José Luis ReynaMilenio/7 de junio de 2010
La semana pasada, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) celebró su trigésimo tercer periodo de sesiones en Brasilia. La Cepal es un organismo multilateral integrado por 44 Estados miembros y nueve Estados asociados. Es parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su objetivo, desde su fundación en 1948, es promover el desarrollo económico y social de América Latina (AL). Con base en ello, la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de esa institución, afirmó en su discurso inaugural que el Estado “debe velar por la participación de los sectores más excluidos de los beneficios del crecimiento”. La base de su argumento es que el año pasado se observó en la región una pérdida significativa del poder adquisitivo en los hogares y la incorporación de 9 millones de personas en la franja de la pobreza. Por estas razones, entre otras, Bárcena demandó que en AL tiene que haber más democracia y más igualdad. Ésta tiene que ser colocada en “el centro de los esfuerzos”. Por ello, puede decirse que la región vive en un déficit democrático acompañado de un nivel creciente de desigualdad: en pocas palabras superar esta situación es el reto del Estado latinoamericano.
La Cepal tiene dudas en relación con la capacidad de algunos países para hacer frente a los desafíos que les plantea “el nuevo escenario internacional”. El pronóstico para nuestro país, por ejemplo, es que su repunte económico, al igual que el de Centroamérica, será más lento por los fuertes vínculos que nos ligan a Estados Unidos. En contraste, la recuperación de Brasil y Chile será más rápida porque sus mercados internos siguen creciendo y sus productos de exportación tienen como puerto diversos mercados a nivel mundial.
Bárcena lanzó una convocatoria que no puede pasar desapercibida: el protagonismo del Estado como el mecanismo para lograr mayores niveles de democratización para ser menos desiguales. AL tiene que “saldar deudas históricas” con sus sociedades. La igualdad social, después de la crisis de la que la región va saliendo, es un valor intrínseco para poder basar el desarrollo y el bienestar del que, en general, buenas porciones de nuestras sociedades carecen. Se necesitan políticas públicas innovadoras.
En la agenda por la igualdad propuesta por la Cepal se requiere de mecanismos fiscales, cuyo fin sea la obtención de una carga tributaria que permita una distribución del ingreso menos inequitativa. El Estado debe actuar sin tapujos para que “la voluntad popular se traduzca en pactos que brinden legitimidad y garanticen políticas que promuevan la igualdad en el mediano y en el largo plazo”. El empleo es la llave maestra para combatir la desigualdad. Sólo por esto, el protagonismo estatal es indispensable y obligatorio.
En los años 80, auge de la tecnocracia en casi todos los países de la región, se puso énfasis en lo que se llamó “el adelgazamiento del Estado”. Si bien hubo razones importantes que justificaban tal medida, dicho adelgazamiento no fortaleció al aparato estatal; por el contrario, lo debilitó. Nuevos actores llenaron los huecos que dejó un Estado desdibujado: el capital foráneo y “la lógica” del mercado, como reemplazante de diversas funciones del Estado (el consenso de Washington). La nueva dinámica descuidó el mercado interno, menguó el poder adquisitivo de la población, y decreció la generación de empleos, con las consecuencias que esto acarrea y que observamos día a día: las migraciones masivas de nuestros connacionales, entre otras cosas. Esa debilidad, además, ha permitido la expansión de ese cáncer llamado corrupción y ha deprimido, en buena medida, la productividad económica e incrementado la desigualdad social, que no sólo es una barrera para el buen desempeño de una economía, sino un obstáculo para la consolidación democrática.
El Estado debe ser un promotor de agendas estratégicas encaminadas al desarrollo y a combatir la desigualdad. Es necesario que se trabaje por la existencia de una presencia mayor del Estado y con ello asegurar un funcionamiento más adecuado de los mercados. Es probable que los planteamientos cepalinos luzcan como una utopía. Pero, no olvidar, algunas son alcanzables. El subsecretario general de Asuntos Económicos del gobierno de Brasil lo planteó así: “Es de extraordinaria importancia para todos (trabajar por) una región que sea políticamente democrática, socialmente justa y económicamente fuerte”.
Redefinir el papel del Estado puede generar las condiciones para lograr un desarrollo sostenible con igualdad. No existe otra instancia que puede asumir esa responsabilidad. Nuestra realidad, empero, dice otras cosas. Hay cuestionamientos a la democracia y sin duda avanzamos con paso firme hacia niveles más profundos de desigualdad. La igualdad significa “cerrar brechas y abrir caminos”. En la clausura de la región, el presidente Lula, de Brasil, señaló que AL “tiene que ser un espacio de dignidad y respeto”.
La Cepal ha puesto en la mesa de las discusiones temas y problemas que, de no superarse, impedirán salir del estancamiento y el pasmo en que muchos países se encuentran. Darle un nuevo protagonismo al Estado, convertirlo en el promotor de políticas públicas para incorporar a los sectores sociales excluidos y vulnerables en los beneficios del desarrollo. Esta es una solución que podría resolver los innumerables problemas que azotan a AL y, por supuesto, a México.
jreyna@colmex.mx
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