Octavio Rodríguez AraujoLa Jornada/19 de marzo de 2009
Hace exactamente 10 años el rector Barnés, de la UNAM, me citó en su oficina para conversar sobre los sucesos del 15 de marzo. Yo era consejero universitario entonces. Le di mi opinión, es decir, que lo realizado el 15 había sido un error y que en sus manos estaba evitar la huelga propuesta por los estudiantes para el 20 de abril.
Para ese 15 de marzo el rector Barnés convocó parcialmente al Consejo Universitario (CU) a una reunión que en los hechos era clandestina, aunque luego se supo que tendría lugar en el Instituto Nacional de Cardiología, fuera de las instalaciones universitarias. Curiosamente, no fueron convocados los consejeros que presumiblemente estarían en contra de la propuesta del Reglamento General de Pagos (RGP) que supuestamente actualizaría las antiguas cuotas al precio de la moneda en ese momento. En esa reunión del CU se aprobó la propuesta del rector en menos de media hora, e inmediatamente después de pasar la lista de los consejeros presentes, mientras afuera del recinto de Cardiología otros consejeros pugnaban por ingresar. Fue un fast track que habría de revertírseles a las autoridades, al extremo de que un amplio sector de estudiantes emplazaría a huelga para el 20 de abril con el objeto de echar abajo esa medida de muy dudosa legalidad y, desde luego, ilegítima por la forma en que había sido aprobada. La paradoja de esta reunión del CU, que fue entre otras cosas un insulto a la inteligencia, fue que a partir de ella muchos de los estudiantes y académicos que antes estaban a favor de las cuotas se convirtieron en sus opositores. Fue en ese momento que las posiciones se polarizaron: por un lado quienes estaban en contra de las cuotas y por el otro quienes prefirieron hacer una manifestación silenciosa sin la asistencia del rector Barnés (20/4/99) en Ciudad Universitaria porque era muy poco o nada lo que tenían que decir, aunque su manifestación era precisamente para apoyar la propuesta del rector. Peor aún, con esa reunión se erosionó todavía más a los cuerpos colegiados de la universidad, llevando al Consejo Universitario al desprestigio ante la comunidad y la opinión pública. Con este desprestigio se les daban a los estudiantes argumentos para actuar al margen de las instituciones y de la legislación universitaria al no responder a sus exigencias y demandas. No es casual que más adelante los estudiantes repudiaran toda forma de organización y de jerarquías en lo que habrían de ser el Consejo General de Huelga (CGH) y los Comités de Huelga (CH) en cada dependencia universitaria.
El 11 de febrero de 1999 el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, anunció su proyecto de actualización de cuotas que tendrían que pagar los estudiantes por inscripción y colegiatura. Fue advertido, por varios que teníamos acceso directo a él, que tal medida habría de provocar un movimiento, principalmente estudiantil, pero el rector desestimó esas opiniones pese a que fueron fundamentadas con experiencias anteriores y con ejemplos de la situación del país en ese momento y para el futuro inmediato.
Se inició una polémica en torno a la gratuidad de las universidades públicas y se estableció una controversia sobre la interpretación del artículo 3° constitucional, particularmente en relación con la fracción IV, que establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Rectoría y sus voceros echaron mano de todos los antecedentes que pudieron, incluso de opiniones de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no habían creado jurisprudencia, y se intentó, por parte de esos voceros, la subordinación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a un artículo de la Ley Orgánica de la UNAM en donde se prevé el cobro de cuotas por servicios prestados.
La polémica en torno a la gratuidad de la educación superior en universidades públicas no fue resuelta, sino más bien pospuesta, pero era una demanda de sectores de izquierda tanto entre estudiantes como entre académicos, y se convirtió en la demanda principal del que habría de convertirse en el movimiento estudiantil más importante en México en los últimos años (aunque luego fuera tergiversado por los ultras del CGH).
