Carlos OrnelasExcélsior/11 de marzo de 2009
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, estados, Distrito Federal y municipios— impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”. Así lo establece el primer párrafo del artículo tercero de la Constitución y todo el mundo asegura que es un derecho humano fundamental. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumple?, ¿es delito?, ¿quién sanciona a los burócratas o docentes que no cumplen con su obligación? Por ejemplo, en una huelga de maestros que, según la anacrónica Ley Federal del Trabajo están prohibidas, pero de todas maneras se realizan a lo largo y ancho del país, se violenta la Carta Magna. Las huelgas de los maestros quebrantan el derecho a la educación; parece que el artículo tercero es bueno para los discursos de burócratas y sindicalistas, pero, en el fondo, la educación obligatoria al final no es apremiante.
Con las huelgas de los docentes, los niños pierden clases, los padres no saben qué hacer y las autoridades se pasman. La huelga en las escuelas es un juego donde la mayoría pierde. Pierde el sistema educativo en su conjunto: los niños no aprenden lo que se supone deben aprender; los contribuyentes observan cómo sus impuestos se esfuman sin que haya resultados positivos, y la sociedad sufre pérdidas, pues no se prepara a una ciudadanía crítica y responsable ni a la fuerza de trabajo competente y calificada que demanda el país. Sólo los inmorales ganan algo, como una comisión sindical o un puesto para hacer nada en alguna oficina de supervisión urbana.
Los paros de los docentes, aunque quienes los realizan encuentren miles de justificaciones, afectan la imagen del magisterio todo, no solamente de los huelguistas, también ello mortifica la imagen de las autoridades educativas, tanto locales como federales. Ante una huelga, se les ve débiles, hasta timoratos; pero sabemos que las autoridades de los estados no tienen medio ni poder para lidiar con los huelguistas y, cuando hay broncas, como en Morelos por la venta de las plazas, necesitan recurrir al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La solución resulta más cara para la sociedad, porque es allí donde los deshonestos sacan su tajada. Por ejemplo, en Quintana Roo, el gobierno local les comprará las plazas a los maestros que se retiren, para que no las hereden o las vendan.
Desde hace años leo en la prensa y en trabajos académicos que la impunidad es la causa principal de que aumenten los delitos y la sociedad descrea del famoso Estado de derecho, de la justicia y de los jueces. No arguyo que los paros de los maestros sean delitos; hasta donde llega mi conocimiento, no están tipificados en ningún código penal. Pero el derecho a la educación no se cumple y alguien falla. El hecho de que no se aplique ninguna sanción a los paristas es un incentivo poderoso para provocar más huelgas. He platicado con padres de familia de Oaxaca y Guerrero y sienten desesperación porque sus hijos pierden clases y no hay quien los defienda (me imagino que padres y madres de familia de Michoacán y otros estados donde el conflicto magisterial es constante también sientan desesperanza). Asimismo, he charlado con docentes responsables que critican la situación de conflicto, los paros frecuentes y la merma de días de clases, pero ellos se ven impedidos de hacer algo, por los controles corporativos que mantiene el sindicato, no importa si la sección se dice democrática, pues en el fondo persiste la corrupción.
Conforme se acerca mayo, la tensión crece, los paros se suceden uno tras otro, la toma de oficinas públicas se multiplica, las autoridades se preparan con el fin de migrar a sedes alternas y allí despachar, mientras la ciudadanía ve venir más marchas, tráfico bloqueado y desperdicio de tiempo. Parece que ya todo el mundo se acostumbró a ello, noto algo de resignación. ¡Basta ya! ¡Que se cumpla el derecho a la educación!
Se les puede exigir responsabilidad a los maestros, demandar a las autoridades locales que pongan orden, aun en las condiciones de precariedad institucional en las que se encuentran, incluso reclamar a los dirigentes sindicales por su juego sucio, pero la responsabilidad final es del gobierno federal. Allí residen los resortes del poder que no se utilizan y la autoridad que no se ejerce. Ya es tiempo de que la burocracia haga su trabajo. La Constitución la pone como el sujeto que debe cumplir con la educación obligatoria. La impunidad es la ausencia del poder del Estado.
Retazos
Tanto en el blog del Excélsior, en la internet, como en mi buzón electrónico, recibí comentarios a mi artículo sobre la quinta columna, de la semana pasada. Sí arguyo que se debe acabar con la venta de plazas, pero no abogo por que la SEP las asigne de forma unilateral. Ese órgano independiente y transparente del que se habla en la Comisión Rectora puede ser la mejor respuesta, por el momento.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
Con las huelgas de los docentes, los niños pierden clases, los padres no saben qué hacer y las autoridades se pasman. La huelga en las escuelas es un juego donde la mayoría pierde. Pierde el sistema educativo en su conjunto: los niños no aprenden lo que se supone deben aprender; los contribuyentes observan cómo sus impuestos se esfuman sin que haya resultados positivos, y la sociedad sufre pérdidas, pues no se prepara a una ciudadanía crítica y responsable ni a la fuerza de trabajo competente y calificada que demanda el país. Sólo los inmorales ganan algo, como una comisión sindical o un puesto para hacer nada en alguna oficina de supervisión urbana.
Los paros de los docentes, aunque quienes los realizan encuentren miles de justificaciones, afectan la imagen del magisterio todo, no solamente de los huelguistas, también ello mortifica la imagen de las autoridades educativas, tanto locales como federales. Ante una huelga, se les ve débiles, hasta timoratos; pero sabemos que las autoridades de los estados no tienen medio ni poder para lidiar con los huelguistas y, cuando hay broncas, como en Morelos por la venta de las plazas, necesitan recurrir al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La solución resulta más cara para la sociedad, porque es allí donde los deshonestos sacan su tajada. Por ejemplo, en Quintana Roo, el gobierno local les comprará las plazas a los maestros que se retiren, para que no las hereden o las vendan.
Desde hace años leo en la prensa y en trabajos académicos que la impunidad es la causa principal de que aumenten los delitos y la sociedad descrea del famoso Estado de derecho, de la justicia y de los jueces. No arguyo que los paros de los maestros sean delitos; hasta donde llega mi conocimiento, no están tipificados en ningún código penal. Pero el derecho a la educación no se cumple y alguien falla. El hecho de que no se aplique ninguna sanción a los paristas es un incentivo poderoso para provocar más huelgas. He platicado con padres de familia de Oaxaca y Guerrero y sienten desesperación porque sus hijos pierden clases y no hay quien los defienda (me imagino que padres y madres de familia de Michoacán y otros estados donde el conflicto magisterial es constante también sientan desesperanza). Asimismo, he charlado con docentes responsables que critican la situación de conflicto, los paros frecuentes y la merma de días de clases, pero ellos se ven impedidos de hacer algo, por los controles corporativos que mantiene el sindicato, no importa si la sección se dice democrática, pues en el fondo persiste la corrupción.
Conforme se acerca mayo, la tensión crece, los paros se suceden uno tras otro, la toma de oficinas públicas se multiplica, las autoridades se preparan con el fin de migrar a sedes alternas y allí despachar, mientras la ciudadanía ve venir más marchas, tráfico bloqueado y desperdicio de tiempo. Parece que ya todo el mundo se acostumbró a ello, noto algo de resignación. ¡Basta ya! ¡Que se cumpla el derecho a la educación!
Se les puede exigir responsabilidad a los maestros, demandar a las autoridades locales que pongan orden, aun en las condiciones de precariedad institucional en las que se encuentran, incluso reclamar a los dirigentes sindicales por su juego sucio, pero la responsabilidad final es del gobierno federal. Allí residen los resortes del poder que no se utilizan y la autoridad que no se ejerce. Ya es tiempo de que la burocracia haga su trabajo. La Constitución la pone como el sujeto que debe cumplir con la educación obligatoria. La impunidad es la ausencia del poder del Estado.
Retazos
Tanto en el blog del Excélsior, en la internet, como en mi buzón electrónico, recibí comentarios a mi artículo sobre la quinta columna, de la semana pasada. Sí arguyo que se debe acabar con la venta de plazas, pero no abogo por que la SEP las asigne de forma unilateral. Ese órgano independiente y transparente del que se habla en la Comisión Rectora puede ser la mejor respuesta, por el momento.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
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