Procuración de justicia y vigilancia ciudadana

John M. Ackerman
La Jornada/31 de mayo de 2010

Urge someter a las procuradurías de justicia del país a un estricto régimen de rendición de cuentas. El cuestionable manejo del caso de Paulette, las sospechas respecto de la detención de Greg Sánchez y la imperdonable abdicación de las autoridades ante las exigencias del crimen organizado en el caso de Diego Fernández de Cevallos, revelan una franca incapacidad de nuestras autoridades para ganar la confianza ciudadana y asegurar el estado de derecho. La opacidad y la discrecionalidad imperantes constituyen el caldo de cultivo ideal para la corrupción, la inefectividad y el abuso de autoridad que caracterizan la actual situación de procuración de injusticia en el país.

Hace casi dos años, el 21 de agosto de 2008, la clase política del país se comprometió a formar un observatorio ciudadano en materia de seguridad, dentro del marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El 19 de febrero de 2009, la prensa informó que se habían firmado los estatutos de este nuevo observatorio integrado por la organización México Unido Contra la Delincuencia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y algunas universidades del país. Sin embargo, de entonces a la fecha no se ha detectado ninguna acción clara o contundente de parte de esta instancia no precisamente plural o incluyente. Es más, ni la prensa nacional ni la Internet dan fe de que este observatorio haya emitido informe o declaración pública alguna desde su creación.

Los lectores recordarán que en la misma reunión en Palacio Nacional del 21 de agosto de 2008, el empresario Fernando Martí emitió un discurso emotivo donde retó a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar el estado de derecho en el país. Allí pronunció su famosa demanda: “Si no pueden, renuncien”. Hoy, sin embargo, el licenciado Martí aparentemente ha decidido bajar el nivel de exigencia ciudadana. El pasado lunes 24 de mayo, en un foro convocado por su organización, Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), Martí ofreció un discurso mucho más suave y de conciliación con las autoridades. Paradójicamente fue Felipe Calderón quien más lució en el acto ciudadano, al declarar su supuesta voluntad de extirpar la corrupción entre los cuerpos policiales, ministeriales y judiciales del país. Al final, Martí no dudó en posar para la foto para capturar su amistad y confianza en el mandatario.

Pero hoy más que nunca hace falta redoblar la exigencia ciudadana hacia las autoridades por la inseguridad que prevalece en el país. Es necesario instaurar mecanismos de vigilancia directa de las autoridades por los ciudadanos y los expertos en la materia para asegurar que cumplan con sus mandatos legales.
El primer paso sería garantizar la transparencia plena en las actuaciones de los ministerios públicos del país. Si bien existen razones de peso para proteger el contenido de las investigaciones ministeriales en curso, se deben proporcionar versiones públicas de los expedientes una vez que la autoridad haya terminado su labor. Urge revocar las recientes reformas al artículo 16 del Código de Procedimiento Penales que prohíben a rajatabla el acceso ciudadano a cualquier elemento de los expedientes ministeriales en cualquier momento. De otra forma, nunca habrá materia prima para una efectiva vigilancia ciudadana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene una oportunidad de actuar a este respecto. En su análisis de la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado, fácilmente podrían expulsar el nuevo texto legal del orden jurídico nacional. El “principio de máxima publicidad” consagrado en el artículo sexto constitucional y el “principio de publicidad del proceso penal” plasmado en el recién reformado artículo 20 de la Carta Magna juntos aportan más que suficientes elementos a los ministros para declarar la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Procedimientos Penales.

Por otra parte, la Cámara de Diputados debería perfeccionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace unos días por el Senado. Es falso que esta reforma constituya una respuesta contundente a la decisión de la Corte de avalar las disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR que permitan al procurador negar a su gusto cualquier información solicitada por la CNDH. El texto aprobado por el Senado únicamente permite el acceso completo a la información en casos de “violaciones graves de derechos humanos”. Los diputados deberían eliminar este peligroso candado para permitir un acceso sin restricciones de parte del ombudsman en todo momento.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial también tendrían que actuar de manera contundente para frenar el intento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA) de erigirse como instancia de revisión de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Los recientes fallos del TFJFA contra el IFAI implican una amenaza directa a la médula del sistema de rendición de cuentas del país y sobre todo con respecto a la información en manos de la PGR.

Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, ha llegado la hora para la articulación de un sólido y combativo movimiento social en favor de la justicia y el estado de derecho en el país. Ya basta de que las autoridades utilicen los esfuerzos ciudadanos únicamente para legitimarse en el poder.