José Luis PiñeyroEl Universal/14 de marzo de 2009
El año pasado, EL UNIVERSAL informó que la Secretaría de la Defensa Nacional calculaba en 500 mil personas la base de apoyo social del narcotráfico, compuesta en su mayoría por cultivadores de mariguana y amapola, más transportistas, distribuidores y sicarios.
Esta semana, el subsecretario del Departamento de Estados Unidos para narcóticos, David Johnson, proporcionó una cifra un poco menor (450 mil personas), y otro subsecretario, Thomas Shannon, afirmó que para América Latina, “con los presupuestos del sector público en riesgo, la disminución de las remesas y la pérdida de empleo, es obvio que el crimen organizado y los cárteles de la droga, presentan una atracción” (La Jornada, 11/III/09).
Para el caso de México habría que agregar la disminución de los ingresos petroleros, por turismo, exportaciones y de capital, y el aumento del desempleo (500 mil personas sólo para el primer semestre de 2009, según Manpower, cifra superior a los 325 mil calculados por el gobierno para todo el año), la migración ilegal, la economía informal y la criminal.
Esta empresa de recursos humanos señala que entre los estados con menos posibilidades de empleo están, entre otros, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, narcorregiones por excelencia. En perspectiva histórica reciente, se afirma: “El déficit acumulado por los gobiernos panistas alcanzaría 4 millones 332 mil plazas, la mayor parte de ellas absorbidas por la economía informal y sus vicios” (Alberto Barranco, “Lluvia sobre mojado”, (EL UNIVERSAL, 9/III/09).
A esta subutilización productiva de mano de obra, principalmente juvenil, habría que agregar al medio millón de personas de apoyo al narcotráfico, otros cientos de miles más relacionadas con otras actividades delictivas (tráfico ilegal de armas, migrantes, carros, mercancías, órganos humanos, mujeres y niños) para tener una idea completa del ejército de reserva criminal.
Además de esta degradación y desperdicio de mano de obra habría que sumar la descapitalización humana que representa la migración ilegal masiva anual de 500 mil compatriotas, del foxismo a la fecha, y en particular el éxodo anual del 20 mil connacionales con alto nivel de escolaridad, cuyo total de 1995 a 2008 suma 575 mil profesionistas y cuyo costo de preparación significó más de 100 mil millones de pesos para México (La Jornada, 3/III/09).
Todo lo anterior viene a colación porque se ha insistido de forma reiterada por voceros gubernamentales y empresariales que la criminalidad y la migración no responden a causas económicas, sino culturales (falta de valores familiares, religiosos, cívicos, de respeto a la legalidad e institucionalidad, para la primera; tradición familiar, emulación del sueño de vida americano y aventura, para la segunda) o político-sociales (corrupción, impunidad, ineficiencia para la visión gubernamental y falta de cohesión familiar y desarraigo para la iniciativa privada).
Fenómenos sociales como el narcotráfico y la migración nos muestran la parálisis del gobierno nacional y del conjunto de la clase gobernante. Tenemos encima una severa crisis económica que apenas empieza y en México se repiten las mismas recetas neoliberales. Se requiere urgentemente un cambio radical en la política policiaco-militar, económica, educativa y social que las transforme en políticas de Estado.
Parece que los gobernantes no ven ni entienden lo que se está tratando de hacer en el vecino país norteño. En México, el horno social no está para los bollos de siempre, sino para ensayar nuevas recetas con alimentos que nutran la moral y la fortaleza física de la nación y del Estado.
jlpineyro@aol.com
Profesor investigador de la UAM-A
Esta semana, el subsecretario del Departamento de Estados Unidos para narcóticos, David Johnson, proporcionó una cifra un poco menor (450 mil personas), y otro subsecretario, Thomas Shannon, afirmó que para América Latina, “con los presupuestos del sector público en riesgo, la disminución de las remesas y la pérdida de empleo, es obvio que el crimen organizado y los cárteles de la droga, presentan una atracción” (La Jornada, 11/III/09).
Para el caso de México habría que agregar la disminución de los ingresos petroleros, por turismo, exportaciones y de capital, y el aumento del desempleo (500 mil personas sólo para el primer semestre de 2009, según Manpower, cifra superior a los 325 mil calculados por el gobierno para todo el año), la migración ilegal, la economía informal y la criminal.
Esta empresa de recursos humanos señala que entre los estados con menos posibilidades de empleo están, entre otros, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, narcorregiones por excelencia. En perspectiva histórica reciente, se afirma: “El déficit acumulado por los gobiernos panistas alcanzaría 4 millones 332 mil plazas, la mayor parte de ellas absorbidas por la economía informal y sus vicios” (Alberto Barranco, “Lluvia sobre mojado”, (EL UNIVERSAL, 9/III/09).
A esta subutilización productiva de mano de obra, principalmente juvenil, habría que agregar al medio millón de personas de apoyo al narcotráfico, otros cientos de miles más relacionadas con otras actividades delictivas (tráfico ilegal de armas, migrantes, carros, mercancías, órganos humanos, mujeres y niños) para tener una idea completa del ejército de reserva criminal.
Además de esta degradación y desperdicio de mano de obra habría que sumar la descapitalización humana que representa la migración ilegal masiva anual de 500 mil compatriotas, del foxismo a la fecha, y en particular el éxodo anual del 20 mil connacionales con alto nivel de escolaridad, cuyo total de 1995 a 2008 suma 575 mil profesionistas y cuyo costo de preparación significó más de 100 mil millones de pesos para México (La Jornada, 3/III/09).
Todo lo anterior viene a colación porque se ha insistido de forma reiterada por voceros gubernamentales y empresariales que la criminalidad y la migración no responden a causas económicas, sino culturales (falta de valores familiares, religiosos, cívicos, de respeto a la legalidad e institucionalidad, para la primera; tradición familiar, emulación del sueño de vida americano y aventura, para la segunda) o político-sociales (corrupción, impunidad, ineficiencia para la visión gubernamental y falta de cohesión familiar y desarraigo para la iniciativa privada).
Fenómenos sociales como el narcotráfico y la migración nos muestran la parálisis del gobierno nacional y del conjunto de la clase gobernante. Tenemos encima una severa crisis económica que apenas empieza y en México se repiten las mismas recetas neoliberales. Se requiere urgentemente un cambio radical en la política policiaco-militar, económica, educativa y social que las transforme en políticas de Estado.
Parece que los gobernantes no ven ni entienden lo que se está tratando de hacer en el vecino país norteño. En México, el horno social no está para los bollos de siempre, sino para ensayar nuevas recetas con alimentos que nutran la moral y la fortaleza física de la nación y del Estado.
jlpineyro@aol.com
Profesor investigador de la UAM-A
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