Víctor M. Quintana S.
La Jornada/11 de junio de 2010
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de “exageradas” y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen de-saparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
La Jornada/11 de junio de 2010
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de “exageradas” y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen de-saparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario