Arnaldo CórdovaLa Jornada/15 de marzo de 2009
Pedir que los partidos políticos tengan una política internacional es como pedir peras al olmo. Deberían tener una para que su desempeño fuera óptimo, sobre todo cuando llegan al gobierno de un país. El que debe actuar sobre la base de una sólida política exterior es el propio Estado, pues de ello depende, muchísimas veces, su éxito en el gobierno interno de su sociedad. En México no hay partido que vea un campo de acción suyo en la política entre las naciones. Siempre es por ineptitud y por una supina incomprensión de la problemática mundial. Un partido con una política internacional sería un partido mucho más fuerte en la política interior de su país porque podría ofrecer mucho mejores opciones de pensamiento y de acción a sus ciudadanos y, además, su prestigio en el exterior jugaría a su favor adentro.
Un partido con vocación internacionalista debería mantener oficinas o enviados permanentes en los centros estratégicos del mundo que fueran sus correas de transmisión con los poderes que en él actúan. Los panistas gobernantes sólo saben moverse en los canales del franquismo que se ha empeñado en dar cuerpo a ese adefesio obsoleto que es la democracia cristiana (ya ni la Fundación Adenauer muestra deseos de seguir invirtiendo sus fondos en la aventura); los priístas, de vez en cuando, echan un pelo al aire en los foros de la socialdemocracia a los que los introdujo Porfirio Muñoz Ledo. Del PRD ni hablar, como no sea las acciones de grupos militantes que se mantienen entre nuestros migrantes en Estados Unidos.
Los gobiernos priístas, por supuesto con sus muchos negros en el arroz, fueron maestros en su comportamiento en la arena internacional. La herencia internacionalista de la Revolución los proveyó de toda la experiencia política y jurídica de que necesitaban para defender la soberanía nacional y, por lo menos hasta el régimen lopezportillista, lo hicieron bastante bien. Los tres últimos sexenios priístas fueron diferentes. Entonces se pensó que ya no se debía mantener la firmeza de antaño ante los poderosos y que lo mejor era ponerse de acuerdo con ellos en todo y para todo. Así llegamos al TLCAN.
Los panistas en el gobierno de la nación, francamente, dan pena. Ya no se diga con Calderón. Puede ser que no haya en todo el México posrevolucionario un régimen que haya tocado tan a fondo el abismo de la ignominia y el desprestigio internacional como cuando Fox. Sus idioteces lacayunas y vergonzosas no sólo nos apartaron de nuestros iguales en el mundo, con los que a veces se supo hacer frente común, sino que nos convirtieron, como país y como Estado, en un instrumento fácil de los estúpidos que en las grandes potencias dirigían los asuntos del mundo. Calderón, aunque no tan tonto como su antecesor, ha seguido la misma línea que se puede resumir en una total rendición a discreción de los intereses nacionales ante los extranjeros poderosos.
Ese irrisorio sainete que se ha escenificado a raíz de la visita a nuestro país de ese pequeño demagogo que es hoy el jefe de Estado de Francia, muestra no sólo la debilidad y la falta de tablas diplomáticas de los panistas en el poder, sino también la infamante prepotencia de los gobernantes franceses frente a las naciones más débiles. Nunca se han dado cuenta de que, después de la derrota de Napoleón, fueron siempre un poder mundial de segunda. Sarkozy (húngaro de origen) hace demagogia barata y lo mostró en el caso de Ingrid Betancourt en Colombia, un montaje que incluso algunos ex funcionarios franceses han denunciado; ahora lo quiso hacer con una criminal convicta como lo es la secuestradora Florence Cassez, como si se tratara de lo mismo, sólo porque es una francesa.
Se alega el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas, signado en 1983 por los gobiernos europeos y abierto a la adhesión de otros países. El gobierno panista lo adoptó, tras aprobación del Senado del 24 de abril de 2007, el primero de noviembre del mismo año. Se trata de un convenio de corte humanitario y consiste, bajo petición que un Estado hace a favor de un condenado en un país por la comisión de un delito, de purgar su condena o el resto que le falta en su país de origen. Hay varias condiciones para ello. La que primero resalta es que la sentencia de la francesa en México aún no puede ser considerada firme (inciso b del párrafo 1 del artículo 3º del Convenio), pues aún queda la vía del amparo, después de dos instancias ya agotadas.
