México, inmerso en el analfabetismo científico del tercer mundo: Cereijido

Isaac Torres Cruz

La Crónica de Hoy/1 de marzo de 2009

México, al igual que diversos países en desarrollo, ha sido incapaz de desarrollar una cultura compatible con la ciencia, lo que nos ha llevado a acentuar el analfabetismo social de ésta, señaló Marcelino Cereijido Mattioli, investigador emérito del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN.

“Mientras que en el primer mundo se apoyan en la ciencia, en el tercero se habla de apoyarla, cuando que debe ser considerada como una necesidad.

“En México, los gobernantes piden paciencia a la comunidad científica, puesto que argumentan que primero deben resolverse problemas graves y urgentes, sin embargo en el mundo no existe ninguno cuya solución no esté relacionada con la ciencia”, agregó.

Manifestó que la mejor manera de resolver los problemas que ha forjado el ser humano es mediante la ciencia y la tecnología, y es en estos tiempos de crisis cuando más hay que servirse de ellas.

De acuerdo con el investigador, Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Estado mexicano está convencido de que la mejor forma de ayudar a la ciencia es administrándola, “lo que nos obliga a trabajar mediante reglas administrativas y no epistemológicamente”.

Durante la inauguración del IV Coloquio Internacional sobre Darwinismo, presidido por el director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Ramón Peralta y Fabi, y la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz, el científico definió al analfabetismo científico como la incapacidad de interpretar la realidad a través de la ciencia.

EVOLUCIÓN

El también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, expuso que en la sociedad como en la naturaleza, el éxito se basa en el establecimiento de modelos dinámicos para interpretar la realidad, en el caso del hombre el último desarrollado por él es la ciencia moderna.

“Se piensa que sólo los científicos son capaces de interpretar la realidad, pero todas las especies en la naturaleza han evolucionado para hacerlo: si no fuera así éstas serían demasiado imbéciles como para sobrevivir”, puntualizó.

Dijo que para el hombre estos modelos de interpretación han evolucionado también desde el momento en que adquirió conciencia, hasta el punto de prescindir de milagros y dogmas.

“Sin embargo, dentro de una sociedad como la nuestra esta comprensión de la realidad aún se basa en la versión católica del cristianismo, que atiende las revelaciones de dios antes que las explicaciones científicas”, añadió.

El modelo explicativo del clero, agregó, resulta inadecuado para interpretar la realidad, toda vez que lo importante no es entender sino aceptar un conocimiento originado por una revelación.

FUENTES DEL PROBLEMA

El científico del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav dijo que si bien tanto el gobierno como los dogmas influyen en el analfabetismo científico que impera en México, existen otros factores que intervienen en el problema.

Refirió que tal es el caso del papel de los líderes intelectuales del país, escritores, analistas, periodistas, políticos, entre otros, cuya opinión y voz es atendida por la sociedad.

“No obstante, el principio del analfabeta científico es el mismo para todos los sectores incluyendo a nuestros intelectuales: la ciencia es simplemente invisible”, apuntó.

Otra de las fuentes del problema, añadió, es la clase empresarial que no puede considerarse como tal sino sólo como fabricantes sin interés de vincularse con la academia —recordando palabras del científico Leopoldo García Colín.

“Alguna vez escuché decir que Carlos Slim era como el Bill Gates mexicano, y a la vez alguien replicó: la diferencia es que Gates aportó muchas ideas a la computación, Slim sólo sabe hacer negocios y comprar empresas”, recordó.

Una más de las fuentes de este analfabetismo se debe, señaló, a la forma de hacer divulgación científica y, aunque reconoció el esfuerzo de muchos, puntualizó que los divulgadores difunden la ciencia dejando de lado sus problemáticas, que deben formar parte del conocimiento de la sociedad.

“Con muchos esfuerzos, México ha logrado alcanzar una gran base científica, empero no hemos desarrollado aún una cultura compatible con la ciencia, y eso es una desgracia”, dijo.

La crueldad contra los seres vivos

Carlos Monsiváis
El Universal/1 de marzo de 2009

El 24 de febrero de 2009, entre 5 y 6 de la tarde, un comando de encapuchados armados irrumpen en un departamento del fraccionamiento Alborada Jaltenco y asesinan a machetazos y con tubos a cerca de 37 perros y gatos.
La vivienda la ocupa un protector de animales, Javier Cervantes Hernández, de 30 años, que no se encontraba en el momento de la agresión. Según vecinos, los encapuchados (cuatro vestidos de negro y dos de civil) lanzaron los cadáveres de los animales a la camioneta, además de intimidar y golpear a las personas que intentaron detener la matanza. Los muros y pisos de la casa estaban llenos de sangre.
En el domicilio quedaron con vida seis animales, que fueron rescatados la tarde de hoy por integrantes de sociedades protectoras, ya que el resto de gatos y perros sobrevivientes al parecer huyeron, aunque los integrantes de sociedades protectoras afirman que en total fueron asesinados 37 animales. En el domicilio se encontraron en el refrigerador los cuerpos de al menos seis perros y cuatro gatos, algunos de ellos destazados; los animales todavía tenían piel.
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Según el alcalde de Jaltenco, Germán Romero Lugo, del PRD, desde hace tres años vecinos de Alborada Jaltenco se quejaban de la situación, ya que el excremento de los perros producía mal olor y moscas, por lo que el ayuntamiento inició un procedimiento contra Cervantes Hernández por presunta violación a la Ley de Condóminos local, al tener animales en su departamento. A las acusaciones, Patricia Rico Rodríguez, de Animales Desamparados, AC, dijo que Cervantes Hernández “dejaba de comer” para atender a los perros y gatos que recogía en las calles, enfermos o que habían sufrido algún tipo de maltrato.
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Un amigo de Cervantes Hernández, Héctor José Urdapilleta, muy golpeado, narró su experiencia: “Me llamó Javier para decirme que un vecino le había avisado que estaban matando a sus perros. Corrí hasta el departamento y fui recibido por personas de negro, encapuchadas, con armas largas, machetes y tubos. Les pedí que dejaran de golpear y machetear a los perros. ‘¿Eres el dueño de los perros?’ ‘No, pero son de un amigo y vine a ver qué pasaba’. Me metieron al departamento y me empezaron a golpear con los tubos y a patadas. ‘Sabes que estás metido en un grave problema’, me dijeron, al mismo tiempo que me tiraron donde estaban agonizantes los perros.
“Alcance a ver a Tomás, un perro que gritaba desgarradoramente por el dolor de sus heridas. Alcancé a ver a otro perrito que, al huir, de un machetazo le cortaron una patita y a pesar de eso siguió corriendo. ‘Eso es lo que quieres, pues eso tendrás’, y me aventaron sobre los perros masacrados. Me oyeron llorar por no poder hacer nada. Les grité a los vecinos, y todos se quedaron callados. Afuera estaban policías municipales impidiendo entrar a nadie. Junto con los animales destrozados, me subieron a una camioneta y no me permitían subir la cabeza, con las botas me la bajaban, quedando empapado en sangre de los perros.
“Al ver llegar a la policía estatal, sentí un gran alivio, pensé que me rescatarían; tengo muchos amigos en la policía estatal, pero no hicieron nada. Me amarraron con cinta canela los pies y manos y me llevaron al MP, quien no encontró ninguna razón para consignarme, por lo que me volvieron a subir a la camioneta y me fueron a tirar hasta una pequeña barranca no muy lejos de aquí. Desde ahí me regresé caminando y aunque son las dos de la mañana, estoy vivo”.
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Un grupo de defensores de los animales acudió en la madrugada al rescate de los sobrevivientes, varios de ellos fueron golpeados y todos maltratados verbalmente. Se salvaron 17 perros. El licenciado David García Ayala acompañó a las cuatro de la mañana a Cervantes Hernández a levantar la demanda en Tultitlán. Hasta el momento las autoridades han insistido que actuaron así por demanda de los vecinos.
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Se puede insistir, de acuerdo a la normatividad, en las infracciones cometidas por Cervantes Hernández y la inconveniencia de tantos perros y gatos en un espacio reducido. Pero no se utilizó lo debido, un procedimiento administrativo, y lo que se hizo es de un salvajismo tal que nulifica las sórdidas explicaciones del edil perredista y explica perfectamente la jactancia de estas autoridades incapaces de entender los significados de la crueldad y las consecuencias de ese trato dirigido contra seres vivos. Esto aquí es lo principal. Lo que narra Urdapilleta es una escena intolerable en varios sentidos, y trasciende el “sentimentalismo” atribuido a los amantes de los perros y gatos. En efecto, y esta es mi convicción, los animales tienen derechos y negar que sufren y reírse de este sufrimiento es, como se le quiera ver, otra prueba de la deshumanización. El ser humano no puede ni debe celebrar el dolor infligido a seres vivos, ni tiene sentido negar que tal insensibilidad se traslada luego y con fuerza a la furia contra seres humanos.
En México, uno de los países en donde las corridas de toros se elevan al rango de “arte taurino”, en cabal y feliz ignorancia de lo que significan los preparativos de las corridas y la falsa “igualdad de oportunidades” para el toro y el torero, se ha visto recientemente el aplauso dedicado a un niño que a los 11 años ya incursiona en esa matanza “artística”. Se ha protestado, y con toda justicia, contra el trato de los animales en los circos, y los dueños han emitido declaraciones en las que la hipocresía anda en el trapecio. Esto para no hablar de las condiciones de los rastros ni del trato infligido por los encargados de los antirrábicos a los animales callejeros. Se alaba e incluso se califica de “conveniente” la crueldad; no importa, está bien porque se aplica a seres irracionales, y en época de crisis a quién le importa lo que le suceda a todo aquello que pertenece al rumor de lo “inhumano”.
Por eso, no obstante las movilizaciones de los defensores de los derechos de los animales, lo casi seguro es la inexistencia noticiosa de este acto aberrante en Jaltenco, con todo y el desvarío explicativo del alcalde perredista. Pero cada vez se aclara más un hecho: la crueldad contra seres vivos es parte del proceso educativo en la deshumanización.

La angustia existencial

Sara Sefchovich

El Universal/1 de marzo de 2009

Dos noticias el mismo día. En una se hablaba de la reciente edición de los cuentos de la escritora brasileña Clarice Lispector y se los presentaba diciendo que esos textos “revelan su angustia existencial sobre la realidad cotidiana”. En la otra se relataba la historia del señor Juan Carlos Calderón Rodríguez, herrero de 38 años de edad, y de su esposa Aracely López Vizcarra, de 31, quienes el 6 de enero del año pasado tuvieron unos gemelos en el Hospital de Gineco-obstetricia del IMSS en Hermosillo, Sonora, pero a los que nunca vieron y desde entonces están buscando.
Lispector fue una escritora con una visión pesimista de la vida, cuyos personajes vivían en la desesperanza y la soledad, preguntándose qué hacer para sentir que están vivos y que lo que les rodea tiene sentido.
El señor Calderón Rodríguez, por el contrario, estaba lleno de esperanza y su vida tenía sentido. Y, sin embargo, esa “existencia desviada del curso de lo normal” de que hablaba Lispector se convirtió en una realidad para el señor Calderón y su esposa no por razones abstractas, sino por unas muy concretas que se llaman negligencia y falta de preparación y de compromiso de burócratas y de quienes se dicen médicos.
En una entrevista de 1977, la narradora habló del “sentimiento vago y sofocador de la vida” que pretendía reproducir en sus obras. En una entrevista con el corresponsal de un diario de circulación nacional, el señor Calderón Rodríguez dejó ver su frustración y rabia porque llevó a su esposa a ese hospital en la capital del estado, ya que el servicio médico de Nogales era muy malo, y sin embargo, no sólo resultó peor sino que además le desaparecieron a sus hijos y desde entonces su vida es un calvario.
Pero si en algo se parecen la escritora brasileña y el herrero mexicano es en que ambos tienen las preguntas pero no las respuestas.
Porque si es difícil hallar respuesta a la angustia existencial y al tema del sentido de la vida, en México lo más difícil es hallar respuesta a la realidad concreta e inmediata que viven muchos.
La versión del hospital sobre los bebés desaparecidos es que los incineraron porque nacieron mal. Eso, suponiendo que fuera cierto (pues durante el embarazo les habían asegurado que todo iba bien), ¿con el consentimiento de quién lo hicieron? ¿Por qué no se los entregaron a los padres y que fueran ellos quienes tomaran la decisión de qué hacer con sus pequeños? ¿Qué no hay leyes en este país?
Pues sí, leyes hay y algunos hacen hasta lo imposible por que se las cumpla. Por ejemplo, el consejero electoral del IFE Marco Antonio Gómez Alcántar, cuando se le preguntó sobre el enorme incremento salarial que se quisieron asignar él y sus colegas, respondió: “Esa es la ley y con la ley siempre es un buen momento para cumplirla”. En cambio, otros no lo consiguen. El señor Calderón Rodríguez, por ejemplo, no ha logrado que se investigue y finque responsabilidad en su caso.
La ley parece ser selectiva sobre a quién se le hace justicia y a quién en lugar de eso se le ofrecen desde dinero hasta amenazas con tal de callarlo.
Ahora bien: no podemos negar que ambas situaciones provocan angustia existencial. El punto son los ritmos e intensidades de la misma, tan diferentes. Pues mientras el padre de los bebés se ha puesto en huelga de hambre y ha amenazado con inmolarse, un consejero electoral dijo que cuando se enteró del aumento se estaba tomando tiempo para “estudiar las posibilidades legales de adoptar una decisión personal en sentido contrario”.
Además de los terrenos legal y sicológico, estamos también en el de la moral. Cuando un periodista le preguntó a un consejero si no le parecía “una decisión inmoral” el incremento, la respuesta fue: “Es constitucional y lo que es constitucional y legal no puede ser inmoral”. ¿Qué pueden decir sobre esto los funcionarios del hospital del IMSS que han encubierto a los responsables y han ignorado a los padres?
“Las palabras son ilusorias —dijo alguna vez Clarice Lispector—, no pueden decir o dicen demasiado sobre el ser”.
De esto, ni duda cabe.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM

El trabajador en la Constitución y en el derecho

Arnaldo Córdova

La Jornada/1 de marzo de 2009

El derecho del trabajo es una rama o un sistema del ordenamiento jurídico, como lo son el derecho civil, el mercantil, el penal y todos los demás. Lograr que fuera concebido así costó mucho esfuerzo y, entre nosotros, el verdadero hacedor de la obra fue el maestro Mario de la Cueva. En 1938 publicó el primer tomo de su monumental Derecho mexicano del trabajo. Le dio título definitivo a la materia. Antes se le denominaba derecho obrero, derecho industrial y cosas así. De la Cueva hizo notar que no se trataba de un derecho de clase (de la clase obrera) como muchos demagogos sostenían, pero que tampoco era una simple derivación del derecho privado (hasta entonces una buena mayoría de los regímenes laborales del mundo incluían en la legislación civil las relaciones laborales).
Gustav Radbruch, el gran filósofo del derecho alemán que ya he mencionado aquí, había postulado que entre el derecho privado y el derecho público, ya en pleno siglo XX, había proliferado una nueva especie de derechos (como sistemas jurídicos) que no eran ni lo uno ni lo otro. Entre ellos mencionaba el derecho agrario, el derecho económico y, por supuesto, el derecho del trabajo. A estos derechos los denominó derechos sociales. Eso destruyó la geometría perfecta del antiguo derecho que dividía al mundo jurídico en sólo público y privado. De la Cueva lo hizo notar, pero aprovechó el viaje para fijar la peculiaridad del derecho del trabajo. Ya en la pequeña exposición del plan de su obra, escribió: La aplicación del derecho del trabajo supone la existencia del contrato del trabajo, esto es, entre un trabajador y un patrono, y todas sus disposiciones tienden, en última instancia, a garantizar a cada obrero un mínimo de vida (edición de 1938, p. 7).
Ello supondría que, en efecto, se trata de una contratación entre privados. Con una erudición asombrosa, el maestro muestra que la privatización del derecho del trabajo condujo a las mayores iniquidades, porque muy pronto se descubrió que esos privados que son el trabajador y el patrono pueden ser calificados como libres, pero su libertad no es igual. Si se deja al trabajador sin la protección de la sociedad (del Estado que la representa), su libertad no vale nada en las relaciones de desigualdad con su patrono y éste siempre se impondrá. No puede haber una justicia igual en la que tratan iguales, sino una justicia conmutativa (Aristóteles decía que consistía en tratar desigualmente a los desiguales). En el derecho del trabajo, el Estado debe proteger al trabajador hasta hacerlo igual a su contrincante jurídico, su patrono.
De la Cueva siempre luchó porque se entendiera que el derecho del trabajo era una regimentación de intereses contrastantes, pero que se necesitaban el uno al otro: “…la más elemental justicia exige que se fijen los derechos mínimos de uno y de otro –escribía–, que fundamentalmente son, respecto al trabajo, un determinado nivel social para cada trabajador y una defensa de su salud y de su vida, y para el capital, el respeto de la propiedad privada y el derecho a percibir una utilidad” (p. 188). El capital sólo puede subsistir si se protege el trabajo, aunque ahora muchos estúpidamente piensen que se puede hacer a menos del trabajador. Al empresario empleador hay que protegerlo porque hace su inversión que procura el empleo; pero al trabajador hay que protegerlo como un bien de la nación porque sin él no hay producción. Ese no es el caso del empresario.
Más adelante, el maestro insiste en el concepto: “Tiene el derecho del trabajo como finalidad primera… proteger la salud y vida del trabajador y garantizarle determinado nivel social” (p.191). Y no se hacía ilusiones. El capitalismo individualista busca devorar y destruir al trabajador para hacer su ganancia. El derecho busca proteger al trabajador para hacer posible la producción de la riqueza nacional. El dilema está claro: o se protege y se preserva al trabajador o se le destruye en aras del enriquecimiento personal. De la Cueva remata su razonamiento así: “En realidad, todo el problema del derecho del trabajo gira alrededor de la relación del trabajo, puesto que la finalidad mediata [a largo plazo]… es una tendencia susceptible de revestir las más variadas formas, que no siempre conducen a la destrucción del asalariado como sistema de producción” (p. 191).
El artículo 123 de la Constitución entraña exactamente lo que el maestro explicaba: el objetivo de esta rama del derecho es hacer procedente la producción de riqueza para la sociedad, pero no a costa del aniquilamiento del asalariado. En este artículo se instituyen (se establecen) los derechos de los trabajadores que deben quedar incluidos en cualquier relación o contrato laboral y son innegociables. No son un máximo, sino un mínimo. Todo lo que el trabajador pueda negociar a su favor va por encima de ese mínimo. El empleador no puede negarse a satisfacer ese mínimo. Jornada máxima de trabajo (y horas extras), salario mínimo, protección de las mujeres y los menores trabajadores, vivienda para ellos cuando la empresa esté en condiciones de proporcionarla, seguridad y previsión social para los trabajadores como responsabilidad compartida por trabajadores, empresarios y Estado; protección en trabajos riesgosos, indemnización o reinstalación y otros más.
En la legislación derivada (Ley Federal del Trabajo), empero, se da pie para que esos derechos básicos de los trabajadores, que en la doctrina del 123 miran a proteger su vida y la preservación de la fuerza de trabajo como un bien de la nación, sean regateados o disminuidos o incumplidos por los empresarios. Siempre ha habido diferencias notables entre el 123 y la legislación reglamentaria (desde la primera ley de 1931). Toda la legislación del trabajo se ha hecho siempre para limitar, poner a negociación o, incluso, negar los derechos básicos establecidos en el 123. Siempre se ha dicho, pero nadie ha hecho nada, ni los sindicatos, que ya sabemos lo que son. La nueva propuesta de la Secretaría del Trabajo, mantenida al oculto por Don Roque y que ni siquiera tiene la forma de un proyecto de decreto, va a un extremo jamás visto antes.
Mi próxima entrega estará dedicada a ese nuevo intento de conculcación de los derechos laborales. Todos los derechos básicos, innegociables e inatacables del 123, ahora no sólo son negociables, sino que ya ni se mencionan o, de plano, se dejan de parte. Como todos los bienes de la nación, para los panistas, también nuestra fuerza de trabajo está a la venta.

Se perfila relección de Rafael López Castañares al frente de la ANUIES

Emir Olivares Alonso

La Jornada/1 de marzo de 2009

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) emitirá mañana la convocatoria para elegir secretario general del periodo 2009-2013.
Fuentes de ese organismo revelaron que todo apunta a que Rafael López Castañares se mantenga cuatro años más en el cargo, ya que cuenta con respaldo de la mayoría de rectores.
De acuerdo con los estatutos, el actual secretario general puede ser designado para un segundo periodo de cuatro años.
López Castañares ha expresado interés por mantenerse al frente de la ANUIES, y cuenta con el respaldo de la mayoría de miembros de la agrupación, incluidos los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y Autónoma Metropolitana (UAM), José Lema Labadie, así como del director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera.
Además, a la fecha, ningún otro rector o ex rector ha manifestado interés por contender en el proceso.
El Consejo Nacional de la ANUIES, de 16 integrantes, se reunirá mañana para sentar las bases y dar inicio al proceso, que culminará en mayo, con la designación de secretario general.
A partir de la emisión de la convocatoria, los seis consejos regionales en que se divide la ANUIES deliberarán para apoyar la relección o proponer a un candidato diferente.
Cada aspirante debe presentar su proyecto ante el Consejo Nacional, que a finales de abril emitirá su decisión, la cual debe ser avalada en asamblea extraordinaria por todos los miembros de la agrupación.
En la ANUIES se agrupan 152 instituciones de enseñanza superior del país –públicas y privadas–, tecnológicos superiores, centros de investigación e institutos afines. Los trabajos del organismo se dividen en seis regiones: metropolitana, centro-sur, centro-occidente, sureste, noreste y noroeste.
El Consejo Nacional está formado por el rector de la UNAM, el director de IPN, dos titulares de institutos tecnológicos públicos y dos de universidades también públicas, así como dos de particulares electos alternadamente cada año, entre otros.

Los paros técnicos, trampa para los obreros, alertan abogados laborales

Carolina Gómez Mena

La Jornada/1 de marzo de 2009

La epidemia en que se han convertido los paros técnicos no ha contribuido a preservar las fuentes de trabajo, pese a que el gobierno federal aseguró que dicha medida sí coadyuvaría, señalaron los abogados laborales Manuel Fuentes y Joaquín Ortega Esquivel.
El problema afecta sobre todo a las maquiladoras, agregaron, y calificaron dichos paros de trampa para los empleados, a quienes les reducen salarios y prestaciones y, en muchas ocasiones, terminan perdiendo sus puestos.
En entrevista, Fuentes, abogado integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, aseveró que aunque esa figura existe en la ley, en la cual se denomina suspensión colectiva de la relación de trabajo, la forma en que se aplica en los hechos es totalmente ilegal, desventajosa e inconstitucional, porque actúa en perjuicio de los empleados.
Enfatizó que en la práctica los paros técnicos se manejan de forma perversa, e incluso ilegal, porque para su declaratoria no hay intervención de los trabajadores; tampoco las autoridades laborales los supervisan, porque sólo son acordados entre el patrón y los líderes sindicales.
Así, los dirigentes de los gremios, quienes en la mayoría de ocasiones no representan la base, por tratarse de sindicatos blancos, pueden pactar a placer, a discreción, las condiciones; por tanto, terminan siendo medidas unilaterales.
Aparte, Ortega Esquivel sostuvo que, lejos de propiciar la conservación de las fuentes de empleo, muchos paros técnicos son preámbulo, para el despido de los asalariados.
Según Fuentes, en las maquiladoras del norte del país ya se han perdido cerca de 50 mil empleos. Por eso, decir que este esquema sólo ha servido para reducir plazas y para disminuir los salarios y garantías laborales no sería errado.
Insistió en que nunca se debió permitir que esos paros se realizaran al margen de la supervisión de las autoridades laborales porque se prestan a abusos.
Apuntó que en muchas ocasiones los patrones no pagan siquiera 30 por ciento del salario a los trabajadores los días o semanas que están en paro técnico, sino que los mandan a sus casas sin remuneración alguna.
Al asegurar que esos paros son también una forma de esconder las estadísticas del desempleo, reiteró que los trabajadores son verdaderas víctimas de esta práctica promovida por el gobierno.

Peligra la investigación científica por la devaluación del peso: legislador

Ángeles Cruz Martínez

La Jornada/1 de marzo de 2009

El nivel que ha alcanzado la devaluación del peso frente al dólar pone en riesgo la investigación científica en el país, a la cual la Cámara de Diputados asignó poco más de 55 mil millones de pesos, pero con base en un tipo de cambio de 11.7 por dólar.
Alfonso Suárez del Real, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló lo anterior y planteó la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectúe una readecuación presupuestaria por al menos 2 mil 500 millones de pesos en favor de los organismos que realizan investigación en el país.
Detalló que, para el actual ejercicio fiscal, los legisladores autorizaron un presupuesto de 200 mil 930 millones de pesos para el ramo 11 de educación pública, 85 mil 36 millones para el 12 de salud, y 15 mil 474 millones para el 38 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
También se determinó un monto de 43 mil 528 millones para el programa de ciencia y tecnología, con base en el artículo 22 de la ley en la materia. Todo ello con base en una estimación de 11.7 pesos por dólar.
Sin embargo, señaló el diputado, la cotización de la divisa estadunidense ha llegado a 15.25 pesos y amenaza con ubicarse hasta en 20 pesos a finales de año.
Es evidente que, ante ese panorama, los programas presupuestarios para investigación científica y desarrollo se ven seriamente afectados y limitan la posibilidad de que las instituciones y centros de educación superior puedan cumplir sus objetivos.
Al comentar sobre los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionó que éstos superan 3 mil millones de pesos, el Instituto Politécnico Nacional recibió mil millones, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico obtuvo mil 350 millones. Otros 7 mil millones se asignaron a otros centros de investigación científica.
En tanto, para los institutos nacionales de salud se canalizaron más de mil millones de pesos, aseveró el legislador.
Respecto de la adecuación presupuestal que debería realizar la SHCP, dijo que los recursos extras se podrían obtener de reducciones a sueldos de funcionarios públicos y otros gastos suntuarios que hace el gobierno federal.

