Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/8 de junio de 2010
Pudo haberlo hecho sin establecer relación entre las dos acciones, pero notoriamente el Grupo México buscó además de recuperar instalaciones de sus empresas en Cananea y Pasta de Conchos, demostrar su fuerza política y aun su fuerza física, aunque esta última corra a cargo de corporaciones policiales del Gobierno federal y el de Coahuila.
El domingo por la noche la Policía Federal entró a la mina de Cananea, en huelga desde el 31 de julio de 2007 y desplazó con violencia a trabajadores de la Sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSSRM, o simplemente sindicato minero). Horas después, lejos de allí, en Sabinas, Coahuila, la Policía Estatal escoltó a personal de Industrial Minera México, que recuperó el control de la boca de la mina. Desde allí, deudos de las 65 víctimas de la tragedia del 19 de febrero de 2006, casi todos los cuales yacen sepultados en ese lugar, permanecían alerta para impedir la reanudación de labores en la mina (lo que imposibilitaría el rescate de las víctimas).
La Secretaría de Gobernación, vocero de las Fuerzas Armadas (no sólo el Ejército como hasta ahora, sino también la PF) dibujó un panorama idílico de los sucesos de Cananea. De extremar el tono narrativo emanado de Bucareli, se creería que los trabajadores salieron a recibir con los brazos abiertos a los uniformados federales, como reciben afganos e iraquíes a sus libertadores norteamericanos.
En los encabezados de su boletín 213 fechado el lunes, Gobernación dice que se aseguraron “pacíficamente” las instalaciones mineras y que el “operativo tuvo un saldo blanco”. Ninguna de esas afirmaciones corresponde con la verdad. Ni siquiera es cierto que la acción comenzara a las cuatro de la tarde dominical, inexactitud deliberada para evitar en la descripción de los hechos el feo factor de la nocturnidad. Y es que a partir de las veintidós horas, a la sombra de la noche, la Policía Federal entró por “sorpresa” a la mina -se lee en la nota de El Imparcial, el diario de Hermosillo--- “lo que provocó un enfrentamiento” que dejó al menos dos heridos de bala. Fueron reportados también dos desaparecidos. Se presume que la policía pretendía detener a tres líderes seccionales contra los que se libraron órdenes de aprehensión, pero seguían en libertad avanzado el lunes siete.
A la toma policial de la instalación manejada por Minera de Cananea, esperada y temida desde febrero, ha de seguir -si es que no ocurrió a esta hora- la entrega de los bienes correspondientes a la empresa, lista para reanudar las labores suspendidas durante 34 meses. Es previsible, conforme a los usos del Grupo México, que ha fabricado un sindicato propio, que haya sido presentado ya a la autoridad laboral un contrato colectivo, suscrito por la concesionaria y esa agrupación sindical, un cadáver al que se ha insuflado vida artificial.
Después de muchas vicisitudes jurídicas, en febrero pasado la justicia federal se rindió ante el poderío del Grupo México en alianza con la secretaría del Trabajo, y se determinó que habían finalizado las relaciones de trabajo. Así concluía un proceso en que a los laudos pro empresariales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sucedían, a instancia del sindicato minero, sentencias de amparo que echaban abajo la arbitrariedad de los presuntos árbitros. Parecía el golpe final, pero la organización sindical, a pese a estar asediada por diversos flancos, intentó recursos legales extremos. La Suprema Corte rehusó revisar la sentencia adversa recurrida por el sindicato, y los días tres y cuatro de junio la junta emitió acuerdos que daban por extinguido el contrato colectivo de trabajo. Grupo México se basó en esas decisiones para solicitar la intervención de la fuerza pública. Solícitos, los secretarios de Gobernación y de Seguridad pública federal enviaron en las horas siguientes los efectivos que se apoderaron de las instalaciones el domingo en la noche.
Según Bucareli, “el operativo se realizó con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos de los ex trabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar.
“Concluido el operativo se registró un incendio, provocado por gasolina en recipientes de vidrio, en un edificio de almacén que se encuentra abandonado afuera de la mina, mismo que fue controlado sin provocar daños a persona alguna o afectaciones mayores. Se están realizando las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por esos hechos”
Con esa última afirmación el gobierno federal prepara el camino para reprimir a trabajadores que estorben la reanudación de labores que la empresa da por segura. Su director de finanzas anunció en febrero que “la mina podría estar operando para el segundo trimestre de este año, con una inversión de 50 a 60 millones de dólares”.
Todavía es de temer, sin embargo, que haya violencia. Los trabajadores que resistieron durante casi tres años probablemente intenten reinstalar la huelga, mientras que la policía y personal contratado para el recomienzo de labores se empeñarán en asegurarlo. También continuará la defensa legal de los derechos de los mineros.
En Pasta de Conchos no hay conflicto obrero patronal. En ese lugar, las familias de los mineros muertos enarbolan sus derechos, al margen del sindicato, que rebasan el ámbito propiamente laboral y se inscriben en una esfera más amplia, el del respeto a la dignidad de las personas, vivas y muertas. Es un litigio entre esa dignidad y la codicia y la voracidad.
