Neoliberales trasnochados

Irma Eréndira Sandoval
El Universal/27 de mayo de 2010

La rampante corrupción que caracterizó “la liberalización a la mexicana” de los años 90, ha demostrado que la privatización no es ni de cerca la solución para la crisis del sector público. La grave turbulencia financiera global de los últimos años también ha roto con el mito de la supremacía del mercado y sus recetas desreguladoras. Hoy, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos se atreve a proponer un retorno al modelo neoliberal. Justo el pasado 20 de mayo, el Senado norteamericano aprobó un importante paquete de reformas que elevan de manera significativa los controles sobre el sector financiero.

Lamentablemente en nuestro país todavía existen algunos trasnochados que siguen creyendo en el dios del mercado y el espíritu santo del sector privado. Destaca de forma conspicua el presidente Felipe Calderón quien el año pasado presentó una iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas (LAPP) cuyo objetivo central es liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones, e infraestructura.

El pasado 29 de abril, la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas se aprobó en lo general en el Senado de la República con el respaldo del PAN, el PRI y algunos senadores del PRD. Por fortuna, una falta de quórum en el recinto de Xicoténcatl forzó un aplazamiento de las votaciones sobre las reservas particulares y el proceso de aprobación en su conjunto. Sin embargo, la amenaza sigue latente y el gobierno federal aprovechará cualquier oportunidad, incluso durante un eventual periodo extraordinario, para consumar esta ley que viene acompañada de regresivas reformas a las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación, la General de Bienes Nacionales; y, el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras.

Con la LAPP, el gobierno de Calderón busca convertir todos los servicios públicos en jugosos negocios privados. Pretende legalizar los “Proyectos para la Prestación de Servicios” a través de los cuales la Secretaría de Hacienda ha venido privatizando desde 2003, amplios sectores de infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales y centros educativos en diversos estados. La LAPP permitirá el establecimiento de contratos de largo plazo, hasta por 50 años o más “cuando la ley que rija la autorización establezca un plazo inicial mayor” (Art. 81 Fracción II inciso b), con empresas privadas nacionales e internacionales para que éstas controlen y operen la infraestructura básica del país.

De acuerdo con esta ley, cualquier dependencia, organismo descentralizado o fideicomiso federal o estatal tendrá manga ancha para el establecimiento de este tipo de contratos. Las grandes corporaciones internacionales afilan ya sus cuchillos y tenedores en búsqueda de sectores estratégicos como telecomunicaciones, electricidad, infraestructura aérea, portuaria, carretera y bancos de biodiversidad entre otras.

La nueva ley también auspiciaría el esquema de endeudamiento encubierto y anticonstitucional de los famosos Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Gasto (Pidiregas). La LAPP en su artículo 21 señala que “en la presupuestación de cada ejercicio, las dependencias y entidades contratantes darán prioridad a las obligaciones contraídas en los contratos de asociación público-privada que hayan celebrado”. Esta “priorización” de las obligaciones con las grandes empresas será un pesado fardo en los presupuestos anuales de las dependencias federales, estatales y municipales. Esta disposición es también anticonstitucional ya que viola flagrantemente el artículo 73 que requiere el aval del Congreso para cualquier endeudamiento público.

La eventual aprobación de la LAPP también tendrá un impacto desastroso en materia de transparencia. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, únicamente las dependencias gubernamentales deben entregar información sobre su funcionamiento a los ciudadanos. Pero una vez que el dinero público pase a manos de un particular la obligación se esfuma.

Así, de nada servirá a los ciudadanos tener acceso a los contratos que celebre el Estado con las corporaciones responsables de administrar nuestros hospitales, escuelas y carreteras si no podremos conseguir mayor información sobre el funcionamiento cotidiano de tan importantes servicios públicos, dado que dicha información seguramente será protegido con el famoso “secreto industrial o comercial”. La rendición de cuentas sufrirá un grave revés.

Por ello, además de detener la peligrosa iniciativa de Calderón, también habría que considerar una modificación a la fracción VI del artículo sexto de la Carta Magna que nos prevenga de mayor opacidad en el futuro. Más que únicamente transparentar los recursos públicos “entregados” a personas físicas y morales como lo estipula hoy la norma, habría que convertir a estas personas en sujetos obligados de la ley de transparencia. De igual manera las personas morales obligadas no tendrían que ser únicamente las que reciban recursos públicos sino también aquellas que ejerzan una función pública de primer orden, preste algún servicio a nombre del Estado o exploten algún bien nacional.

En lugar de repetir la fallida fórmula neoliberal de más ganancias privadas con mayores costos públicos, que nos atrapará en un laberinto de intereses económicos, políticos y geoestratégicos de grandes proporciones, habría que reafirmar la rectoría del Estado para el desarrollo económico, dentro de un renovado marco de democracia, transparencia y bienestar común.

irma.sandoval@unam.mx

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales