Samuel GarcíaMilenio/18 de marzo de 2009
El lunes pasado el presidente Barack Obama dijo estar “atragantado de ira” —según reporta la agencia Reuters— porque ejecutivos de la aseguradora AIG —rescatada con fondos públicos que podrían sumar 180 mil millones de dólares— recibieron bonos millonarios.
El presidente estadunidense dijo, según las agencias internacionales: “Ésta es una corporación en dificultades financieras por irresponsabilidad y avaricia y, bajo ciertas circunstancias, es difícil entender cómo los operadores de derivados de AIG justificaron cualquier bono, mucho menos 165 millones de dólares en pagos extras. ¿Cómo justifican este escándalo ante los contribuyentes que están manteniendo a flote a la empresa?”. Y continuó el mandatario: “Éste no es sólo un asunto de dólares, se trata de nuestros valores fundamentales”.
Casi simultáneamente a las palabras del presidente Obama, Vikram Pandit —el CEO de Citigroup que ha sido rescatado con fondos de los contribuyentes por 45 mil millones de dólares— cobraba un cheque por 10.8 millones de dólares en compensaciones por su labor durante 2008, aunque su sueldo nominal haya sido de sólo un dólar.
El mismo Citi el pasado enero, en un alarde de que las políticas éticas le valen un soberano pepino, compró un lujosísimo jet privado —el Falcon 7X trasatlántico para 12 pasajeros— a un costo de 50 millones de dólares, logrando enfurecer a la opinión pública y obligándolo a cancelar la compra.
Una situación similar ocurrió con el consorcio financiero franco-belga Dexia, que —presionado por el gobierno francés— obligó a su director Axel Miller a renunciar a un pago de cuatro millones de dólares cuando fue destituido en septiembre de 2008.
Pagos millonarios a ejecutivos financieros cuyas empresas se han ido a la ruina y que han debido ser rescatados por sus gobiernos con fondos públicos ha causado indignación entre la ciudadanía y franca oposición a seguir utilizando dinero de los contribuyentes para este fin.
Y es que el tema de la ética en los negocios y en el uso de los fondos públicos ha vuelto a brincar a un primer plano en la escena internacional a raíz de la crisis global que azota a las economías del mundo.
En México —como en otras economías emergentes— la crisis ha puesto el dedo en la llaga en un tema en el que no se ha avanzado sustancialmente en los últimos años.
La opacidad sigue siendo la reina de la vida empresarial y una de las principales palancas en sus negocios con el gobierno, a la vez que éste se abre más bien con tirabuzón que por convicciones propias.
Para empezar, los ciudadanos debemos conocer qué empresas están recibiendo “apoyos” (directos, crediticios, con garantías, etc.) soportados con recursos de los contribuyentes para salir ‘del atolladero’ en el que se encuentran. Y si éstos se han dado, cuáles son los compromisos de transparencia que han asumido las empresas. ¿Acaso informarán a la opinión pública sobre el destino y uso de los recursos recibidos?, ¿darán cuenta de la evolución de sus estados de resultados?, ¿sabremos cuáles son las percepciones y compensaciones de sus principales funcionarios y si éstos están alineados a la grave situación de la empresa?
No sabemos a ciencia cierta si empresas con problemas, como Comercial Mexicana y Metrofinanciera, e incluso Cemex, están en una situación como la anterior. Y si la están, ¿quién informa a los contribuyentes sobre el uso de sus recursos?.
El presidente estadunidense dijo, según las agencias internacionales: “Ésta es una corporación en dificultades financieras por irresponsabilidad y avaricia y, bajo ciertas circunstancias, es difícil entender cómo los operadores de derivados de AIG justificaron cualquier bono, mucho menos 165 millones de dólares en pagos extras. ¿Cómo justifican este escándalo ante los contribuyentes que están manteniendo a flote a la empresa?”. Y continuó el mandatario: “Éste no es sólo un asunto de dólares, se trata de nuestros valores fundamentales”.
Casi simultáneamente a las palabras del presidente Obama, Vikram Pandit —el CEO de Citigroup que ha sido rescatado con fondos de los contribuyentes por 45 mil millones de dólares— cobraba un cheque por 10.8 millones de dólares en compensaciones por su labor durante 2008, aunque su sueldo nominal haya sido de sólo un dólar.
El mismo Citi el pasado enero, en un alarde de que las políticas éticas le valen un soberano pepino, compró un lujosísimo jet privado —el Falcon 7X trasatlántico para 12 pasajeros— a un costo de 50 millones de dólares, logrando enfurecer a la opinión pública y obligándolo a cancelar la compra.
Una situación similar ocurrió con el consorcio financiero franco-belga Dexia, que —presionado por el gobierno francés— obligó a su director Axel Miller a renunciar a un pago de cuatro millones de dólares cuando fue destituido en septiembre de 2008.
Pagos millonarios a ejecutivos financieros cuyas empresas se han ido a la ruina y que han debido ser rescatados por sus gobiernos con fondos públicos ha causado indignación entre la ciudadanía y franca oposición a seguir utilizando dinero de los contribuyentes para este fin.
Y es que el tema de la ética en los negocios y en el uso de los fondos públicos ha vuelto a brincar a un primer plano en la escena internacional a raíz de la crisis global que azota a las economías del mundo.
En México —como en otras economías emergentes— la crisis ha puesto el dedo en la llaga en un tema en el que no se ha avanzado sustancialmente en los últimos años.
La opacidad sigue siendo la reina de la vida empresarial y una de las principales palancas en sus negocios con el gobierno, a la vez que éste se abre más bien con tirabuzón que por convicciones propias.
Para empezar, los ciudadanos debemos conocer qué empresas están recibiendo “apoyos” (directos, crediticios, con garantías, etc.) soportados con recursos de los contribuyentes para salir ‘del atolladero’ en el que se encuentran. Y si éstos se han dado, cuáles son los compromisos de transparencia que han asumido las empresas. ¿Acaso informarán a la opinión pública sobre el destino y uso de los recursos recibidos?, ¿darán cuenta de la evolución de sus estados de resultados?, ¿sabremos cuáles son las percepciones y compensaciones de sus principales funcionarios y si éstos están alineados a la grave situación de la empresa?
No sabemos a ciencia cierta si empresas con problemas, como Comercial Mexicana y Metrofinanciera, e incluso Cemex, están en una situación como la anterior. Y si la están, ¿quién informa a los contribuyentes sobre el uso de sus recursos?.
sgarcia@elsemanario.com.mx
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