Hoy se cumple una década de que el Consejo Universitario autorizó elevar las cuotas que pagan sus alumnos, decisión que originó la huelga estudiantil más larga de la UNAM; los protagonistas del hecho continúan hoy sus carreras NURIT MARTÍNEZ
El Universal/15 de marzo de 2009
Diez años después de la sesión del Consejo Universitario que duró apenas 20 minutos en el auditorio Ignacio Chávez del Instituto Nacional de Cardiología, en la que se aprobó el alza a cuotas en la UNAM —por la que un estudiante de licenciatura de esa casa de estudios pagaría cinco veces más que en el IPN y el doble que en la UAM, de no haberse tirado esa medida— los colectivos estudiantiles, reductos del Consejo General de Huelga (CGH), celebrarán hoy “la huelga que mantiene la UNAM gratuita”.
El gobierno federal encabezó la “presión” para que el rector Francisco Barnés incrementara las cuotas, con el fin de desencadenar los aumentos en las demás universidades públicas del país, plantea Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Estudios Sobre la Universidad y la Educación.
Hoy, la postura del Ejecutivo, en el escenario de la crisis de mayor impacto mundial, es otorgar “medidas de apoyo a los estudiantes, que siempre suenan bien en vísperas electorales. Eso es motivo suficiente para entender las cosas, además de que acomoda bien frente a la crisis”, dice José Blanco, asesor de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El aumento de las cuotas en las universidades públicas genera polémica cada vez que se plantea. Al menos tres conflictos en las últimas dos décadas en la UNAM; la destitución de funcionarios que lo han sugerido, como el subsecretario de Educación Superior, Julio Rubio Oca, al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón; o bien, la incomodidad ante las declaraciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que encabeza José Ángel Gurría.
La propuesta del entonces rector Francisco Barnés, aprobada el 15 de marzo de 1999, aún es motivo de polémica. Para José Blanco, la iniciativa de que estudiantes de bachillerato pagaran 15 días de salario mínimo y los de licenciatura 20 días de salario mínimo por semestre “era racionalmente correcto”, pues 90% del presupuesto público que llega a la institución va a salarios y prestaciones.
El monto que queda para inversión y proyectos es muy reducido, “más cuando se ven los perfiles de ciertos grupos que acuden a la UNAM y tienen un nivel de ingreso que les permite pagar más allá de los 50 centavos”.
Cifras de la Tesorería de la UNAM revelan que incluso en el paro estudiantil se recabaron 33 millones de pesos por cuotas voluntarias y sólo mil 643 alumnos de los 234 mil en ese momento no pagaron nada. Esto lleva a señalar que la huelga “tenía propósitos no claros. Es un capítulo oscuro en el manejo del conflicto por parte de actores que permanecieron en la oscuridad. Hubo otras razones políticas más poderosas que las racionales para tener recursos adicionales”, dice José Blanco.
El detonante de la movilización juvenil
Al día siguiente de aprobado el Reglamento, 16 de marzo de 1999, la Asamblea Estudiantil Universitaria y profesores “críticos” de la Rectoría denunciaron que la sesión se había realizado en medio de irregularidades al sólo convocar a “sus afines”, que provocó la inconformidad hacia la reforma. Barnés lo sabía. Siete días después, una encuesta en Ciudad Universitaria reveló que 81% de alumnos dudaban que hubiera sido un “proceso legítimo” y dos de cada tres se perfilaban en favor de una huelga estudiantil, señala Gerardo Dorantes, director general de Información de ese rectorado, en Conflicto y poder en la UNAM. La huelga de 1999.
El 20 de abril de 1999 se colocó en el asta de la explanada de Rectoría un pendón rojinegro que se multiplicó en 27 de 36 escuelas y facultades. Al día siguiente, con el cierre de la Facultad de Derecho y el primero de los cientos de enfrentamientos entre paristas y antiparistas —que se darían en 297 días de huelga—, iniciaba el que sería el paro más largo en la historia de la UNAM.
La inconformidad estudiantil recibió en un principio el apoyo de la mayoría de académicos y trabajadores administrativos, así como de grupos políticos y sociales que se mantuvieron presentes en el conflicto.
Pasaron casi dos meses para que Rectoría dialogara con estudiantes del CGH. Varias comisiones de académicos y funcionarios y la intervención de destacados e integrantes de la Cámara de Diputados hicieron que el Consejo Universitario y el rector se retractaran de la medida el 7 de junio, cuando se planteó la cuota semestral “voluntaria”.
