual presidente Barack Obama, sería revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC), para favorecer la apertura de un mercado común (no mercantil) de conocimientos, cultura y educación. Obama se ha manifestado abiertamente por recuperar la imagen perdida de su país, que entre otras cosas ha organizado un verdadero odio mundial en su contra; ha dicho que impulsará la educación de las minorías y pondrá en el centro de sus políticas su bienestar y su desarrollo y que volverá a levantar, de la podredumbre que le ha heredado el monigote del ahora ex presidente (conocido allá como el “W”), la potencialidad científica y tecnológica, pero sobre todo el valor de referencia en los debates fundamentales sobre las fronteras del conocimiento que tanto han perdido. Con esta perspectiva, vale la pena plantearse lo que le puede convenir al país con un presidente estadunidense que ha dicho tales cosas y asegura que quiere sostenerlas.
El TLC no incluyó un apartado especial para regular los intercambios en materia de conocimientos, ciencia, tecnología, movilidad de estudiantes, profesores, científicos y de inversión conjunta en proyectos de ciencia y tecnología de mutuo beneficio, como sí ocurrió en el proceso de integración económica que dio pie a la Unión Europea. Estados Unidos sigue siendo un país que cuenta con grandes recursos, empresas, investigadores, instituciones e infraestructura que puede desarrollar un sinnúmero de posibilidades de cooperación e integración con nuestras comunidades científicas, estudiantiles y de profesores.
Cuando se firmó y luego se puso en marcha el TLC, con todo y que fue evitado incluir acuerdos en materia de educación y de cultura, se impulsaron abiertamente mecanismos trilaterales para organizar una suerte de espacio trilateral de intercambio de estudiantes, académicos, profesionales, así como de mecanismos de evaluación comunes para su ejercicio, que alcanzaron a poner en marcha algunos acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales comunes. Tampoco llegaron a dar para gran cosa tales iniciativas, por la falta de interés entre los gobiernos, pero con todo se alcanzó a plantear la reforma constitucional para regular de distinta manera el mercado laboral de técnicos, profesionales y empresarios, con el fin de aprovechar lo que aparecía como un mercado promisorio en el caso de todos ellos.
Si algo puede negociarse para redefinir el actual TLC, sería la apertura de mecanismos idóneos y mutuamente beneficiosos en cuanto al libre flujo de conocimientos, el intercambio de estudiantes, de becas de movilidad y de apoyos compensatorios, para que los avances científicos y tecnológicos del país del nuevo presidente Obama puedan ser aprovechados por el nuestro. ¿De dónde puede venir esta iniciativa? No del gobierno mediocre del panismo, porque ni se le ocurre modificación alguna, pero sí de nuestras universidades públicas, que concentran lo mejor de nuestra inteligencia.
didrik@servidor.unam.mx

lunes, 26 de enero de 2009

Cómo disfrazarse de investigador exitoso

Dr. Miguel Ángel Barrón Meza, profesor de la UAM-Azcapotzalco

Hubo una época en que los profesores publicaban por el placer de contribuir, aunque fuera con un granito de arena, a su campo de conocimiento. Actualmente, la investigación es un negocio como cualquier otro. Los vicios y las triquiñuelas que son comunes en la política y las empresas se están implantando cada vez con más con fuerza en prácticamente todas las instituciones de educación superior. Las peleas en la investigación por recursos, puestos, plazas y espacios físicos se han transformado en luchas sordas, sin cuartel, y se llevan a cabo en terrenos en los que supuestamente deberían prevalecer la ética, la honestidad y el respeto a la libre manifestación de ideas.
Hoy en día es muy difícil distinguir a un investigador auténtico de uno farsante. Cualquiera que tenga un doctorado y sea medianamente inteligente es capaz de publicar una gran cantidad de artículos en revistas indexadas internacionales, en especial si tiene la habilidad de tejer alianzas con otros investigadores igual de ambiciosos e inescrupulosos que él o ella, al fin que lo que ahora cuenta es la cantidad de publicaciones, no su calidad.
No importa que lo que se publique nadie lo lea ni sirva para nada. Lo que importa es el dinero obtenido para adquirir costosas camionetas, carísimos departamentos y continuos viajes al extranjero, haciendo turismo académico y hospedándose en hoteles de cinco estrellas con coautores y amigos.
Para ciertos investigadores y grupos, los argumentos legaloides y las ideas darwinianas (subsistencia del más capaz), aunado a la falta de ética, justifican cualquier atropello a los derechos de los demás a disponer de espacios, presupuestos y plazas que les permitan desarrollar de manera adecuada sus actividades de docencia e investigación. La rapiña de recursos de todo tipo, en el que el más ambicioso tira de la limitada cobija institucional, puede volverse la regla más que la excepción en las instituciones de educación superior si no se pone un freno a investigadores sin escrúpulos.
Si usted quiere disfrazarse de investigador exitoso le sugiero que lea cuidadosamente las siguientes obras: ‘El origen de las especies’, de Darwin (para justificar la supervivencia del más ambicioso, es decir, el más apto); ‘El príncipe’, de Maquiavelo (para quitarse molestos escrúpulos éticos o morales), y ‘El gatopardo’, de Lampedusa (para cambiar las cosas cuando alguien se lo exija pero al fin todo siga igual). Además, debe seguir al pie de la letra las siguientes reglas (seguramente hay más):
1. Despójese de todo tipo de escrúpulos y vuélvase cínico. Usted debe estar dispuesto a conseguir a cualquier precio todas las becas y apoyos posibles, tanto internos como externos.
2. Haga alianzas con investigadores igual de arribistas que usted, de preferencia de otras instituciones para que su grupo parezca sólido e interinstitucional.
3. Incluya a sus amigos e incondicionales en sus artículos; eso le asegurará que ellos lo incluirán en los suyos y su productividad, aunque falsa, parecerá fabulosa.
4. Busque desesperadamente posiciones de poder (jefaturas, coordinaciones), para que desde ellas asigne presupuestos, plazas y proyectos a sí mismo y sus incondicionales.
5. Busque la complicidad —o la complacencia, al menos— de sus superiores jerárquicos. Ellos cubrirán cualquier resquicio por el que puedan filtrarse sus fallos.
6. Coloque a incondicionales (aunque no sean sus amigos) en puestos clave. La cadena mafiosa tendrá sus eslabones bien fortalecidos.
7. Proponga el mayor número de proyectos posible, y role como responsables a cada uno de sus incondicionales. Cada proyecto significa más dinero y más viajes al extranjero; la institución se convertirá en su agencia de viajes.
8. Olvídese de la ética y apodérese de espacios físicos que pertenecen a otros grupos de investigación menos ambiciosos; justifíquelo diciéndose a sí mismo y a los demás que el grupo que usted lidera es altamente productivo, y los demás, bueno, no valen la pena.
9. Pavonéese lo más que pueda de su productividad; los profesores ingenuos, y aquellos sin doctorado y sin publicaciones, lo considerarán un superdotado.
10. Piratee plazas de asistente de otros investigadores convenciendo a profesores ambiciosos jóvenes de que si se alían con usted progresarán de manera segura y rápida. Justifíquelo diciendo a los demás que nadie puede obligar a otro a trabajar con quien no desea, aunque se salgan del perfil para el cual fueron contratados.
11. Estudie razonablemente bien la legislación para que con argucias legaloides pueda justificar sus ambiciones y falta de ética.
12. Cuando sus subordinados se rebelen y lo llamen a cuentas, vaya a las reuniones con espíritu humilde y diga que sí a todo lo que le pidan. Pero por supuesto no sea tan ingenuo para cumplir lo que les promete. Practique el gatopardismo, es decir, haga cambios para que todo siga igual.
13. A los más críticos cumpla sus caprichos o págueles un viaje al extranjero para un congreso. Eso les callará la boca. Si no se callan y siguen protestando, diga que están locos o que le tienen envidia por su éxito.
Si conoce otras recomendaciones, compártalas ahora, sobre todo si son para defenderse de esta nueva especie.
¿Qué opina?