Seguridad social universal

Arturo Alcalde Justiniani

La Jornada/28 de febrero de 2009

La visión universal de la seguridad social se ha convertido en pilar fundamental de la política social de muchos países con economías incluso más débiles que la nuestra, superando el falso argumento de que una protección básica y general es idealista o populista. Países interesados en crecer con justicia social han entendido que invertir en salud, pensiones generales, seguro de desempleo y acceso real a la formación profesional son requisito esencial para mantener una economía activa, mejorar la competitividad y la paz social. Garantizar un piso básico de protección social facilita que se logren acuerdos productivos en un segundo nivel, ya sea por la vía de la contratación colectiva o del diálogo económico y social. De esta manera se superan las resistencias a los cambios con el justo argumento de que perder el empleo significa carecer de seguridad social para la familia y de un ingreso elemental para subsistir. Un esquema de protección social básica nos hace recordar que en la calle todos somos iguales y que un padre o madre desesperado busca cualquier alternativa para dar protección y alimento a sus hijos. En los países que han adoptado un modelo de protección universal básica se viven altos niveles de seguridad pública, ésa que todos añoramos.
En el escenario de crisis, desencuentro e inequidad que vive nuestro país, transitar hacia un esquema de protección de derechos básicos puede formar parte del nuevo acuerdo social que encauce la inconformidad creciente. La seguridad social es un renglón íntimamente ligado a la calidad de vida de los hombres y mujeres que integran la población; usted y su familia, razón y sentido de toda política pública.
Las reformas a la Ley del Seguro Social, consumadas 12 años atrás, y las recientes a la Ley del ISSSTE han incrementado el desencanto, la protesta y la rabia de miles de trabajadores que observan la continua pérdida de la calidad de los servicios médicos, la pulverización de sus pensiones y, en general, un futuro aún más incierto para sus hijos, a quienes se impone un régimen de seguridad social sustentado en cuentas individuales y su apropiación privada, lo que constituye un despojo.
Las críticas a la Ley del Seguro Social se han venido cumpliendo en la práctica al confirmarse que el nuevo sistema no responde a las expectativas originales, a pesar de que se ha canalizado un gigantesco gasto público para costear la transición. La tendencia es que las pensiones cubrirán sólo un tercio del último salario percibido por el trabajador. Por otro lado, la reciente Ley del ISSSTE, que inició su vigencia hace casi dos años, generó una protesta inusitada; más de un millón de trabajadores se organizaron en redes autogestivas para combatirla por la vía del amparo; se dice fácil, sin embargo se trata de la mitad del total de los servidores públicos federales del país, todo ello, a pesar de los controles corporativos, las costosas campañas públicas y la poca confianza en nuestros órganos de justicia. Agreguemos que más del 92 por ciento de estos trabajadores rechazaron el sistema de cuentas individuales al optar por el sistema de seguridad social anterior a la reforma a la ley.
Tres aspectos parecen fundamentales en la reconstrucción de nuestro sistema de seguridad social. Debe ser integral. Resulta difícil desvincular el tema de la salud, las pensiones y el seguro de desempleo, de un modelo de desarrollo incluyente, una política social con derechos exigibles, un pacto fiscal redistributivo, acceso real a la educación y por la vía paralela una reforma laboral, tomando en cuenta que hoy la mayor parte de la población carece de un empleo formal con prestaciones. El subempleo se vuelve común, acompañado de múltiples formas de contratación precaria, incluyendo el famoso outsourcing y la contratación por honorarios, figura a la cual acuden los propios gobiernos favoreciendo la ilegalidad. Para lograr esta integralidad es necesario el diseño de un plan maestro con objeto de que el conjunto de las políticas públicas en la materia vaya transitando hacia un objetivo común.
Una segunda condición tiene relación con el carácter público de las instituciones e instrumentos ligados a la seguridad social. La existencia de las Afore, Siefore y aseguradoras encargadas de cubrir las pensiones es objeto de crítica constante y de rechazo público sin precedentes, aun entre aquellos que alguna vez las vieron con simpatía, por la simple razón de que sus ganancias millonarias –que ascienden a los 100 mil millones de pesos en sus 12 años de vida– contrastan con las pérdidas sufridas por los trabajadores, entre otras razones, porque su base de cobro son los saldos y no las utilidades obtenidas, además de que se hace negocio con las cuentas inactivas. Es claro que no se justifica su existencia, toda vez que más de dos tercios de sus recursos los destina a la colocación de deuda, convirtiéndose en un intermediario innecesario y francamente parasitario. Indignación adicional provoca la obligación de que al final de su vida laboral el trabajador deba contratar una compañía aseguradora. ¿Por qué tengo que celebrar un contrato mercantil con una empresa privada para que administre mis escasos ahorros? Cualquiera se aterroriza ante el escenario de verse obligado a negociar a nivel individual y en condiciones de franca desigualdad una pensión con una corporación, normalmente extranjera, que obtendrá más ganancias mientras menos pague al pensionado.
La tercera característica es la sustentabilidad financiera. Todo sistema de seguridad social universal debe contar con un respaldo financiero seguro. Una protección de esta naturaleza requiere de un nuevo pacto fiscal que incremente los recursos del Estado para contender con esta obligación. En los sistemas de protección universal se generan muchos ahorros y se evitan ineficiencias. Suprimir gastos superfluos, como salarios desproporcionados, y combatir la corrupción serían elementos fundamentales del nuevo pacto.

Pedirá Conacyt a becarios buscar por sí mismos financiamiento complementario

Emir Olivares Alonso

La Jornada/28 de febrero de 2009

Ante la crisis económica y la devaluación del peso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solicitará a sus becarios –en el país y en elextranjeros– que busquen financiamiento complementario para que el sector empresarial apoye sus proyectos de investigación a fin de no reducir las becas que otorga.
El director general del organismo, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el consejo pretende tomar varias medidas para que la crisis financiera mundial no perjudique los montos ni el número de apoyos a estudiantes de posgrado en instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.
La mayoría de éstas se enfocarán en los estudiantes que realizan sus posgrados en el extranjero. Explicó que el Conacyt está renegociando con universidades internacionales el pago de la colegiatura de los becarios para que el cambio de divisa no afecte el presupuesto asignado para ese fin.
Agregó que se pondrá tope al dinero que el consejo paga a instituciones de educación superior extranjeras, por lo que estamos pidiendo al alumno que también haga un esfuerzo con fuentes complementarias de financiamiento, porque no todas las instituciones de agencias de financiación o apoyos como Conacyt pagan los cuatro años de doctorado al 100 por ciento de la matrícula, sino que en la medida que tengan proyectos ellos (los estudiantes) pueden ir generando alternativas.
Informó que el Conacyt mantiene alrededor de 3 mil 200 becarios en universidades de diversos países, sobre todo Estados Unidos, y manifestó el compromiso del organismo de no recortar los montos asignados.
Todos están recibiendo su colegiatura en la institución y su pago mensual para su manutención. No ha habido ningún recorte, no lo anticipamos, pero sí hay un factor de incertidumbre, nadie tiene la capacidad de pronóstico de lo que va a ocurrir las siguientes semanas; hemos hecho varias consultas con la Secretaría de Hacienda y mucha comunicación con los becarios para darles certeza de que no habrá disminución de becas.
Romero Hicks resaltó que el Conacyt analiza esta serie de factores ya que es necesario mantener a los becarios fuera del país, poder incrementar el número, porque es la base de la formación del capital humano.
Por otro lado, señaló que el consejo aporta parte de su presupuesto a infraestructura, becas de posgrado y apoyo a investigadores de instituciones de educación superior particulares.
Hay recursos de Conacyt que se destinan a ese propósito, pero tiene que haber claridad, transparencia y rendición de cuentas. Me refiero por ejemplo al Sistema Nacional de Investigadores, las becas de posgrado, eventualmente proyectos de infraestructura, cuidando por supuesto que no sólo reciban al coonjunto inmediato a la comunidad de la universidad que recibió el apoyo, sino que tengan trabajos en red y con la propia comunidad, deben destinarse para un propósito que va más allá de la propia institución.
Reveló que aunque las instituciones particulares sólo cuentan con 4 por ciento de miembros del SNI, el Conacyt asigna 30 por ciento del gasto de ese sistema a éstas, aunque subrayó que se establecieron dos requisitos: que el dinero se reinvierta en investigación, posgrado e infraestructura; y que tenga una planeación de corto, mediano y largo plazos, de manera tal que entonces el fondo es concurrente y se potencia más el uso de recursos.

Tres huelgas, sin visos de arreglo en la Sagarpa

Carolina Gómez Mena

La Jornada/28 de febrero de 2009

Los tres sindicatos de instituciones dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que se encuentran en huelga precisaron que aún no hay respuesta a sus demandas de retabulación y homologación salarial, por lo que las posibilidades de que cesen las medidas son prácticamente nulas. Por otra parte, los sindicatos de administrativos y académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro aceptaron ayer 4.25 por ciento de incremento salarial, con lo cual se evitaron las huelgas en ese centro de estudios.
En este contexto, desde las 11 de la mañana y hasta las 16 horas integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACh) se manifestaron afuera de la Sagarpa para exigir respuesta en torno a la retabulación. Luis Ortiz Valdez, secretario general, comentó que la única oferta que les ha hecho la dependencia es una valuación de los puestos para tener una reclasificación, pero eso sería para 2010, y nosotros lo requerimos ahora que estamos en crisis económica, expresó.
Precisó que los trabajadores administrativos ganan apenas entre 4 mil pesos y 7 mil 11 pesos mensuales, y añadió que si tuvieran la retabulación podríamos llegar a ganar entre 40 y 50 por ciento adicional.
El dirigente acotó que los 2 mil 200 trabajadores están dispuestos a soportar una huelga larga si es que a ello los orilla la Sagarpa. De igual forma instó a esa dependencia a ser más sensible y actuar con mayor prontitud para responder a sus justas demandas. Fuentes de la secretaría señalaron que en los recientes tres días las comisiones negociadoras de los sindicatos han tenido pláticas con el oficial mayor, José Luis López Díaz Barriga, por lo cual la dependencia no está cerrada al diálogo. Precisaron que justamente ayer, alrededor de las 13 horas, se recibió a una comisión del STUACh.
Por la homologación salarial
En otra entrevista, Lenin Guajardo, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop), comentó que los maestros de dicha institución educativa, en huelga desde el 15 de febrero, “no tenemos problema con aceptar 4.25 por ciento de incremento salarial.
Ese no es el problema, lo que demandamos es la homologación salarial, pues tenemos un desfase de 80 por ciento en relación con lo que perciben los académicos de otros centros públicos de investigación.
En cuanto a las negociaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados (Sincop), cuyo vencimiento es el primer minuto del 2 de marzo, se reportó ayer que no hay avances, por lo que es posible el estallamiento de la huelga. Tanto el Siacop como el Sincop se manifestaron ayer en la carretera México-Lechería.
El otro gremio en huelga es el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Chapingo, desde el 19 de febrero.