Humberto MusacchioExcélsior/19 de marzo de 2009
En el viejo régimen los periodistas eran intocables a cambio, por supuesto, de publicar solamente aquello que no resultara molesto al poder. Para los bien portados, según su importancia, había gratificaciones abundantes y un trato de privilegio que iba desde el perdón por infracciones de tránsito hasta el enriquecimiento de los altos ejecutivos.
La llegada del PAN al poder ocurrió cuando el viejo orden crujía por todos los costados, cuando los mecanismos de control que operaron por décadas eran víctimas de su decrepitud, habían fallecido de muerte natural o estaban sumidos en la mayor inoperancia, sin capacidad para garantizar la reproducción del sistema o siquiera su preservación.
Como anotación al paso, digamos que el muy posible regreso del PRI al poder en 2012 no significará la restauración del viejo régimen, pues ya no existen las condiciones ni los mecanismos que le permitieron existir por lo menos setenta años, con la unificación política de las llamadas fuerzas vivas, todas en un mismo partido pero a la vez rígidamente estamentadas y controladas mediante la aplicación de métodos a veces brutales, pero generalmente sutiles; ya no hay la inmensa cantidad de puestos públicos a disposición de los cuadros medios y altos ni un Estado que podía ser dadivoso por la fuerza incontrastable del sector público de la economía y ya no tiene vigencia aquella ideología que funcionó como el cemento capaz de cohesionar al país.
Nada de eso existe más, pero algunos gobernadores del PRI creen que pueden seguir actuando como en las viejas circunstancias, dejando hacer negocios a familiares y amigos, gobernando con el clan de los inseparables, empleando el poder para atender asuntos particulares, presionar y golpear a los remisos y a los rebeldes.
El periodismo de hoy se parece muy poco al del antiguo orden. Hay órganos que siguen fieles al presidencialismo, aunque esta institución ya no es ni la sombra de lo que fue, pero mantienen sus lealtades, más por inercia que por necesidad, más por miedo a los sectores contestatarios que por confianza en los poderes institucionales. Pero incluso dentro de ese periodismo, digamos, tradicional, hay espacios amplios para la disidencia y la crítica y, por supuesto, junto a la prensa anquilosada ha surgido otra, inquisitiva, respondona e insatisfecha con la opacidad gubernamental, con los usos y abusos del poder.
Es el caso de Contralínea, la revista que dirige Miguel Badillo, que ha suscitado las iras de quienes se benefician de relaciones no siempre claras con el poder. Ahora mismo, Badillo y varios de sus colaboradores están sometidos a una feroz persecución judicial que no ocurriría en un país respetuoso de la libertad de expresión ni con policías y jueces menos dispuestos a pisotear el derecho con tal de servir a quienes tienen el dinero.
Una publicación de la misma empresa que edita la revista de la capital es Contralínea Sonora, la que ha sido objeto de una hostilidad manifiesta por parte de las autoridades sonorenses, en especial del gobernador Eduardo Robinson Bours Castelo. La citada publicación no es la primera que sufre la malquerencia de quienes detentan el poder en la entidad fronteriza. Antes fueron doblegados otros impresos que le resultaban molestos a la actual administración, muy destacadamente Cambio Sonora, que daba cabida a las mejores plumas de la República.
En ciertos momentos, incluso se ha llegado al extremo de impedir la libre circulación del semanario Proceso, pese a los enormes costos políticos que conlleva toda medida de censura contra una publicación influyente y de amplio tiraje. No le ha ido mejor a Contralínea Sonora, que ha debido soportar abusos sin cuento, medidas que dificultan su circulación, decomisos ilegales y hasta arbitrarias detenciones de su personal.
Este cúmulo de hechos verificables y atentatorios de la libertad de expresión llevaron a Álvaro Cepeda Neri, quien dirige Contralínea Sonora, a integrar un grueso expediente que por sí solo explica los motivos, que no razones, de la hostilidad gubernamental, pues reproduce las innumerables solicitudes de información que se han hecho a las autoridades sobre el manejo de dineros públicos, desde luego con las respuestas por lo general insuficientes o elusivas que han merecido tales requerimientos o de plano la falta de respuesta.
“El expediente Bours. La corrupción de la transparecia, la transparencia de la corrupción” es el título del grueso volumen en el que Cepeda Neri agrupó la documentación que muestra cómo se ha escamoteado a los sonorenses el manejo de los recursos públicos. El periodista, en tono ciertamente duro, exhibe papeles comprometedores que para él prueban cómo se ha hecho de Sonora “un botín político, económico y para toda clase de arbitrariedades” y protesta enérgicamente porque la denuncia respectiva, presentada ante la Procuraduría General de la República (02/FEADP/07), no ha prosperado por “la tradicional impunidad que prevalece en nuestro país para los funcionarios de la élite”. Pues sí. Se despidió el viejo régimen, pero quedan sus lacras.
hum_mus@hotmail.com
La llegada del PAN al poder ocurrió cuando el viejo orden crujía por todos los costados, cuando los mecanismos de control que operaron por décadas eran víctimas de su decrepitud, habían fallecido de muerte natural o estaban sumidos en la mayor inoperancia, sin capacidad para garantizar la reproducción del sistema o siquiera su preservación.
