Greg: ¿judicialización electoral?

José Antonio Crespo
Excélsior/28 de mayo de 2010

En regímenes poco democráticos (e incluso en aquellos que lo son plenamente) existe siempre la tentación de utilizar el aparato de justicia con fines político-electorales. Se trata de la violación a una regla esencial de la democracia. El PAN criticó siempre este uso político de la justicia. Pero, una vez en el poder, no le pareció tan mala la idea de repetir el esquema. Ocurrió primeramente durante el gobierno de Vicente Fox en el asunto de los videoescándalos en el Distrito Federal, no porque no hubiera habido un ilícito que había que perseguir y sancionar, sino por involucrar a la PGR y a la Secretaría de Gobernación en el manejo político del affaire. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador cayó en ese mismo tenor, pues es claro que la infracción del entonces jefe de Gobierno era menor, al grado de que casos semejantes no habían generado una orden de aprehensión. Había una intencionalidad claramente político-electoral, según reconoció más tarde Fox (al afirmar que con la elección de 2006 se “desquitó” de su fracaso en el desafuero).

Por otro lado, un claro caso de judicialización electoral apareció durante la elección para gobernador de Jalisco, cuando la PGR sugirió una conducta delictiva en el candidato priista, Arturo Zamora, lo que pudo haberle restado los votos necesarios para abatir al impresentable Emilio González en una elección reñida, para enterarnos después de que no había fundamento. Lo vimos también menos directamente hace un año, cuando varios alcaldes de Michoacán fueron detenidos por presuntos vínculos con el narco, justamente en víspera electoral, y después muchos de ellos fueron liberados por falta de pruebas. Ahora viene la detención de GregSánchez, candidato de izquierda en Quintana Roo. ¿Es un asunto político o jurídico? ¿Es Greg culpable? No tengo elementos para asegurarlo o desmentirlo, pese a su mala fama y sospechosa trayectoria. Un juez de Toluca lo había exonerado y la PGR peregrinó hasta encontrar un juez en Nayarit que otorgó la orden de aprehensión. Como sea, muchos no ven racional que el gobierno haga esta movida, pues políticamente favorecería al PRI. Y la detención de Greg fue estupenda noticia para Enrique Peña Nieto, cuya buena estrella sigue brillando.

Había, es cierto, indicios de irregularidades en torno a Greg, como también ocurría con el candidato panista en Aguascalientes, Martín Orozco. Y ambos partidos temerariamente insistieron en mantener a su respectivo abanderado. Sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, el medidor más claro será lo que ocurra específicamente con Greg Sánchez. Si se confirma su culpabilidad, enhorabuena, pues se habrá prevenido la eventualidad de que un socio de los narcos llegue a la gubernatura (como lo fue Mario Villanueva). Si después de la elección resulta que no hay elementos suficientes para hallarlo culpable, será legítimo interpretar esto como una nueva acción político-judicial; se verá como un michoacanazo corregido y aumentado. Y la elección de Quintana Roo quedará manchada de ilegitimidad. Pero como eso es lo que menos importa a nuestros políticos —pues en México se trata de ganar, “haiga sido como haiga sido”—, propongo una reforma electoral que estipule más o menos lo siguiente: “Cuando uno de los candidatos sea aprehendido bajo cualquier cargo en medio de un proceso electoral, o acusado oficialmente, y después del proceso no hubo pruebas suficientes de culpabilidad, se anulará la elección y se celebrará una extraordinaria”. Serviría para disuadir de la judicialización electoral. Desde luego, en tal caso se jugaría con los tiempos para aclarar el tema hasta cuando fuera imposible celebrar una nueva elección. Nuestras leyes siempre tienen una rendija por donde es posible burlarla, y nuestros actores políticos son expertos en darles la vuelta y están siempre bien dispuestos a hacerlo. Algo habría qué pensar para evitar que los gobiernos de cualquier signo usen electoralmente la justicia penal, más aún si se reconoce, con Felipe Calderón, que en México ésta suele jugar al mejor postor.

MUESTRARIO. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa arrebate en los hechos al IFAI su carácter constitucional de “última instancia” en transparencia, es casi como si la Secretaría de Gobernación de pronto decidiera modificar o anular los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia en materia electoral.