Carlos OrnelasExcélsior/25 de marzo de 2009
Uno de los atributos del periodismo contemporáneo es la correspondencia entre los lectores y los articulistas. La idea de que el periódico forma opinión se confronta hoy con el juicio de los lectores. Por otra parte, el reportaje de investigación ofrece conocimiento más allá de la mera información y provoca debates serios sobre los asuntos de trascendencia. Pero ni la una ni el otro son suficientes para abatir el morbo que provocan los rumores en la vida pública.
Mis artículos del 4 y el 11 de marzo, acerca de la quinta columna y el derecho a la educación, provocaron epístolas, tanto en el blog como en mi buzón electrónico, más nutridas que de costumbre. La mayoría de mis corresponsales aprueban mis comentarios, otros me critican y muchos ofrecen información adicional o relatan sus experiencias en el mundo de la educación. Es imposible dar respuesta a cada una de ellas, pero acuso recibo y me hago cargo de su contenido. Sin embargo, la afirmación de Miguel Ángel Viloria en el blog de Excélsior (12 de marzo) merece una réplica. Él me dice: “Le pregunto a este señor, que por qué no está solamente un día en un salón de clases atendiendo a niños que no son de su familia, leyendo, escribiendo, corrigiendo errores de tareas y lo más importante crear las condiciones del acto educativo, para usted es muy fácil hablar y escribir, pero muy difícil entrar en el complejo mundo del sector educativo y vivirlo”.
La escuela pública existe porque las familias no se pueden hacer cargo de la educación de sus hijos, se la encomiendan a los maestros y la sociedad les paga a ellos con sus impuestos. La esencia de la profesión de educar consiste en leer, escribir y corregir los errores de los estudiantes, por eso afirmo que las huelgas de los docentes atentan contra el derecho a la educación. Me parece incorrecto que Miguel Ángel rebata mi crítica porque supone que no doy clases, mas de eso vivo, pero aunque no fuera docente, tengo derecho, como cualquier otro ciudadano, a juzgar a los maestros irresponsables. Estoy de acuerdo en que es difícil entrar al mundo educativo, pero no es nada fácil escribir sobre él. Se trata de un trabajo arduo, demanda muchas horas de lectura, de diseño, de redactar borradores y enmendarlos varias veces antes de mandarlo al periódico. Agradezco su mensaje, aunque estemos en desacuerdo profundo, los lectores tienen derecho a expresar sus opiniones.
Los reportajes de Claudia Solera y Lilian Hernández (Excélsior, 15 y 16 de marzo) nutren el pesimismo. Claudia documenta cómo uno de los programas estrella del presente gobierno, Escuela Segura, navega en la desorientación, está en “obra negra” según los responsables de instrumentarlo y no hay señales de que avance en el futuro. La verdad, es difícil encontrar una solución eficaz contra la violencia y el tráfico de drogas en las escuelas, son fenómenos que rebasan al gobierno y a la sociedad en su conjunto. El programa de Escuela Segura, como se diseñó, no era una respuesta cabal a esas dificultades, pero tampoco un mero paliativo, contenía elementos de valía. Una de sus aristas concretas me parece correcta, el Programa no prescribe que los maestros sean gendarmes, sino guías. Por eso lastima que ni siquiera se pongan en marcha los proyectos ni se ejerzan los recursos para que los docentes hagan esa tarea.
El reportaje de Lilian retoma los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación sobre los desvaríos de la Carrera Magisterial. Aunque las palabras tal vez evoquen algo distinto, la CM es un esquema de incentivos que se diseñó y se acordó entre el gobierno y el SNTE en 1992 y comenzó su ejecución en 1993, en medio de desconcierto, oposición y falta de información, pero al final se impuso. Hoy muchos docentes y sus representantes, incluidos los de la disidencia, en vez de tratar de frenarla, bregan por que se incrementen los recursos destinados a ella. La CM perseguía dos propósitos, uno gubernamental, que fuera un instrumento para elevar la calidad de la educación; el otro, sindical, que mejorara los ingresos y el estatus social de los maestros.
El designio del sindicato se cumplió. Los docentes hoy tienen ingresos decorosos, incluso por encima de los de otros profesionales con niveles de educación similares. Pero la calidad de la educación se estancó, allí no hay progreso. La ASF sólo pone números a los que los investigadores de la educación han denunciado desde hace años.
Resolver esos asuntos es urgente, pero parece que las autoridades destinan más tiempo a desmentir las murmuraciones, acaso alimentadas desde la misma Subsecretaría de Educación Básica y el SNTE, que quieren mandar a Josefina Vázquez Mota a la Cámara de Diputados.
¡Mal andamos en este país! Por más que uno quiera mirar con optimismo el futuro de la educación, las fallas institucionales y las grillas lo hacen pronosticar más fracasos que éxitos. Esos hechos y no la palabra del articulista es la que forma opinión.
La esencia de la profesión de educar consiste en leer, escribir y corregir los errores de los estudiantes, por eso afirmo que las huelgas de los docentes atentan contra el derecho a la educación.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
Mis artículos del 4 y el 11 de marzo, acerca de la quinta columna y el derecho a la educación, provocaron epístolas, tanto en el blog como en mi buzón electrónico, más nutridas que de costumbre. La mayoría de mis corresponsales aprueban mis comentarios, otros me critican y muchos ofrecen información adicional o relatan sus experiencias en el mundo de la educación. Es imposible dar respuesta a cada una de ellas, pero acuso recibo y me hago cargo de su contenido. Sin embargo, la afirmación de Miguel Ángel Viloria en el blog de Excélsior (12 de marzo) merece una réplica. Él me dice: “Le pregunto a este señor, que por qué no está solamente un día en un salón de clases atendiendo a niños que no son de su familia, leyendo, escribiendo, corrigiendo errores de tareas y lo más importante crear las condiciones del acto educativo, para usted es muy fácil hablar y escribir, pero muy difícil entrar en el complejo mundo del sector educativo y vivirlo”.
La escuela pública existe porque las familias no se pueden hacer cargo de la educación de sus hijos, se la encomiendan a los maestros y la sociedad les paga a ellos con sus impuestos. La esencia de la profesión de educar consiste en leer, escribir y corregir los errores de los estudiantes, por eso afirmo que las huelgas de los docentes atentan contra el derecho a la educación. Me parece incorrecto que Miguel Ángel rebata mi crítica porque supone que no doy clases, mas de eso vivo, pero aunque no fuera docente, tengo derecho, como cualquier otro ciudadano, a juzgar a los maestros irresponsables. Estoy de acuerdo en que es difícil entrar al mundo educativo, pero no es nada fácil escribir sobre él. Se trata de un trabajo arduo, demanda muchas horas de lectura, de diseño, de redactar borradores y enmendarlos varias veces antes de mandarlo al periódico. Agradezco su mensaje, aunque estemos en desacuerdo profundo, los lectores tienen derecho a expresar sus opiniones.
Los reportajes de Claudia Solera y Lilian Hernández (Excélsior, 15 y 16 de marzo) nutren el pesimismo. Claudia documenta cómo uno de los programas estrella del presente gobierno, Escuela Segura, navega en la desorientación, está en “obra negra” según los responsables de instrumentarlo y no hay señales de que avance en el futuro. La verdad, es difícil encontrar una solución eficaz contra la violencia y el tráfico de drogas en las escuelas, son fenómenos que rebasan al gobierno y a la sociedad en su conjunto. El programa de Escuela Segura, como se diseñó, no era una respuesta cabal a esas dificultades, pero tampoco un mero paliativo, contenía elementos de valía. Una de sus aristas concretas me parece correcta, el Programa no prescribe que los maestros sean gendarmes, sino guías. Por eso lastima que ni siquiera se pongan en marcha los proyectos ni se ejerzan los recursos para que los docentes hagan esa tarea.
El reportaje de Lilian retoma los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación sobre los desvaríos de la Carrera Magisterial. Aunque las palabras tal vez evoquen algo distinto, la CM es un esquema de incentivos que se diseñó y se acordó entre el gobierno y el SNTE en 1992 y comenzó su ejecución en 1993, en medio de desconcierto, oposición y falta de información, pero al final se impuso. Hoy muchos docentes y sus representantes, incluidos los de la disidencia, en vez de tratar de frenarla, bregan por que se incrementen los recursos destinados a ella. La CM perseguía dos propósitos, uno gubernamental, que fuera un instrumento para elevar la calidad de la educación; el otro, sindical, que mejorara los ingresos y el estatus social de los maestros.
El designio del sindicato se cumplió. Los docentes hoy tienen ingresos decorosos, incluso por encima de los de otros profesionales con niveles de educación similares. Pero la calidad de la educación se estancó, allí no hay progreso. La ASF sólo pone números a los que los investigadores de la educación han denunciado desde hace años.
Resolver esos asuntos es urgente, pero parece que las autoridades destinan más tiempo a desmentir las murmuraciones, acaso alimentadas desde la misma Subsecretaría de Educación Básica y el SNTE, que quieren mandar a Josefina Vázquez Mota a la Cámara de Diputados.
¡Mal andamos en este país! Por más que uno quiera mirar con optimismo el futuro de la educación, las fallas institucionales y las grillas lo hacen pronosticar más fracasos que éxitos. Esos hechos y no la palabra del articulista es la que forma opinión.
La esencia de la profesión de educar consiste en leer, escribir y corregir los errores de los estudiantes, por eso afirmo que las huelgas de los docentes atentan contra el derecho a la educación.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
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