Drogas, amenaza en el entorno escolar

Emilio Zebadúa

La Crónica de Hoy/30 de marzo de 2009

Se cumplen más de dos años de que el presidente Felipe Calderón presentó en Tlaquepaque, Jalisco, el programa Escuela Segura, como una estrategia del gobierno federal para frenar el creciente fenómeno de la inseguridad en los entornos escolares de primaria y secundaria, en aquellas regiones amenazadas por la delincuencia organizada y el narcotráfico.El sistema educativo mexicano es uno de los más amplios y complejos de la región.

En el ciclo escolar 2007/2008, sumó más de 37 millones 700 mil alumnos en el conjunto de los servicios que ofrece, de los cuales la matrícula en educación básica asciende a cerca de 25 millones de alumnos, es decir, el 76.5% del total de estudiantes en el país. El de mayor proporción corresponde al nivel primaria con 14 millones 654 mil alumnos (57.4%), mientras que secundaria y preescolar conforman el 24.0% y 18.5% de la matrícula.

Este universo de estudiantes en el nivel básico reciben instrucción de poco más de un millón 144 mil maestros, en las más de 220 mil escuelas que existen en todo el territorio nacional, algunas de ellas ubicadas en zonas consideradas por las autoridades educativas federales y estatales de alto riesgo por los índices de inseguridad que privan en los alrededores próximos.

ADICCIONES Y VIOLENCIA ESCOLAR

Uno de las grandes problemáticas detectadas por el gobierno federal es el de las adicciones a sustancias nocivas, puesto que en sólo seis años creció 50 por ciento el número de personas adictas a las drogas ilegales y en 30 por ciento la cifra de quienes alguna vez las han consumido, pero el grupo de mujeres de entre 12 y 25 años de edad, dependientes de cocaína y drogas de diseño, aumentó seis veces en el mismo periodo, según establece la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

El uso de drogas en nuestro país es un problema grave y se torna más complejo si sumamos la concurrencia de actos de violencia dentro y fuera de los centros escolares y el consumo de alcohol y/o drogas; esto significa que estamos ante factores que se asocian con un bajo desempeño escolar, menor aprovechamiento escolar, así como incapacidad de los alumnos para vincularse con compañeros, maestros y personal escolar. Y como se sabe, los narcomenudistas buscan comercializar la droga en los entornos escolares.

Sobran razones para comprender la preocupación de los padres de familia, autoridades educativas y la sociedad en general, porque los menores puedan contar con centros escolares seguros. Y eso implica que los alumnos cuenten también con un ambiente escolar adecuado y sin riesgos en aquellos planteles que, como se establece en el diagnóstico de la Alianza por la Calidad de la Educación, se encuentran en grave deterioro mobiliario y equipo.

Las maestras y los maestros, que desde hace varios años han expuesto esa problemática a las autoridades gubernamentales, vienen trabajado de manera corresponsable con los padres de familia frente a estos fenómenos (violencia, consumo de alcohol, tabaco y drogas prohibidas) que acechan los ambientes escolares, particularmente los que se ubican en zonas de alto riesgo. Recientemente, por citar un ejemplo, las autoridades del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se referían a las dificultades que enfrentan en el día a día, los cerca de mil 200 instructores comunitarios que laboran en un nivel de alto riesgo en el denominado “Triángulo Dorado”, que agrupa los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa, y en donde el narcotráfico tiene una fuerte presencia.

Justamente en ello radica la importancia del programa Escuela Segura. Hay, pues, un reconocimiento oficial de que las adicciones y la violencia en las escuelas son un hecho real. Al cierre de 2008, 13 mil 753 escuela se encontraban dentro del programa y para el 2012 la meta que se ha fijado el gobierno federal es que tengan 37 mil centros escolares.

La lucha contra el narcotráfico, por lo mismo, tiene que ir más allá de las tareas persecutorias. Es imperativo que en la guerra a las drogas se designen mayores recursos para la creación de un mayor número de programas de rehabilitación de consumidores de drogas a través de nuestro sistema de salud y la educación de los menores y los jóvenes en materia de prevención de adicciones; es decir, una atención integral a este asunto de salud pública.

Hoy que los tres órdenes de gobierno instrumentan acciones para contrarrestar el flagelo de la violencia que asola al país, resulta fundamental que de los programas orientados a generar el clima necesario para que las escuelas públicas de educación básica sean espacios seguros y confiables para los alumnos y los maestros, surjan los resultados esperados en cuanto al desarrollo de una cultura de prevención en materia de adicciones, competencias encaminadas al auto-cuidado, el ejercicio responsable de la libertad y la resolución de conflictos por la vía del diálogo, ante los riesgos que implican para los jóvenes la proliferación de la venta y el consumo de drogas en el entorno escolar.

emilio.zebadua@hotmail.com