Esteban Beltrán y Pedro López López *Excélsior/4 de diciembre de 2008
¿No sería esencial para su trabajo que un forense documentando lesiones de mujeres víctimas de violencia de género supiera cómo tratarlas adecuadamente y cuáles son sus derechos? ¿No encontraría el lector imprescindible que un periodista pudiera conocer en detalle la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información? ¿No debería el profesor de educación para la ciudadanía y los derechos humanos haber estudiado derechos humanos?
Un reciente informe de Amnistía Internacional ha centrado su atención en la universidad española. Su contundente título, “Las universidades españolas, a la cola de Europa en formación obligatoria en derechos humanos”, revela la posición que ocupa la formación en ese ámbito en la educación superior de España. Pero todavía estamos a tiempo de cambiar.
La universidad debería aprovechar el actual proceso de reforma de las titulaciones, para corregir esta carencia injustificable.
Podría pensarse que este empeño de Amnistía Internacional sólo tiene como justificación el activismo que le es propio, pero lo cierto es que la formación en derechos constituye parte de la misión de la Universidad. Así lo refleja repetidamente la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, que señala como una de sus funciones “la formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad universitaria”.
La formación en derechos humanos no es una materia exclusiva de las titulaciones de derecho, sino que se trata de una formación imprescindible para que la futura actividad profesional de los estudiantes se encuentre orientada bajo una responsabilidad social que debe ser aportada por un enfoque de derechos humanos.
Una referencia legislativa más reciente establece que se debe “promover un incremento del conocimiento público y de la enseñanza del derecho internacional humanitario y de la legislación sobre derechos humanos”. ¿Cabe imaginar un lugar más propicio para llevar a cabo esta tarea que la universidad?
Con frecuencia, las autoridades educativas, que comparten, e incluso impulsan, estas referencias, conciben la enseñanza de los derechos humanos como un campo exclusivo de las titulaciones de derecho. Más que un catálogo de artículos, los derechos humanos son el marco de referencia legal y ético local, nacional y universal más importante del mundo contemporáneo. Representan a un movimiento social que debe ser estudiado, sobre todo teniendo en cuenta que las libertades y las conquistas sociales son frágiles. ¿Quién iba a pensar hace unos años que existiría Guantánamo en una de las democracias más antiguas del mundo o que China pudiera tener tanta influencia exterior perniciosa en África o en Latinoamérica?
Cualquier estudiante universitario debe conocer qué son los derechos humanos y cómo se aplican y se defienden en su profesión, aquí y en todo el mundo. Todos los profesionales cumplen una función con la sociedad más allá de sí mismos y, si no, que se lo pregunten por ejemplo a los profesores que dan educación a mujeres en Afganistán jugándose la vida ante los talibán o a los abogados de oficio que defienden a los últimos de la Tierra o a los antropólogos forenses que ayudan profesionalmente a documentar los restos de los desaparecidos en fosas comunes.
A pesar de la obviedad del hecho de que estudiar obligatoriamente derechos humanos es esencial para mejorar profesionalmente y como sociedad, todavía eso no se ha conseguido en muchas universidades.
Una formación en derechos debería servir para defenderse mejor en su ámbito profesional y hacer entender a los estudiantes que su trabajo puede y debe contribuir a hacer una sociedad mejor, más allá de sus legítimos intereses personales. Debería aclarar que los derechos humanos son una realidad legal desde hace 60 años y su defensa, respeto y promoción nos compete a todos; conocer su evolución —por ejemplo, la tortura sólo fue prohibida universalmente en 1984—; familiarizar al estudiante con los principales instrumentos de protección y analizar en detalle aquellos derechos relacionados con su futura profesión. No es un lujo estudiar derechos humanos; es la manera de, al mismo tiempo, mejorar como profesional y facilitar la función social de las profesiones que salen de la universidad. No lleguemos tarde.
Un reciente informe de Amnistía Internacional ha centrado su atención en la universidad española. Su contundente título, “Las universidades españolas, a la cola de Europa en formación obligatoria en derechos humanos”, revela la posición que ocupa la formación en ese ámbito en la educación superior de España. Pero todavía estamos a tiempo de cambiar.
La universidad debería aprovechar el actual proceso de reforma de las titulaciones, para corregir esta carencia injustificable.
Podría pensarse que este empeño de Amnistía Internacional sólo tiene como justificación el activismo que le es propio, pero lo cierto es que la formación en derechos constituye parte de la misión de la Universidad. Así lo refleja repetidamente la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, que señala como una de sus funciones “la formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad universitaria”.
La formación en derechos humanos no es una materia exclusiva de las titulaciones de derecho, sino que se trata de una formación imprescindible para que la futura actividad profesional de los estudiantes se encuentre orientada bajo una responsabilidad social que debe ser aportada por un enfoque de derechos humanos.
Una referencia legislativa más reciente establece que se debe “promover un incremento del conocimiento público y de la enseñanza del derecho internacional humanitario y de la legislación sobre derechos humanos”. ¿Cabe imaginar un lugar más propicio para llevar a cabo esta tarea que la universidad?
Con frecuencia, las autoridades educativas, que comparten, e incluso impulsan, estas referencias, conciben la enseñanza de los derechos humanos como un campo exclusivo de las titulaciones de derecho. Más que un catálogo de artículos, los derechos humanos son el marco de referencia legal y ético local, nacional y universal más importante del mundo contemporáneo. Representan a un movimiento social que debe ser estudiado, sobre todo teniendo en cuenta que las libertades y las conquistas sociales son frágiles. ¿Quién iba a pensar hace unos años que existiría Guantánamo en una de las democracias más antiguas del mundo o que China pudiera tener tanta influencia exterior perniciosa en África o en Latinoamérica?
Cualquier estudiante universitario debe conocer qué son los derechos humanos y cómo se aplican y se defienden en su profesión, aquí y en todo el mundo. Todos los profesionales cumplen una función con la sociedad más allá de sí mismos y, si no, que se lo pregunten por ejemplo a los profesores que dan educación a mujeres en Afganistán jugándose la vida ante los talibán o a los abogados de oficio que defienden a los últimos de la Tierra o a los antropólogos forenses que ayudan profesionalmente a documentar los restos de los desaparecidos en fosas comunes.
A pesar de la obviedad del hecho de que estudiar obligatoriamente derechos humanos es esencial para mejorar profesionalmente y como sociedad, todavía eso no se ha conseguido en muchas universidades.
Una formación en derechos debería servir para defenderse mejor en su ámbito profesional y hacer entender a los estudiantes que su trabajo puede y debe contribuir a hacer una sociedad mejor, más allá de sus legítimos intereses personales. Debería aclarar que los derechos humanos son una realidad legal desde hace 60 años y su defensa, respeto y promoción nos compete a todos; conocer su evolución —por ejemplo, la tortura sólo fue prohibida universalmente en 1984—; familiarizar al estudiante con los principales instrumentos de protección y analizar en detalle aquellos derechos relacionados con su futura profesión. No es un lujo estudiar derechos humanos; es la manera de, al mismo tiempo, mejorar como profesional y facilitar la función social de las profesiones que salen de la universidad. No lleguemos tarde.
* Director de Amnistía Internacional en España y profesor de Ciencias de la Documentación, respectivamente.
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