Como anotación al paso, digamos que el muy posible regreso del PRI al poder en 2012 no significará la restauración del viejo régimen, pues ya no existen las condiciones ni los mecanismos que le permitieron existir por lo menos setenta años, con la unificación política de las llamadas fuerzas vivas, todas en un mismo partido pero a la vez rígidamente estamentadas y controladas mediante la aplicación de métodos a veces brutales, pero generalmente sutiles; ya no hay la inmensa cantidad de puestos públicos a disposición de los cuadros medios y altos ni un Estado que podía ser dadivoso por la fuerza incontrastable del sector público de la economía y ya no tiene vigencia aquella ideología que funcionó como el cemento capaz de cohesionar al país.
Nada de eso existe más, pero algunos gobernadores del PRI creen que pueden seguir actuando como en las viejas circunstancias, dejando hacer negocios a familiares y amigos, gobernando con el clan de los inseparables, empleando el poder para atender asuntos particulares, presionar y golpear a los remisos y a los rebeldes.
El periodismo de hoy se parece muy poco al del antiguo orden. Hay órganos que siguen fieles al presidencialismo, aunque esta institución ya no es ni la sombra de lo que fue, pero mantienen sus lealtades, más por inercia que por necesidad, más por miedo a los sectores contestatarios que por confianza en los poderes institucionales. Pero incluso dentro de ese periodismo, digamos, tradicional, hay espacios amplios para la disidencia y la crítica y, por supuesto, junto a la prensa anquilosada ha surgido otra, inquisitiva, respondona e insatisfecha con la opacidad gubernamental, con los usos y abusos del poder.
Es el caso de Contralínea, la revista que dirige Miguel Badillo, que ha suscitado las iras de quienes se benefician de relaciones no siempre claras con el poder. Ahora mismo, Badillo y varios de sus colaboradores están sometidos a una feroz persecución judicial que no ocurriría en un país respetuoso de la libertad de expresión ni con policías y jueces menos dispuestos a pisotear el derecho con tal de servir a quienes tienen el dinero.
Una publicación de la misma empresa que edita la revista de la capital es Contralínea Sonora, la que ha sido objeto de una hostilidad manifiesta por parte de las autoridades sonorenses, en especial del gobernador Eduardo Robinson Bours Castelo. La citada publicación no es la primera que sufre la malquerencia de quienes detentan el poder en la entidad fronteriza. Antes fueron doblegados otros impresos que le resultaban molestos a la actual administración, muy destacadamente Cambio Sonora, que daba cabida a las mejores plumas de la República.
En ciertos momentos, incluso se ha llegado al extremo de impedir la libre circulación del semanario Proceso, pese a los enormes costos políticos que conlleva toda medida de censura contra una publicación influyente y de amplio tiraje. No le ha ido mejor a Contralínea Sonora, que ha debido soportar abusos sin cuento, medidas que dificultan su circulación, decomisos ilegales y hasta arbitrarias detenciones de su personal.
Este cúmulo de hechos verificables y atentatorios de la libertad de expresión llevaron a Álvaro Cepeda Neri, quien dirige Contralínea Sonora, a integrar un grueso expediente que por sí solo explica los motivos, que no razones, de la hostilidad gubernamental, pues reproduce las innumerables solicitudes de información que se han hecho a las autoridades sobre el manejo de dineros públicos, desde luego con las respuestas por lo general insuficientes o elusivas que han merecido tales requerimientos o de plano la falta de respuesta.
“El expediente Bours. La corrupción de la transparecia, la transparencia de la corrupción” es el título del grueso volumen en el que Cepeda Neri agrupó la documentación que muestra cómo se ha escamoteado a los sonorenses el manejo de los recursos públicos. El periodista, en tono ciertamente duro, exhibe papeles comprometedores que para él prueban cómo se ha hecho de Sonora “un botín político, económico y para toda clase de arbitrariedades” y protesta enérgicamente porque la denuncia respectiva, presentada ante la Procuraduría General de la República (02/FEADP/07), no ha prosperado por “la tradicional impunidad que prevalece en nuestro país para los funcionarios de la élite”. Pues sí. Se despidió el viejo régimen, pero quedan sus lacras.
hum_mus@hotmail.com
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