Humberto MusacchioExcélsior/26 de marzo de 2009
Con ingenuidad falsa y por tanto perversa, el gobierno panista demandó de Estados Unidos algo semejante al Plan Colombia, mecanismo que ha permitido al gobierno estadunidense dirigir y aun dosificar la lucha contra el narcotráfico en aquel sufrido país, pero también le da injerencia directa en la orientación del combate a los grupos guerrilleros.
El Plan Colombia, que parece animado de los mejores propósitos, es sólo un disfraz del tradicional intervencionismo, pero que en este caso permite la actuación de mandos militares foráneos en la propia casa de los colombianos, quienes han de acatar las instrucciones de quienes pagan miles de millones de dólares.
Para la avaricia del neopanismo, establecer un acuerdo semejante de “cooperación” permitiría disponer de gruesas cantidades de dinero que, como en el caso colombiano, acaban en los bolsillos de politicastros desvergonzados, de militares antipatriotas y de un enjambre de publicistas, vendedores de armas y proveedores de toda clase de servicios.
Por eso, cuando se anunció la Iniciativa Mérida, el grupo en el poder se relamió los bigotes, pues significaba un ingreso cuantiosísimo que deja a los funcionarios un amplio margen de maniobra y una extraña discrecionalidad (tan extraña, que permite un manejo oscuro de los fondos sin que necesariamente eso se refleje en eficacia de la lucha contra el narcotráfico ni en mejor capacitación y dotación de los cuerpos policiales ni en una baja del consumo).
Cada vez que se escuchan palabras como “ayuda” o “cooperación” pronunciadas por Washington hay que persignarse, pues invariablemente significan nuevos y mayores intentos de sujeción al interés estadunidense, que pocas veces es el mismo de Latinoamérica. Por ejemplo, ahora se discute el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México mientras se incrementa el número de efectivos de la Patrulla Fronteriza y el FBI se apresta a abrir un centro de espionaje regional en los límites entre ambos países.
Por supuesto, se nos quiere vender la idea, falsa, de que las mafias pasan su mercancía por cualquier punto de los miles de kilómetros de frontera. Pero no es cierto. La mayor parte de los embarques, como está repetidamente documentado, pasan a través de las aduanas, ante el disimulo bien pagado de los agentes de aquí y de allá.
Si la anunciada cooperación fuera un propósito real y sincero, el gobierno estadunidense impediría en sus aduanas el paso de camiones cargados de mariguana, cocaína y otros estupefacientes. Pero, que se sepa, hasta ahora no se anunciado algún plan para poner orden entre los aduaneros de ese país, tan corruptos como los de acá.
Si Washington de veras se propusiera impedir el trasiego de drogas, los cargamentos no atravesarían todo el territorio de la llamada Unión Americana para llegar intactos a Nueva York o Chicago, que no están precisamente a un paso de la frontera con México.
Si de verdad se propusieran las autoridades del país vecino impedir el comercio de sustancias prohibidas, por cada narcotraficante que acá es detenido los vecinos deberían poner en la cárcel cuando menos a un delincuente dedicado a la venta de drogas. Pero no hay tal. Mientras que aquí las autoridades se jactan de cuanto pobre diablo meten en prisión, allá sólo de vez en cuando se sabe de la caída de un pez gordo.
Por supuesto, la mejor manera de acabar con las mafias del narco es mediante una legalización debidamente reglamentada de las drogas, de algunas de ellas por lo menos. Si la mariguana o la coca se pueden comprar legalmente, carece entonces de sentido arriesgarse a adquirirlas en el mercado negro.
Pero quienes se oponen más ferozmente a la legalización de las drogas ni siquiera son los traficantes, sino sus presuntos enemigos y principales beneficiarios de la guerra contra el narco, que son precisamente políticos y jefes medios y superiores de las fuerzas dedicadas a combatir la delincuencia. Entre éstos se han amasado cuantiosas fortunas ante las cuales las contralorías y la Secretaría de la Función Pública se voltean piadosamente para otro lado.
El actual interés de la Casa Blanca por México es mayor porque el poderoso vecino no puede ver con indiferencia la cotidiana carnicería en su traspatio. La ineptitud de las autoridades mexicanas, la corrupción de sus cuerpos policiacos y el despliegue del Ejército, que debería estar atento a otras cosas, son síntomas de un creciente y peligroso desgobierno.
El interés mayor del gobierno de Estados Unidos no es acabar con el narcotráfico, pues se trata del mercado de drogas más grande y próspero del mundo. En tiempos de crisis, deudas y desempleo, es mejor que la ciudadanía se mantenga tranquila, para lo cual sirve generosamente el consumo de estupefacientes. La verdadera preocupación es que la violencia mexicana rebase las fronteras —de hecho ya las rebasó— y la orgía criminal se traslade al otro lado, donde hay más dinero y más intereses para las mafias. Esa es la real preocupación.
hum_mus@hotmail.com
El Plan Colombia, que parece animado de los mejores propósitos, es sólo un disfraz del tradicional intervencionismo, pero que en este caso permite la actuación de mandos militares foráneos en la propia casa de los colombianos, quienes han de acatar las instrucciones de quienes pagan miles de millones de dólares.
Para la avaricia del neopanismo, establecer un acuerdo semejante de “cooperación” permitiría disponer de gruesas cantidades de dinero que, como en el caso colombiano, acaban en los bolsillos de politicastros desvergonzados, de militares antipatriotas y de un enjambre de publicistas, vendedores de armas y proveedores de toda clase de servicios.
Por eso, cuando se anunció la Iniciativa Mérida, el grupo en el poder se relamió los bigotes, pues significaba un ingreso cuantiosísimo que deja a los funcionarios un amplio margen de maniobra y una extraña discrecionalidad (tan extraña, que permite un manejo oscuro de los fondos sin que necesariamente eso se refleje en eficacia de la lucha contra el narcotráfico ni en mejor capacitación y dotación de los cuerpos policiales ni en una baja del consumo).
Cada vez que se escuchan palabras como “ayuda” o “cooperación” pronunciadas por Washington hay que persignarse, pues invariablemente significan nuevos y mayores intentos de sujeción al interés estadunidense, que pocas veces es el mismo de Latinoamérica. Por ejemplo, ahora se discute el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México mientras se incrementa el número de efectivos de la Patrulla Fronteriza y el FBI se apresta a abrir un centro de espionaje regional en los límites entre ambos países.
Por supuesto, se nos quiere vender la idea, falsa, de que las mafias pasan su mercancía por cualquier punto de los miles de kilómetros de frontera. Pero no es cierto. La mayor parte de los embarques, como está repetidamente documentado, pasan a través de las aduanas, ante el disimulo bien pagado de los agentes de aquí y de allá.
Si la anunciada cooperación fuera un propósito real y sincero, el gobierno estadunidense impediría en sus aduanas el paso de camiones cargados de mariguana, cocaína y otros estupefacientes. Pero, que se sepa, hasta ahora no se anunciado algún plan para poner orden entre los aduaneros de ese país, tan corruptos como los de acá.
Si Washington de veras se propusiera impedir el trasiego de drogas, los cargamentos no atravesarían todo el territorio de la llamada Unión Americana para llegar intactos a Nueva York o Chicago, que no están precisamente a un paso de la frontera con México.
Si de verdad se propusieran las autoridades del país vecino impedir el comercio de sustancias prohibidas, por cada narcotraficante que acá es detenido los vecinos deberían poner en la cárcel cuando menos a un delincuente dedicado a la venta de drogas. Pero no hay tal. Mientras que aquí las autoridades se jactan de cuanto pobre diablo meten en prisión, allá sólo de vez en cuando se sabe de la caída de un pez gordo.
Por supuesto, la mejor manera de acabar con las mafias del narco es mediante una legalización debidamente reglamentada de las drogas, de algunas de ellas por lo menos. Si la mariguana o la coca se pueden comprar legalmente, carece entonces de sentido arriesgarse a adquirirlas en el mercado negro.
Pero quienes se oponen más ferozmente a la legalización de las drogas ni siquiera son los traficantes, sino sus presuntos enemigos y principales beneficiarios de la guerra contra el narco, que son precisamente políticos y jefes medios y superiores de las fuerzas dedicadas a combatir la delincuencia. Entre éstos se han amasado cuantiosas fortunas ante las cuales las contralorías y la Secretaría de la Función Pública se voltean piadosamente para otro lado.
El actual interés de la Casa Blanca por México es mayor porque el poderoso vecino no puede ver con indiferencia la cotidiana carnicería en su traspatio. La ineptitud de las autoridades mexicanas, la corrupción de sus cuerpos policiacos y el despliegue del Ejército, que debería estar atento a otras cosas, son síntomas de un creciente y peligroso desgobierno.
El interés mayor del gobierno de Estados Unidos no es acabar con el narcotráfico, pues se trata del mercado de drogas más grande y próspero del mundo. En tiempos de crisis, deudas y desempleo, es mejor que la ciudadanía se mantenga tranquila, para lo cual sirve generosamente el consumo de estupefacientes. La verdadera preocupación es que la violencia mexicana rebase las fronteras —de hecho ya las rebasó— y la orgía criminal se traslade al otro lado, donde hay más dinero y más intereses para las mafias. Esa es la real preocupación.
hum_mus@hotmail.com
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