El tema de las cuotas por inscripción y colegiatura no era nuevo. En 1948, cuando el rector Zubirán estableció el reglamento de pagos que luego habría de reformar el rector Garrido en 1950 (y que fue el vigente hasta antes de la sesión del Consejo Universitario del 15 de marzo de 1999), en 1948, repito, se generó un movimiento estudiantil en contra. La universidad distaba mucho de ser una entidad masiva, sin embargo el movimiento llevó a la renuncia de Zubirán. A mediados de los años 60, siendo rector Ignacio Chávez, el tema, junto con la reglamentación de ingreso a la UNAM, provocó también descontento y organización de fuerzas que llevaron al rector a la renuncia. En 1986 y 1987, con Jorge Carpizo al frente de la rectoría, se quiso aumentar también el monto de las cuotas, y el rector prefirió, por otro movimiento estudiantil, retirar su propuesta y el Consejo Universitario suspendió las reformas. A principios de su rectorado, José Sarukhán intentó cambiar el reglamento de pagos y, por supuesto, aumentar el monto de las cuotas. Recibió apoyos de sus colaboradores y de directores afines a la rectoría y rechazo de muchos estudiantes. De repente, Sarukhán echó marcha atrás, y según se especuló entonces, fue por instrucciones del presidente Salinas de Gortari transmitidas por uno de sus colaboradores entonces de confianza: el jefe del Departamento del Distrito Federal.
Las cuotas en la UNAM, como se puede ver de este breve resumen, han sido un asunto difícil que, sin duda, ha provocado movimientos estudiantiles cada vez que se toca. El rector Barnés de Castro, a pesar de la oposición que había entre académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, propuso su reforma e hizo lo que pudo (o quiso) para que se aprobara, sin legitimidad y con ominosas sombras de duda sobre las formas en que fue convocado y conducido el CU para el efecto, el 15 de marzo de 1999.
Juan Ramón de la Fuente no tocó el tema, ni José Narro lo tocará. Ambos supieron (saben) que el aumento de cuotas no representaría, ni en el mejor de los casos, el 3 por ciento del presupuesto total de la UNAM, y que por ese porcentaje no vale la pena generar un movimiento.
Para ese 15 de marzo el rector Barnés convocó parcialmente al Consejo Universitario (CU) a una reunión que en los hechos era clandestina, aunque luego se supo que tendría lugar en el Instituto Nacional de Cardiología, fuera de las instalaciones universitarias. Curiosamente, no fueron convocados los consejeros que presumiblemente estarían en contra de la propuesta del Reglamento General de Pagos (RGP) que supuestamente actualizaría las antiguas cuotas al precio de la moneda en ese momento. En esa reunión del CU se aprobó la propuesta del rector en menos de media hora, e inmediatamente después de pasar la lista de los consejeros presentes, mientras afuera del recinto de Cardiología otros consejeros pugnaban por ingresar. Fue un fast track que habría de revertírseles a las autoridades, al extremo de que un amplio sector de estudiantes emplazaría a huelga para el 20 de abril con el objeto de echar abajo esa medida de muy dudosa legalidad y, desde luego, ilegítima por la forma en que había sido aprobada. La paradoja de esta reunión del CU, que fue entre otras cosas un insulto a la inteligencia, fue que a partir de ella muchos de los estudiantes y académicos que antes estaban a favor de las cuotas se convirtieron en sus opositores. Fue en ese momento que las posiciones se polarizaron: por un lado quienes estaban en contra de las cuotas y por el otro quienes prefirieron hacer una manifestación silenciosa sin la asistencia del rector Barnés (20/4/99) en Ciudad Universitaria porque era muy poco o nada lo que tenían que decir, aunque su manifestación era precisamente para apoyar la propuesta del rector. Peor aún, con esa reunión se erosionó todavía más a los cuerpos colegiados de la universidad, llevando al Consejo Universitario al desprestigio ante la comunidad y la opinión pública. Con este desprestigio se les daban a los estudiantes argumentos para actuar al margen de las instituciones y de la legislación universitaria al no responder a sus exigencias y demandas. No es casual que más adelante los estudiantes repudiaran toda forma de organización y de jerarquías en lo que habrían de ser el Consejo General de Huelga (CGH) y los Comités de Huelga (CH) en cada dependencia universitaria.
El 11 de febrero de 1999 el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, anunció su proyecto de actualización de cuotas que tendrían que pagar los estudiantes por inscripción y colegiatura. Fue advertido, por varios que teníamos acceso directo a él, que tal medida habría de provocar un movimiento, principalmente estudiantil, pero el rector desestimó esas opiniones pese a que fueron fundamentadas con experiencias anteriores y con ejemplos de la situación del país en ese momento y para el futuro inmediato.
Se inició una polémica en torno a la gratuidad de las universidades públicas y se estableció una controversia sobre la interpretación del artículo 3° constitucional, particularmente en relación con la fracción IV, que establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Rectoría y sus voceros echaron mano de todos los antecedentes que pudieron, incluso de opiniones de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no habían creado jurisprudencia, y se intentó, por parte de esos voceros, la subordinación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a un artículo de la Ley Orgánica de la UNAM en donde se prevé el cobro de cuotas por servicios prestados.
La polémica en torno a la gratuidad de la educación superior en universidades públicas no fue resuelta, sino más bien pospuesta, pero era una demanda de sectores de izquierda tanto entre estudiantes como entre académicos, y se convirtió en la demanda principal del que habría de convertirse en el movimiento estudiantil más importante en México en los últimos años (aunque luego fuera tergiversado por los ultras del CGH).
El tema de las cuotas por inscripción y colegiatura no era nuevo. En 1948, cuando el rector Zubirán estableció el reglamento de pagos que luego habría de reformar el rector Garrido en 1950 (y que fue el vigente hasta antes de la sesión del Consejo Universitario del 15 de marzo de 1999), en 1948, repito, se generó un movimiento estudiantil en contra. La universidad distaba mucho de ser una entidad masiva, sin embargo el movimiento llevó a la renuncia de Zubirán. A mediados de los años 60, siendo rector Ignacio Chávez, el tema, junto con la reglamentación de ingreso a la UNAM, provocó también descontento y organización de fuerzas que llevaron al rector a la renuncia. En 1986 y 1987, con Jorge Carpizo al frente de la rectoría, se quiso aumentar también el monto de las cuotas, y el rector prefirió, por otro movimiento estudiantil, retirar su propuesta y el Consejo Universitario suspendió las reformas. A principios de su rectorado, José Sarukhán intentó cambiar el reglamento de pagos y, por supuesto, aumentar el monto de las cuotas. Recibió apoyos de sus colaboradores y de directores afines a la rectoría y rechazo de muchos estudiantes. De repente, Sarukhán echó marcha atrás, y según se especuló entonces, fue por instrucciones del presidente Salinas de Gortari transmitidas por uno de sus colaboradores entonces de confianza: el jefe del Departamento del Distrito Federal.
Las cuotas en la UNAM, como se puede ver de este breve resumen, han sido un asunto difícil que, sin duda, ha provocado movimientos estudiantiles cada vez que se toca. El rector Barnés de Castro, a pesar de la oposición que había entre académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, propuso su reforma e hizo lo que pudo (o quiso) para que se aprobara, sin legitimidad y con ominosas sombras de duda sobre las formas en que fue convocado y conducido el CU para el efecto, el 15 de marzo de 1999.
Juan Ramón de la Fuente no tocó el tema, ni José Narro lo tocará. Ambos supieron (saben) que el aumento de cuotas no representaría, ni en el mejor de los casos, el 3 por ciento del presupuesto total de la UNAM, y que por ese porcentaje no vale la pena generar un movimiento.
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