John M. AckermanLa Jornada/9 de febrero de 2009
Tuvieron que pasar 10 largos días desde el abierto desafío lanzado por las televisoras en contra del Estado mexicano para que el Instituto Federal Electoral (IFE) se decidiera a iniciar hoy la investigación formal del caso. En lugar de responder inmediata y enérgicamente frente a estos actos claramente violatorios a la ley, los consejeros electorales prefirieron gastar su tiempo la semana pasada con una serie de desplegados, declaraciones, reuniones y solicitudes de información que no tuvieron relevancia jurídica alguna. Tal tibieza por parte de la autoridad únicamente sirvió para regalarle tiempo sumamente valioso a las corporaciones televisivas, que ellas sí utilizaron para armar su defensa jurídica.
La primera respuesta del IFE, el desplegado publicado el día de la Candelaria, fue una irresponsabilidad, por decir lo menos. En este vergonzoso documento, la institución abdicó de su obligación de velar por el cumplimiento de la ley y prefirió deslindarse de las acciones de los medios de comunicación. Como un policía indolente que al atestiguar un asesinato se dedica a ahuyentar a los curiosos en lugar de perseguir al delincuente, con su desplegado la máxima autoridad en materia electoral se limitó a ser un simple espectador del proceso electoral.
Acto seguido, los consejeros pasaron de ser meros observadores a convertirse en víctimas pusilánimes. En respuesta a la golpiza que las televisoras le propinaron, el IFE balbuceó que este comportamiento era “atípico” y solicitó una explicación por escrito. Ingenuamente, los consejeros aceptaron la versión inicial de las televisoras, como si todo hubiera sido el resultado de una gran confusión.
El colofón fue la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el miércoles pasado. Si el IFE hubiese iniciado el procedimiento sancionador en tiempo y forma, las televisoras ya habrían tenido que comparecer ante el instituto electoral. Pero en lugar de tener que someterse a la autoridad, los representantes de Televisa y Tv Azteca se dieron el lujo de “dialogar” tranquilamente con el consejero presidente en el despacho de Fernando Gómez Mont, amigo de las empresas televisoras. Tal como ocurrió en los tiempos de Luis Carlos Ugalde, el IFE de nuevo ha declinado su responsabilidad de garantizar la aplicación la ley y de paso ha anulado su autonomía al ser un invitado más en la mesa de una negociación política.
El viernes pasado, el IFE finalmente decidió que sí había materia para emprender una investigación formal del caso, pero inexplicablemente decidió posponer el inicio del proceso sancionador para hoy. Habría que recordarles a los señores consejeros que durante los procesos electorales absolutamente todos los días y horas son hábiles, así que no había razón alguna para tomarse el fin de semana. Pareciera que una vez más la autoridad electoral simplemente quiso demostrar su generosidad hacia las televisoras. Asimismo, los consejeros se negaron a emitir medidas cautelares para obligar a los medios a modificar su comportamiento hasta que el instituto tome su decisión final.
No hay duda de que el comportamiento de las televisoras viola la ley electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prohíbe que los medios de comunicación modifiquen las pautas. También señala explícitamente que se debe sancionar “la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los partidos políticos” (artículo 350, (d)). La interrupción de programas de televisión, el agrupamiento de los espots y la inclusión de una “cortinilla” que busca desprestigiar al IFE, los partidos políticos, los legisladores federales y hasta al gobierno federal, evidentemente forman parte de una estrategia para darle la vuelta a la legislación electoral y “denigrar a las instituciones y a los partidos políticos”.
Televisa y Tv Azteca han sostenido que se les avisó muy tarde y que no les quedó otra más que interrumpir la transmisión deportiva. Ello es falso, ya que las pautas fueron enviadas a los medios con un mes de anticipación. Asimismo, el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral permite la modificación de las pautas en caso de “eventos extraordinarios y de interés general”, siempre y cuando el concesionario lo solicite por escrito. Además, en el pasado reciente el IFE ha sido flexible hasta el extremo al respecto, permitiendo en ocasiones una tolerancia de hasta 25 minutos antes y después de la hora pautada.
Siguiendo el ejemplo de Felipe Calderón, quien en el aniversario de la Constitución cuestionó el “catastrofismo” y denostó a quienes buscan “ver debilitada a la nación y a las instituciones”, la semana pasada el consejero presidente Leonardo Valdés también reclamó que se trate “de disminuir, deteriorar o minar la credibilidad de las instituciones”, y afirmó que es “necesario generar confianza en las instituciones nacionales y no minarlas”.
Pero Calderón, Valdés y el séquito de expertos en materia electoral que rodea a este último, se equivocan si creen que la mejor forma para fortalecer al Estado es por medio de un respaldo ciego y acrítico. Al contrario, quienes realmente estamos por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas debemos ejercer la crítica constante, pues ésta constituye un elemento esencial en la reconstrucción de nuestras instituciones fallidas.
La primera respuesta del IFE, el desplegado publicado el día de la Candelaria, fue una irresponsabilidad, por decir lo menos. En este vergonzoso documento, la institución abdicó de su obligación de velar por el cumplimiento de la ley y prefirió deslindarse de las acciones de los medios de comunicación. Como un policía indolente que al atestiguar un asesinato se dedica a ahuyentar a los curiosos en lugar de perseguir al delincuente, con su desplegado la máxima autoridad en materia electoral se limitó a ser un simple espectador del proceso electoral.
Acto seguido, los consejeros pasaron de ser meros observadores a convertirse en víctimas pusilánimes. En respuesta a la golpiza que las televisoras le propinaron, el IFE balbuceó que este comportamiento era “atípico” y solicitó una explicación por escrito. Ingenuamente, los consejeros aceptaron la versión inicial de las televisoras, como si todo hubiera sido el resultado de una gran confusión.
El colofón fue la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el miércoles pasado. Si el IFE hubiese iniciado el procedimiento sancionador en tiempo y forma, las televisoras ya habrían tenido que comparecer ante el instituto electoral. Pero en lugar de tener que someterse a la autoridad, los representantes de Televisa y Tv Azteca se dieron el lujo de “dialogar” tranquilamente con el consejero presidente en el despacho de Fernando Gómez Mont, amigo de las empresas televisoras. Tal como ocurrió en los tiempos de Luis Carlos Ugalde, el IFE de nuevo ha declinado su responsabilidad de garantizar la aplicación la ley y de paso ha anulado su autonomía al ser un invitado más en la mesa de una negociación política.
El viernes pasado, el IFE finalmente decidió que sí había materia para emprender una investigación formal del caso, pero inexplicablemente decidió posponer el inicio del proceso sancionador para hoy. Habría que recordarles a los señores consejeros que durante los procesos electorales absolutamente todos los días y horas son hábiles, así que no había razón alguna para tomarse el fin de semana. Pareciera que una vez más la autoridad electoral simplemente quiso demostrar su generosidad hacia las televisoras. Asimismo, los consejeros se negaron a emitir medidas cautelares para obligar a los medios a modificar su comportamiento hasta que el instituto tome su decisión final.
No hay duda de que el comportamiento de las televisoras viola la ley electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prohíbe que los medios de comunicación modifiquen las pautas. También señala explícitamente que se debe sancionar “la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los partidos políticos” (artículo 350, (d)). La interrupción de programas de televisión, el agrupamiento de los espots y la inclusión de una “cortinilla” que busca desprestigiar al IFE, los partidos políticos, los legisladores federales y hasta al gobierno federal, evidentemente forman parte de una estrategia para darle la vuelta a la legislación electoral y “denigrar a las instituciones y a los partidos políticos”.
Televisa y Tv Azteca han sostenido que se les avisó muy tarde y que no les quedó otra más que interrumpir la transmisión deportiva. Ello es falso, ya que las pautas fueron enviadas a los medios con un mes de anticipación. Asimismo, el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral permite la modificación de las pautas en caso de “eventos extraordinarios y de interés general”, siempre y cuando el concesionario lo solicite por escrito. Además, en el pasado reciente el IFE ha sido flexible hasta el extremo al respecto, permitiendo en ocasiones una tolerancia de hasta 25 minutos antes y después de la hora pautada.
Siguiendo el ejemplo de Felipe Calderón, quien en el aniversario de la Constitución cuestionó el “catastrofismo” y denostó a quienes buscan “ver debilitada a la nación y a las instituciones”, la semana pasada el consejero presidente Leonardo Valdés también reclamó que se trate “de disminuir, deteriorar o minar la credibilidad de las instituciones”, y afirmó que es “necesario generar confianza en las instituciones nacionales y no minarlas”.
Pero Calderón, Valdés y el séquito de expertos en materia electoral que rodea a este último, se equivocan si creen que la mejor forma para fortalecer al Estado es por medio de un respaldo ciego y acrítico. Al contrario, quienes realmente estamos por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas debemos ejercer la crítica constante, pues ésta constituye un elemento esencial en la reconstrucción de nuestras instituciones fallidas.
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