Clara JusidmanEl Universal/26 de marzo de 2009
Para la construcción de una nueva arquitectura del Estado que contribuyera a generar contrapesos y límites al ejercicio abusivo y patrimonialista del poder, muchos pusimos esperanzas en la creación de organismos públicos autónomos (OPA). Son instituciones responsables de temas altamente sensibles para la población como las elecciones confiables y equitativas, el exigir al Estado que proteja, respete y garantice los derechos humanos, o que la información pública esté disponible y accesible.
Los OPA se fueron creando por diversas razones, no siempre ligadas a un verdadero interés por proteger el derecho de la ciudadanía a un Estado democrático, transparente y confiable.
El costoso sistema de organismos públicos de derechos humanos fue promovido inicialmente por Carlos Salinas para proyectar su imagen y la del México como un país preocupado en ese tema. Por su parte, la autonomía del IFE y de los institutos estatales derivó de una sostenida lucha de la sociedad civil por avanzar en la construcción de una democracia. Los institutos de transparencia y acceso a la información, aún no totalmente autónomos, resultaron de la propuesta a Fox de un grupo de académicos, quienes lo convencieron de su utilidad para la transición.
Ha habido intentos fallidos de cambios hacia la autonomía, como el buscar que la entonces Secretaría de la Contraloría de la Federación —ahora de la Función Pública— se convirtiera en un verdadero órgano de control y rendición de cuentas. O que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dejara de estar en manos de las empresas reguladas para avanzar hacia la democratización de los medios de comunicación.
Sin embargo, con destacadas excepciones, las prácticas mercantiles en la política han afectado en forma grave la calidad del desempeño, el funcionamiento y, fundamentalmente, la autonomía de estos organismos.
En la elección de los titulares de los OPA y sus consejos —ya sea que el presidente o los gobernadores propongan y los congresos elijan, o sea que éstos designen directamente— pesan más consideraciones de tipo político que el interés por tener organismos efectivos y confiables de contrapeso, exigencia y vigilancia. En la designación se busca evitar que lleguen a las posiciones de dirección personas que ejerzan la función con ética pública y real autonomía, y que por ello se conviertan en una piedra en el zapato de las instituciones, empresas o personas que deben ser vigiladas. También se ha buscado convertir a los OPA en instrumentos de poder de los partidos para presionar a las fracciones o partidos contrarios, y a los gobiernos. Pero dentro del mercado político actual, la actitud más deplorable es cuando se toma el control de los órganos autónomos en razón de los recursos y las plazas con que cuentan para poder repartirlos entre los incondicionales.
El mercado de trueque de estas posiciones está actualmente en plena actividad; el Ejecutivo federal y las cúpulas de los partidos negocian en lo oscurito como repartir al fin de este año la titularidad del Banco de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos posiciones de consejeros del IFAI y de dos ministros de la SCJN. Los legisladores hacen esta negociación en función del poder y recursos a repartir, y no para que se cumplan las funciones autónomas que tanto necesita y tanto le cuestan a la ciudadanía.
Ejemplos conspicuos de este trueque han sido las dos designaciones últimas del Consejo General del IFE que resultaron de una distribución de cuotas entre los partidos, a pesar del simulacro de elección por convocatoria pública que llevaron a cabo los diputados en la elección más reciente, o la designación hace pocos días de César Jáuregui, militante del PAN, como miembro del Consejo de la Judicatura, sin experiencia ni trayectoria en la materia.
¿Tendremos funcionarios en los órganos autónomos y en el Poder Judicial que honren los derechos de los ciudadanos, cumplan con eficacia y se rijan por una ética pública incuestionable?
Presidenta honoraria de INCIDE Social, AC
Los OPA se fueron creando por diversas razones, no siempre ligadas a un verdadero interés por proteger el derecho de la ciudadanía a un Estado democrático, transparente y confiable.
El costoso sistema de organismos públicos de derechos humanos fue promovido inicialmente por Carlos Salinas para proyectar su imagen y la del México como un país preocupado en ese tema. Por su parte, la autonomía del IFE y de los institutos estatales derivó de una sostenida lucha de la sociedad civil por avanzar en la construcción de una democracia. Los institutos de transparencia y acceso a la información, aún no totalmente autónomos, resultaron de la propuesta a Fox de un grupo de académicos, quienes lo convencieron de su utilidad para la transición.
Ha habido intentos fallidos de cambios hacia la autonomía, como el buscar que la entonces Secretaría de la Contraloría de la Federación —ahora de la Función Pública— se convirtiera en un verdadero órgano de control y rendición de cuentas. O que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dejara de estar en manos de las empresas reguladas para avanzar hacia la democratización de los medios de comunicación.
Sin embargo, con destacadas excepciones, las prácticas mercantiles en la política han afectado en forma grave la calidad del desempeño, el funcionamiento y, fundamentalmente, la autonomía de estos organismos.
En la elección de los titulares de los OPA y sus consejos —ya sea que el presidente o los gobernadores propongan y los congresos elijan, o sea que éstos designen directamente— pesan más consideraciones de tipo político que el interés por tener organismos efectivos y confiables de contrapeso, exigencia y vigilancia. En la designación se busca evitar que lleguen a las posiciones de dirección personas que ejerzan la función con ética pública y real autonomía, y que por ello se conviertan en una piedra en el zapato de las instituciones, empresas o personas que deben ser vigiladas. También se ha buscado convertir a los OPA en instrumentos de poder de los partidos para presionar a las fracciones o partidos contrarios, y a los gobiernos. Pero dentro del mercado político actual, la actitud más deplorable es cuando se toma el control de los órganos autónomos en razón de los recursos y las plazas con que cuentan para poder repartirlos entre los incondicionales.
El mercado de trueque de estas posiciones está actualmente en plena actividad; el Ejecutivo federal y las cúpulas de los partidos negocian en lo oscurito como repartir al fin de este año la titularidad del Banco de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos posiciones de consejeros del IFAI y de dos ministros de la SCJN. Los legisladores hacen esta negociación en función del poder y recursos a repartir, y no para que se cumplan las funciones autónomas que tanto necesita y tanto le cuestan a la ciudadanía.
Ejemplos conspicuos de este trueque han sido las dos designaciones últimas del Consejo General del IFE que resultaron de una distribución de cuotas entre los partidos, a pesar del simulacro de elección por convocatoria pública que llevaron a cabo los diputados en la elección más reciente, o la designación hace pocos días de César Jáuregui, militante del PAN, como miembro del Consejo de la Judicatura, sin experiencia ni trayectoria en la materia.
¿Tendremos funcionarios en los órganos autónomos y en el Poder Judicial que honren los derechos de los ciudadanos, cumplan con eficacia y se rijan por una ética pública incuestionable?
Presidenta honoraria de INCIDE Social, AC
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