Sube UNAM al lugar 44 del ranking mundial de universidades en la web

Avanzó siete posiciones en el último semestre y se sitúa como la mejor de Iberoamérica.
La Jornada On Line/ 26 de enero de 2009

México, DF. La Universidad Nacional Autónoma de México ascendió siete posiciones en el ranking mundial de universidades en la web, al pasar del lugar 51 al 44 en los últimos seis meses; con ello, esta casa de estudios sigue siendo considerada la mejor de Iberoamérica.
El conteo, que incluye más de 16 mil páginas de instituciones de educación superior de todo el mundo, mantiene al Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos, en la primera posición, seguido por la Universidad de Stanford y la de Harvard, en las tres primeras posiciones.
El ranking, creado en 2004 por el Laboratorio de Cibermetría, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor centro de investigación de España, ubica en los primeros 23 lugares a instituciones de Estados Unidos. En ese orden le sigue la Universidad de Toronto, Canadá; así como la de Cambridge, en el sitio 28, y la de Oxford, en el 42; ambas de Inglaterra.
Después de la UNAM, la Universidad de Sao Paulo se ubica en el lugar 87, la Complutense de Madrid en la posición 138.
La lista íntegra puede ser consultada en el sitio www.webometrics.info/index_es.html.
Para ubicar a cada institución, el Laboratorio realiza un análisis cuantitativo de Internet y contenidos de la red, con especial énfasis en asuntos relacionados con la generación y comunicación académica, y científica. Asimismo el ranking se centra en resultados de investigación y toma en cuenta indicadores que reflejan la calidad académica y de investigación en el mundo entero.
Además de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey entra a esta clasificación mundial al ocupar la posición 406.

domingo, 25 de enero de 2009

Universidad Contra el Miedo


El proyecto Universidad Contra el Miedo es un colectivo de alumn@s y maestr@s de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuya misión es asumir, mediante la reflexión y la acción, la crisis de violencia y gobernabilidad experimentado por Ciudad Juárez, la frontera México USA y los estados que la conforman.


Como universitari@s no podemos permanecer al margen de la ruptura sistemática de la ley y los atentados contra la vida y la integridad de l@s juarenses y nuestros propi@s compañer@s para lo cual hemos convocado a Una Jornada de Luto in Memoriam del profesor-investigador Gerardo González Guerrero y del estudiante Jaime Alejandro Irigoyen Flores asesinados en diciembre y enero pasados.


Dicha jornada está pensada -junto con este blog- como apertura de una convocatoria a la participación personal y/o organizada de los universitarios y ciudadanos juarenses y/o de cualquier otra procedencia en contra de los procesos de naturalización de la violencia, desgobernabilidad y desmovilización ciudadana en un ambiente de vida pública al margen de las leyes, de tolerancia y/o promoción del terror, la impunidad ante una criminalidad que aumenta progresivamente y una concepción policiaca del orden ciudadano.


No podemos cerrar esta presentación sin una exigencia contundente de la aparición con vida de nuestra compañera Lidia Ramos Mancha, desaparecida el primero de diciembre del 2008, mientras se dirigía a recoger sus calificaciones semestrales, del Programa de Biología.



De los derechos humanos en 2009

Carlos Monsiváis
El Universal/25 de enero de 2009


La llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos ha provocado la apoteosis de la esperanza, tanto más encendida cuanto que se le compara con el perfecto horror que fueron los años de George W. Bush.
En su discurso, Obama fue enfático: “Somos los defensores de este legado (la democracia estadounidense); guiados por estos principios podemos encarar esas amenazas que requieren un mayor esfuerzo, más cooperación y entendimiento entre las naciones; comenzaremos de manera responsable dejando a Irak en manos de su pueblo y para consolidar la paz en Afganistán con viejos amigos y enemigos, trabajaremos incansablemente para reducir la amenaza nuclear y el fantasma de un planeta en calentamiento”.
En primera y última instancia, Obama se refiere a los derechos humanos, tan violados en Guantánamo y Abu Ghraib, o muy recientemente en Gaza. Lo de Irak, además de los crímenes de guerra evidentes, ha sido una operación regida por los procesos deshumanizadores. Si se revisan las movilizaciones recientes de protesta y reivindicación en cada país y en escala internacional, se verá la presencia de ese concepto, esa práctica, ese dato ya imprescindible en la conciencia: los derechos humanos.

* * *
En unos cuantos años, se agrega a México el término derechos humanos (una interminable movilización, un patrimonio moral y político, un instrumento de uso jurídico y burocrático). Nada distinto a lo de casi todos los países, en muchos de los cuales resultan el dique básico contra la impunidad. En estas décadas, ningún otro asunto expresa con tal claridad el desarrollo de la conciencia social y de la ética colectiva y personal e, incluso, el desarrollo y las limitaciones de las fuerzas políticas, los movimientos sociales, las reclamaciones familiares y personales.
Donde la barbarie lleva de nuevo al humanismo
En 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial libera un caudal informativo sobre el nazifascismo. Las informaciones sobre los campos de concentración (Auschwitz, Treblinka) se vuelven certezas trágicas que se van ampliando. En momentos especiales no hay límites tanto en la transformación del ser humano en verdugo, como en el poder de resistencia de la víctima que lo transforma en símbolo moral.
A la matanza de millones de personas por motivos de raza, filiación política, conducta “ilegítima” (orientación sexual) o fuerza de trabajo, se añaden las catástrofes de Hiroshima y Nagasaki y las revelaciones sobre los inmensos daños de la contaminación radioactiva. Para entonces resultan tan incontrovertibles como inaudibles los alegatos de los pacifistas luego de la Primera Guerra Mundial: las guerras son inútiles y abominables y siempre las aprovecha una minoría rapaz que detesta el pacifismo por ser tan poco rentable. La Segunda Guerra Mundial se explica y se legitima por la urgencia de contener al nazismo y al fascismo, pero la tecnología de guerra, la bomba atómica y el altísimo costo en vidas le ponen cerco al patriotismo, difundido como la voluntad de dar la vida por la patria tal y como la representa el grupo gobernante. Si la guerra contra el nazifascismo es justa, no consigue eliminar las dudas sobre la naturaleza inevitable de los esfuerzos bélicos.
¿Qué guerras son necesarias? Se requiere detener a Hitler y el Holocausto, se exige justicia para los millones de seres liquidados por el nazifascismo, ¿pero qué justicia hay para los destruidos en el holocausto atómico en Japón? ¿Y por qué durante largo tiempo nada se dice de las veintenas que a causa de su “anormalidad” son también exterminados en los campos de concentración: los comunistas, los gitanos, los homosexuales? Y se establecen dos vertientes de conflictos éticos y morales.
La primera surge de lo inconcebible de la Segunda Guerra, que obliga a numerosos intelectuales y literatos, en especial de origen judío, a reflexionar sobre la deshumanización: ¿dónde se origina la pérdida de la sensibilidad moral? ¿Se vive en las sociedades la muerte de Dios o la muerte del espíritu ético? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Mengele y Eichmann, buenos católicos, amorosos padres de familia, sean tan eficaces instrumentos de la barbarie? ¿Por qué motivos, en el centro de “la civilización occidental”, se aniquila a millones de personas?
La segunda versión es la pacifista, a la que intenta manipular el aparato de propaganda soviética, y cuyo vigor genuino se desprende de las grandes interrogantes: ¿cómo es posible que mueran tantos a causa de guerras provocadas por la lucha por el poder y el control de los recursos naturales?

Segunda carta al rector

Sara Sefchovich
El Universal/18 de enero de 2009

Lo que escribí la semana pasada en este espacio no son ideas abstractas, sino realidades que día a día vivimos los universitarios. Algunos lo comentan en los pasillos, otros lo han hecho público en sus centros de trabajo o a través de los medios de comunicación.
Guillermo Sheridan relató su caso en una revista: se le degradó en el Pride por no dirigir tesis ni tener participación institucional. En tres artículos pone en evidencia una situación grave: la de que vivimos en un sistema en el cual con tal de conseguir puntos, a los académicos les resulta mejor ser complacientes tanto con los estudiantes como con las autoridades.
En correos electrónicos, colegas coinciden en que existen “prácticas de homogeneización que estamos viviendo en las universidades públicas”, “la pretensión de las autoridades de controlarlo todo”, “la promesa de la zanahoria del Programa de Estímulos al Desempeño con base en puntitis”, “la propensión a llenar informes y medir la productividad”, “que los académicos estén más interesados en las constancias que en enseñarle a los chamacos”, “muchos ISOS y certificaciones pero pocas nueces”, “eficientismo simulador”, “se limitan y traban el desarrollo de la libre práctica científica y la pluralidad teórica y metodológica de muchos investigadores”.
Sabemos bien que la universidad no está sola en este camino. Allí está el Conacyt, que sustituyó el modelo europeo con el que funcionábamos en México por el estadounidense en el que importan la eficiencia, la utilidad y la ganancia y que no le asigna ningún valor al pensamiento y a aquello que no parece servir de manera inmediata.
Todos los instrumentos que se han creado dentro y fuera de la UNAM apuntan a lo mismo: asignar puntos a quienes cumplen con ciertos criterios, hacer listas de programas de posgrado y de revistas que sí valen, formar grupos de “pares” para calificar, los que, aunque pretenden ser transparentes y neutrales, están construidos para eliminar la diversidad, porque quienes participan en ellos son solamente los que aceptan estos criterios y porque no están libres de las pasiones humanas como el amiguismo, la envidia, la ignorancia y el recelo frente a otros modos de pensar.
Así lo denunció en una revista Carlos Aguirre Rojas, a quien degradaron en el SNI porque según la comisión calificadora, “no había publicado en revistas de calidad internacional y arbitraje estricto ni en editoriales de prestigio académico”, siendo que en cinco años había publicado 44 artículos y 38 libros en 12 países y siete idiomas. Y así lo han denunciado otros que, después de décadas de entregar sus mejores esfuerzos a la institución, tienen que seguir mendigando por una promoción, un nivel un poco más alto en algún sistema de evaluación, un espacio para dar un curso. No sólo su salario depende de eso, sino que viven con la amenaza constante del rechazo a su trabajo.
Todo esto ha generado una grave situación que se pone de manifiesto en muchos aspectos: desde lo que una lectora llama “el fin de los más elementales principios de solidaridad”, hasta el daño a la ciencia, pues hoy es preferible irse por caminos seguros para no poner en riesgo la propia evaluación, nadie quiere arriesgarse ni al error ni al enojo de los “pares”, hay que caminar de prisa para acumular puntos y hacer solamente aquello que sí cuenta, lo que resulta en que los académicos no leen, porque eso significaría usar demasiado tiempo que no reditúa, y mejor hacen otro artículo con los mismos datos y con las mismas bases teóricas y metodologías que ya conocen, porque reciclarse, replantearse, abrirse a nuevos campos no conviene.
Y está también el fin de la crítica, por aquello de que quién se va a poner a hacerla cuando el aludido puede estar en una comisión evaluadora.
La Rectoría puede poner fin a este ambiente que prevalece hoy en la universidad y la UNAM puede y debe dar esta pelea para afuera. Le corresponde hacerlo pues es la institución más importante del país en investigación, docencia y difusión. De no hacerlo, la estaremos minando desde dentro, al debilitar la creatividad, la diversidad, la crítica y la confianza en quienes formamos parte de ella.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM

viernes, 23 de enero de 2009

Universidades, sin recursos para lograr cobertura de 30% en 2012

■ Directivos de instituciones públicas analizan con funcionarios el rezago educativo de 20 años
■ En un ciclo escolar la matrícula creció tan sólo unos 100 mil lugares, señalan
Fabiola Martínez y Emir Olivares
La Jornada/23 de enero de 2009


El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, se reunió ayer en privado con los responsables de las tres principales instituciones de educación superior en el país, para analizar el rezago de cobertura en este sector que ha alcanzado niveles “muy altos”. En un ciclo escolar, la matrícula creció apenas en 105 mil 616 registros, según datos oficiales.
José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); José Lema Labadie, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y el titular del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera, advirtieron acerca de las dificultades actuales para ampliar la matrícula.
En el encuentro, realizado en el palacio de Covián, participó también la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y el subsecretario de Educción Superior, Rodolfo Tuirán.
Los máximos representantes de las casas de estudio alertaron a los funcionarios que aun cuando la meta gubernamental hacia finales del sexenio, es alcanzar una cobertura de 30 por ciento en el nivel superior, este objetivo se complica porque los recursos son insuficientes, de acuerdo con las necesidades de la población.
Datos de la SEP indican que la matrícula total en el nivel educativo de referencia, en el ciclo escolar 2007-2008 fue de 2 millones 814 mil 871 jóvenes, de los cuales, 924 mil 615 cursaron estudios en colegios particulares y un millón 890 mil 256 en planteles de instituciones públicas. Durante el ciclo 2006-2007, la matrícula fue de 2 millones 709 mil 255 alumnos, esto es, un avance de 100 mil inscritos.
En tanto, indicadores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior precisan que el número de estudiantes de este nivel habría crecido en 286 mil 207 nuevos lugares. El organismo afirma que durante el ciclo 2006-2007 la matrícula fue de 2 millones 528 mil 664 estudiantes.
En Bucareli, los directivos recordaron que México tiene un rezago mayor a 20 años en cobertura de educación superior, en comparación con otros países de América Latina; mientras en México el nivel es de 24 por ciento (es decir, uno de cada cuatro jóvenes en edad de cursar ese nivel asiste a la universidad), en Argentina la cobertura alcanza el 60 por ciento y en Chile, 45 por ciento.
Los rectores y el director del IPN atendieron el llamado del gobierno federal para asistir a la reunión privada por considerar que se trata de un asunto de suma importancia para el desarrollo y la gobernabilidad del país.
Fuentes consultadas del sector educativo y de la SG agregaron que los funcionarios habrían planteado a Villa, Lema y Narro la necesidad de incrementar la matrícula estudiantil y la posibilidad de que estas instituciones capten un mayor número de aspirantes durante sus próximos concursos de selección.
Sin embargo, pese a la disposición y voluntad de los dirigentes universitarios, el tema de los recursos económicos para conseguir los objetivos fue un punto de discordancia.
Tan sólo estas tres casas de estudio concentran un amplio número del estudiantado de las instituciones públicas de educación superior que representa el 11 por ciento del total nacional. En la UNAM existen más de 167 mil alumnos en ese nivel de estudios; 85 mil 240, en el Politécnico, en tanto que en la UAM están matriculados 45 mil 200 estudiantes de licenciatura.
El gobierno federal pretende que para el año 2012 se alcance el 30 por ciento de cobertura en educación superior en el país.
Los rectores y funcionarios tomaron en consideración el mensaje del presidente Felipe Calderón emitido el miércoles en torno a que la falta de universidades y de educación de calidad es un “problema delicado” en el país que provoca un impacto terrible, brutal, en los jóvenes más pobres y marginados.

jueves, 22 de enero de 2009

La reforma neoliberal de la universidad española: los Acuerdos de Bolonia como pretexto


MANIFIESTO


Ante la ausencia de debate público respecto de la reforma de la universidad, tanto en lo que hace a los planes y evaluación de los estudios superiores, como a su relación con las necesidades de la sociedad –necesidades que se pueden definir de muchas maneras y que, sin doblegarse a un único discurso, la universidad debe recoger en su pluralidad– los abajo firmantes exponemos:

Los Acuerdos de Bolonia, seguidos de otras resoluciones en diversas ciudades europeas, se tomaron en 1999. Los países, entre los que se contaba España, convinieron en seis puntos que son propuestas políticas, pero no normas exigibles desde una perspectiva legal. A pesar de este carácter declarativo, “Bolonia” se ha esgrimido y se esgrime en nuestro medio como pretexto para disminuir e incluso anular la función fundamental de la universidad –en todas sus vertientes científicas y humanísticas– que el gran lingüista y filósofo Charles S. Peirce, fundador del pragmatismo, definió como "espacio en el que se expone la condición viva del pensamiento".

Es necesario recordar aquí, de manera sumaria, en qué consisten esos acuerdos, incluso con las modificaciones posteriores a las de 1999: 1) adopción de un sistema comparable de titulaciones; 2) que este sistema esté preferiblemente dividido en dos ciclos; 3) que sea evaluable por un sistema de créditos comunes, llamados por ello europeos; 4) que se promueva la cooperación europea para alcanzar niveles comparables de calidad y metodología; 5) que se promueva la necesaria dimensión europea de los planes de estudios y que esto facilite los niveles de ocupación de los ciudadanos de la Unión; 6) que se promueva también la movilidad de todos los estamentos de la comunidad universitaria.

Con la excusa de "Bolonia", las autoridades universitarias españolas y catalanas comenzaron una transformación en la que ese conjunto de propuestas pensadas para facilitar convalidaciones, disminuir la burocracia y consolidar cierto estado de conciencia europeísta, que a su vez favorezca la entrada de la población universitaria al ámbito laboral, se ha transformado en pretexto para dos tipos de modificaciones. En apariencia ambas son asépticas y se esgrimen como movimiento de modernización, por lo que su sustrato ideológico se suele dar por indiscutible, tanto en el modo de exposición, más asertivo que argumentativo, como en la ausencia casi completa, en sus documentos, de invocación de autoridades y referencias académicas serias.

La primera modificación supone el transporte de las teorías del aprendizaje de la infancia y la adolescencia al mundo de los adultos que asisten a la universidad, como lo prueban los “manuales” que utiliza el Ministerio de Educación y las autoridades universitarias catalanas, plagados de consideraciones y advertencias propias de edades previas a la entrada en la adultez. Ante esta tendencia a la minorización de los estudiantes universitarios, hay que recordar que estos son adultos que votan, conducen coches, pueden ser padres y son responsables plenos, política y penalmente, de sus actos. De repente, a partir de aquella traducción, la vida universitaria –o algunos de sus miembros embarcados en tareas de gestión– ha tendido a admitir un modelo de vigilancia de los estudiantes, que parecen convertirse en tutelados permanentes cuyas disposiciones psicológicas y sociales deben ser vigiladas y orientadas hacia el beneficio del grupo, sea éste lo que sea. No es esa la única tutela que se ejerce sobre la comunidad universitaria, ya que un porcentaje de profesores en precario que, en el caso de las universidades catalanas, alcanza niveles escandalosos, se ve limitado, debido a esa misma precariedad, en su capacidad de pronunciarse abiertamente acerca de cuestiones concernientes a los nuevos sistemas de evaluación y los planes de estudio. Resulta sintomático que se desvíen de manera soterrada recursos enormes a la gestión de la "innovación pedagógica" y en cambio el profesorado no numerario esté sometido a unas condiciones salariales míseras y otras laborales de dudosa legalidad, que los obligan a hacerse cargo de las mismas responsabilidades que los numerarios. La calidad de la docencia –entendida como transmisión seria, compleja y variada del saber– se alcanza así a pesar de las autoridades universitarias, no gracias a ellas.

La segunda modificación tiene que ver con una inquietante reducción de la perspectiva social: nuestras autoridades esgrimen las necesidades de la “sociedad” para celebrar la utilización del léxico de las “habilidades” y “competencias” y proclaman el abandono o relegamiento del exigente mundo de los “contenidos”. Sólo que “sociedad”, en este caso, equivale a “empresa”. A esa grotesca reducción, a la que nos negamos, se debe la fuerte tendencia al abandono de términos como “saber” y “estudio” entre nuestras autoridades universitarias.

De allí que ellas subrayen la "innovación docente" como mera "innovación técnica" de la transmisión.

De hecho, las dos transformaciones encuentran su punto de unión en poderosos instrumentos de control que son preconizados y esgrimidos sin que quepa discusión. Cuando ésta se produce las autoridades o sus portavoces hablan, de manera inquisitorial, de "resistencia solapada", "egoísta", "desconfiada", "menos confesable" y, además, "doble, individual o colectiva, simultáneamente o por separado" (sic): véase el folleto de la Universitat de Barcelona ¿Qué es el Espacio Europeo de Educación Superior? firmado por José Antonio García Suárez.

Por último, cabe señalar que el control se ha unido, en el caso de Catalunya, a la concesión o no a los profesores de los complementos autonómicos, concesión que queda o puede quedar en manos de fundaciones, empresas y servicios en ocasiones privados y no sometidos a evaluaciones universitarias. Hasta febrero 2008 era obligatorio para la renovación de las becas predoctorales de la Generalitat el asistir a un seminario de tres días, organizado por un ente privado, so pena de perder la renovación de las becas. Ahora es sólo altamente recomendado.

El otro instrumento para adecuar la universidad a la empresa es la reforma de los planes de estudio, para la que se esgrimen razones de tipo laboral que, en lugar de asegurar la independencia de las universidades respecto del desarrollo de sus disciplinas y modos de acceso al conocimiento específico, las someten a las exigencias del mercado. En el caso de las ciencias exactas y aplicadas, con la natural complacencia del propio mercado.

En el caso de las disciplinas humanísticas, sin ninguna necesidad perentoria, salvo una curiosa vocación imaginaria de sometimiento a la "empresa" que pasa por rebajamiento innecesario de los contenidos. Innecesario, ya que el mercado suele llegar a las humanidades mediatizado por otros organismos sociales y educativos. En este segundo caso, una de las funciones de la universidad debe estar orientada a preparar a los licenciados de manera solvente y rigurosa hacia la enseñanza y la función pública así como también hacia las actividades propias de la gestión cultural y editorial, pero sin descuidar el ámbito propio del desarrollo, en todos los espacios y disciplinas, de los variados recursos del pensamiento crítico, base y condición de la ciudadanía en la democracia.

Esta variedad de funciones es un punto crucial del que no podemos abdicar en ningún caso: preparar a los licenciados para el trabajo no significa ofrendarlos a la "empresa", sino, al contrario, ofrecerles instrumentos para recibir e incorporar los mejores, más elevados y complejos conocimientos en cada campo específico. Con esos instrumentos podrán resolver, del modo más libre posible, su relación con la sociedad, relación que incluye el derecho inalienable al trabajo.

Por todas estas razones, los abajo firmantes sostenemos que al abandonar el compromiso público de la transmisión específica del saber se roza peligrosamente el fraude. Primero, porque se recorta el derecho de los estudiantes a recibir e incorporar los conocimientos académicamente contrastados en cada una de las disciplinas de que se trate.

Segundo, porque se restringe la libertad de cátedra al disminuir la importancia de los contenidos incorporados por el estudiante –su saber– en aras de una difusa, inaceptable y totalitaria vigilancia sobre su modo de ser.


Firmado: Ignasi Terradas (Facultad de Geografía e Historia, UB), Nora Catelli (Facultad de Filología, UB), Susana Narotzky (Facultad de Geografía e Historia, UB), Antoni Martí Monterde (UB) sigue

2009: año de definiciones en la educación superior

Roberto Rodríguez Gómez*


Este año habrán de celebrarse varias reuniones internacionales con la finalidad de evaluar los avances de la primera década del siglo y, en su caso, proponer una nueva plataforma de cara al próximo decenio. Dos de ellas destacan por su muy probable influencia en la definición de los temas de la agenda futura, tanto en el nivel de las políticas públicas sectoriales como, también, en la orientación de cambios en el plano institucional: la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) 2009, organizada por la UNESCO, y la reunión de cierre del Proceso de Bolonia.
La conferencia de la UNESCO está programada para los días 6 a 8 de julio del presente año, en París. Se titula “Las nuevas dinámicas de la educación superior” y viene precedida de varias conferencias y foros preparatorios en distintas regiones, entre los cuales destacan la Conferencia Regional de Educación Superior 2008, que tuvo lugar en Cartagena de Indias en junio de 2008; la Conferencia Regional Asia-Pacífico (Macao) y la Conferencia Regional Africana (Dakar), en septiembre y noviembre del año pasado; la Conferencia Regional de los países árabes, que tendrá lugar en Líbano en marzo de este año, así como el Foro sobre la Educación Superior en la Región Europea (Bucarest), en mayo.
La CMES 2009 busca cumplir un doble propósito. Por una parte, hacer el balance de los avances conseguidos en la agenda pactada hace una década, es decir el Plan de Acción derivado de la Conferencia Mundial de la Educación Superior, también celebrada en París en 1998. Como se recordará, ese encuentro resultó de fundamental importancia en la definición de nuevos propósitos de desarrollo en el área. Temas como el énfasis en la equidad social, la relevancia y pertinencia de la educación superior, así como el acento en el desarrollo de procesos para lograr y afianzar la calidad académica, fueron objeto de debate y originaron, en el plano internacional, una nueva generación de políticas sectoriales, así como diversas reformas educativas en este nivel de estudios.
El segundo objetivo de la conferencia de la UNESCO radica en la intención de perfilar nuevos horizontes y perspectivas. La organización internacional plantea, al respecto, las siguientes cuestiones: “¿En qué medida la educación superior de hoy contribuye al desarrollo sostenible en los contextos nacionales e internacionales? ¿Está el sector respondiendo a las expectativas sociales de generar cambio y progreso, así como actuar como elemento clave en la construcción de la sociedad del conocimiento? ¿Cómo contribuye la educación superior al desarrollo del sistema educativo como un todo? ¿Cuáles son las tendencias más significativas que permitirán ajustar los nuevos espacios de educación superior e investigación científica? ¿Cuáles son los nuevos retos de la calidad y la equidad?
Esos temas, entre otros, serán debatidos en París a mediados del año. Sin duda alguna, las perspectivas de análisis, así como las conclusiones prácticas a las que se pueda llegar, marcarán la pauta en el futuro inmediato y, acaso, en el largo plazo de la educación superior. Lo menos que puede esperarse es que el acto sirva, como sirvió el de 1998, para asentar compromisos de los gobiernos y las instituciones que cumplen responsabilidades en el desarrollo de la educación superior.
Por otra parte, los días 28 y 20 de abril se llevará a cabo la última reunión del Consejo de la Unión Europea referente al tema del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Luego de una década de arduo trabajo, ciclo abierto con la reunión interministerial de Bolonia en 1999, las máximas autoridades educativas de los países de la Unión Europea celebrarán, en la ciudad de Lovaina (Bélgica), la reunión de conclusiones y síntesis del proceso de articulación universitaria más ambicioso en la historia contemporánea.
Puede anticiparse que el balance destacará, por un lado, la eficiente construcción de acuerdos y marcos de referencia comunes. También se ponderará, positivamente, las vertientes de cambio educativo que ha suscitado el proceso en su conjunto, así como la contribución del EEES en torno del objetivo de dinamizar la competitividad europea en la era de la globalización. Se desatarán, con toda probabilidad, los avances en temas como la movilidad internacional de estudiantes y académicos, la reforma de estructuras curriculares, la asimilación del enfoque de competencias, la generalización de los procesos de evaluación y acreditación, así como los avances en la transferencia de créditos y en el reconocimiento mutuo de créditos y diplomas.
No hay que ser adivino para suponer, además, que se profundizará en el hecho de que algunos países han avanzado más que otros y que, en varios aspectos cruciales, queda aún camino por recorrer. Ojalá se haga un balance objetivo de los problemas y áreas de conflicto que la reforma de la educación superior europea ha desatado en todos los rincones de la región. Ojalá también se reconozcan las limitaciones en áreas como la movilidad laboral, así como las asignaturas pendientes del proceso: la legitimación de los instrumentos del EEES entre las comunidades de estudiantes, académicos y empleadores.
En todo caso, un lugar central ocupará la discusión sobre lo que se avecina: o bien una nueva década para consolidar el Proceso de Bolonia o bien su asimilación en la nueva agenda de la educción superior y el desarrollo científico tecnológico de la Unión Europea. Al respecto, conviene tener presente que las autoridades de la región han convenido en impulsar un nuevo proyecto sobre la “modernización de las universidades con vistas a la competitividad de Europa en una economía mundial del conocimiento”, dentro del cual se busca articular los objetivos asignados a los sistemas de educación, con el impulso a los sistemas de investigación e innovación y la diseminación de un nuevo término clave: la creatividad. Comentaremos próximamente esta nueva agenda.
* UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Seminario de Educación Superior.

Heterogeneidad de las IES privadas

Humberto Muñoz García*


En México han aumentado las oportunidades de obtener educación superior. La cobertura bruta para el grupo de 18 a 23 años de edad ha llegado a 26 por ciento, según datos oficiales. Con el crecimiento de la matrícula se ha acentuado el debate entre lo público y lo privado y sobre la competencia entre las universidades de uno y otro tipo. Hay quienes afirman que las universidades privadas forman mejor a sus estudiantes que las universidades públicas. Que en las privadas se estudian carreras más vinculadas al mercado laboral. Lo cierto es que hay serias dudas respecto de este tipo de aseveraciones.
No puede negarse que el crecimiento de instituciones privadas, o particulares, de educación superior es uno de los hechos más notables en el campo educativo. Actualmente, hay alrededor de mil 500 de éstas y atienden un tercio de la matrícula de licenciatura y posgrado. El acento se ha puesto, cada vez más, en la comercialización y las ganancias que obtienen las empresas educativas. Considérese, igualmente, que el crecimiento del sector privado ha representado una válvula de escape para satisfacer la demanda, que de otra manera hubiera presionado para que el gobierno dedicara más recursos a la educación.
Algunas investigaciones han mostrado cómo las universidades particulares se han venido dispersando en la república. Las instituciones de educación privada, hoy, se encuentran regadas por todo el país. No obstante, tienen una fuerte representación en entidades federativas en las cuales hay más población con capacidad de compra de sus servicios.
La expansión y diferenciación del segmento privado es mayor en estados como Jalisco, Nuevo León, en los estados del noroeste, en el Estado de México y el Distrito Federal. En entidades como Colima y Campeche, por citar un ejemplo, donde hay una alta tasa de cobertura y un menor volumen de la demanda, la cantidad de instituciones privadas es pequeña.
Las instituciones privadas de educación superior se han desarrollado con una enorme heterogeneidad. Frente a universidades como la Iberoamericana, la del Valle de México o el Tecnológico de Monterrey, ha surgido una multiplicidad de institutos de estudios superiores, centros de estudios universitarios, escuelas, tecnológicos y espacios docentes que se autodenominan universidades, con una reducida oferta educativa.
Esta multiplicidad forma un conglomerado que ofrece licenciaturas que pueden cursarse a veces en seis semestres, básicamente en áreas administrativas, mercadotecnia, ciencias sociales, publicidad, relaciones públicas, derecho, diseño y comunicación gráfica y algunas ingenierías. Su matrícula está fuertemente concentrada en pocas carreras de este tipo de áreas.
La expansión de instituciones privadas de educación superior que tienen menos de 500 y entre mil y 2 mil alumnos tuvo un impulso notable en el gobierno de Vicente Fox. La matrícula total de las universidades privadas de baja calidad, se presume, es considerable. No cuentan con programas de licenciatura reconocidos. La Subsecretaría de Educación Superior viene haciendo un esfuerzo para que informen de la fecha y vigencia de su registro de validez oficial y revisando los criterios de acreditación.
La docencia en las universidades privadas genera ingresos a través de las colegiaturas y las cuotas de inscripción. En el precio hay grandes diferencias. Las mensualidades en las universidades particulares de baja calidad pueden estar por debajo de los mil pesos. Hay otras que giran entre los mil 250 y los 2 mil pesos. Asisten a ellas estudiantes que las tienen como única opción para obtener una licenciatura.
Y frente a éstas hay otras como las nombradas Universidad del Valle de México y la Ibero, a las que se suman, por ejemplo, la de las Américas (Ciudad de México), y la del Mayab, cuyas mensualidades andan entre los 3 mil y los 5 mil 500 pesos. Las más caras cobran colegiaturas mensuales por arriba de los 10 mil pesos, o en torno a esa cantidad, como el ITAM, el ITESM o la UAG.
El sector privado de la educación superior de alto nivel se ha nutrido de académicos provenientes o formados en universidades públicas. Pero falta conocer, más a fondo, cuáles son las características del personal docente que labora en todo el sector privado de tiempo completo, qué grados tiene, qué enseña, cómo divide sus funciones y cuánto le pagan. Se sospecha que en las instituciones pequeñas y medianas se opera, casi en su totalidad, con personal de asignatura, en una modalidad que se ajusta a la lógica del trabajo flexible, en instalaciones que no satisfacen criterios pedagógicos y con bibliotecas deficientes.
El sector privado, con su heterogeneidad, ha afectado la dinámica del sistema de educación superior. Las evidencias que se tienen hasta ahora de su funcionamiento muestran que la ley de la oferta y la demanda aplicada a la educación superior, con su mano invisible, no es la salida educativa para los problemas que el país enfrenta.
* Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPyS. UNAM.

