Arturo Alcalde JustinianiLa Jornada/28 de marzo de 2009
El pronunciamiento del presidente de Estados Unidos Barack Obama: los sin- dicatos son parte de la solución, no del problema”, se ha popularizado y contrasta con la posición de aquellos que ven en la organización de los trabajadores un obstáculo para el progreso. El reto es crear las condiciones para avanzar en esta perspectiva.
En principio, se debe tener la capacidad social y política para rechazar las medidas, leyes o iniciativas contrarias a los intereses de los trabajadores y de la población. Hagamos referencia a temas concretos íntimamente relacionados con la calidad de vida de la mayoría. Hace casi 12 años, el gobierno mexicano al imponer una nueva Ley del Seguro Social, dio un sesgo, rompiendo el esquema de seguridad social pública y de solidaridad intergeneracional en favor de la privatización tanto en servicios médicos como pensionarios. Se impusieron de golpe las Afore, Siefore y aseguradoras privadas, todo ello motivado en buena parte por intereses de grupos financieros, sacrificando el futuro de millones de mexicanos que dependen de esta gran institución.
Se optó por copiar, de mala manera, un modelo de cuentas individuales de origen chileno que con el tiempo ha demostrado grandes limitaciones; la ortodoxia ha sido tal, que ni siquiera se han corregido los errores reconocidos en el país de origen. La reforma generó protesta social, pero no la suficiente para revertir el cambio.
Hace un par de años, se impuso una nueva Ley del ISSSTE siguiendo el ejemplo de la Ley del Seguro Social. En proporción la movilización fue más contundente. El cúmulo de amparos dieron cuenta de la inconformidad, más de la mitad de los servidores públicos del país lo promovieron confiando, al menos en parte, en la legalidad como una alternativa, sin embargo, ha estado ausente una propuesta que dé cauce a la movilización. Todavía es tiempo de plantearla, antes de que se concretice la privatización. Un acuerdo de colaboración entre académicos, sindicatos, partidos e instituciones especializadas como el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social AC (CAESS) podrían ser el medio para lograrlo.
Para ser parte de la solución, no basta el rechazo y la movilización popular, porque ésta no logra la suficiente convocatoria para cambiar el curso de las cosas, se requiere contrastar las leyes y proyectos lesivos con otras sugerencias acordes con las necesidades de la población y del país. Esta capacidad de propuesta supone la elaboración de análisis, diagnósticos y, lo más difícil, lograr consensos entre los sectores sociales y sus organizaciones, tarea que implica, en ocasiones, una ardua labor de carácter técnico y profesional, inversión de tiempo y recursos, discusión y toma de decisiones en una lógica de prioridades a la que estamos poco acostumbrados.
Siendo autocríticos conviene reconocer que en general carecemos de una cultura propositiva y que estamos demasiado acostumbrados al expediente fácil de la protesta y el rechazo. En ello tienen buena parte de responsabilidad los partidos políticos, sindicatos y organizaciones renuentes a invertir sus recursos en propuestas integrales e iniciativas de ley que marquen la diferencia con aquellas que lesionan a la población.
En el caso de las reformas a la seguridad social, no cabe duda que dichas leyes han requerido cambios dado el comportamiento de las enfermedades, las expectativas de vida y las limitaciones presupuestales, lo cual exigía un rediseño institucional, como se ha realizado en muchos países del mundo. Si bien se han generado propuestas, como la elaborada en su tiempo por el Frente de Defensa de la Seguridad Social, coordinado por don Ricardo García Sainz e integrado por un amplio grupo de especialistas y dirigentes sociales, no se logró aglutinar la fuerza social para impedir el golpe.
En materia laboral obran en el Congreso de la Unión iniciativas de ley con enfoque benéfico al mundo del trabajo y a las necesidades del país, como la suscrita por una amplio número de legisladores de todos los partidos conocida como el Proyecto UNT-PRD, pero también ha sido desoída, porque los convocados para sugerir los cambios tienen como interés fundamental mantener los vicios y los controles corporativos, ya que una verdadera transformación lesionaría sus intereses. Son parte del problema y no de la solución.
Podría parecer ingenuo afirmar que el problema en nuestro país se reduce a la falta de acuerdos en el seno de los sectores populares o a la ausencia de propuestas. Se argumentaría en contra, y con razón, que tener mejores alternativas es insuficiente, prueba de ello son los cientos de iniciativas congeladas en el Congreso. Un ejemplo distinguido de propuesta ha sido el elaborado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) demostrando que es posible otra perspectiva del comercio y de los acuerdos paralelos a éste, con visión de justicia.
Concluyamos señalando que no basta contar con mejores propuestas, deben ser conocidas y compartidas por la población con el fin de que sean impulsadas con la movilización social que genere una correlación de fuerzas favorable. Siguiendo esta línea, un buen propósito sería que cada vez que critiquemos algo, si compartimos al menos sus fines, propongamos un camino mejor.
Para ser parte de la solución, conviene entonces, integrar estos cuatro elementos: protesta, consenso interno, mejores propuestas y movilización para lograrlas. No parece fácil, pues supone la existencia de procesos educativos constantes, organización popular, tolerancia para lograr consensos, sensibilidad frente a los gigantescos reclamos de la población crecientemente empobrecida e indignada, y sobre todo responsabilidad, palabra que en nuestro tiempo no resulta muy popular porque implica conciliar firmeza con prudencia, visión estratégica, disciplina, compromiso y, aunque parezca cursi, cariño por los más desprotegidos.
