En relación al artículo “El enemigo invisible”, de Margarita Oropeza publicado en la página 15 de la Sección Editorial de EL IMPARCIAL el día martes 12 de mayo, me permito expresar las siguientes consideraciones:
Las luchas sindicales de los trabajadores han venido de más a menos. Como Margarita Oropeza lo dice, el capital derrotó a la teoría marxista, que eso sería lo de menos, también a los trabajadores.
El capital y el trabajo desarrollaron sus propias teorías e ideologías. Cada uno se hizo de sus intelectuales. Los ideales del trabajo apuntaban hacia una sociedad más justa e igualitaria; el capital también desarrolló y aplicó su manera de ser justo mediante el manejo de las oportunidades para acceder a la riqueza (distribución del ingreso). Pero el capital se hizo del Estado, hizo aliados y pactos, desarrolló una serie de políticas y, en el caso nuestro, corporativizó a las organizaciones de trabajadores (Congreso del Trabajo, CTM, etcétera).
El idealismo del movimiento disidente fue acallado a fuego y cárcel. El Estado hizo las leyes y creó las instituciones para regular las relaciones entre el capital y el trabajo. Afortunadamente dejó vivo el recurso a la huelga -una manera legítima y legal de regular los desequilibrios entre los factores de la producción: De bienes y servicios, sean éstos ofrecidos por empresas públicas y privadas- pero todavía conserva la facultad de reconocer a las organizaciones de trabajadores (las famosas tomas de nota) y de proteger las acciones de patrones que recurren al llamado sindicalismo blanco y los contratos de protección.
El Estado mexicano por sus características fundacionales, es “propietario” de empresas públicas (IMSS, CFE, etcétera); los administradores son los representantes legales de esas empresas e instituciones. Quienes trabajan para ellas demandan sueldos, salarios y prestaciones. Se organizan. El control del Gobierno por su carácter corporativo, controló esas organizaciones y a cambio de su apoyo, ofreció una serie de prestaciones y canonjías. Tienen mucho poder y no resulta fácil negociar con ellos, algunos de los cuales forman, de hecho, parte de la clase política y por estatutos pertenecen a un partido.Las universidades públicas están administradas por un cuerpo de funcionarios que son los representantes legales con facultades para firmar contratos colectivos de trabajo. Manejan recursos públicos. Las organizaciones de los trabajadores (administrativos, manuales e intelectuales) sostienen relaciones laborales y para ello demandan salarios y prestaciones (Margarita les llama beneficios) para sus agremiados. Ni las administraciones ni las organizaciones laborales están libres ni de corrupción ni de mala conducción de sus papeles.
Las administraciones de las universidades están obligadas a llevar a cabo políticas de relaciones laborales que favorezcan un ambiente de trabajo sano, productivo, eficaz y eficiente, estableciendo de manera bilateral reglas para llevar a cabo esas relaciones laborales. Todo para ofrecer un servicio de calidad en: Docencia, investigación y difusión. Los sindicatos están obligados a ser democráticos y defender los intereses de sus agremiados.
Que en este momento la huelga afecta a los estudiantes es un hecho, como afecta a los trabajadores que la sostienen; afecta a los programas académicos, a muchas cosas. De ahí que las relaciones laborales deben llevarse cuidadosamente para no llegar a ese recurso legal del paro. No veo contradicción alguna en el hecho de que la Universidad, institución pública que vive en gran medida de los impuestos, haya sido llevada a una huelga, ni que ese recurso legal y legítimo represente una lucha contra la sociedad sonorense. El hecho de que quienes administren la Unison no sean sus dueños no los exime de sus responsabilidades -del manejo de las finanzas, de las políticas laborales, etcétera-; algunas empresas privadas no tienen dueños visibles, son de muchos accionistas, pero al frente de ellas ponen a administradores que piensan como patrones, desde luego.
Para terminar, Margarita, usted recordará que hace algunos años se impulsó el famoso Apartado “C” para los trabajadores de las empresas públicas, especialmente para las universidades. Los resultados del intento fueron fatales. Sin embargo, creo que hay que llevar a cabo una evaluación profunda sobre la situación de la Unison y espero que el capítulo no se cierre con el regreso a labores.
Punto importante a analizar es el comportamiento de los estudiantes. Hace muchos años, el presidente Gustavo Díaz Ordaz sentenció que “los estudiantes a estudiar”, pero olvidó que también eran ciudadanos y entonces el ‘68.
Felipe Mora Arellano
Profesor de Sociología de la Unison.
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