Gustavo Leal F*La Jornada/15 de mayo de 2010
Daniel Karam, sucesor del politólogo Juan Molinar Horcasitas al frente del IMSS calderonista, manifestó que acataría totalmente, sea quien sea el responsable”, el fallo que emitirá el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la presunta violación de garantías individuales en la tragedia de la guardería ABC subrogada en Hermosillo, una vez que el ministro Arturo Zaldívar (sustituto de Fernando Franco) elabore el informe final sobre la base preliminar divulgada el 1º de marzo pasado.
El 29 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en su primer informe sobre la guardería ABC que “dueños y autoridades causaron la tragedia” y el 3 de agosto recomendó enfáticamente al IMSS la “revisión inmediata de las condiciones físicas y legales en que operan las subrogadas en todo el país” (recomendación 49/2009).
Para la CNDH, la tragedia pudo haberse evitado “si se hubiera contado con el personal requerido”, violación que propicia la normatividad del modelo-contrato de subrogación ambientado por Genaro Borrego (1995) y diseñado por Santiago Levy (2002).
El IMSS, agrega, incurrió en acciones y omisiones violatorias de los derechos humanos y en la “inobservancia” de las NOM-167-SSA1-1997 (para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores) y NOM-002-STPS-2000 (sobre condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en centros de trabajo).
La CNDH afirma que el día de los hechos “el personal de la guardería fue insuficiente e ineficiente en la evacuación de los menores” y concluye que de haberse contado con más personal en el momento del siniestro, “hubiera ayudado a las labores de rescate de los menores y con ello eventualmente salvar más vidas”. Y destaca que los dueños y responsables de la guardería “actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos del IMSS”. La CNDH acredita que el 5 de junio –día del siniestro– en la guardería laboraba menos de 50 por ciento del personal: 14 de 40, que además, no disponían de la preparación adecuada. ¿Por qué? Por ese modelo-contrato de subrogación Borrego-Levy.
La recomendación 49/2009 destaca que los dueños y responsables de la guardería “actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos del IMSS” y ordena que se tomen las medidas administrativas correspondientes “para iniciar, o en su caso agotar los procedimientos administrativos conducentes, para verificar la manera en que están operando las guarderías subrogadas y determinar, si resulta procedente, la continuación del servicio de guarderías o bien la suspensión del mismo por no garantizar de manera adecuada las condiciones de seguridad necesarias”.
La respuesta de Karam fue que la recomendación de la CNDH ¡“no contiene nada nuevo”! ¿Acató?
En su informe de resultados de la Cuenta Pública 2008 (febrero 2010), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ratificó que Molinar Horcasitas firmó en 2008, “sin tener facultades expresas”, 155 contratos de subrogación. Molinar recibió la autorización del Consejo Técnico que, como director del IMSS, por entonces presidía. Ambos, director y consejo, “incurrieron en responsabilidad legal”.
Ante ello, la ASF pide al órgano interno de control del instituto que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias”. La ASF concluye que las guarderías que el IMSS y el ISSSTE subrogan a particulares “son un peligro para los niños”.
De una muestra de 106 subrogadas, la ASF constató que en nueve “el IMSS no realizó ninguna de las seis visitas de supervisión”. En el ISSSTE se comprobó que 62 contratos vigentes en 2008 “fueron firmados por delegados sin tener facultades para hacerlo”. En tanto, las “estancias” changarro de Calderón que opera Sedeso “cubrieron 21.4 por ciento de la población potencial y no consideraron disposiciones legales y normativas relacionadas con aspectos de salud y protección civil”.
El informe de la ASF califica el tipo de gestión que ha imperado 10 años en el IMSS-PAN y que, desde Santiago Levy, describe un deterioro notable en el desempeño de sus órganos superiores. Ese deterioro posibilitó la tragedia.
¿Ya solventó el IMSS-Karam las observaciones de la ASF? ¿Acató?
El informe preliminar de la SCJN concluye inequívocamente que “de la lectura que se haga de la ley y de la disposición reglamentaria en comento no se advierte la posibilidad de que terceros ajenos al instituto puedan prestar el servicio de guarderías” y señala directamente al politólogo Juan Molinar Horcasitas como autoridad “involucrada en la violación de garantías”.
Por su parte, él señaló, primero que la “responsabilidad está en el lugar donde inició el incendio”. Luego aseguró que “sí”, había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora Bours: “no hay ninguna declaración”. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes “se otorgaban por asignación directa, método incorrecto”. A cambio presumió haber establecido las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: “mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación”. Más tarde reiteró “estar tranquilo, porque no tiene responsabilidad alguna” y llamó a “no minimizar” la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡¡).
Por último cuestionó, el informe preliminar de la SCJN porque la Corte “malinterpretó y el IMSS tiene las atribuciones para firmar esos convenios” y luego, acosado, aceptó “estar a disposición” de la Corte: “voy a contestar”.
¿Realmente acatarán?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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