Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma/26 de abril de 2011
Ésta es la última semana del periodo de sesiones ordinarias de primavera de la LXI legislatura. Si mucho me apuran, podría aventurar que es también el tramo postrero de la legislatura misma. Es verdad que sólo en julio del año próximo se elegirá a los senadores y diputados de la LXII legislatura, que asumirá sus funciones el primero de septiembre de 2012. Por ello, a los actuales miembros del Congreso les restan dos periodos de sesiones ordinarias, el del otoño próximo, del primero de septiembre al 15 de diciembre, y el formalmente final, de primavera, del 1º de febrero al 30 de abril de 2012.
Pero cuando se reúnan de nuevo los legisladores, en septiembre próximo, su atención, energía y tiempo estarán concentrados en los procesos de elección de candidatos presidenciales. Esa circunstancia, y los intereses desatados en torno de ese suceso, dejarán en un segundo plano el trabajo legislativo propiamente dicho. Con un añadido más: Dos de los precandidatos presidenciales actúan ahora en las Cámaras, y en septiembre acaso habrán pedido licencia para contender por la postulación de sus partidos. Es el caso de la diputada Josefina Vázquez Mota y del senador Manlio Fabio Beltrones.
Si ganan la candidatura, habrán dejado atrás su presencia en el Congreso. Si no la obtienen y se reintegran a sus asientos, ya no serán lo que son hoy, y su capacidad de influir y de negociar habrá mermado considerablemente. Y si a estas alturas ha sido ardua labor lograr consensos para avanzar en materias que importan si no a los ciudadanos por lo menos a los grupos de poder y a las fracciones parlamentarias, entonces el grado de dificultad para ese propósito, en tales condiciones, habrá crecido de manera notoria. También cabe la posibilidad, sin embargo, de que en sentido opuesto al razonamiento anterior, las condiciones de la acción legislativa mejoren porque hayan sido removidos obstáculos como los que hoy se perciben, como el enfrentamiento o la escasa coordinación entre las dos bancadas del PRI en el Congreso.
Sea de ello lo que fuere, en estos días los diputados y senadores deberán desahogar una abundante agenda, donde hay pendientes de toda suerte. Sobresale por su relevancia, y porque en tratándose de enmiendas constitucionales se reclaman mayorías calificadas y la intervención de las legislaturas locales, la sólo por rutina llamada reforma política, que no lo es en sentido estricto, porque no forma un conjunto coherente dirigido a un cierto objetivo, sino sólo un agrupamiento de modificaciones para dar satisfacción, o aparentar que eso se hace, a los factores que intervienen en el proceso político respectivo.
Tal es el caso, prototípicamente de las candidaturas independientes. Las propuso, en el ya remoto diciembre de 2009 el presidente Calderón como parte de un paquete al que también se intentó motejar como reforma política. Carente de enhebramiento (casi como el atado de medidas en trance de aprobación ahora), en sus eslabones podía sin embargo percibirse una intención, la de cortejar a “los ciudadanos”, cuyo rechazo a los partidos quedaba abonado con ese conjunto de propuestas: iniciativa ciudadana, referéndum constitucional, etc.).
El Estado mexicano está obligado, adicionalmente, a legislar para establecer las candidaturas ciudadanas. Jorge G. Castañeda obtuvo en tal sentido un fallo de la Corte interamericana de justicia. Mas, como ocurre con otras sentencias de ese tribunal, las autoridades mexicanas proceden con doblez, pretendiendo que cumplen al mismo tiempo que mantienen las cosas como están. El acuerdo hasta este lunes, entre las bancadas que pueden reunir la mayoría es que la reforma constitucional respectiva entre en vigor en 2015, lo que impide que se practique en la sucesión presidencial del año próximo. Aunque el PAN se empeñaba a última hora en persuadir al PRI de establecer la nueva norma cuanto antes, de todas maneras se requiere que la legislación secundaria en efecto permita la participación directa de los ciudadanos al margen de los partidos. Pero ello supondría una remodelación completa del andamiaje institucional electoral, que descansa en el primordial papel de los partidos en el sistema de elecciones. Y los partidos no aceptarán suicidarse, perdiendo la exclusividad de la presentación de candidaturas.
Otra materia pendiente, que tiene implicaciones muy delicadas, es la ley de seguridad nacional. Respecto de ella ha habido disensos interiores en el PRI, principalmente porque el intento de legitimar la actuación militar en seguridad pública conlleva no sólo mantener privilegios como el fuero de guerra sino la creación de otros espacios de militarización inconvenientes. Algo peor que esa pretensión está perfilándose, si hemos de creer en la información obtenida por la reportera Jesusa Cervantes, que atribuye un súbito allanamiento ante las pretensiones castrenses a la amenaza de publicar expedientes negros de gobernadores que para impedirlo recomiendan a sus diputados avenirse. El amago habría procedido del Ejecutivo mismo como medida extrema para sacar avante una legislación que el Congreso ha mirado con renuencia. (Proceso, 24 de abril)
No se precisa enunciar cuán peligroso es que se consiga de ese modo la obsecuencia parlamentaria. Toda presión para legislar, más allá de la legítima persuasión política pone en riesgo la convivencia institucional, como también lo hace premiar con impunidad a presuntos delincuentes que los que en vez de tratar como interlocutores deberían ser castigados.
Reforma/26 de abril de 2011
Ésta es la última semana del periodo de sesiones ordinarias de primavera de la LXI legislatura. Si mucho me apuran, podría aventurar que es también el tramo postrero de la legislatura misma. Es verdad que sólo en julio del año próximo se elegirá a los senadores y diputados de la LXII legislatura, que asumirá sus funciones el primero de septiembre de 2012. Por ello, a los actuales miembros del Congreso les restan dos periodos de sesiones ordinarias, el del otoño próximo, del primero de septiembre al 15 de diciembre, y el formalmente final, de primavera, del 1º de febrero al 30 de abril de 2012.
Pero cuando se reúnan de nuevo los legisladores, en septiembre próximo, su atención, energía y tiempo estarán concentrados en los procesos de elección de candidatos presidenciales. Esa circunstancia, y los intereses desatados en torno de ese suceso, dejarán en un segundo plano el trabajo legislativo propiamente dicho. Con un añadido más: Dos de los precandidatos presidenciales actúan ahora en las Cámaras, y en septiembre acaso habrán pedido licencia para contender por la postulación de sus partidos. Es el caso de la diputada Josefina Vázquez Mota y del senador Manlio Fabio Beltrones.
Si ganan la candidatura, habrán dejado atrás su presencia en el Congreso. Si no la obtienen y se reintegran a sus asientos, ya no serán lo que son hoy, y su capacidad de influir y de negociar habrá mermado considerablemente. Y si a estas alturas ha sido ardua labor lograr consensos para avanzar en materias que importan si no a los ciudadanos por lo menos a los grupos de poder y a las fracciones parlamentarias, entonces el grado de dificultad para ese propósito, en tales condiciones, habrá crecido de manera notoria. También cabe la posibilidad, sin embargo, de que en sentido opuesto al razonamiento anterior, las condiciones de la acción legislativa mejoren porque hayan sido removidos obstáculos como los que hoy se perciben, como el enfrentamiento o la escasa coordinación entre las dos bancadas del PRI en el Congreso.
Sea de ello lo que fuere, en estos días los diputados y senadores deberán desahogar una abundante agenda, donde hay pendientes de toda suerte. Sobresale por su relevancia, y porque en tratándose de enmiendas constitucionales se reclaman mayorías calificadas y la intervención de las legislaturas locales, la sólo por rutina llamada reforma política, que no lo es en sentido estricto, porque no forma un conjunto coherente dirigido a un cierto objetivo, sino sólo un agrupamiento de modificaciones para dar satisfacción, o aparentar que eso se hace, a los factores que intervienen en el proceso político respectivo.
Tal es el caso, prototípicamente de las candidaturas independientes. Las propuso, en el ya remoto diciembre de 2009 el presidente Calderón como parte de un paquete al que también se intentó motejar como reforma política. Carente de enhebramiento (casi como el atado de medidas en trance de aprobación ahora), en sus eslabones podía sin embargo percibirse una intención, la de cortejar a “los ciudadanos”, cuyo rechazo a los partidos quedaba abonado con ese conjunto de propuestas: iniciativa ciudadana, referéndum constitucional, etc.).
El Estado mexicano está obligado, adicionalmente, a legislar para establecer las candidaturas ciudadanas. Jorge G. Castañeda obtuvo en tal sentido un fallo de la Corte interamericana de justicia. Mas, como ocurre con otras sentencias de ese tribunal, las autoridades mexicanas proceden con doblez, pretendiendo que cumplen al mismo tiempo que mantienen las cosas como están. El acuerdo hasta este lunes, entre las bancadas que pueden reunir la mayoría es que la reforma constitucional respectiva entre en vigor en 2015, lo que impide que se practique en la sucesión presidencial del año próximo. Aunque el PAN se empeñaba a última hora en persuadir al PRI de establecer la nueva norma cuanto antes, de todas maneras se requiere que la legislación secundaria en efecto permita la participación directa de los ciudadanos al margen de los partidos. Pero ello supondría una remodelación completa del andamiaje institucional electoral, que descansa en el primordial papel de los partidos en el sistema de elecciones. Y los partidos no aceptarán suicidarse, perdiendo la exclusividad de la presentación de candidaturas.
Otra materia pendiente, que tiene implicaciones muy delicadas, es la ley de seguridad nacional. Respecto de ella ha habido disensos interiores en el PRI, principalmente porque el intento de legitimar la actuación militar en seguridad pública conlleva no sólo mantener privilegios como el fuero de guerra sino la creación de otros espacios de militarización inconvenientes. Algo peor que esa pretensión está perfilándose, si hemos de creer en la información obtenida por la reportera Jesusa Cervantes, que atribuye un súbito allanamiento ante las pretensiones castrenses a la amenaza de publicar expedientes negros de gobernadores que para impedirlo recomiendan a sus diputados avenirse. El amago habría procedido del Ejecutivo mismo como medida extrema para sacar avante una legislación que el Congreso ha mirado con renuencia. (Proceso, 24 de abril)
No se precisa enunciar cuán peligroso es que se consiga de ese modo la obsecuencia parlamentaria. Toda presión para legislar, más allá de la legítima persuasión política pone en riesgo la convivencia institucional, como también lo hace premiar con impunidad a presuntos delincuentes que los que en vez de tratar como interlocutores deberían ser castigados.
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