Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/4 de junio de 2010
Durante casi un año, padres de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo aguardaron un encuentro con el presidente Calderón, ya fuera en la capital de Sonora, ya en Los Pinos. Apenas anteayer ocurrió el encuentro, preparado precipitadamente para que no se cumpliera el aniversario sin que Calderón ofreciera directamente su pésame a los deudos y sin que anunciara acciones relativas a los sobrevivientes, cuyos padres fueron también convocados a fin de que la asistencia no fuese tan rala como se previó en la casa presidencial.
En buena hora, en cambio, y aunque no estuviera sujeta a plazo, la Suprema Corte de Justicia comprendió la necesidad social de informar de su participación en el caso, solicitada por los propios padres de familia hace un año. No se ha llegado todavía al fin del procedimiento constitucional, pero con base en el informe preliminar preparado por una comisión investigadora, el ministro Arturo Zaldívar, que cumple apenas su primer semestre como integrante del máximo tribunal, presentó el proyecto de dictamen que someterá a discusión de sus compañeros. A ese efecto, el pleno y las salas suspenderán sus sesiones públicas de la semana próxima, a fin de que sus miembros se entreguen al estudio del proyecto, que consta de 370 páginas y está disponible en el portal de la Corte. El lunes 14 se iniciará el debate y la votación.
El primero de marzo pasado los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla presentaron el informe preliminar que les había encargado la Corte. Las autoridades involucradas contaron con quince días para realizar las “manifestaciones” que consideraran pertinentes y presentar “la documentación que les sirva de sustento”. El proyecto de dictamen, además de considerar “suficiente” el informe preliminar, incluye la estimación de esa respuesta de los involucrados. Es decir, contaron con el derecho de audiencia.
Zaldívar concluye entre otros muy relevantes temas, que, habiendo violación grave a las garantías individuales (los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad), son responsables de ella el director del IMSS, Daniel Karam, su antecesor, hoy secretario de Comunicaciones y transportes, Juan Molinar Horcasitas, el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara. “El cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”.
El dictamen de Zaldívar considera “probado el desorden generalizado del “sistema nacional de guarderías” que se esbozó ya en el informe preliminar. Y de allí parte para establecer que “las omisiones de las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno respecto a la supervisión de las condiciones de la guardería ABC y la inadecuada reacción ante la tragedia, es posible enfatizar en los deberes de las autoridades tanto del IMSS como del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo , derivados de la Constitución”.
De la investigación constitucional no se desprende imputación penal, civil o administrativa, directa a ninguno de esos funcionarios. La Corte no actúa en este caso en su carácter de impartidora de justicia, sino cómo órgano de preservación de las garantías individuales, cuya vulneración grave establece. El dictamen aprobado por el pleno no es generador de efectos jurídicos directos, aunque enlista las acciones que las autoridades deben realizar. Pero son observaciones carentes de fuerza coercitiva, que los involucrados pueden o no aceptar, Pero además de su eminente valor ético, la resolución puede influir sobre los procedimientos en curso, que transcurren con lentitud que a los deudos les resulta inconcebible. Por eso, en una demostración de impaciencia productiva, acudieron a la Corte, que está a punto de responderles cabalmente.
La severidad de la resolución que finalmente adopte la Corte -no es previsible que seis ministros votaran por la lenidad- correrá pareja, y aún será más tenue que la expresada por algunos padres de familia, transidos de dolor y hartos de que se les escamotee la justicia, pues para ellos eso significa el que a un año del crimen que arrancó la vida a sus hijos apenas de desahoguen los juicios penales correspondientes, que los inculpados viven en libertad pues los delitos que se les imputan no son considerados graves y por lo tanto nadie está en prisión.
Varios de esos padres, que reconocen sin ambages padecer junto a su dolor rabia, y rencor también, constituyeron el movimiento Cinco de Junio y mantienen una áspera distancia con el Presidente, que es recíproca. El 30 de abril pasado, Día del Niño, se produjo en Los Pinos una suerte de ensayo del encuentro general, formal, consumado anteayer. La sarcástica y ofensiva convocatoria a celebrar el Día del Niño a madres que perdieron a uno o más de sus hijos irritó a algunas y esperanzó a otros. Fueron invitadas a Los Pinos, hace un mes, los padres de sólo once de las cuarenta y nueve víctimas. Comprensiblemente, la reunión fue cordial.
Es de tal espesura el proyecto de dictamen, lo son también las diversas manifestaciones de los diferentes grupos de padres de familia, que es imposible comprenderlas todas en un solo acercamiento. Haremos otros, en consecuencia.
