Gustavo de la Rosa
El Universal/29 de junio de 2010
Es inconcebible que el secretario de Gobernación vaya a un evento contra la tortura a llamar “tontos útiles” a los defensores de derechos humanos y a dictarnos consejos de cómo actuar en nuestro trabajo diario.
Alguien debiera informarle que los funcionarios tienen prohibido dirigir instrucciones a las comisiones de Derechos Humanos. Por el contrario, es necesario que él asuma la responsabilidad de su trabajo en materia de derechos humanos antes de dar consejos no pedidos.
La Secretaría de Gobernación es la responsable de crear un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos, y ese mecanismo empieza por reconocer la importancia de los derechos fundamentales de los seres humanos y a las dependencias que nos encargamos de defenderlos.
Ir a las casas de los derechohumanistas a denostar nuestro trabajo mientras los trabajos que son su obligación no se concretan es una absoluta incongruencia. Es una tontería y falta de respeto al Estado de Derecho. Sugerirnos que no apliquemos la ley cuando esté involucrado un delincuente, ¡no tenemos autorización legal para enjuiciar a los quejosos!, solamente podemos hacerlo respecto a las conductas de las autoridades.
La ley no se aplica con perspicacia ni con suspicacia, se aplica con justicia haciendo una debida interpretación de la letra de la misma.
Alguien debe informarle que los derechohumanistas sólo aplicamos la ley y la Constitución cuando se demuestra que la autoridad las violenta en perjuicio de uno o varios ciudadanos sin poder hacer ninguna consideración de índole personal sobre los ofendidos y no debemos tener otra actitud diferente a la exigencia de que la Constitución se respete. No puedo creer que un abogado insinúe que miremos de lado cuando evaluemos que nuestras resoluciones vayan a desprestigiar a las autoridades.
El prestigio de los gobernantes depende de sus conductas y nosotros nada más las analizamos a la luz de la ley. Si la conducta es indebida, el desprestigio así acarreado no es culpa de las comisiones de derechos humanos, es culpa de los funcionarios que violaron la ley y con ello la Constitución.
No me imagino cómo el secretario Gómez Mont era tan exitoso en la práctica privada, y no creo que se atreviera a pedirle a un juez que fuera perspicaz o suspicaz, y si así lo hacía, él es uno de los destructores de la escasa cultura de la legalidad en el país.
Algún amigo o asesor debe decirle que la consolidación del Estado de Derecho se logra únicamente aplicando a ojos cerrados la ley, sin tomar en cuenta efectos o resultados colaterales de la resolución.
Aun durante la vigencia de la Ley de la Acordada, en el virreinato, que fue la época de mayor rigor en el combate contra los salteadores de caminos, era un juez itinerante que acompañaba a los piquetes de policías y soldados quien ordenaba la ejecución de la pena que solía ser pena capital.
Como se nos insinúa que mediante el uso de habilidades extralegales dictaminemos quién tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y quién ya perdió ese derecho, quiénes somos nosotros para hacer eso al recibir la queja y darle trámite, o al evaluar las evidencias acumuladas en el sumario.
Sólo un juez puede determinar la pérdida de derechos de algún gobernado, nosotros no, y él debería saberlo porque es abogado. En fin, es una gran tontería llamarnos tontos útiles.
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
El Universal/29 de junio de 2010
Es inconcebible que el secretario de Gobernación vaya a un evento contra la tortura a llamar “tontos útiles” a los defensores de derechos humanos y a dictarnos consejos de cómo actuar en nuestro trabajo diario.
Alguien debiera informarle que los funcionarios tienen prohibido dirigir instrucciones a las comisiones de Derechos Humanos. Por el contrario, es necesario que él asuma la responsabilidad de su trabajo en materia de derechos humanos antes de dar consejos no pedidos.
La Secretaría de Gobernación es la responsable de crear un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos, y ese mecanismo empieza por reconocer la importancia de los derechos fundamentales de los seres humanos y a las dependencias que nos encargamos de defenderlos.
Ir a las casas de los derechohumanistas a denostar nuestro trabajo mientras los trabajos que son su obligación no se concretan es una absoluta incongruencia. Es una tontería y falta de respeto al Estado de Derecho. Sugerirnos que no apliquemos la ley cuando esté involucrado un delincuente, ¡no tenemos autorización legal para enjuiciar a los quejosos!, solamente podemos hacerlo respecto a las conductas de las autoridades.
La ley no se aplica con perspicacia ni con suspicacia, se aplica con justicia haciendo una debida interpretación de la letra de la misma.
Alguien debe informarle que los derechohumanistas sólo aplicamos la ley y la Constitución cuando se demuestra que la autoridad las violenta en perjuicio de uno o varios ciudadanos sin poder hacer ninguna consideración de índole personal sobre los ofendidos y no debemos tener otra actitud diferente a la exigencia de que la Constitución se respete. No puedo creer que un abogado insinúe que miremos de lado cuando evaluemos que nuestras resoluciones vayan a desprestigiar a las autoridades.
El prestigio de los gobernantes depende de sus conductas y nosotros nada más las analizamos a la luz de la ley. Si la conducta es indebida, el desprestigio así acarreado no es culpa de las comisiones de derechos humanos, es culpa de los funcionarios que violaron la ley y con ello la Constitución.
No me imagino cómo el secretario Gómez Mont era tan exitoso en la práctica privada, y no creo que se atreviera a pedirle a un juez que fuera perspicaz o suspicaz, y si así lo hacía, él es uno de los destructores de la escasa cultura de la legalidad en el país.
Algún amigo o asesor debe decirle que la consolidación del Estado de Derecho se logra únicamente aplicando a ojos cerrados la ley, sin tomar en cuenta efectos o resultados colaterales de la resolución.
Aun durante la vigencia de la Ley de la Acordada, en el virreinato, que fue la época de mayor rigor en el combate contra los salteadores de caminos, era un juez itinerante que acompañaba a los piquetes de policías y soldados quien ordenaba la ejecución de la pena que solía ser pena capital.
Como se nos insinúa que mediante el uso de habilidades extralegales dictaminemos quién tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y quién ya perdió ese derecho, quiénes somos nosotros para hacer eso al recibir la queja y darle trámite, o al evaluar las evidencias acumuladas en el sumario.
Sólo un juez puede determinar la pérdida de derechos de algún gobernado, nosotros no, y él debería saberlo porque es abogado. En fin, es una gran tontería llamarnos tontos útiles.
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
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