La solicitud la debe consentir el interesado o su representante, sólo en consideración a su edad o a su estado físico mental (inciso d del mismo ordenamiento), si bien debe hacerla el Estado que sea de cumplimiento de condena, en este caso Francia (se distingue del Estado de condena, en este caso México). No parecen ser las razones que se aducen en el caso de la francesa secuestradora. Sarkozy sólo alegó que se trata de una francesa e hizo suponer que las cárceles de condena en México no se parecen a las francesas y que la criminal debe estar mejor en estas últimas. Habrá que ver qué se decide por la vía de amparo en el caso. Por lo pronto, aunque en segunda instancia la sentencia haya sido reducida a dos terceras partes, se trata de un delito cometido con todas las agravantes y plenamente demostrado, pero todavía sin sentencia firme. No hay modo, por ello, de obsequiar el requerimiento del francés sólo porque se trata de una francesa.
Como se decía antaño, hay un pequeño bemol: según el párrafo 3 del artículo 9 del convenio, el cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento (en este caso Francia), y el inciso b del párrafo 1 del mismo artículo ofrece, mediante un procedimiento judicial o administrativo, substituir la condena del Estado de condena, en este caso México, y el gobierno mexicano lo renunció cuando nuestro país fuese Estado de cumplimiento. El Estado que se prospecta de cumplimiento, Francia, puede indultar a la incriminada (artículo 12 del convenio), y, para el caso, no importa, como dice el artículo 13, que el Estado de condena (México) pueda decidir de cualquier recurso de revisión, pues se trata de un indulto.
Las miras humanitarias del convenio no pueden ponerse a discusión. La abyección que nos ha caído a todos encima deriva más bien de la diplomacia, de la que depende el cumplimiento de dicho convenio, pues sólo los Estados pueden ser interlocutores de este intercambio. Sarkozy no empleó la vía diplomática. Sólo hizo su demanda ante el Senado mexicano y el gobierno de Calderón decide que se nombre una comisión para ver qué puede hacerse. ¿Qué más se podría decir ante tal abyecta rendición de banderas?
Un partido con vocación internacionalista debería mantener oficinas o enviados permanentes en los centros estratégicos del mundo que fueran sus correas de transmisión con los poderes que en él actúan. Los panistas gobernantes sólo saben moverse en los canales del franquismo que se ha empeñado en dar cuerpo a ese adefesio obsoleto que es la democracia cristiana (ya ni la Fundación Adenauer muestra deseos de seguir invirtiendo sus fondos en la aventura); los priístas, de vez en cuando, echan un pelo al aire en los foros de la socialdemocracia a los que los introdujo Porfirio Muñoz Ledo. Del PRD ni hablar, como no sea las acciones de grupos militantes que se mantienen entre nuestros migrantes en Estados Unidos.
Los gobiernos priístas, por supuesto con sus muchos negros en el arroz, fueron maestros en su comportamiento en la arena internacional. La herencia internacionalista de la Revolución los proveyó de toda la experiencia política y jurídica de que necesitaban para defender la soberanía nacional y, por lo menos hasta el régimen lopezportillista, lo hicieron bastante bien. Los tres últimos sexenios priístas fueron diferentes. Entonces se pensó que ya no se debía mantener la firmeza de antaño ante los poderosos y que lo mejor era ponerse de acuerdo con ellos en todo y para todo. Así llegamos al TLCAN.
