Alberto Aziz NassifEl Universal/3 de marzo de 2009
La cifra es escandalosa y monumental. Con excepción de Alfredo Figueroa, que se opuso, los consejeros del IFE querían recibir 330 mil pesos de salario al mes. El aumento de 46% a un salario que ya era alto significa en buen español un agandalle, un acto ventajoso de alevosía y abuso. Fue tal la indignación pública, que los consejeros tuvieron que dar marcha atrás y ahora se quedaron sin el aumento y con la mala fama. La justificación del aumento fue para cumplir con el artículo 41 de la Constitución, en el que se dice que los consejeros ganarán igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué legalidad puede consignar tal tipo de aberración? Sólo la misma que explica por qué los legisladores establecieron en la Constitución su financiamiento, otro abuso.
Pero no se trata sólo del IFE, sino del Poder Judicial, que poco a poco han construido un paraíso salarial: ministros que gana 347 mil pesos, consejeros de la Judicatura que se llevan 337 mil pesos, los magistrados del Tribunal Electoral reciben 343 mil pesos. No hay nada que justifique esos salarios. ¿Cuántos servidores públicos en el mundo ganan 4 millones de pesos al año (264 mil dólares)? Quizá ninguno, pero en México hay unos cuantos privilegiados que tienen estos niveles de salario. No se trata de derechos, sino de privilegios. El salario mínimo más alto del país es 200 veces menor al de un ministro o un magistrado. ¿Qué labor hacen para justificar esta desigualdad? La lógica salarial de estos sectores está equivocada: un salario alto no garantiza más autonomía ni una mejor impartición de justicia. Si el salario se calculara con base en eficacia, resultados, acceso del sistema de justicia a los más desprotegidos, quizá no se llegaría ni al salario mínimo.
La reforma electoral en 2007 dejó las cosas en los mismos términos para el IFE; sin embargo, en el proceso de la reforma hubo propuestas del Comité Conciudadano para que el salario de un consejero fuera similar al de un profesor universitario del más alto nivel, pero los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de revisar la norma.
Ahora llama la atención que algunos legisladores se hayan rasgado las vestiduras por el aumento en el IFE, cuando fueron ellos los que diseñaron la norma salarial en el artículo 41 de la Constitución y que en 2007 pudieron haber modificado. Cuando un país le puede pagar 330 mil pesos al mes al que organiza las elecciones, es decir, el doble del titular del Poder Ejecutivo, algo anda muy mal.
Los salarios en México dentro del sector público son la expresión de una desigualdad enorme, pero dentro del Poder Judicial se llevan la medalla de oro. La autonomía les ha servido no para tener salarios, sino privilegios, abusos. Sólo hay que asomarse a ver lo que ganan los maestros de primaria para ver la diferencia, los salarios de un médico en el Seguro Social o de una enfermera, al igual que un policía o un bombero; todo ellos rondan entre 4 mil y 8 mil pesos.
Pero no sólo la desigualdad es abismal, sino que el momento actual resulta por demás crítico. Se necesita mucho cinismo para aprobarse un aumento de 46% de los salarios, cuando la situación económica golpea con furia y todos los días hay no sólo malas noticias, sino pésimas: crece el desempleo por cientos de miles; la economía está en recesión y no se sabe con precisión cuánto va a caer el PIB este año. En las empresas se imponen programas de austeridad, incluso en diversos gobiernos se han adoptado medidas de reducción de presupuesto. Los consejeros del IFE que justificaron el aumento me recuerdan a los yuppies financieros de Wall Street que hace poco, mientras los bancos en Estados Unidos quebraban, ellos se otorgaban bonos millonarios.
La relación entre impartición de justicia y salarios es negativa. Recordemos algunas resoluciones de la Corte que pasarán a la historia como una vergüenza: los casos de Lydia Cacho y de Atenco, en los cuales se justificó la impunidad, recubierta de un sofisticado discurso jurídico. Pero también recordemos la decisión mayoritaria del Consejo General del IFE el pasado 13 de febrero, que fue un monumento a la ilegalidad.
