Marcos Roitman RosenmannLa Jornada/29 de marzo de 2009
Resulta irónico que un proyecto consistente en destruir la formación humanista y la investigación básica tome el nombre de una de las primeras universidades nacidas para impulsarlo allá por el año 1150. Símbolo de excelencia académica, favoreció los estudios de gramática, lógica, filosofía aristotélica, medicina, matemáticas y derecho. En el renacimiento se consolida como la más grande en la enseñanza superior, contó con un centenar de profesores, destacando el hecho de tener en sus aulas a un porcentaje elevado de estudiantes extranjeros, llegando a 70 por ciento. Hoy la usurpación de su nombre por las multinacionales en connivencia con algunos gobiernos y autoridades de la Unión Europea es un despropósito.
El rechazo al Plan Bolonia tiene casi un lustro. Pero en este curso académico las protestas han cobrado relevancia por lo inminente de su puesta en práctica. La desaparición de licenciaturas, en beneficio de grados genéricos faltos de toda lógica educativa, ha terminado por desquiciar a la comunidad universitaria defensora de la universidad pública. La llamada de alerta es también una voz de socorro. La universidad pública se desmantela.
Bolonia es la antítesis del saber. Satisface las demandas del mercado, violando el objetivo señalado por educadores y pedagogos. Por esta vía se cierran carreras como ingeniería informática y especialidades como América Latina, entre otras. Los nuevos itinerarios expresan el control empresarial en la estructura universitaria. En ellas, se dejaría de realizar investigación básica en beneficio de la investigación aplicada dependiente de los oligopolios y trasnacionales de la alimentación, la farmacopea, automotriz, medios de comunicación e industrias armamentísticas y similares. Biólogos o bioquímicos cederán la utilización de laboratorios en pro de informes para Bayer, Monsanto, General Motor o Coca-Cola. Intereses espurios para incrementar sus ganancias. Ya no hay dinero ni interés para investigar sobre el calentamiento del planeta, el desastre ecológico, la desigualdad, el hambre o la explotación infantil; supone pérdida de tiempo. Sociólogos y politólogos deberán realizar encuestas para los grandes almacenes y medir los índices de aceptación de los líderes de partidos políticos o las expectativas de triunfo en los procesos electorales, y los periodistas serán educados por los monopolios de los medios de comunicación con sus libros de estilo.
En definitiva, Bolonia transforma el conocimiento, los saberes básicos y a los investigadores en un apéndice del mercado. No es casualidad que universidades europeas no se sumen al despropósito, Oxford y Cambridge por citar dos ejemplos destacados. También en Italia las facultades de derecho, entre ellas Bolonia, rechazan su puesta en práctica. Y en Francia están en pie de guerra. Algo similar ocurre en muchos otros países de la Unión Europea. En España, el estudiante de ingeniería informática superior Tomas Sayes lleva más de 30 días en huelga de hambre y después de la actuación de la policía ha decidido dejar de tomar glucosa y bebidas isotónicas, y fue hospitalizado. Sin embargo el gobierno señala que los detractores no pertenecen a la comunidad universitaria. Ajenos a ella pretenden crear caos. Así se justifica actuación de las fuerzas del orden para reprimir el movimiento estudiantil.
Con la visión mercantilista de la universidad concluye su articulación a la lógica del gran capital. En España, los consejos sociales de las universidades tienen la prerrogativa de aprobar los presupuestos y decidir sobre los planes de estudios. En ellos, tras el plan Bolonia, se ha incrementado la presencia de las grandes empresas. Así, los consejos sociales de la Universidad Carlos III y la Universidad a Distancia están dirigidos por Matías Rodríguez, vicepresidente del Banco Santander, y por César Alierta, presidente de Telefónica, respectivamente. En la Universidad Complutense participan miembros de la CEOE, el Banco Santander, Caja Madrid y el BBV, entre otros.
Las universidades públicas son privatizadas por esta vía, dejando al descubierto la manera como penetran los grandes capitales en la institución. Bolonia es reacia a fortalecer un saber acumulativo. Un conocimiento construido a base de esfuerzo y perseverancia, rechaza el rigor teórico en beneficio de una pragmática adecuada a las demandas del mercado. Se pide que el alumno opine y sea capaz de criticar artículos periodísticos, sencillos, de lectura rápida, seleccionados para hacer amena la clase. Se trata de convertir el aula en una tertulia y al profesor en un moderador.
La exclusión de los estudiantes, docentes y personal administrativo a la hora de elaborar y poner en práctica el proyecto es parte de una estrategia deliberada. Un elevado porcentaje de la comunidad científica se opone a él por sentido común. Sin embargo, el acuerdo con las empresas privadas, los bancos, las trasnacionales y los mezquinos intereses de autoridades han preferido mirar hacia otro lado y acelerar el desmantelamiento de la universidad pública. Por encima de criterios docentes, las propuestas de grado y postgrado consolidan el poder interno de un sector, el más mediocre, que en estas décadas se apoderó de los espacios universitarios bajo la propuesta de una gestión eficiente y empresarial. A los estudiantes se les transforma en clientes y el resto son usuarios de servicios. Bajo estos postulados se articula en plan de convergencia. Rectores dizque progresistas, como el de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, se transforma es un ferviente defensor de Bolonia y no duda en enviar a la policía, soslayando el principio de la autonomía universitaria, autorizando a la policía la incorporación al campus para reprimir las manifestaciones, tanto como emplear la seguridad privada contratada como auténticos matones o mafiosos. Otro tanto sucede con la Universidad de Barcelona. Una actitud que en tiempos de la dictadura franquista significaría una deshonra, hoy se justifica para imponer el orden y restablecer el consumo de “conocimientos” por los clientes. Son los defensores del gran capital, adjetivando a los sectores críticos como individuos violentos apegados a utopías regresivas. Corren malos tiempos para defender la universidad democrática, pública al servicio de la sociedad. Pero es necesario perseverar.
