José ContrerasLa Crónica de Hoy/4 de junio de 2010
Este sábado se cumple un año del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños y 77 resultaron con quemaduras graves y con otro tipo de heridas.
De la investigación que realizaron la Procuraduría General de Justicia de Sonora y la Procuraduría General de la República no se desprendieron acciones que llevaran a procurar justicia, ya que solo fueron consignados funcionarios menores del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo, así como los socios de la guardería subrogada.
La PGR consignó a 27 personas ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Hermosillo, pero en todos los casos las imputaciones están relacionadas con delitos menores y ninguno de los indiciados está en prisión.
De manera inaceptable e inexplicable, solo dos funcionarios menores estuvieron en la cárcel —uno de ellos durante seis meses y el otro durante una semana— por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería.
Irma Crecencia Díaz Gómez,
quien fuera coordinadora de zona de Estancias Infantiles del IMSS, estuvo seis meses en prisión acusada de homicidio culposo, pero a finales de diciembre del 2009 obtuvo su libertad bajo fianza.
El otro funcionario menor que estuvo preso es Roberto Copado Gutiérrez, ex director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, quien dejó la cárcel también a finales de diciembre del año pasado, una semana después de que fue detenido.
La investigación que a petición del Congreso realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre probables violaciones a los derechos humanos representa la posibilidad de que algunos de quienes el ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señala como responsables, reciban sanciones de tipo político y moral y se atenúe un poco la sensación de impunidad que permea en la sociedad.
En su proyecto de dictamen, que aún deberá ser discutido y en su caso aprobado por el pleno de la SCJN, el ministro ponente señala al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y al director general del IMSS, Daniel Karam, como responsables de “violaciones graves a las garantías individuales”.
Tras analizar el amplio expediente de la investigación que realizaron dos magistrados de circuito sobre la tragedia, Arturo Zaldívar atribuye a Juan Molinar y a Daniel Karam “el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”.
Como titulares del IMSS, dice el ministro, ambos funcionarios estaban obligados “a implementar las medidas necesarias a fin de que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes”.
En su proyecto de dictamen, el ministro también responsabiliza al ahora ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, quien “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia”.
A Bours, dice el proyecto, le son atribuibles las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la guardería ABC, y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente.
El ministro de la SCJN también responsabiliza de cometer graves violaciones a los derechos humanos a varios de quienes fueron integrantes del gabinete de Eduardo Bours; al ex presidente municipal de Hermosillo, Sonora, Ernesto Gándara, y a varios ex funcionarios de los gobiernos estatal y municipal.
Curiosamente, el proyecto del ministro Arturo Zaldívar no menciona entre los responsables a la ex funcionaria del IMSS que más tiempo permaneció en la cárcel y que sigue sujeta a proceso penal por homicidio culposo, Irma Crecencia Díaz Gómez.
Aunque este proyecto sea aprobado por el pleno de la SCJN, como es de esperarse, la resolución no tendrá efectos vinculatorios.
Una vez emitido el fallo, la aplicación de sanciones quedará en manos de quienes tienen la facultad legal para hacerlo, que en el caso de Juan Molinar y Daniel Karam son dos : el presidente Felipe Calderón y el Congreso de la Unión.
Y la única sanción que se puede aplicar en ambos casos es de tipo político, mediante su destitución e inhabilitación.
El Presidente de la República puede remover libremente a los integrantes de su gabinete legal y ampliado, mientras que el Congreso, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución, puede someter a juicio político a los secretarios de despacho y a los directores generales de los organismos descentralizados.
Según este mismo artículo, la sanción que se deriva de un juicio político es “la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
El ex gobernador Eduardo Bours ya tuvo su propia sanción política y moral y en ella arrastró a su partido, el PRI, que perdió las elecciones en Sonora el año pasado.
Es una lástima que ante una tragedia como la de la guardería ABC solo haya espacio para sanciones políticas o morales. Lo ideal sería que hubiera sanciones de tipo penal para los responsables, pero nuestro sistema de justicia y la falta de voluntad política lo impiden.
expedientepolitico@yahoo.com.mx
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