Ahora se ha descubierto que los 125 alcaldes del estado de México abusan en sus percepciones y se niegan a revelar sus ingresos reales (EL UNIVERSAL, 2/III/09). Sin duda, urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso.
Investigador del CIESAS
Pero no se trata sólo del IFE, sino del Poder Judicial, que poco a poco han construido un paraíso salarial: ministros que gana 347 mil pesos, consejeros de la Judicatura que se llevan 337 mil pesos, los magistrados del Tribunal Electoral reciben 343 mil pesos. No hay nada que justifique esos salarios. ¿Cuántos servidores públicos en el mundo ganan 4 millones de pesos al año (264 mil dólares)? Quizá ninguno, pero en México hay unos cuantos privilegiados que tienen estos niveles de salario. No se trata de derechos, sino de privilegios. El salario mínimo más alto del país es 200 veces menor al de un ministro o un magistrado. ¿Qué labor hacen para justificar esta desigualdad? La lógica salarial de estos sectores está equivocada: un salario alto no garantiza más autonomía ni una mejor impartición de justicia. Si el salario se calculara con base en eficacia, resultados, acceso del sistema de justicia a los más desprotegidos, quizá no se llegaría ni al salario mínimo.
La reforma electoral en 2007 dejó las cosas en los mismos términos para el IFE; sin embargo, en el proceso de la reforma hubo propuestas del Comité Conciudadano para que el salario de un consejero fuera similar al de un profesor universitario del más alto nivel, pero los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de revisar la norma.
Ahora llama la atención que algunos legisladores se hayan rasgado las vestiduras por el aumento en el IFE, cuando fueron ellos los que diseñaron la norma salarial en el artículo 41 de la Constitución y que en 2007 pudieron haber modificado. Cuando un país le puede pagar 330 mil pesos al mes al que organiza las elecciones, es decir, el doble del titular del Poder Ejecutivo, algo anda muy mal.
Los salarios en México dentro del sector público son la expresión de una desigualdad enorme, pero dentro del Poder Judicial se llevan la medalla de oro. La autonomía les ha servido no para tener salarios, sino privilegios, abusos. Sólo hay que asomarse a ver lo que ganan los maestros de primaria para ver la diferencia, los salarios de un médico en el Seguro Social o de una enfermera, al igual que un policía o un bombero; todo ellos rondan entre 4 mil y 8 mil pesos.
Pero no sólo la desigualdad es abismal, sino que el momento actual resulta por demás crítico. Se necesita mucho cinismo para aprobarse un aumento de 46% de los salarios, cuando la situación económica golpea con furia y todos los días hay no sólo malas noticias, sino pésimas: crece el desempleo por cientos de miles; la economía está en recesión y no se sabe con precisión cuánto va a caer el PIB este año. En las empresas se imponen programas de austeridad, incluso en diversos gobiernos se han adoptado medidas de reducción de presupuesto. Los consejeros del IFE que justificaron el aumento me recuerdan a los yuppies financieros de Wall Street que hace poco, mientras los bancos en Estados Unidos quebraban, ellos se otorgaban bonos millonarios.
La relación entre impartición de justicia y salarios es negativa. Recordemos algunas resoluciones de la Corte que pasarán a la historia como una vergüenza: los casos de Lydia Cacho y de Atenco, en los cuales se justificó la impunidad, recubierta de un sofisticado discurso jurídico. Pero también recordemos la decisión mayoritaria del Consejo General del IFE el pasado 13 de febrero, que fue un monumento a la ilegalidad.
Ahora se ha descubierto que los 125 alcaldes del estado de México abusan en sus percepciones y se niegan a revelar sus ingresos reales (EL UNIVERSAL, 2/III/09). Sin duda, urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso.
Investigador del CIESAS
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