El rechazo al Plan Bolonia tiene casi un lustro. Pero en este curso académico las protestas han cobrado relevancia por lo inminente de su puesta en práctica. La desaparición de licenciaturas, en beneficio de grados genéricos faltos de toda lógica educativa, ha terminado por desquiciar a la comunidad universitaria defensora de la universidad pública. La llamada de alerta es también una voz de socorro. La universidad pública se desmantela.
Bolonia es la antítesis del saber. Satisface las demandas del mercado, violando el objetivo señalado por educadores y pedagogos. Por esta vía se cierran carreras como ingeniería informática y especialidades como América Latina, entre otras. Los nuevos itinerarios expresan el control empresarial en la estructura universitaria. En ellas, se dejaría de realizar investigación básica en beneficio de la investigación aplicada dependiente de los oligopolios y trasnacionales de la alimentación, la farmacopea, automotriz, medios de comunicación e industrias armamentísticas y similares. Biólogos o bioquímicos cederán la utilización de laboratorios en pro de informes para Bayer, Monsanto, General Motor o Coca-Cola. Intereses espurios para incrementar sus ganancias. Ya no hay dinero ni interés para investigar sobre el calentamiento del planeta, el desastre ecológico, la desigualdad, el hambre o la explotación infantil; supone pérdida de tiempo. Sociólogos y politólogos deberán realizar encuestas para los grandes almacenes y medir los índices de aceptación de los líderes de partidos políticos o las expectativas de triunfo en los procesos electorales, y los periodistas serán educados por los monopolios de los medios de comunicación con sus libros de estilo.
En definitiva, Bolonia transforma el conocimiento, los saberes básicos y a los investigadores en un apéndice del mercado. No es casualidad que universidades europeas no se sumen al despropósito, Oxford y Cambridge por citar dos ejemplos destacados. También en Italia las facultades de derecho, entre ellas Bolonia, rechazan su puesta en práctica. Y en Francia están en pie de guerra. Algo similar ocurre en muchos otros países de la Unión Europea. En España, el estudiante de ingeniería informática superior Tomas Sayes lleva más de 30 días en huelga de hambre y después de la actuación de la policía ha decidido dejar de tomar glucosa y bebidas isotónicas, y fue hospitalizado. Sin embargo el gobierno señala que los detractores no pertenecen a la comunidad universitaria. Ajenos a ella pretenden crear caos. Así se justifica actuación de las fuerzas del orden para reprimir el movimiento estudiantil.
Con la visión mercantilista de la universidad concluye su articulación a la lógica del gran capital. En España, los consejos sociales de las universidades tienen la prerrogativa de aprobar los presupuestos y decidir sobre los planes de estudios. En ellos, tras el plan Bolonia, se ha incrementado la presencia de las grandes empresas. Así, los consejos sociales de la Universidad Carlos III y la Universidad a Distancia están dirigidos por Matías Rodríguez, vicepresidente del Banco Santander, y por César Alierta, presidente de Telefónica, respectivamente. En la Universidad Complutense participan miembros de la CEOE, el Banco Santander, Caja Madrid y el BBV, entre otros.
Las universidades públicas son privatizadas por esta vía, dejando al descubierto la manera como penetran los grandes capitales en la institución. Bolonia es reacia a fortalecer un saber acumulativo. Un conocimiento construido a base de esfuerzo y perseverancia, rechaza el rigor teórico en beneficio de una pragmática adecuada a las demandas del mercado. Se pide que el alumno opine y sea capaz de criticar artículos periodísticos, sencillos, de lectura rápida, seleccionados para hacer amena la clase. Se trata de convertir el aula en una tertulia y al profesor en un moderador.
La exclusión de los estudiantes, docentes y personal administrativo a la hora de elaborar y poner en práctica el proyecto es parte de una estrategia deliberada. Un elevado porcentaje de la comunidad científica se opone a él por sentido común. Sin embargo, el acuerdo con las empresas privadas, los bancos, las trasnacionales y los mezquinos intereses de autoridades han preferido mirar hacia otro lado y acelerar el desmantelamiento de la universidad pública. Por encima de criterios docentes, las propuestas de grado y postgrado consolidan el poder interno de un sector, el más mediocre, que en estas décadas se apoderó de los espacios universitarios bajo la propuesta de una gestión eficiente y empresarial. A los estudiantes se les transforma en clientes y el resto son usuarios de servicios. Bajo estos postulados se articula en plan de convergencia. Rectores dizque progresistas, como el de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, se transforma es un ferviente defensor de Bolonia y no duda en enviar a la policía, soslayando el principio de la autonomía universitaria, autorizando a la policía la incorporación al campus para reprimir las manifestaciones, tanto como emplear la seguridad privada contratada como auténticos matones o mafiosos. Otro tanto sucede con la Universidad de Barcelona. Una actitud que en tiempos de la dictadura franquista significaría una deshonra, hoy se justifica para imponer el orden y restablecer el consumo de “conocimientos” por los clientes. Son los defensores del gran capital, adjetivando a los sectores críticos como individuos violentos apegados a utopías regresivas. Corren malos tiempos para defender la universidad democrática, pública al servicio de la sociedad. Pero es necesario perseverar.
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