miércoles, 29 de octubre de 2008

Presupuesto educativo en disputa


Carlos Ornelas
Excélsior/22 de octubre de 2008

Hoy, el egreso federal en educación se ha multiplicado más de dos veces en términos reales, pero la mayor parte es en gasto corriente; y el desperdicio ha crecido.

Si el presupuesto es la fotografía del poder, algo anda mal en este país. El gobierno premia a quienes desperdician, acaso porque los supone aliados confiables, y castiga a quienes no son cercanos. El proyecto de presupuesto del gobierno federal para 2008 implica un crecimiento en educación básica de 2.3% en términos reales, pero disminuye el gasto destinado a educación superior e investigación científica casi uno por ciento, aunque tal vez los diputados modifiquen el documento final.
Uno de los supuestos que se manejaban cuando la SEP y el SNTE firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica es que habría una mayor eficiencia en el gasto. El argumento era que la administración de la educación se descentralizaría, que dos subsistemas que funcionaban —a veces empalmados— en 19 estados se unificarían en uno, se reducirían las zonas de supervisión y, en suma, habría un ahorro considerable en gasto corriente para destinar más dinero a innovación e infraestructura.
Hay pocas experiencias de ilusión política como aquélla. Hoy, el egreso federal en educación se ha multiplicado más de dos veces en términos reales, pero la mayor parte es en gasto corriente; y el desperdicio ha crecido. Así lo confirma el primer avance de la auditoría de los Elementos Constitutivos de la Fórmula de Distribución del FAEB (Fondo de Aportaciones a la Educación Básica) que la SEP contrató, obligada por la Cámara de Diputados, la cual dispuso que la dependencia debería auditar la composición del FAEB de 2007.
Aunque es posible que haya ciertas líneas del gasto que los auditores no tomaran en cuenta (que las aportaciones para carrera magisterial de los maestros estatales son con cargo al FAEB, por ejemplo), de cualquier manera ellos estiman que el gobierno central transfiere alrededor de 36% más de recursos a la nómina que los estados pagan. Además, documentan irregularidades administrativas al por mayor: expedientes de personal incompletos, procesos de nómina sin control, uso de software sin licencia y que no se registran las vacantes de personal.
A pesar de ello, el SNTE exige que se asignen ocho mil millones de pesos más a la educación básica, para “garantizar” el cumplimiento de la Alianza por la Calidad de la Educación. Lo hace en forma grosera, achacándole las fallas a la SEP y amenazando con paros tipo la CNTE, quizá con el afán de desviar la atención pública del “incidente” de las Hummers. Lo que pocos saben es que ese 36% —cerca de 16 mil millones de pesos— se desembolsa para pagar a comisionados sindicales. La responsabilidad por el desperdicio de recursos es, por lo menos, compartida entre la burocracia y el sindicato. Son fieles del SNTE los que administran la educación básica, tanto en el gobierno federal —el yerno— cuanto en los estados. Se equivocan quienes piensan que los gobernadores llevan la batuta en ese territorio, en realidad son prisioneros de las perversidades del poder, aun aquellos que son “amigos” de la señora Gordillo. Y todos juegan el juego del poder y piden más fondos para “elevar la calidad de la educación”, cuando gustosos le regresarían al gobierno federal lo que les transfirió. Para los gobernadores, lidiar con los maestros es un dolor de cabeza permanente; el gobierno federal les mandó la carga, pero no el poder para resolver.
Los dirigentes de las universidades públicas, encabezados por José Narro Robles, rector de la UNAM, demandaron a los diputados que modifiquen la iniciativa de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo; sugieren una reorientación de más de 12 mil 800 millones de pesos. Pero no sé qué tanto los diputados escuchen a los rectores; no tienen mucho de dónde aportar. En la educación media y en la superior también hay desperdicio, pero es incomparable con lo que se despilfarra en la básica. Según un cálculo de Noé Rivera, en una investigación que aún no publica, a mayo de 2007 había más de 116 mil comisionados sindicales en todo el país. Aunque no todos son del SNTE, aunque en eso, como en todo, lleva la tajada del león. Si se calcula que cada uno recibe en promedio (y pienso que es una estimación baja) diez mil pesos mensuales, constituye un gasto cercano a los 14 mil millones de pesos anuales. Eso es más de lo que reciben la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional juntos. ¿Cuántas cosas se pudieran hacer con esos recursos?
No hago apuestas a que los exámenes de ingreso a la profesión docente fracasen, como lo desean los disidentes y quienes defienden la venta de plazas. El concurso es un avance, tal vez el único de la ACE, si bien no tan grande como alegan algunos colegas. Pero no deja de molestarme que se derroche tanto dinero público para saciar los apetitos de una camarilla que nada más se representa a sí misma. El SNTE no va a cumplir con la ACE; se opondrá a que las plazas de director y supervisor se sujeten a concurso. ¡Al tiempo!

carlos.ornelas10@gmail.com

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