lunes, 26 de abril de 2010

¿A dónde va esta guerra?

Mayté Noriega
El Universal/24 de abril de 2010

El presidente Felipe Calderón está empeñado en la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que ha sido cuestionada por propios y extraños, porque no se perciben avances. Cada día se abren más frentes y los ataques de los narcotraficantes adquieren nuevas y más diversas formas de violencia que constituyen desafíos para las fuerzas del orden que llegan cuando los crímenes han sido consumados.

Todo es reacción y respuesta tardía. De tanto en tanto el anuncio de la detención de presuntos jefe de cárteles y sicarios a los que se atribuye la comisión de crímenes de todo tipo. Sin embargo la estructura de los cárteles sigue intocada. No se sabe de investigaciones sobre las rutas del dinero, que permitirían golpear de manera contundente a los cárteles, tampoco se sabe de investigaciones sobre las redes de complicidades que permiten que los narcotraficantes actúen siempre con ventaja, sorprendiendo a la sociedad y a las autoridades. En días pasados, después de una reunión del gabinete de Seguridad del presidente Calderón con senadores, se dieron a conocer datos de un documento en el que el gobierno federal reconocía que desde que empezó la lucha contra el narcotráfico han muerto más de 22 mil 700 personas. El 90% de los muertos pertenecían, de acuerdo con el documento, al crimen organizado, 5% eran militares y policías y otros eran civiles. El Presidente diría después que eran los menos.

La minimización del llamado daño colateral que se explica por la indiferencia de un gobierno que no duda en calificar a los caídos como delincuentes, se combina con el engaño y el ocultamiento de información que explicaría las bajas. El argumento del fuego cruzado cae cuando las víctimas de las fuerzas militares denuncian y echan por tierra los infundios.

Hay otro dato revelador en el documento presentado a los senadores para justificar la guerra contra la delincuencia organizada y es el que se refiere al número de detenidos. La cifra es altísima y pretende demostrar la eficacia de los operativos militares y policiales en esta guerra: 121 mil 199 personas. La pregunta es ¿dónde están esas poco más de 121 mil personas? Porque no están en los reclusorios, no cabrían. Baste mencionar que hasta hace un año, en las cárceles de nuestro país se hacinaban más de 222 mil reos. Falta el informe de cuántos fueron juzgados y sentenciados, cuántos liberados por falta de pruebas, cuántos quedaron libres porque se integraron mal las averiguaciones y cuántos eran inocentes. No hay que olvidar el caso de los alcaldes michoacanos, detenidos, acusados de vínculos con el narcotráfico, arraigados y después liberados. Este también es daño colateral del que no se habla. Se les acusó abiertamente de tener vínculos con narcotraficantes y se informó que se les liberaba no porque fueran inocentes sino porque no había pruebas suficientes para condenarlos. La autoridad nada hizo para limpiar el nombre de los munícipes michoacanos.

Los datos que hoy tenemos de esta guerra evidencian la falta de logros al tiempo que aumenta la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

No podría ser de otro modo porque la apuesta es militar. Si recordamos algunos de los puntos del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, podremos constatar que se quedaron en el papel y por ello la lucha es infructuosa. En 2008 se planteó la necesidad de formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero, en agosto se puso como plazo seis meses. También se dijo que para este año quedaría fortalecido el sistema de aduanas y se instrumentarían campañas para promover la cultura de la legalidad.

Por desgracia, todo parece indicar que la guerra continuará y los resultados no sólo serán magros sino que se refuerza la percepción de que nos acercamos a un Estado fallido si no es que ya nos hemos convertido en eso.

Periodista

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