La medida no tuvo el efecto deseado. Las campañas de definición de liderazgos en la dirigencia del PRD en la ciudad de México y luego las de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno capitalino y la definición de aspirantes presidenciales, hicieron que el movimiento estudiantil escalara en intereses. Todos los actores quedaron rebasados cuando en el CGH aparecieron los grupos extremistas “ultras y megaultras”, que llevaron a los jóvenes a intensificar los choques, con agresiones cada vez más violentas con la policía, como en la toma del Periférico el 14 de octubre y el 5 de noviembre de aquel año.
Para entonces, el presidente Ernesto Zedillo modificó su “gabinete de crisis”, con la incursión de Diódoro Carrasco y Jesús Murillo Karam, como secretario y subsecretario de Gobernación, para quienes Barnés “era parte del problema”, señala Gerardo Dorantes.
El 12 de noviembre, Barnés renunció a la Rectoría de la UNAM y, cinco días después, la Junta de Gobierno designó a Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, como nuevo rector. De inmediato propuso a los paristas reanudar el diálogo.
En enero de 2000, De la Fuente presentó una propuesta institucional para levantar la huelga, que dejaba sin efecto las cuotas, y un congreso universitario para analizar el Reglamento General de Inscripciones y Exámenes, que venía de 1997, entre otros puntos. La propuesta fue rechazada de nuevo por el CGH.
Rectoría convocó a la comunidad a un plebiscito el 20 de enero; 87% de 150 mil participantes respaldaron su propuesta.
Tras el choque entre jóvenes de la Preparatoria 3 y personal de la Dirección General de Protección a la Comunidad de la UNAM, que dejó 248 detenidos y 37 heridos, la Policía Federal Preventiva (PFP) tuvo su primera incursión en el conflicto el 3 de febrero de 2000. El 6 de febrero, 2 mil 260 elementos de la PFP ingresaron a CU para acabar con el conflicto.
Una de las mejores de Iberoamérica
De la Fuente “toma una institución frágil, políticamente vulnerable y débil, y lo que hace es primero tejer un nuevo tablero político con el que permitió darle cabida a la izquierda universitaria a los cargos importantes en la estructura universitaria. Los primeros cuatro años de su administración fueron de reconstrucción y de lograr una estrategia para anunciar logros de académicos y de la institución en las clasificaciones mundiales”, refiere Roberto Rodríguez, ex integrante del consejo técnico del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación.
Pese a esos cambios, José Blanco dice que la UNAM “tiene reformas pendientes, lo mismo que el resto de universidades públicas del país, que hacen que 55% de sus egresados trabajen en un área diferente a la que estudiaron, que reciban bajos salarios o estén sin empleo. Necesita ser una gran reforma, pero no en un Congreso, eso es asunto de museo”.
El gobierno federal encabezó la “presión” para que el rector Francisco Barnés incrementara las cuotas, con el fin de desencadenar los aumentos en las demás universidades públicas del país, plantea Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Estudios Sobre la Universidad y la Educación.
Hoy, la postura del Ejecutivo, en el escenario de la crisis de mayor impacto mundial, es otorgar “medidas de apoyo a los estudiantes, que siempre suenan bien en vísperas electorales. Eso es motivo suficiente para entender las cosas, además de que acomoda bien frente a la crisis”, dice José Blanco, asesor de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El aumento de las cuotas en las universidades públicas genera polémica cada vez que se plantea. Al menos tres conflictos en las últimas dos décadas en la UNAM; la destitución de funcionarios que lo han sugerido, como el subsecretario de Educación Superior, Julio Rubio Oca, al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón; o bien, la incomodidad ante las declaraciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que encabeza José Ángel Gurría.
La propuesta del entonces rector Francisco Barnés, aprobada el 15 de marzo de 1999, aún es motivo de polémica. Para José Blanco, la iniciativa de que estudiantes de bachillerato pagaran 15 días de salario mínimo y los de licenciatura 20 días de salario mínimo por semestre “era racionalmente correcto”, pues 90% del presupuesto público que llega a la institución va a salarios y prestaciones.
El monto que queda para inversión y proyectos es muy reducido, “más cuando se ven los perfiles de ciertos grupos que acuden a la UNAM y tienen un nivel de ingreso que les permite pagar más allá de los 50 centavos”.
Cifras de la Tesorería de la UNAM revelan que incluso en el paro estudiantil se recabaron 33 millones de pesos por cuotas voluntarias y sólo mil 643 alumnos de los 234 mil en ese momento no pagaron nada. Esto lleva a señalar que la huelga “tenía propósitos no claros. Es un capítulo oscuro en el manejo del conflicto por parte de actores que permanecieron en la oscuridad. Hubo otras razones políticas más poderosas que las racionales para tener recursos adicionales”, dice José Blanco.
