Karina AvilésLa Jornada/25 de febrero de 2009
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y 128 universidades públicas del país lanzaron un proyecto para reducir el monto de sus cuotas, aumentar las becas y crear un catálogo de servicios de enseñanza con opciones de descuento, gratuidad y sistema de pagos diferidos. Por su parte, universidades privadas quedaron de informar después a la dependencia si se sumarán a esas acciones para enfrentar la crisis económica.
A propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) fue presentado ayer dicho programa, mediante el cual, dijo la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, tanto el gobierno como las universidades públicas y privadas están construyendo una agenda conjunta.
Esos compromisos, afirmó, beneficiarán a los alumnos de las escuelas públicas, particularmente por ser los de más bajos ingresos, pero también a los jóvenes de instituciones particulares, porque hay esfuerzo y sacrificio de miles de familias en el país. Así, continuó, se puede decir a los jóvenes que sus becas estarán garantizadas.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Alejandro Gertz Manero, evitó dar respuesta inmediata a la convocatoria de la SEP para unirse a dichas medidas. Sólo ofreció poner el proyecto bajo escrutinio de sus agremiados y luego hacer un pronunciamiento.
A su vez, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, señaló que en ese nivel de estudios hay entre 585 mil y 600 mil alumnos en situación de pobreza, de los cuales 320 mil serán atendidos mediante el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) y cerca de 55 mil con apoyos de vinculación, titulación y servicio social y los sistemas estatales.
Dijo que este año egresarán cerca de 432 mil profesionistas, y la crisis hará más difícil su inserción en el mercado laboral.
Por otro lado, al interrogarlo sobre la canalización de recursos del Estado a los centros de educación privada y, particularmente, sobre las becas que se otorgarán a hijos de militares, reconoció que 50 por ciento del monto en instituciones privadas será sufragado por el gobierno federal y el 50 restante por los colegios de paga.
Ratificó que las becas Pronabes se incrementarán de 234 mil en el ciclo 2007-2008 a 310 mil en el periodo 2008-2009, lo cual implicará una inversión de más de 2 mil 700 millones de pesos.
Aseveró que los compromisos adquiridos involucran mayoritariamente a las universidades públicas, porque la mayoría de las instituciones agrupadas en la ANUIES tienen ese carácter (de un total de 152, 128 son públicas y 24 privadas). En el caso de las de paga, dependerá del compromiso y del esfuerzo que hagan.
Al presentar el proyecto, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, señaló que otras acciones son: crear centros regionales de educación superior; promover talleres para administrar eficazmente el gasto familiar; incorporar a los beneficiarios de las becas en programas como el Pronabes; promover proyectos de investigación orientados al sector productivo; impulsar la incubación de empresas en las universidades; firmar convenios de colaboración con la Secretaría del Trabajo para ofertar plazas de prácticas profesionales, y ampliar las becas en el sector de más bajos recursos.
La SEP y las instituciones educativas se comprometieron a que en un plazo no mayor de tres meses rendirán cuentas sobre los resultados alcanzados.
A propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) fue presentado ayer dicho programa, mediante el cual, dijo la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, tanto el gobierno como las universidades públicas y privadas están construyendo una agenda conjunta.
Esos compromisos, afirmó, beneficiarán a los alumnos de las escuelas públicas, particularmente por ser los de más bajos ingresos, pero también a los jóvenes de instituciones particulares, porque hay esfuerzo y sacrificio de miles de familias en el país. Así, continuó, se puede decir a los jóvenes que sus becas estarán garantizadas.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Alejandro Gertz Manero, evitó dar respuesta inmediata a la convocatoria de la SEP para unirse a dichas medidas. Sólo ofreció poner el proyecto bajo escrutinio de sus agremiados y luego hacer un pronunciamiento.
A su vez, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, señaló que en ese nivel de estudios hay entre 585 mil y 600 mil alumnos en situación de pobreza, de los cuales 320 mil serán atendidos mediante el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) y cerca de 55 mil con apoyos de vinculación, titulación y servicio social y los sistemas estatales.
Dijo que este año egresarán cerca de 432 mil profesionistas, y la crisis hará más difícil su inserción en el mercado laboral.
Por otro lado, al interrogarlo sobre la canalización de recursos del Estado a los centros de educación privada y, particularmente, sobre las becas que se otorgarán a hijos de militares, reconoció que 50 por ciento del monto en instituciones privadas será sufragado por el gobierno federal y el 50 restante por los colegios de paga.
Ratificó que las becas Pronabes se incrementarán de 234 mil en el ciclo 2007-2008 a 310 mil en el periodo 2008-2009, lo cual implicará una inversión de más de 2 mil 700 millones de pesos.
Aseveró que los compromisos adquiridos involucran mayoritariamente a las universidades públicas, porque la mayoría de las instituciones agrupadas en la ANUIES tienen ese carácter (de un total de 152, 128 son públicas y 24 privadas). En el caso de las de paga, dependerá del compromiso y del esfuerzo que hagan.
Al presentar el proyecto, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, señaló que otras acciones son: crear centros regionales de educación superior; promover talleres para administrar eficazmente el gasto familiar; incorporar a los beneficiarios de las becas en programas como el Pronabes; promover proyectos de investigación orientados al sector productivo; impulsar la incubación de empresas en las universidades; firmar convenios de colaboración con la Secretaría del Trabajo para ofertar plazas de prácticas profesionales, y ampliar las becas en el sector de más bajos recursos.
La SEP y las instituciones educativas se comprometieron a que en un plazo no mayor de tres meses rendirán cuentas sobre los resultados alcanzados.
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