¿Es posible la justicia en México?

Alberto Aziz Nassif
El Universal/8 de junio de 2010

Una parte muy importante de los problemas que tiene el país para llegar a tener una democracia con mayúsculas pasa por las debilidades y obstáculos que tiene el Estado de derecho. Esta debilidad se expresa en la desastrosa impartición de justicia que tenemos, la cual es uno de los factores más preocupantes del Estado mexicano. Una expresión de este complejo problema es la abrumadora impunidad: en un estudio reciente el especialista Guillermo Zepeda habla de un índice de 98.76% (CIDAC). Este grave déficit en nuestra vida pública nos lleva a revisar lo que ha pasado con la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde hace un año murieron 49 niños y más de 70 resultaron lesionados.

Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, acaba de publicar un libro, La idea de la justicia, en donde señala que hay una dinámica que se puede establecer entre justicia e injusticia. Una tragedia, dice el autor, como una hambruna, pasa a ser una injusticia cuando se sabe que pudo haber sido evitada. En este caso, ¿se pudieron haber evitado estas muertes?, ¿de qué justicia hablamos? Resulta que en México tenemos una pesada burocracia institucional que se encarga, supuestamente, de la justicia, pero con los elevados niveles de impunidad, la impartición y procuración de justicia fallan. Sin embargo, no todo está perdido. Un movimiento social auténtico puede mover algunos milímetros los enormes márgenes de impunidad, como ha sucedido con la relación entre los padres de familia de los niños de la Guardería ABC y las estructuras de justicia del país.

Ha transcurrido un año desde la tragedia y ya hay resultados importantes. La lentitud de la justicia sólo equivale a la forma en la que las autoridades han enfrentado este caso. Un año se tardó Calderón em recibir a un grupo de padres que perdieron a sus hijos. Un año después se ha dado a conocer el proyecto que el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha elaborado (EL UNIVERSAL, 4/VI/2010). Un año en donde el movimiento social de padres ‘5 de Junio’ no ha dejado de exigir justicia. Su reclamo se encuentra en un manifiesto que pide desde una “justicia ejemplar, completa e imparcial”, la “reparación del daño moral”, una “atención médica especializada”, la “cancelación de los contratos de subrogación”, hasta una “sustitución del modelo neoliberal de salud”.

Este caso ha mostrado la vulnerabilidad sobre la que se están construidas muchas de las instituciones del país. El esquema de subrogación de guarderías, un servicio básico para las familias, ejemplificó que hay riesgos altos en materia de seguridad y falta de cumplimiento de la legalidad. Una vez que sucedieron los hechos se inició un largo y fatigoso camino que pasó por los tres niveles de gobierno, a los que ahora el ministro Zaldívar responsabiliza.

¿Ante qué tipo de justicia estamos con este dictamen? La exigencia de los padres de familia ha logrado un paso importante. Tuvo que intervenir el máximo tribunal de justicia del país, lo que se debería haber resulto en las instancias inmediatas de procuración de justicia. La facultad que le da la Constitución a la SCJN para investigar casos de violaciones graves es un recurso importante, facultad que, está a punto de ser transferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de que el dictamen sea aprobado —discusión que se iniciará el próximo 14 de junio—, para lo cual necesitan seis votos, sus consecuencias no serán jurídicas sino de carácter moral y político. Casi nadie cree que este caso pase a un nivel en donde la impunidad pierda la batalla: sólo dos de cada 10 ciudadanos consideran que se castigará a los responsables (Reforma, 4/VI/2010).

Los principales argumentos que se han desvelado con la investigación y el dictamen tienen que ver con una idea que le da fuerza a este caso: la muerte de los niños de la Guardería ABC pudo haber sido evitada, que es otra forma de decir que por las fallas institucionales, por la violación de la legalidad, por la falta de condiciones de seguridad apropiadas para una estancia infantil, por corrupción, sucedió la muerte de estos 49 niños indefensos y eso genera una injusticia enorme, porque quienes pudieron haberla evitado han fallado, como dice Amartya Sen. Falta saber si este dictamen será aprobado y ver qué tipo de consecuencias puede tener en el desastroso sistema de impartición de justicia que hoy tenemos, y que, todo indica, seguiremos padeciendo…

Investigador del CIESAS