Carlos OrnelasExcélsior/18 de febrero de 2009
El pasado lunes, el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación publicó un desplegado en varios periódicos. Es el mismo grupo que desde hace cuatro años aspira a ocupar la tercera silla en las negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su centro de atención es la demanda —en esta ocasión alza la voz y habla de exigencias— de que se cumpla el derecho de los estudiantes a una educación (el énfasis está en la básica) de calidad.
El mensaje enviado al presidente Felipe Calderón, a los gobernadores de los estados, a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y a las autoridades de educación de los estados, tiene dos cometidos, uno explícito y directo, el otro, tácito. El primero se destina a disciplinar al SNTE, aunque no haya una mención palmaria al sindicato. La pretensión de ese consejo, en caso de que el gobierno le haga caso, es trazar un nuevo diseño institucional de la administración educativa para que se despliegue el derecho a una buena educación. El segundo cometido, en esencia, le reclama al Presidente que ejerza el poder legítimo que la Constitución y las leyes le confieren.
Una observación de cada punto conlleva a afirmar que el consejo ciudadano busca minar el poder del SNTE, que es de donde emanan los problemas fundamentales de la educación mexicana: el abuso en el gasto; el ingreso a la profesión docente por medio de palancas u otros mecanismos deshonestos; la corrupción de la carrera magisterial, reconocida por el SNTE, mas le achaca la culpa a la SEP (ver las declaraciones de Rafael Ochoa Guzmán en Excélsior del lunes 16); las deficiencias en la formación inicial y actualización de los docentes, y la ausencia de participación social en la educación.
El consejo ciudadano exige que se establezca el padrón único de maestros. Esta demanda coincide con la de académicos, intelectuales y docentes honestos que desde hace años pelean por la desaparición de los comisionados políticos y demandan una auditoría general de plazas. El número de comisionados sindicales (del SNTE y otros sindicatos menores) ronda los 120 mil trabajadores, una merma gigante al presupuesto. Si esto se lograra, el SNTE (y por extensión el Panal) perdería su pequeño ejército de cerca de 60 mil operadores electorales, lo que debilitaría el poder de negociación de Elba Esther Gordillo, ya que se paga con fondos públicos.
También pide el establecimiento definitivo de normas que obliguen a que el ingreso a la profesión docente sea mediante concurso de oposición, organizado por una entidad autónoma, que reúna todos los requisitos de transparencia, equidad y profesionalismo. Es un artefacto pensado para eliminar la venta o herencia de plazas, cuya distribución hasta el día de hoy es privilegio de los dirigentes de las secciones y de los caciques locales del SNTE. Si esto se logra, se desmantelaría el dispositivo de canonjías y una de las herramientas de control corporativo que el sindicato mantiene en uso.
Asimismo, demanda la modificación de la carrera magisterial y el establecimiento de incentivos en cuyo centro se encuentre el aprovechamiento de los alumnos; algo que también el segmento modernista de la burocracia de la SEP persigue y a lo cual el SNTE, y acaso la mayoría de los maestros en ejercicio, se oponen. Como funciona hoy la carrera magisterial, permite a los dirigentes tener márgenes amplios de discreción para recompensar a los fieles y castigar a los rebeldes. Su meta sigue siendo la universalización de esos incentivos como un escalafón horizontal. Si se desmonta ese instrumento, el corporativismo del SNTE sufriría un descalabro fenomenal.
El consejo ciudadano también pone su apuesta en la parte positiva: un trabajo serio y permanente en la formación y actualización de los docentes, así como en abrir las puertas a la participación social.
La carta del consejo ciudadano de este año, tal vez a propósito, ignora al sindicato; el SNTE ya ha hecho saber que no hay un tercer asiento, que no está dispuesto a perder el monopolio que comenzó a construir en 1944 y no desea desperdiciar la administración de privilegios. Por eso el mensaje virtual del consejo ciudadano se dirige al Ejecutivo federal, de hecho, es una invitación al Presidente a que ejerza el poder en la educación que le escamotea Elba Esther Gordillo. Mi intuición (no tengo ninguna prueba o indicación) me dice que los modernizadores de la SEP dan la bienvenida a ese desplegado. Esa exigencia es un apoyo a sus aspiraciones.
Hay otro mensaje sublime. Está en el título del desplegado: “La sociedad toma la palabra”. “Nosotros somos esa sociedad”, le dicen al Presidente.
Retazos
¡Órale! La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores pide la intervención del Ejército para resolver las huelgas de los maestros. Dejando la exageración aparte, se puede interpretar esa demanda como el llamado de una correligionaria al Presidente a que ejerza el poder.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
El mensaje enviado al presidente Felipe Calderón, a los gobernadores de los estados, a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y a las autoridades de educación de los estados, tiene dos cometidos, uno explícito y directo, el otro, tácito. El primero se destina a disciplinar al SNTE, aunque no haya una mención palmaria al sindicato. La pretensión de ese consejo, en caso de que el gobierno le haga caso, es trazar un nuevo diseño institucional de la administración educativa para que se despliegue el derecho a una buena educación. El segundo cometido, en esencia, le reclama al Presidente que ejerza el poder legítimo que la Constitución y las leyes le confieren.
Una observación de cada punto conlleva a afirmar que el consejo ciudadano busca minar el poder del SNTE, que es de donde emanan los problemas fundamentales de la educación mexicana: el abuso en el gasto; el ingreso a la profesión docente por medio de palancas u otros mecanismos deshonestos; la corrupción de la carrera magisterial, reconocida por el SNTE, mas le achaca la culpa a la SEP (ver las declaraciones de Rafael Ochoa Guzmán en Excélsior del lunes 16); las deficiencias en la formación inicial y actualización de los docentes, y la ausencia de participación social en la educación.
El consejo ciudadano exige que se establezca el padrón único de maestros. Esta demanda coincide con la de académicos, intelectuales y docentes honestos que desde hace años pelean por la desaparición de los comisionados políticos y demandan una auditoría general de plazas. El número de comisionados sindicales (del SNTE y otros sindicatos menores) ronda los 120 mil trabajadores, una merma gigante al presupuesto. Si esto se lograra, el SNTE (y por extensión el Panal) perdería su pequeño ejército de cerca de 60 mil operadores electorales, lo que debilitaría el poder de negociación de Elba Esther Gordillo, ya que se paga con fondos públicos.
También pide el establecimiento definitivo de normas que obliguen a que el ingreso a la profesión docente sea mediante concurso de oposición, organizado por una entidad autónoma, que reúna todos los requisitos de transparencia, equidad y profesionalismo. Es un artefacto pensado para eliminar la venta o herencia de plazas, cuya distribución hasta el día de hoy es privilegio de los dirigentes de las secciones y de los caciques locales del SNTE. Si esto se logra, se desmantelaría el dispositivo de canonjías y una de las herramientas de control corporativo que el sindicato mantiene en uso.
Asimismo, demanda la modificación de la carrera magisterial y el establecimiento de incentivos en cuyo centro se encuentre el aprovechamiento de los alumnos; algo que también el segmento modernista de la burocracia de la SEP persigue y a lo cual el SNTE, y acaso la mayoría de los maestros en ejercicio, se oponen. Como funciona hoy la carrera magisterial, permite a los dirigentes tener márgenes amplios de discreción para recompensar a los fieles y castigar a los rebeldes. Su meta sigue siendo la universalización de esos incentivos como un escalafón horizontal. Si se desmonta ese instrumento, el corporativismo del SNTE sufriría un descalabro fenomenal.
El consejo ciudadano también pone su apuesta en la parte positiva: un trabajo serio y permanente en la formación y actualización de los docentes, así como en abrir las puertas a la participación social.
La carta del consejo ciudadano de este año, tal vez a propósito, ignora al sindicato; el SNTE ya ha hecho saber que no hay un tercer asiento, que no está dispuesto a perder el monopolio que comenzó a construir en 1944 y no desea desperdiciar la administración de privilegios. Por eso el mensaje virtual del consejo ciudadano se dirige al Ejecutivo federal, de hecho, es una invitación al Presidente a que ejerza el poder en la educación que le escamotea Elba Esther Gordillo. Mi intuición (no tengo ninguna prueba o indicación) me dice que los modernizadores de la SEP dan la bienvenida a ese desplegado. Esa exigencia es un apoyo a sus aspiraciones.
Hay otro mensaje sublime. Está en el título del desplegado: “La sociedad toma la palabra”. “Nosotros somos esa sociedad”, le dicen al Presidente.
Retazos
¡Órale! La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores pide la intervención del Ejército para resolver las huelgas de los maestros. Dejando la exageración aparte, se puede interpretar esa demanda como el llamado de una correligionaria al Presidente a que ejerza el poder.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
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