Reforma/4 de junio de 2010
Durante casi un año, padres de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo aguardaron un encuentro con el presidente Calderón, ya fuera en la capital de Sonora, ya en Los Pinos. Apenas anteayer ocurrió el encuentro, preparado precipitadamente para que no se cumpliera el aniversario sin que Calderón ofreciera directamente su pésame a los deudos y sin que anunciara acciones relativas a los sobrevivientes, cuyos padres fueron también convocados a fin de que la asistencia no fuese tan rala como se previó en la casa presidencial.
En buena hora, en cambio, y aunque no estuviera sujeta a plazo, la Suprema Corte de Justicia comprendió la necesidad social de informar de su participación en el caso, solicitada por los propios padres de familia hace un año. No se ha llegado todavía al fin del procedimiento constitucional, pero con base en el informe preliminar preparado por una comisión investigadora, el ministro Arturo Zaldívar, que cumple apenas su primer semestre como integrante del máximo tribunal, presentó el proyecto de dictamen que someterá a discusión de sus compañeros. A ese efecto, el pleno y las salas suspenderán sus sesiones públicas de la semana próxima, a fin de que sus miembros se entreguen al estudio del proyecto, que consta de 370 páginas y está disponible en el portal de la Corte. El lunes 14 se iniciará el debate y la votación.
El primero de marzo pasado los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla presentaron el informe preliminar que les había encargado la Corte. Las autoridades involucradas contaron con quince días para realizar las “manifestaciones” que consideraran pertinentes y presentar “la documentación que les sirva de sustento”. El proyecto de dictamen, además de considerar “suficiente” el informe preliminar, incluye la estimación de esa respuesta de los involucrados. Es decir, contaron con el derecho de audiencia.
Zaldívar concluye entre otros muy relevantes temas, que, habiendo violación grave a las garantías individuales (los derechos fundamentales de vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad), son responsables de ella el director del IMSS, Daniel Karam, su antecesor, hoy secretario de Comunicaciones y transportes, Juan Molinar Horcasitas, el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara. “El cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”.
El dictamen de Zaldívar considera “probado el desorden generalizado del “sistema nacional de guarderías” que se esbozó ya en el informe preliminar. Y de allí parte para establecer que “las omisiones de las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno respecto a la supervisión de las condiciones de la guardería ABC y la inadecuada reacción ante la tragedia, es posible enfatizar en los deberes de las autoridades tanto del IMSS como del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo , derivados de la Constitución”.
De la investigación constitucional no se desprende imputación penal, civil o administrativa, directa a ninguno de esos funcionarios. La Corte no actúa en este caso en su carácter de impartidora de justicia, sino cómo órgano de preservación de las garantías individuales, cuya vulneración grave establece. El dictamen aprobado por el pleno no es generador de efectos jurídicos directos, aunque enlista las acciones que las autoridades deben realizar. Pero son observaciones carentes de fuerza coercitiva, que los involucrados pueden o no aceptar, Pero además de su eminente valor ético, la resolución puede influir sobre los procedimientos en curso, que transcurren con lentitud que a los deudos les resulta inconcebible. Por eso, en una demostración de impaciencia productiva, acudieron a la Corte, que está a punto de responderles cabalmente.
La severidad de la resolución que finalmente adopte la Corte -no es previsible que seis ministros votaran por la lenidad- correrá pareja, y aún será más tenue que la expresada por algunos padres de familia, transidos de dolor y hartos de que se les escamotee la justicia, pues para ellos eso significa el que a un año del crimen que arrancó la vida a sus hijos apenas de desahoguen los juicios penales correspondientes, que los inculpados viven en libertad pues los delitos que se les imputan no son considerados graves y por lo tanto nadie está en prisión.
Varios de esos padres, que reconocen sin ambages padecer junto a su dolor rabia, y rencor también, constituyeron el movimiento Cinco de Junio y mantienen una áspera distancia con el Presidente, que es recíproca. El 30 de abril pasado, Día del Niño, se produjo en Los Pinos una suerte de ensayo del encuentro general, formal, consumado anteayer. La sarcástica y ofensiva convocatoria a celebrar el Día del Niño a madres que perdieron a uno o más de sus hijos irritó a algunas y esperanzó a otros. Fueron invitadas a Los Pinos, hace un mes, los padres de sólo once de las cuarenta y nueve víctimas. Comprensiblemente, la reunión fue cordial.
Es de tal espesura el proyecto de dictamen, lo son también las diversas manifestaciones de los diferentes grupos de padres de familia, que es imposible comprenderlas todas en un solo acercamiento. Haremos otros, en consecuencia.
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