La identidad nacional y lo social

Mario Luis Fuentes
Excélsior/7 de junio de 2010

El valiente proyecto de resolución presentado por el ministro Arturo Zaldívar, relativo al caso de la guardería ABC, de Hermosillo, es demoledor, no sólo porque permite deslindar responsabilidades, sino porque muestra la enorme crisis por la que atraviesa nuestro sistema institucional en todos los ámbitos y niveles.

Debe hacerse notar que esta no es la primera vez en que la Corte señala que los derechos humanos pueden ser violados por omisión en el cumplimiento de responsabilidades públicas, lo cual debería llevarnos a la revisión detallada del esquema institucional del Seguro Social, pero sobre todo del marco completo de la administración pública, para determinar en qué medida cuenta con las capacidades para cumplir con lo que la ley le ordena.

Ésta debería tomarse como una oportunidad privilegiada para avanzar hacia un sistema de derechos exigibles; es decir, lograr que la perspectiva de derechos se constituya en el criterio más importante en el diseño de políticas públicas y que, en consecuencia, se diseñen los mecanismos para que, en caso de que haya violaciones o incumplimiento de los derechos sociales, la ciudadanía pueda exigirlos ante las autoridades.

Vale la pena destacar que este desorden generalizado, en el caso del gobierno federal, ya lo evidenció con anterioridad el Coneval. Los resultados de la evaluación de la política social 2008 mostraban que más de la mitad de los programas sociales no cuentan con mecanismos de evaluación; ninguna de las políticas más importantes del gobierno ha sido evaluada por su impacto; más de la mitad de los programas sujetos a reglas de operación carecen de padrones confiables y, peor aún, más de la mitad de los programas sujetos a reglas de operación no tienen definido adecuadamente ni el problema que buscan resolver ni la población objetivo que intentan atender.

El desorden priva también en materia de coordinación entre la Federación, loas estados y los municipios, y ello genera lo que Rolando Cordera ha llamado, con toda razón, un esquema de federalismo salvaje que nos ha llevado al debilitamiento del Pacto Federal, en cuanto se refiere a la posibilidad de construir una nación social.

El problema sería menor si se tratara sólo de una cuestión de reingeniería administrativa y de alineamiento de marcos jurídicos y normativos. Sin embargo, lo que se encuentra detrás de este desorden generalizado es la ruptura de la ética pública.

El caso de la guardería ABC constituye, así, uno de los mayores reclamos éticos al sistema político mexicano, porque lo que ha privado a lo largo de un año es un juego de complicidades, omisiones y, sobre todo, de cinismos recubiertos de argumentos administrativos, como si la vida y los derechos sociales pudieran tasarse en función de trámites y formatos de evaluación.

México requiere nuevos liderazgos moralmente sustentados que sean capaces de reconducir el debate nacional hacia la reconciliación, porque los agravios sociales son cada vez mayores y la desesperanza se extiende por todos lados.

No es así como deberíamos estar festejando los centenarios, sino generando una intensa movilización social para romper de una vez por todas con los perversos círculos de pobreza, desigualdad, injusticia e impunidad; círculos que se estrechan cada vez más y oprimen también cada vez más a una ciudadanía que, ante la incompetencia y el cinismo, se encuentra sumamente indefensa. Es, entonces, la hora de revertir el desorden.