Armando Alcántara Santuario*El asunto que generó el debate más fuerte fue la publicación de un desplegado firmado por la rectora, doctora Esther Orozco Orozco, en el cual señalaba una serie de fallas e irregularidades que entorpecían tanto la vida académica como la gestión institucional
Hace varias semanas, la crisis institucional por la que atraviesa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha sido motivo de diversos análisis y comentarios de parte de especialistas e interesados en los asuntos de la enseñanza superior. Ella ocurre cuando dicha casa de estudios cumple su primera década de existencia.
Todo comenzó, como se sabe, con una enmienda al artículo 46 del Estatuto General Orgánico aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), relacionada con la renovación por un periodo más al cargo de rector. Sin embargo, lo que generó el debate más fuerte en el interior de la institución fue la publicación de un desplegado firmado por la rectora, doctora Esther Orozco Orozco, en algunos diarios de esta capital.
El tono autocrítico del documento señalaba una serie de fallas e irregularidades que, a juicio de la doctora Orozco, entorpecían tanto la vida académica como la gestión institucional. Lo publicado provocó un profundo malestar entre varios integrantes de la comunidad académica de la UACM, quienes de inmediato pidieron la destitución de la rectora. Incluso, el rector anterior (Manuel Pérez Rocha) entró a la polémica, al sentirse aludido por algunas partes del desplegado en cuestión.
Los detractores de la doctora Orozco han solicitado reiteradamente se celebre una sesión del Consejo Universitario, en la cual se pueda ventilar la crítica situación por la que atraviesa la universidad y tomar así las medidas conducentes para su resolución.
Por diversos motivos, esa sesión no se ha podido efectuar. Según se reportó en algunos diarios (La Jornada, 30/04/2011), el viernes 29 de abril no pudo instalarse la que estaba convocada, pues no contó con los votos necesarios para aprobar el orden del día. Todo esto pone de manifiesto, de inicio, las dificultades para iniciar el diálogo entre los diversos sectores de la UACM y construir los consensos necesarios para superar la crisis institucional en la cual se encuentra la universidad.
Lo que está en juego, evidentemente, es la viabilidad de una institución que se asume como muy diferente al resto de las instituciones públicas de educación superior del país.
Si bien los objetivos institucionales de la UACM —expresados en la página electrónica de la UACM, www.uacm.edu.mx— son “brindar educación del más alto nivel académico, consolidar un proyecto innovador de enseñanza, establecer un fuerte vínculo con la sociedad, y construir una comunidad académica sólida y autónoma”, los procedimientos de admisión, el desarrollo de sus programas académicos y sus niveles de eficiencia terminal son motivo de crítica por su aparente falta de rigor.
En el caso de los criterios de admisión, por ejemplo, la institución considera que todos los aspirantes tienen la misma oportunidad de ingresar. Dado que el cupo no permite que todos sean aceptados, se realiza un sorteo atestiguado por un notario público. Más aún, aquellos solicitantes no favorecidos en el primer periodo de solicitudes son considerados en lista de espera y tienen la posibilidad de ingresar en el siguiente ciclo, dependiendo de la capacidad existente.
El tema de la calidad o del nivel académico de la formación previa de los estudiantes que ingresan en condiciones diferentes a las del grueso de quienes deben aprobar un examen o concurso de admisión, ha sido motivo de grandes discusiones. Se enfrentan en ellas dos concepciones de la justicia social: los que consideran que es necesario aumentar la representación de los grupos más desfavorecidos de la población en las instituciones de educación superior, sin importar demasiado su nivel de preparación en el nivel anterior al que pretenden ingresar y, la otra, están quienes señalan que es injusto permitir el ingreso de aquellos que no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para realizar estudios superiores, pues dichas carencias les dificultarán terminarlos o entrar al mercado laboral en igualdad de condiciones en su formación profesional.
Estos debates se llevan a cabo en el marco de las llamadas políticas compensatorias e incluyentes, desarrolladas en varios países desde las décadas de los años sesenta y setenta, como es el caso de la llamada affirmative action (acción afirmativa) en Estados Unidos o, más recientemente, los programas para incorporar a los integrantes de minorías étnicas (negros e indígenas) en América Latina.
Si bien el tema de las políticas de admisión, permanencia, egreso y titulación de los estudiantes son sólo un elemento importante a tomar en cuenta en las discusiones que habrán de celebrarse en el Consejo Universitario, o en un congreso, el enorme reto para la comunidad de la UACM es, en primer lugar, evitar una fractura institucional que ponga en peligro la viabilidad de la universidad.
Pero también será necesario que al final del proceso —que ojalá sea del más alto nivel académico— la institución salga fortalecida y con ello pueda responder de la manera más adecuada a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus familias.
El cumplimiento de los objetivos y metas que se ha planteado la UACM y el novedoso modelo que pretende consolidar, dependerán del éxito de este necesario —y por ahora inevitable— ejercicio de autorreflexión. Quienes estudiamos la educación superior y pugnamos por el fortalecimiento de las universidades públicas estaremos pendientes de su desarrollo.
* IISUE-UNAM/SES.
aralsan@servidor.unam.mx
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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