En principio, se debe tener la capacidad social y política para rechazar las medidas, leyes o iniciativas contrarias a los intereses de los trabajadores y de la población. Hagamos referencia a temas concretos íntimamente relacionados con la calidad de vida de la mayoría. Hace casi 12 años, el gobierno mexicano al imponer una nueva Ley del Seguro Social, dio un sesgo, rompiendo el esquema de seguridad social pública y de solidaridad intergeneracional en favor de la privatización tanto en servicios médicos como pensionarios. Se impusieron de golpe las Afore, Siefore y aseguradoras privadas, todo ello motivado en buena parte por intereses de grupos financieros, sacrificando el futuro de millones de mexicanos que dependen de esta gran institución.
Se optó por copiar, de mala manera, un modelo de cuentas individuales de origen chileno que con el tiempo ha demostrado grandes limitaciones; la ortodoxia ha sido tal, que ni siquiera se han corregido los errores reconocidos en el país de origen. La reforma generó protesta social, pero no la suficiente para revertir el cambio.
Hace un par de años, se impuso una nueva Ley del ISSSTE siguiendo el ejemplo de la Ley del Seguro Social. En proporción la movilización fue más contundente. El cúmulo de amparos dieron cuenta de la inconformidad, más de la mitad de los servidores públicos del país lo promovieron confiando, al menos en parte, en la legalidad como una alternativa, sin embargo, ha estado ausente una propuesta que dé cauce a la movilización. Todavía es tiempo de plantearla, antes de que se concretice la privatización. Un acuerdo de colaboración entre académicos, sindicatos, partidos e instituciones especializadas como el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social AC (CAESS) podrían ser el medio para lograrlo.
Para ser parte de la solución, no basta el rechazo y la movilización popular, porque ésta no logra la suficiente convocatoria para cambiar el curso de las cosas, se requiere contrastar las leyes y proyectos lesivos con otras sugerencias acordes con las necesidades de la población y del país. Esta capacidad de propuesta supone la elaboración de análisis, diagnósticos y, lo más difícil, lograr consensos entre los sectores sociales y sus organizaciones, tarea que implica, en ocasiones, una ardua labor de carácter técnico y profesional, inversión de tiempo y recursos, discusión y toma de decisiones en una lógica de prioridades a la que estamos poco acostumbrados.
Siendo autocríticos conviene reconocer que en general carecemos de una cultura propositiva y que estamos demasiado acostumbrados al expediente fácil de la protesta y el rechazo. En ello tienen buena parte de responsabilidad los partidos políticos, sindicatos y organizaciones renuentes a invertir sus recursos en propuestas integrales e iniciativas de ley que marquen la diferencia con aquellas que lesionan a la población.
En el caso de las reformas a la seguridad social, no cabe duda que dichas leyes han requerido cambios dado el comportamiento de las enfermedades, las expectativas de vida y las limitaciones presupuestales, lo cual exigía un rediseño institucional, como se ha realizado en muchos países del mundo. Si bien se han generado propuestas, como la elaborada en su tiempo por el Frente de Defensa de la Seguridad Social, coordinado por don Ricardo García Sainz e integrado por un amplio grupo de especialistas y dirigentes sociales, no se logró aglutinar la fuerza social para impedir el golpe.
En materia laboral obran en el Congreso de la Unión iniciativas de ley con enfoque benéfico al mundo del trabajo y a las necesidades del país, como la suscrita por una amplio número de legisladores de todos los partidos conocida como el Proyecto UNT-PRD, pero también ha sido desoída, porque los convocados para sugerir los cambios tienen como interés fundamental mantener los vicios y los controles corporativos, ya que una verdadera transformación lesionaría sus intereses. Son parte del problema y no de la solución.
Podría parecer ingenuo afirmar que el problema en nuestro país se reduce a la falta de acuerdos en el seno de los sectores populares o a la ausencia de propuestas. Se argumentaría en contra, y con razón, que tener mejores alternativas es insuficiente, prueba de ello son los cientos de iniciativas congeladas en el Congreso. Un ejemplo distinguido de propuesta ha sido el elaborado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) demostrando que es posible otra perspectiva del comercio y de los acuerdos paralelos a éste, con visión de justicia.
Concluyamos señalando que no basta contar con mejores propuestas, deben ser conocidas y compartidas por la población con el fin de que sean impulsadas con la movilización social que genere una correlación de fuerzas favorable. Siguiendo esta línea, un buen propósito sería que cada vez que critiquemos algo, si compartimos al menos sus fines, propongamos un camino mejor.
Para ser parte de la solución, conviene entonces, integrar estos cuatro elementos: protesta, consenso interno, mejores propuestas y movilización para lograrlas. No parece fácil, pues supone la existencia de procesos educativos constantes, organización popular, tolerancia para lograr consensos, sensibilidad frente a los gigantescos reclamos de la población crecientemente empobrecida e indignada, y sobre todo responsabilidad, palabra que en nuestro tiempo no resulta muy popular porque implica conciliar firmeza con prudencia, visión estratégica, disciplina, compromiso y, aunque parezca cursi, cariño por los más desprotegidos.
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