Los panistas en el gobierno de la nación, francamente, dan pena. Ya no se diga con Calderón. Puede ser que no haya en todo el México posrevolucionario un régimen que haya tocado tan a fondo el abismo de la ignominia y el desprestigio internacional como cuando Fox. Sus idioteces lacayunas y vergonzosas no sólo nos apartaron de nuestros iguales en el mundo, con los que a veces se supo hacer frente común, sino que nos convirtieron, como país y como Estado, en un instrumento fácil de los estúpidos que en las grandes potencias dirigían los asuntos del mundo. Calderón, aunque no tan tonto como su antecesor, ha seguido la misma línea que se puede resumir en una total rendición a discreción de los intereses nacionales ante los extranjeros poderosos.
Ese irrisorio sainete que se ha escenificado a raíz de la visita a nuestro país de ese pequeño demagogo que es hoy el jefe de Estado de Francia, muestra no sólo la debilidad y la falta de tablas diplomáticas de los panistas en el poder, sino también la infamante prepotencia de los gobernantes franceses frente a las naciones más débiles. Nunca se han dado cuenta de que, después de la derrota de Napoleón, fueron siempre un poder mundial de segunda. Sarkozy (húngaro de origen) hace demagogia barata y lo mostró en el caso de Ingrid Betancourt en Colombia, un montaje que incluso algunos ex funcionarios franceses han denunciado; ahora lo quiso hacer con una criminal convicta como lo es la secuestradora Florence Cassez, como si se tratara de lo mismo, sólo porque es una francesa.
Se alega el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas, signado en 1983 por los gobiernos europeos y abierto a la adhesión de otros países. El gobierno panista lo adoptó, tras aprobación del Senado del 24 de abril de 2007, el primero de noviembre del mismo año. Se trata de un convenio de corte humanitario y consiste, bajo petición que un Estado hace a favor de un condenado en un país por la comisión de un delito, de purgar su condena o el resto que le falta en su país de origen. Hay varias condiciones para ello. La que primero resalta es que la sentencia de la francesa en México aún no puede ser considerada firme (inciso b del párrafo 1 del artículo 3º del Convenio), pues aún queda la vía del amparo, después de dos instancias ya agotadas.
La solicitud la debe consentir el interesado o su representante, sólo en consideración a su edad o a su estado físico mental (inciso d del mismo ordenamiento), si bien debe hacerla el Estado que sea de cumplimiento de condena, en este caso Francia (se distingue del Estado de condena, en este caso México). No parecen ser las razones que se aducen en el caso de la francesa secuestradora. Sarkozy sólo alegó que se trata de una francesa e hizo suponer que las cárceles de condena en México no se parecen a las francesas y que la criminal debe estar mejor en estas últimas. Habrá que ver qué se decide por la vía de amparo en el caso. Por lo pronto, aunque en segunda instancia la sentencia haya sido reducida a dos terceras partes, se trata de un delito cometido con todas las agravantes y plenamente demostrado, pero todavía sin sentencia firme. No hay modo, por ello, de obsequiar el requerimiento del francés sólo porque se trata de una francesa.
Como se decía antaño, hay un pequeño bemol: según el párrafo 3 del artículo 9 del convenio, el cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento (en este caso Francia), y el inciso b del párrafo 1 del mismo artículo ofrece, mediante un procedimiento judicial o administrativo, substituir la condena del Estado de condena, en este caso México, y el gobierno mexicano lo renunció cuando nuestro país fuese Estado de cumplimiento. El Estado que se prospecta de cumplimiento, Francia, puede indultar a la incriminada (artículo 12 del convenio), y, para el caso, no importa, como dice el artículo 13, que el Estado de condena (México) pueda decidir de cualquier recurso de revisión, pues se trata de un indulto.
Las miras humanitarias del convenio no pueden ponerse a discusión. La abyección que nos ha caído a todos encima deriva más bien de la diplomacia, de la que depende el cumplimiento de dicho convenio, pues sólo los Estados pueden ser interlocutores de este intercambio. Sarkozy no empleó la vía diplomática. Sólo hizo su demanda ante el Senado mexicano y el gobierno de Calderón decide que se nombre una comisión para ver qué puede hacerse. ¿Qué más se podría decir ante tal abyecta rendición de banderas?
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