miércoles, 21 de enero de 2009

Contra la corrupción y el federalismo

Carlos Ornelas
Excélsior/21 de enero de 2009

El pasado 14 de enero, una nota de Reforma llamó mi atención. La Secretaría de Educación Pública prepara el “acuerdo por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)”. Se trata de dar un golpe al descarrío de dinero que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, realizan los estados en salarios de comisionados sindicales, apoyos extraordinarios a las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y licencias con goce de sueldo para desempeñar cargos de elección popular. La SEP no actúa por cuenta propia, es una disposición que estableció la Cámara de Diputados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.
A primera vista fue una buena noticia, hasta me provocó cierta euforia y comentarios esperanzados: el gobierno, por prescripción del Congreso federal, decide poner un freno a las cantidades inmensas de recursos que se apropian el SNTE y, en menor medida, los gobiernos locales y otros sindicatos de docentes. Parece una respuesta a las demandas de grupos organizados de la sociedad civil, académicos y periodistas que desde hace años denuncian la corrupción, el abuso del SNTE y la merma de la hacienda para la educación pública. Pero la buena noticia pronto se desvaneció, el mismo día 14, Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, acompañada de su plana mayor, presentó el pliego de demandas de incremento de salario y prestaciones para 2009 a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Gordillo exigió revisar el futuro acuerdo y salvaguardó la supervivencia de sus comisionados, no los de otras agrupaciones o los que disimulan los gobiernos estatales. Elba Esther Gordillo anunció que ella (claro, en primer término) y la secretaria pactaron formar una comisión mixta para revisar y aprobar quiénes sí serán comisionados. Josefina Vázquez Mota, al parecer desoyendo el mandato de la Cámara baja, aceptó que nada más serán acreditados como tales los que acuerde esa representación mixta.
Al cavilar sobre el anuncio de lo que será el acuerdo secretarial me vinieron a la mente dos pensamientos contrastantes. ¡Qué bueno!, me dije, que por fin se intente poner una brida a los afanes desmedidos del SNTE y su camarilla dirigente. Por supuesto, ya esperaba que la respuesta del sindicato y de la señora Gordillo fuera de reproche, aunque no tan inmediata, pero mantenía la esperanza de que la SEP consiguiera alguna de las metas que se propone. Sin embargo, también discurrí que esa medida debilita la escuálida descentralización educativa. Hay que reconocer que esta vez las autoridades y los sindicalistas no cayeron en la hipocresía de hablar del federalismo educativo. Ambas partes, ahora sí, sin velos discursivos, reconocen que los estados son meros vicarios de los poderes centrales.
Si la Comisión Federal de Mejora Regulatoria aprueba las aristas de ese acuerdo, las autoridades estatales deberán pagar la nómina a través de medios electrónicos, además, garantizar que el personal labora en los centros de trabajo autorizados. La SEP y los gobiernos estatales conciliarán la matrícula, la plantilla, y deberán establecer metas de desempeño para el ejercicio del gasto. Esta cara de la política educativa confirma que, más que un federalismo educativo, que tanto se afana el régimen en aplaudir, lo vigente en la educación es el centralismo burocrático. Los estados no tienen poder para legislar, elaborar materiales educativos propios, decidir sobre su política ni definir el gasto en educación. Ahora, deberán rendir cuenta detallada del gasto, no a los ciudadanos de sus entidades ni a sus congresos, sino a la SEP y, but of course, al SNTE.
No veo razones de peso para continuar con la ofuscación de que la educación básica se organiza en un régimen federal. Sostengo que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica fue un error político de graves consecuencias. El gobierno federal hizo a los estados una transferencia real de responsabilidades y sólo simbólica de facultades. Muchos de ellos, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, nada más para poner los ejemplos lacerantes, no tenían ni tienen la fortaleza institucional para resistir los embates de las secciones del SNTE. Son ellas las que les imponen el mayor número de comisionados y les arrancan canonjías para sus dirigentes. Vamos, en este gobierno, a pesar de cierto empuje de la secretaria Vázquez Mota, ni siquiera la SEP tiene capacidades para lidiar con el SNTE. El presidente Calderón les concede todo.
La buena noticia que leí la semana pasada duró menos que un suspiro. ¡Pobre educación mexicana!
Retazos
¿Quién manda en este país? No puedo confiar en un presidente que permite que el SNTE colonice el gobierno de la educación básica y el ISSSTE, y que, además, endosa a Elba Esther Gordillo la facultad de remover y designar al director de la Lotería Nacional.
Carlos.Ornelas10@gmail.com