La volatilidad de los mercados internacionales, las limitaciones del presupuesto y el creciente clima de inseguridad y delincuencia aquejan a las universidades públicas: tres amenazas que van coligadas y ninguna tiene visos de resolverse satisfactoriamente para éstas. Se encuentran en la orilla, con el tiempo contado y con una posibilidad cada vez más remota de revertir esta tendencia
Carlos Reyes
cra19762003@yahoo.com.mx
Se avecina la tormenta. Por tres frentes, las universidades públicas del país enfrentan una seria amenaza de desestabilización. El creciente clima de inseguridad, la crisis económica mundial y el paquete presupuestal limitado condicionan gravemente su desarrollo en el corto plazo.
Las instituciones de educación superior, en la orilla del precipicio. La volatilidad de los mercados internacionales les ha cerrado el paso de manera peligrosa. Sus posibilidades de sortearla lucen acotadas porque no enfrentan un escenario financiero favorable.
La inestabilidad en los precios del petróleo, la paridad del peso frente al dólar, la especulación en los mercados del mundo y otras variables macroeconómicas actúan en contra de las expectativas de las universidades.
A contracorriente, como en años anteriores. Sin embargo, el año 2009 les genera dificultades adicionales porque se trata de variables que ninguno de los actores del sector educativo tenían contemplados.
Es un año fiscal que en nada beneficia al sector educativo, a pesar de la importancia que tiene en el desarrollo económico del país. Los recursos extraordinarios destinados a las universidades registran una baja de 6 mil millones de pesos.
Las metas cuantitativas, desde esa perspectiva, van a encallar. Ni el incremento en la cobertura ni el saneamiento de los esquemas de prestaciones ni la planeación y gestión eficaz, ni la calidad de los programas se va a sostener tan fácil.
Se requiere de apoyo urgente, pero hasta el momento las universidades han encontrado puertas cerradas a sus propuestas. La negociación no será nada tersa, ni mucho menos satisfactoria. Entre las instituciones existe el convencimiento de que la crisis será la voz cantante y a eso se tienen que sujetar.
Aunado a ello, la tercera arista que amenaza el funcionamiento estable de las instituciones de educación superior en la creciente inseguridad. Se trata de un entorno social que, de no atenderse, les puede pasar factura también a las universidades.
Algunas voces lo advierten. Se trata de un tema que debe plantearse y discutirse en el interior de las universidades cuanto antes. Una inseguridad que, al menos en el terreno presupuestal, ya juega en contra de las instituciones.
La mayor parte del gasto va hacia el combate a la delincuencia, cuando la mejor prevención, dicen los rectores, sindicatos y especialistas, es asignar los recursos necesarios a la educación superior.
La formación ciudadana y el impulso a los valores entre los jóvenes es una buena medida para hacer frente al clima de inseguridad. Es ahí, en las universidades, donde deben formarse.
No obstante, una cadena muy riesgosa se ha conformado en el entorno de las instituciones de educación superior: no habrá mejoras en la calidad sin recursos suficientes, pero éstos no pueden ser liberados si la crisis económica mundial prevalece.
Tres amenazas que van coligadas y ninguna tiene visos de resolverse para satisfacción de las universidades. En la orilla, con el tiempo contado y con una posibilidad cada vez más remota de revertir esta tendencia.
Las complicaciones del gastoDe acuerdo con Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el panorama presupuestal no es, por mucho, conveniente para la operación y el desempeño institucional de este sector.
Explica que la propuesta presentada por el Ejecutivo federal hace unos días debe ser reajustada para paliar los efectos negativos que pueden presentarse en áreas claves de la educación superior.
El proyecto del presupuesto enviado al Congreso, señala, es de 71 mil 600 millones de pesos, lo cual representa 0.55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La contrapropuesta de las universidades públicas va en el sentido de solicitar un presupuesto de 12 mil 350 millones adicionales, con lo que se podría llegar a 0.64 por ciento del PIB.
Al menos esa cifra, apunta López Castañares, es el mínimo que las instituciones de educación superior pueden aceptar para seguir en un nivel de crecimiento y evitar cualquier rezago, por pequeño que éste sea.
“Este presupuesto de 71 mil 600 millones es solamente para las universidades públicas y federales, entonces estamos hablando de todas las públicas estatales y de las federales como la UNAM, el Poli, la Metropolitana, la Pedagógica Nacional, el Colmex, entre otras”, explica.
El problema, como ocurre año con año, es que las propuestas de la ANUIES, que se han trabajado durante mucho tiempo, no han sido consideradas del todo, a pesar de los beneficios que éstos pueden generar en el financiamiento de la educación superior.
“La ANUIES ha estado trabajando muy fuerte en cuestión de financiamientos multianuales, donde no estén los rectores sufriendo como cada año, a ver de dónde y a ver cómo le hacen para ajustar los programas y proyectos a pesar del gran desempeño que han tenido las instituciones como ésta”, asevera.
Considera que el grueso del presupuesto sí afecta a muchas áreas y una de ellas es el crecimiento de la matrícula, que es uno de los programas que las instituciones han impulsado.
Sin embrago, pese a la importancia de abrir más espacios para los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior, aquí se encuentra una de las disminuciones más fuertes del gasto.
“Cómo seguir soportando lo que ya se amplió, se tiene que seguir ampliando en función de opciones de nuevas licenciaturas, carreras, espacios, más lugares y en la medida de la estructura que tengan, porque tampoco se trata de llenar por llenar y cuidar siempre muy bien la calidad.”
Lo importante es ver qué rubros está afectando y en eso estamos, haciendo el análisis. Los miembros del Consejo Nacional estamos viendo que a grandes rasgos es pedir, por acuerdo, 12 mil 300 millones de pesos, adicionales, y la distribución en rubros como crecimiento de matrícula, fortalecimiento, programas de estímulos a la carrera docente, el PIFI, el PIFOP, es decir, todo lo que son programas de apoyo”, apunta.
No hay, agrega, en ese sentido, una retribución directa entre los presupuestos disminuidos y los recortes al gasto, con los resultados en materia de calidad y muchos otros que tienen las instituciones de educación superior en áreas como la ciencia y la investigación.Y aunque las condiciones económicas son adversas, López Castañares sostiene que la ANUIES, como organismo que aglutina a 149 instituciones de educación superior, está lista para dar la batalla en la negociación que viene y en los encuentros ríspidos que se avecinan.
“Tenemos una unidad muy fuerte; el Consejo Nacional de la ANUIES es la fuerza que nos aglutina a las 149 instituciones que la integramos para poder dar una batalla con base en resultados.”
“No es pedir por pedir, señores, aquí están todos los resultados que tienen las instituciones, los avances, los logros que se tienen, los indicadores, la calidad de los programas que ofrecen, los plus que tienen los jóvenes y eso es una herramienta fundamental”, comenta.
Y todo mundo, añade, está en lo mismo. No se trata de un trabajo aislado. La educación superior es un problema de todos y es lo mismo que comparten los miembros del Consejo Nacional. Con esa idea van a la mesa de negociación.
“En esto no existen colores, es decir, todos están sumados por la misma causa, así como en la inseguridad tampoco existen colores, todos estamos inmersos en el mismo problema, en la educación igual. Aquí todos jalamos al mismo sentido”, establece López Castañares.
Y es precisamente el tema de la inseguridad otro de los condicionantes para que las universidades puedan recibir recursos adicionales. El gasto se carga hacia el combate a la delincuencia y la situación económica mundial le mete más presión a las expectativas presupuestales.
De la mano con los mercados mundialesPara Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que agrupa a 64 organizaciones sindicales de empleados académicos y administrativos del país, la petición de recursos adicionales hecha por las universidades no está alejada del entorno económico mundial.
Explica el dirigente que están conscientes de que el presupuesto enviado por el Ejecutivo tendrá una serie de modificaciones condicionadas por los precios internacionales del barril de petróleo y el nivel de ingresos por recaudación fiscal, entre otros factores.
“Estamos ante una serie de fluctuaciones que van a impactar en el presupuesto, pero tampoco se trata de cerrarle la puerta a nuestras propuestas, ni la Secretaría del Trabajo, ni la Secretaría de Educación Pública nos han recibido, a pesar de la gravedad del problema que se viene”, expresa.
Nuevamente, insiste, el gobierno federal sigue sin entender la importancia que tiene la asignación de recursos suficientes y oportunos, y cumplir con la promesa de asignar 1 por ciento del Producto Interno Bruto y el incremento de hasta 30 por ciento en la tasa de cobertura.
“Con esto quedan a la deriva los programas de incremento a la matrícula, reconocimiento de plantillas, rebonificación salarial, carrera administrativa, equipamiento e infraestructura, consolidación de las universidades públicas estatales, apoyos a salud, vivienda, investigación científica y la recuperación salarial de los trabajadores”, advierte.
Por su parte, Víctor Hugo Aguilar Guillén, secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, secunda: el gobierno desatiende un área clave para el desarrollo del país y no le apuesta a uno de los canales que puede generar la reactivación económica.
“Sigue sin pensar que es el recurso más productivo, más rentable, para el desarrollo del país y por eso es inaceptable la propuesta hecha por el Ejecutivo, más allá de la devaluación de la moneda y la escalada de precios que comienza a resentirse”, señala el dirigente sindical.
Si no hay una respuesta satisfactoria, adelantan los sindicatos universitarios, la cosa se pone todavía más complicada. Vendrán las protestas, los paros y una voz más enérgica.
Lo cierto, dice Levet Gorozpe, a nombre de todos los sindicatos agremiados a la Contu, es que la crisis económica no es pretexto para soslayar los compromisos del gobierno federal con las universidades públicas.
Y mucho menos lo es el combate a la delincuencia. Por el contrario, afirma el dirigente sindical. No es posible que el presupuesto se carga hacia el tema de la inseguridad, cuando es a través de la educación como se puede combatir este mal que puede afectar en breve a las instituciones.
En eso concuerda Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES. Si bien está un problema como la inseguridad, existe el convencimiento de que una de las formas más efectivas de atacar la problemática de la inseguridad, de la falta de trabajo, etcétera, es a través de la educación.
“Educar a las personas, de darles las herramientas que necesitan para salir adelante, entonces la educación es una solución a esta problemática como tal. Y entonces quitarle a esta parte para darle a la otra, no estoy de acuerdo. Y eso lo digo claramente, yo creo que es dando a la educación, aportando a la educación, es como nosotros podremos ir saliendo más fácil de los problemas, sin dejar de lado que es un problema muy delicado el de la inseguridad que a todos nos atañe”, sostiene.
Los riesgos inminentes
Pero Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Contu va más allá. Su advertencia cala más hondo. La insuficiencia de espacios educativos se traduce en delincuencia y en prejuicio de la sociedad.
“Está demostrado que la educación es la piedra angular del desarrollo y la estabilidad de los países generando una sociedad más justa y equitativa, y de esa manera, disminuir la pobreza, la delincuencia y la inseguridad que priva en el país”, enfatiza.
No dotar de mayores recursos a las instituciones y limitar la apertura de espacios, considera, “condena” a la delincuencia a los jóvenes que no tienen los recursos suficientes para acceder a la educación privada.
“Estamos hablando de una frustración que puede ir en aumento, si se quiere combatir el crimen organizado, donde abundan jóvenes, entonces se tiene que invertir en educación, en las aulas universitarias donde se van a formar los ciudadanos, donde les vamos a ofrecer una formación, pero sin recursos estamos caminando en dirección contraria.
Por eso las universidades, apunta Levet Gorozpe, tienen que recibir el apoyo financiero suficiente. Y hacia allá van los comentarios de Armando Alcántara Santuario, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).
De acuerdo con el especialista, quien desarrolla una investigación sobre “Valores universitarios y profesionales de los estudiantes en el posgrado de la UNAM”, las universidades deben jugar un papel muy importante en el sentido de transmitir valores que permitan prevenir la comisión de delitos y fomentar una cultura de la seguridad.
“Tradicionalmente se ha dicho que los valores se adquieren en la familia y en los primeros años de la vida escolar, y después se van fortaleciendo a medida que los individuos interactúan en diversos escenarios de la vida social.
“Sin embargo, en la universidad también se adquieren valores que, principalmente, tienen que ver con el ejercicio profesional, la investigación y también con la convivencia en sociedad, entre otros”, explica.
Por ello, dice, las instituciones, al ser espacios donde se analizan y discuten las más diversas ideas, deben ser los lugares en que se impulse ese tipo de ciudadanía, no sólo en el interior de las universidades, sino también en su papel de difusoras del conocimiento y la cultura.
“Se pueden hacer también campañas al exterior para fomentar la formación de una ciudadanía, es parte de las responsabilidades de las universidades con su entorno social.”
Una responsabilidad que también está sujeta a los vaivenes económicos mundiales y al destino, nada agraciado, de las universidades en los próximos meses.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
Carlos Reyes
cra19762003@yahoo.com.mx
Se avecina la tormenta. Por tres frentes, las universidades públicas del país enfrentan una seria amenaza de desestabilización. El creciente clima de inseguridad, la crisis económica mundial y el paquete presupuestal limitado condicionan gravemente su desarrollo en el corto plazo.
Las instituciones de educación superior, en la orilla del precipicio. La volatilidad de los mercados internacionales les ha cerrado el paso de manera peligrosa. Sus posibilidades de sortearla lucen acotadas porque no enfrentan un escenario financiero favorable.
La inestabilidad en los precios del petróleo, la paridad del peso frente al dólar, la especulación en los mercados del mundo y otras variables macroeconómicas actúan en contra de las expectativas de las universidades.
A contracorriente, como en años anteriores. Sin embargo, el año 2009 les genera dificultades adicionales porque se trata de variables que ninguno de los actores del sector educativo tenían contemplados.
Es un año fiscal que en nada beneficia al sector educativo, a pesar de la importancia que tiene en el desarrollo económico del país. Los recursos extraordinarios destinados a las universidades registran una baja de 6 mil millones de pesos.
Las metas cuantitativas, desde esa perspectiva, van a encallar. Ni el incremento en la cobertura ni el saneamiento de los esquemas de prestaciones ni la planeación y gestión eficaz, ni la calidad de los programas se va a sostener tan fácil.
Se requiere de apoyo urgente, pero hasta el momento las universidades han encontrado puertas cerradas a sus propuestas. La negociación no será nada tersa, ni mucho menos satisfactoria. Entre las instituciones existe el convencimiento de que la crisis será la voz cantante y a eso se tienen que sujetar.
Aunado a ello, la tercera arista que amenaza el funcionamiento estable de las instituciones de educación superior en la creciente inseguridad. Se trata de un entorno social que, de no atenderse, les puede pasar factura también a las universidades.
Algunas voces lo advierten. Se trata de un tema que debe plantearse y discutirse en el interior de las universidades cuanto antes. Una inseguridad que, al menos en el terreno presupuestal, ya juega en contra de las instituciones.
La mayor parte del gasto va hacia el combate a la delincuencia, cuando la mejor prevención, dicen los rectores, sindicatos y especialistas, es asignar los recursos necesarios a la educación superior.
La formación ciudadana y el impulso a los valores entre los jóvenes es una buena medida para hacer frente al clima de inseguridad. Es ahí, en las universidades, donde deben formarse.
No obstante, una cadena muy riesgosa se ha conformado en el entorno de las instituciones de educación superior: no habrá mejoras en la calidad sin recursos suficientes, pero éstos no pueden ser liberados si la crisis económica mundial prevalece.
Tres amenazas que van coligadas y ninguna tiene visos de resolverse para satisfacción de las universidades. En la orilla, con el tiempo contado y con una posibilidad cada vez más remota de revertir esta tendencia.
Las complicaciones del gastoDe acuerdo con Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el panorama presupuestal no es, por mucho, conveniente para la operación y el desempeño institucional de este sector.
Explica que la propuesta presentada por el Ejecutivo federal hace unos días debe ser reajustada para paliar los efectos negativos que pueden presentarse en áreas claves de la educación superior.
El proyecto del presupuesto enviado al Congreso, señala, es de 71 mil 600 millones de pesos, lo cual representa 0.55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La contrapropuesta de las universidades públicas va en el sentido de solicitar un presupuesto de 12 mil 350 millones adicionales, con lo que se podría llegar a 0.64 por ciento del PIB.
Al menos esa cifra, apunta López Castañares, es el mínimo que las instituciones de educación superior pueden aceptar para seguir en un nivel de crecimiento y evitar cualquier rezago, por pequeño que éste sea.
“Este presupuesto de 71 mil 600 millones es solamente para las universidades públicas y federales, entonces estamos hablando de todas las públicas estatales y de las federales como la UNAM, el Poli, la Metropolitana, la Pedagógica Nacional, el Colmex, entre otras”, explica.
El problema, como ocurre año con año, es que las propuestas de la ANUIES, que se han trabajado durante mucho tiempo, no han sido consideradas del todo, a pesar de los beneficios que éstos pueden generar en el financiamiento de la educación superior.
“La ANUIES ha estado trabajando muy fuerte en cuestión de financiamientos multianuales, donde no estén los rectores sufriendo como cada año, a ver de dónde y a ver cómo le hacen para ajustar los programas y proyectos a pesar del gran desempeño que han tenido las instituciones como ésta”, asevera.
Considera que el grueso del presupuesto sí afecta a muchas áreas y una de ellas es el crecimiento de la matrícula, que es uno de los programas que las instituciones han impulsado.
Sin embrago, pese a la importancia de abrir más espacios para los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior, aquí se encuentra una de las disminuciones más fuertes del gasto.
“Cómo seguir soportando lo que ya se amplió, se tiene que seguir ampliando en función de opciones de nuevas licenciaturas, carreras, espacios, más lugares y en la medida de la estructura que tengan, porque tampoco se trata de llenar por llenar y cuidar siempre muy bien la calidad.”
Lo importante es ver qué rubros está afectando y en eso estamos, haciendo el análisis. Los miembros del Consejo Nacional estamos viendo que a grandes rasgos es pedir, por acuerdo, 12 mil 300 millones de pesos, adicionales, y la distribución en rubros como crecimiento de matrícula, fortalecimiento, programas de estímulos a la carrera docente, el PIFI, el PIFOP, es decir, todo lo que son programas de apoyo”, apunta.
No hay, agrega, en ese sentido, una retribución directa entre los presupuestos disminuidos y los recortes al gasto, con los resultados en materia de calidad y muchos otros que tienen las instituciones de educación superior en áreas como la ciencia y la investigación.Y aunque las condiciones económicas son adversas, López Castañares sostiene que la ANUIES, como organismo que aglutina a 149 instituciones de educación superior, está lista para dar la batalla en la negociación que viene y en los encuentros ríspidos que se avecinan.
“Tenemos una unidad muy fuerte; el Consejo Nacional de la ANUIES es la fuerza que nos aglutina a las 149 instituciones que la integramos para poder dar una batalla con base en resultados.”
“No es pedir por pedir, señores, aquí están todos los resultados que tienen las instituciones, los avances, los logros que se tienen, los indicadores, la calidad de los programas que ofrecen, los plus que tienen los jóvenes y eso es una herramienta fundamental”, comenta.
Y todo mundo, añade, está en lo mismo. No se trata de un trabajo aislado. La educación superior es un problema de todos y es lo mismo que comparten los miembros del Consejo Nacional. Con esa idea van a la mesa de negociación.
“En esto no existen colores, es decir, todos están sumados por la misma causa, así como en la inseguridad tampoco existen colores, todos estamos inmersos en el mismo problema, en la educación igual. Aquí todos jalamos al mismo sentido”, establece López Castañares.
Y es precisamente el tema de la inseguridad otro de los condicionantes para que las universidades puedan recibir recursos adicionales. El gasto se carga hacia el combate a la delincuencia y la situación económica mundial le mete más presión a las expectativas presupuestales.
De la mano con los mercados mundialesPara Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que agrupa a 64 organizaciones sindicales de empleados académicos y administrativos del país, la petición de recursos adicionales hecha por las universidades no está alejada del entorno económico mundial.
Explica el dirigente que están conscientes de que el presupuesto enviado por el Ejecutivo tendrá una serie de modificaciones condicionadas por los precios internacionales del barril de petróleo y el nivel de ingresos por recaudación fiscal, entre otros factores.
“Estamos ante una serie de fluctuaciones que van a impactar en el presupuesto, pero tampoco se trata de cerrarle la puerta a nuestras propuestas, ni la Secretaría del Trabajo, ni la Secretaría de Educación Pública nos han recibido, a pesar de la gravedad del problema que se viene”, expresa.
Nuevamente, insiste, el gobierno federal sigue sin entender la importancia que tiene la asignación de recursos suficientes y oportunos, y cumplir con la promesa de asignar 1 por ciento del Producto Interno Bruto y el incremento de hasta 30 por ciento en la tasa de cobertura.
“Con esto quedan a la deriva los programas de incremento a la matrícula, reconocimiento de plantillas, rebonificación salarial, carrera administrativa, equipamiento e infraestructura, consolidación de las universidades públicas estatales, apoyos a salud, vivienda, investigación científica y la recuperación salarial de los trabajadores”, advierte.
Por su parte, Víctor Hugo Aguilar Guillén, secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, secunda: el gobierno desatiende un área clave para el desarrollo del país y no le apuesta a uno de los canales que puede generar la reactivación económica.
“Sigue sin pensar que es el recurso más productivo, más rentable, para el desarrollo del país y por eso es inaceptable la propuesta hecha por el Ejecutivo, más allá de la devaluación de la moneda y la escalada de precios que comienza a resentirse”, señala el dirigente sindical.
Si no hay una respuesta satisfactoria, adelantan los sindicatos universitarios, la cosa se pone todavía más complicada. Vendrán las protestas, los paros y una voz más enérgica.
Lo cierto, dice Levet Gorozpe, a nombre de todos los sindicatos agremiados a la Contu, es que la crisis económica no es pretexto para soslayar los compromisos del gobierno federal con las universidades públicas.
Y mucho menos lo es el combate a la delincuencia. Por el contrario, afirma el dirigente sindical. No es posible que el presupuesto se carga hacia el tema de la inseguridad, cuando es a través de la educación como se puede combatir este mal que puede afectar en breve a las instituciones.
En eso concuerda Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES. Si bien está un problema como la inseguridad, existe el convencimiento de que una de las formas más efectivas de atacar la problemática de la inseguridad, de la falta de trabajo, etcétera, es a través de la educación.
“Educar a las personas, de darles las herramientas que necesitan para salir adelante, entonces la educación es una solución a esta problemática como tal. Y entonces quitarle a esta parte para darle a la otra, no estoy de acuerdo. Y eso lo digo claramente, yo creo que es dando a la educación, aportando a la educación, es como nosotros podremos ir saliendo más fácil de los problemas, sin dejar de lado que es un problema muy delicado el de la inseguridad que a todos nos atañe”, sostiene.
Los riesgos inminentes
Pero Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Contu va más allá. Su advertencia cala más hondo. La insuficiencia de espacios educativos se traduce en delincuencia y en prejuicio de la sociedad.
“Está demostrado que la educación es la piedra angular del desarrollo y la estabilidad de los países generando una sociedad más justa y equitativa, y de esa manera, disminuir la pobreza, la delincuencia y la inseguridad que priva en el país”, enfatiza.
No dotar de mayores recursos a las instituciones y limitar la apertura de espacios, considera, “condena” a la delincuencia a los jóvenes que no tienen los recursos suficientes para acceder a la educación privada.
“Estamos hablando de una frustración que puede ir en aumento, si se quiere combatir el crimen organizado, donde abundan jóvenes, entonces se tiene que invertir en educación, en las aulas universitarias donde se van a formar los ciudadanos, donde les vamos a ofrecer una formación, pero sin recursos estamos caminando en dirección contraria.
Por eso las universidades, apunta Levet Gorozpe, tienen que recibir el apoyo financiero suficiente. Y hacia allá van los comentarios de Armando Alcántara Santuario, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).
De acuerdo con el especialista, quien desarrolla una investigación sobre “Valores universitarios y profesionales de los estudiantes en el posgrado de la UNAM”, las universidades deben jugar un papel muy importante en el sentido de transmitir valores que permitan prevenir la comisión de delitos y fomentar una cultura de la seguridad.
“Tradicionalmente se ha dicho que los valores se adquieren en la familia y en los primeros años de la vida escolar, y después se van fortaleciendo a medida que los individuos interactúan en diversos escenarios de la vida social.
“Sin embargo, en la universidad también se adquieren valores que, principalmente, tienen que ver con el ejercicio profesional, la investigación y también con la convivencia en sociedad, entre otros”, explica.
Por ello, dice, las instituciones, al ser espacios donde se analizan y discuten las más diversas ideas, deben ser los lugares en que se impulse ese tipo de ciudadanía, no sólo en el interior de las universidades, sino también en su papel de difusoras del conocimiento y la cultura.
“Se pueden hacer también campañas al exterior para fomentar la formación de una ciudadanía, es parte de las responsabilidades de las universidades con su entorno social.”
Una responsabilidad que también está sujeta a los vaivenes económicos mundiales y al destino, nada agraciado, de las universidades en los próximos meses.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
No hay comentarios:
Publicar un comentario