sábado, 5 de junio de 2010

El argumento de Zaldívar

Ivonne Melgar
Excélsior/5 de junio de 2010

Como en la vida humana, en la historia política y social de las naciones, las coincidencias nos significan y nos obligan a proceder, en tanto se imponen como hechos consumados.

Ese es el caso del argumento del ministro Arturo Zaldívar al definir responsables del gobierno federal y sonorense en la tragedia de la guardería ABC por “las omisiones” en el manejo de ésta y por “el desorden generalizado” en la operación de las estancias infantiles del IMSS.

Si bien es cierto que su proyecto de dictamen habrá de aprobarse o desecharse en el pleno de la Corte por el resto de sus compañeros, en términos políticos es ya un pronunciamiento que medirá la reacción obligada —así sea el silencio— del Presidente de la República, de sus colaboradores involucrados en ese borrador de resolutivo, de los partidos, los legisladores e incluso de los medios de comunicación.

Porque las tesis de Zaldívar van más allá de raspar o socavar las trayectorias públicas de Juan Molinar Horcasitas, como ex titular del Seguro Social; Daniel Karam, actual director o del ex gobernador Eduardo Bours.

Se trata de razonamientos que llegan a nuestra narrativa nacional justo cuando necesitamos una voz que desde la institucionalidad del Poder Judicial, es decir, del encargado de la justicia, avale la aspiración ciudadana de que el Estado funcione como tal y sus representantes, los llamados servidores públicos, nos rindan cuentas.

Porque ese es el mérito de este abogado que salta al escenario de la controversia: su alegato nos devuelve la dignidad, la del derecho constitucional y humano de inconformarnos, más allá del pataleo, frente a la negligencia y la omisión.

Lo decía hace unos días Alejandro Martí frente al presidente Felipe Calderón: nuestra transición no ha pasado aún por el llamado sistema de justicia, donde sigue teniendo mano la impunidad.

Y ese es el sello de los gobiernos en los tres niveles, sean priistas, panistas o perredistas: impunidad.

De manera que si esa es la marca del statu quo compartido por la clase política gobernante, independientemente de sus consideraciones ideológicas particulares, entonces resultan subversivas y amenazantes las demandas de justicia y reparación del daño en el caso de la desgracia que hoy cumple su primer aniversario.

¡Justicia!, pidieron las viudas y los huérfanos de la mina de Pasta de Conchos. ¡Justicia!, gritaron los padres de los jóvenes asfixiados en el News Divine. “¡Justicia!”, lloraron Nelson Vargas y Alejandro Martí y los cientos de deudos de secuestrados.

Esta vez, el sollozo por los 49 niños calcinados y los 75 sobrevivientes en Hermosillo hizo eco y obligó al gobierno a decretar este sábado como Día de Luto Nacional.

La medida vale y al hacer del duelo un sentimiento de la República, simbólicamente el daño se resarce. Pero falta la justicia.

Apenas el miércoles, en Los Pinos, Abraham Friejo, papá de Andrea, con justificada y legítima rabia, llegó dispuesto a reventar la reunión de Calderón con un grupo de padres de víctimas de la guardería ABC, a exhibir que lo hecho por el gobierno no era suficiente.

Quería que el Presidente le firmara de recibido una carta en la que reclamaba resultados en la investigación, castigo a los culpables y su presencia en Hermosillo. Una asistente de Margarita Zavala le alegó que eso no era posible y él rechazó incorporarse al encuentro. A la salida de la residencia oficial, el hombre que enterró a su hija contó que la colaboradora de la esposa del Presidente le comentó que sus peticiones buscaban “un linchamiento”.

El comentario de la funcionaria de Los Pinos revela las dificultades de un sistema históricamente impune para afrontar la exigencia de justicia.

Nos hemos acostumbrado a que nadie dé la cara por nada y por ello escandaliza el proyecto preliminar de Zaldívar.

Paradójicamente, su alegato afecta al Presidente porque va contra dos de sus colaboradores. Pero si levantamos la mirada un poco, los razonamientos de fondo del ministro son los mismos que Calderón esgrime cuando se queja de los gobernadores negligentes frente a la delincuencia organizada, porque sus omisiones contribuyen a que se prolongue “el desorden generalizado” de la inseguridad.

Lo relevante del dictamen de Zaldívar es que asume que las negligencias y las omisiones no pueden ni deben seguir siendo disculpadas por un sistema político cuyos usos y costumbres garantizan a los gobernantes y a sus operadores todo el privilegio del poder, al tiempo que los exenta del costo y de la evaluación que su ejercicio reclama.

Ahora que el gobierno necesita compartir el costo de la guerra contra la delincuencia institucionalizada con los gobernadores priistas —o exhibirlos—, el proyecto Zaldívar podría ser algo más que una incómoda coincidencia.

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