El detonante de la movilización juvenil
Al día siguiente de aprobado el Reglamento, 16 de marzo de 1999, la Asamblea Estudiantil Universitaria y profesores “críticos” de la Rectoría denunciaron que la sesión se había realizado en medio de irregularidades al sólo convocar a “sus afines”, que provocó la inconformidad hacia la reforma. Barnés lo sabía. Siete días después, una encuesta en Ciudad Universitaria reveló que 81% de alumnos dudaban que hubiera sido un “proceso legítimo” y dos de cada tres se perfilaban en favor de una huelga estudiantil, señala Gerardo Dorantes, director general de Información de ese rectorado, en Conflicto y poder en la UNAM. La huelga de 1999.
El 20 de abril de 1999 se colocó en el asta de la explanada de Rectoría un pendón rojinegro que se multiplicó en 27 de 36 escuelas y facultades. Al día siguiente, con el cierre de la Facultad de Derecho y el primero de los cientos de enfrentamientos entre paristas y antiparistas —que se darían en 297 días de huelga—, iniciaba el que sería el paro más largo en la historia de la UNAM.
La inconformidad estudiantil recibió en un principio el apoyo de la mayoría de académicos y trabajadores administrativos, así como de grupos políticos y sociales que se mantuvieron presentes en el conflicto.
Pasaron casi dos meses para que Rectoría dialogara con estudiantes del CGH. Varias comisiones de académicos y funcionarios y la intervención de destacados e integrantes de la Cámara de Diputados hicieron que el Consejo Universitario y el rector se retractaran de la medida el 7 de junio, cuando se planteó la cuota semestral “voluntaria”.
La medida no tuvo el efecto deseado. Las campañas de definición de liderazgos en la dirigencia del PRD en la ciudad de México y luego las de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno capitalino y la definición de aspirantes presidenciales, hicieron que el movimiento estudiantil escalara en intereses. Todos los actores quedaron rebasados cuando en el CGH aparecieron los grupos extremistas “ultras y megaultras”, que llevaron a los jóvenes a intensificar los choques, con agresiones cada vez más violentas con la policía, como en la toma del Periférico el 14 de octubre y el 5 de noviembre de aquel año.
Para entonces, el presidente Ernesto Zedillo modificó su “gabinete de crisis”, con la incursión de Diódoro Carrasco y Jesús Murillo Karam, como secretario y subsecretario de Gobernación, para quienes Barnés “era parte del problema”, señala Gerardo Dorantes.
El 12 de noviembre, Barnés renunció a la Rectoría de la UNAM y, cinco días después, la Junta de Gobierno designó a Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, como nuevo rector. De inmediato propuso a los paristas reanudar el diálogo.
En enero de 2000, De la Fuente presentó una propuesta institucional para levantar la huelga, que dejaba sin efecto las cuotas, y un congreso universitario para analizar el Reglamento General de Inscripciones y Exámenes, que venía de 1997, entre otros puntos. La propuesta fue rechazada de nuevo por el CGH.
Rectoría convocó a la comunidad a un plebiscito el 20 de enero; 87% de 150 mil participantes respaldaron su propuesta.
Tras el choque entre jóvenes de la Preparatoria 3 y personal de la Dirección General de Protección a la Comunidad de la UNAM, que dejó 248 detenidos y 37 heridos, la Policía Federal Preventiva (PFP) tuvo su primera incursión en el conflicto el 3 de febrero de 2000. El 6 de febrero, 2 mil 260 elementos de la PFP ingresaron a CU para acabar con el conflicto.
Una de las mejores de Iberoamérica
De la Fuente “toma una institución frágil, políticamente vulnerable y débil, y lo que hace es primero tejer un nuevo tablero político con el que permitió darle cabida a la izquierda universitaria a los cargos importantes en la estructura universitaria. Los primeros cuatro años de su administración fueron de reconstrucción y de lograr una estrategia para anunciar logros de académicos y de la institución en las clasificaciones mundiales”, refiere Roberto Rodríguez, ex integrante del consejo técnico del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación.
Pese a esos cambios, José Blanco dice que la UNAM “tiene reformas pendientes, lo mismo que el resto de universidades públicas del país, que hacen que 55% de sus egresados trabajen en un área diferente a la que estudiaron, que reciban bajos salarios o estén sin empleo. Necesita ser una gran reforma, pero no en un Congreso, eso es asunto de museo”.
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