Reforma/8 de junio de 2010
Pudo haberlo hecho sin establecer relación entre las dos acciones, pero notoriamente el Grupo México buscó además de recuperar instalaciones de sus empresas en Cananea y Pasta de Conchos, demostrar su fuerza política y aun su fuerza física, aunque esta última corra a cargo de corporaciones policiales del Gobierno federal y el de Coahuila.
El domingo por la noche la Policía Federal entró a la mina de Cananea, en huelga desde el 31 de julio de 2007 y desplazó con violencia a trabajadores de la Sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSSRM, o simplemente sindicato minero). Horas después, lejos de allí, en Sabinas, Coahuila, la Policía Estatal escoltó a personal de Industrial Minera México, que recuperó el control de la boca de la mina. Desde allí, deudos de las 65 víctimas de la tragedia del 19 de febrero de 2006, casi todos los cuales yacen sepultados en ese lugar, permanecían alerta para impedir la reanudación de labores en la mina (lo que imposibilitaría el rescate de las víctimas).
La Secretaría de Gobernación, vocero de las Fuerzas Armadas (no sólo el Ejército como hasta ahora, sino también la PF) dibujó un panorama idílico de los sucesos de Cananea. De extremar el tono narrativo emanado de Bucareli, se creería que los trabajadores salieron a recibir con los brazos abiertos a los uniformados federales, como reciben afganos e iraquíes a sus libertadores norteamericanos.
En los encabezados de su boletín 213 fechado el lunes, Gobernación dice que se aseguraron “pacíficamente” las instalaciones mineras y que el “operativo tuvo un saldo blanco”. Ninguna de esas afirmaciones corresponde con la verdad. Ni siquiera es cierto que la acción comenzara a las cuatro de la tarde dominical, inexactitud deliberada para evitar en la descripción de los hechos el feo factor de la nocturnidad. Y es que a partir de las veintidós horas, a la sombra de la noche, la Policía Federal entró por “sorpresa” a la mina -se lee en la nota de El Imparcial, el diario de Hermosillo--- “lo que provocó un enfrentamiento” que dejó al menos dos heridos de bala. Fueron reportados también dos desaparecidos. Se presume que la policía pretendía detener a tres líderes seccionales contra los que se libraron órdenes de aprehensión, pero seguían en libertad avanzado el lunes siete.
A la toma policial de la instalación manejada por Minera de Cananea, esperada y temida desde febrero, ha de seguir -si es que no ocurrió a esta hora- la entrega de los bienes correspondientes a la empresa, lista para reanudar las labores suspendidas durante 34 meses. Es previsible, conforme a los usos del Grupo México, que ha fabricado un sindicato propio, que haya sido presentado ya a la autoridad laboral un contrato colectivo, suscrito por la concesionaria y esa agrupación sindical, un cadáver al que se ha insuflado vida artificial.
Después de muchas vicisitudes jurídicas, en febrero pasado la justicia federal se rindió ante el poderío del Grupo México en alianza con la secretaría del Trabajo, y se determinó que habían finalizado las relaciones de trabajo. Así concluía un proceso en que a los laudos pro empresariales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sucedían, a instancia del sindicato minero, sentencias de amparo que echaban abajo la arbitrariedad de los presuntos árbitros. Parecía el golpe final, pero la organización sindical, a pese a estar asediada por diversos flancos, intentó recursos legales extremos. La Suprema Corte rehusó revisar la sentencia adversa recurrida por el sindicato, y los días tres y cuatro de junio la junta emitió acuerdos que daban por extinguido el contrato colectivo de trabajo. Grupo México se basó en esas decisiones para solicitar la intervención de la fuerza pública. Solícitos, los secretarios de Gobernación y de Seguridad pública federal enviaron en las horas siguientes los efectivos que se apoderaron de las instalaciones el domingo en la noche.
Según Bucareli, “el operativo se realizó con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos de los ex trabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar.
“Concluido el operativo se registró un incendio, provocado por gasolina en recipientes de vidrio, en un edificio de almacén que se encuentra abandonado afuera de la mina, mismo que fue controlado sin provocar daños a persona alguna o afectaciones mayores. Se están realizando las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por esos hechos”
Con esa última afirmación el gobierno federal prepara el camino para reprimir a trabajadores que estorben la reanudación de labores que la empresa da por segura. Su director de finanzas anunció en febrero que “la mina podría estar operando para el segundo trimestre de este año, con una inversión de 50 a 60 millones de dólares”.
Todavía es de temer, sin embargo, que haya violencia. Los trabajadores que resistieron durante casi tres años probablemente intenten reinstalar la huelga, mientras que la policía y personal contratado para el recomienzo de labores se empeñarán en asegurarlo. También continuará la defensa legal de los derechos de los mineros.
En Pasta de Conchos no hay conflicto obrero patronal. En ese lugar, las familias de los mineros muertos enarbolan sus derechos, al margen del sindicato, que rebasan el ámbito propiamente laboral y se inscriben en una esfera más amplia, el del respeto a la dignidad de las personas, vivas y muertas. Es un litigio entre esa dignidad y la codicia y la voracidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario