lunes, 20 de octubre de 2008

Merma del ahorro obrero

Ramón Cota Meza

Como estaba previsto, las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) declaran pérdidas en el mercado financiero global –pérdidas con cargo a los ahorradores, por supuesto. Hasta el cierre del tercer trimestre se admitía oficialmente una pérdida de 3 mil 860 millones de pesos para los ahorradores y una ganancia de 1,756 millones de pesos para las Siefores. Cualquiera que sea el valor de estas cifras en relación con el ahorro total, la pérdida misma refuta de manera elocuente la política de “bursatilizar” o “bancarizar” el ahorro. Queda claro que es absurdo y temerario arriesgar el dinero ahorrado precisamente para lo contrario: para disminuir el riesgo de los trabajadores retirados.

No nos cansamos de advertir que esta sería la consecuencia de apostar cualquier cantidad de ahorro obrero en instrumentos de riesgo. La bursatilización del ahorro califica como uno de los peores delirios de ambición financiera. Ignora el hecho básico de que la institución del ahorro asalariado nace justamente para encarar los riesgos del mercado en la vejez, la enfermedad y la cesantía de los pobres. Por definición, con este tipo de ahorro obligatorio no se debe especular y sólo puede ser invertido en valores gubernamentales garantizados, aunque sean administrados por la banca comercial.

Una parte de la explicación del desvarío de “bancarizar” el ahorro es que el gobierno necesitaba disminuir su déficit fiscal, no garantizar el retiro de los trabajadores. Así se libró de un problema, en vez de encararlo. Pero si había déficit en los fondos, la solución obvia era aumentar las aportaciones y los años de trabajo para el retiro, respetando el sistema solidario tradicional. Se optó por subvertirlo y aquí están las consecuencias.

Ahora la cuestión es cuál será el destino de las Afores/Siefores, que de por sí venían ya de capa caída porque el negocio no satisfacía sus expectativas. Demandaban más cotizantes y mayores aportaciones. Un estudio de la OCDE sobre los sistemas de ahorro privado en el mundo calcula que las mujeres trabajadoras han perdido 25% y los hombres 22% de lo que habrían ahorrado en el sistema tradicional, y que las aportaciones deberían aumentar 30% para emparejarse apenas (“Pensions at a glance”, julio, 2007). Esto fue escrito antes de la crisis financiera en curso. Pensemos en Chile, cuyas administradoras tienen casi la totalidad del ahorro para el retiro en fondos de inversión global.

Las Siefores mexicanas administran el ahorro de los trabajadores de empresas privadas, pero su propósito es adjuntar la totalidad del ahorro de los empleados públicos y así alcanzar la escala de operación deseable. Ahora va a estar difícil que lo logren, si es que permanecen en el negocio. Por lo menos habrá fusiones, así que el número de actores disminuirá, lo que de por sí refuta el modelo de competencia pregonado por las propias administradoras. No es exagerado concebir un regreso masivo de los trabajadores al sistema tradicional. Sería una magnífica oportunidad para poner el sistema al día.

Otra cuestión es el futuro inmediato del diferendo sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS, muy enredado por la intromisión de poderes políticos. Hasta donde sabemos, el IMSS terminó por aceptar una reforma al RJP basada en aumentar las aportaciones y los años de trabajo para el retiro. Es decir, el IMSS aceptó la postura sindical, basada en sostener el sistema solidario. El propio IMSS ha calculado que su “déficit actuarial” se compensaría con un aumento de tres años laborales para el retiro. Pero la solución está trabada por una ley del Congreso, impugnada por el sindicato del IMSS, pero ratificada por sentencia de la Corte, que avala al demandado.

La evolución del caso IMSS nos trajo la sorpresa de que un señalado representante de la derecha ideológica, el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, impulsara la ratificación y mejoría del sistema solidario en 2003. En verdad, este sistema no hubiera sido posible en el mundo sin la labor de la iglesia católica, precursora de las cajas de ahorro parroquiales que proliferaron en Europa en la segunda mitad del siglo 19. Este es el antecedente inmediato del sistema de ahorro solidario a la Bismarck, luego adoptado por muchos países.

El IMSS fue decretado por un presidente católico, Manuel Ávila Camacho, en 1941, ayudado por abogados también católicos. Ahí está el libro modelo El seguro social y sus servicios conexos. Informe de Sir William Beveridge, traducido por Carlos Palomar y Pedro Zuloaga, Editorial Jus, México, 1946. Esta vena histórica del conservadurismo mexicano pudo haber contribuido a que el gobierno de Fox terminara adoptando la postura sindical en el lío del IMSS.

Si en 2007 las estrellas seguían alineadas para reforzar el sistema tradicional en el IMSS, hoy la decisión se torna inevitable. Habrá que ver su efecto en el sistema de pensiones del ISSSTE, recién reformado, y en los obreros, que justamente se sentirán defraudados por las administradoras. Un sistema que adjudica las pérdidas a los ahorradores y las ganancias a los administradores no es aceptable moralmente. Ningún sistema político democrático debería ampararlo ante la indignación de los ahorradores.

No sabemos cuánto ahorro privado está en situación similar en el resto del mundo. Puede haber olas de protesta. Chile tiene un problema muy severo, pues su sistema de cuentas individuales, el primero en el mundo, ya había provocado una crisis en el segmento retirado hace dos años. El gobierno de Bachelet se propuso resolver el problema como prioridad económica, pero sus esfuerzos han sido muy limitados. Se estima que las administradoras del ahorro chileno manejan una suma equivalente a 75% del Producto Interno Bruto del país.

Habrá que ver el efecto de la crisis financiera en los sistemas de ahorro privado de Estados Unidos también. Hasta ahora no se ha informado nada. En las bancarrotas de sectores previas, a partir del año 2000, los ahorros de los empleados se declararon perdidos casi por completo, en muchos casos al 100%. De hecho, los fondos de ahorro privado de Estados Unidos son fuente primordial del mercado de derivados. En comparación con Chile y Estados Unidos, la situación en México parece manejable, pero antes hay que remover los obstáculos puestos por el Congreso y la Corte. El principio jurídico es claro: en controversias, se apelará al acuerdo entre las partes directamente interesadas, antes que a otra instancia.

blascota@prodigy.net.mx

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