ABC: responsabilidad y jerarquías

José Antonio Crespo
Excélsior/7 de junio de 2010

El predictamen del ministro se la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sobre el incendio de la guardería ABC de Sonora hace un año, refleja, al menos, la autonomía que poco a poco va adquiriendo esa institución, y que tan fundamental resulta para abatir, eventualmente, la impunidad que nos caracteriza, aun después de la alternancia de 2000. En un Estado moderno y, por ende, racional, resulta vital demarcar las responsabilidades en la jerarquía burocrática, tanto de superiores como de subordinados. ¿Es responsable un funcionario al que sus superiores le ordenan hacer algo técnica o éticamente cuestionable? O bien, ¿qué tan responsable es el titular de una institución si ocurre algún siniestro dentro de su ámbito de acción, dado que no puede supervisar directamente todo lo que sucede en la estructura burocrática bajo su mando? ¿Es responsable el jefe si un subordinado se aleja de las instrucciones, tomando decisiones por cuenta propia?

El Estado racional, escribió Max Weber, es aquél donde las esferas de competencia y autoridad quedan debidamente delimitadas, para evitar conflictos, desorganización y desastres. Los subordinados tienen sus responsabilidades y los jefes las suyas: "El honor del funcionario (medio o bajo) está en su capacidad para, cuando el superior jerárquico persiste en una orden... ejecutarla bajo la responsabilidad del mandante... Y el honor del jefe político está, en cambio, precisamente en asumir con carácter exclusivo suyo la responsabilidad de todo lo que hace, responsabilidad que no puede ni debe declinar o descargar en otros". Sin estas normas elementales de racionalidad y justicia, concluye Weber, "todo el aparato se vendría abajo" (Economía y sociedad, 1922). Suele ocurrir que los subordinados no se apegan a las reglas, pero también que, cuando lo hacen, se les responsabiliza a ellos, más que a sus superiores, si las cosas salen mal. Impunidad e injusticia es lo que prevalece. Precisamente, al no cumplirse cabalmente estas reglas en México, es que no puede hablarse de un Estado estrictamente racional y moderno. En cambio, asoma el fantasma del Estado fallido, como eventual desenlace del Estado corrupto e ineficiente que hoy es, que siempre ha sido. Aplicar la responsabilidad política al rango que corresponda es un primer, fundamental, correctivo.

Si lo del ABC se tratara de un accidente circunstancial, los responsables serían sólo los vinculados directamente en ese suceso. Pero no si el siniestro ocurrió por fallas estructurales del sistema. Juan Molinar insiste en que lo que sucedido no es su responsabilidad, pues "Los factores que contribuyeron a la creación de ese riesgo y la consecuente tragedia estaban todos sin excepción, fuera del alcance humano y normativo de cualquier funcionario del IMSS". Es decir, un hecho circunstancial. Y las insinuaciones de Fernando Gómez Mont de que el incendio fue deliberado, apuntan también a destacar lo contingente por encima de lo estructural. Pero la investigación jurídica arroja la idea de que se trató de una falla sistémica: encontró que de mil 480 contratos de subrogación, sólo se otorgaron 14 (.1%), habiendo quedado satisfechos los requisitos de seguridad, once se regularizaron después de la concesión y, en el resto (99.8%), queda al menos un requisito por cumplir. Por otro lado, 49% de las guarderías carecía de constancia de protección civil, y sólo 27% tenían el visto bueno de la oficina de bomberos; 57% no tenían detectores de humo y 55 % carecía de luces de emergencia. Eso no suena a circunstancial, sino a una falla sistémica. El corto circuito se dio en Hermosillo, pero pudo ocurrir en cualquier parte, pues los cables cruzados y mal conectados se hallaban por todos lados.

Ante lo cual el ministro Zaldívar colige que "los titulares del Instituto (IMSS)... incumplieron con sus obligaciones legales, consistentes en implementar políticas efectivas que impidieran tales violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guardería", y "al no haber promovido políticas públicas efectivas para instrumentar un programa integral de verificación del cumplimiento de las distintas disposiciones legales e infralegales relacionadas con las medidas de seguridad". El quid del asunto, según lo ha enfatizado Ana Laura Magaloni, del CIDE, es que ya es hora de que los altos funcionarios asuman las responsabilidades inherentes a su cargo y no se circunscriban al disfrute de sus desmedidos privilegios, salarios y prestaciones.